El Intendente Marcelo Orazi recibió al responsable de la empresa Recipetrol de General Roca, Alejandro Andion, con el objetivo de evaluar la incorporación de una planta de acopio y reciclado de residuos urbanos. Acompañados por Hugo Curzel, a cargo del sector de Medio Ambiente del Municipio, los presentes conversaron acerca de otras propuestas y proyecciones para lograr el objetivo de una ciudad sustentable.
“Se estuvo charlando y evaluando posibilidades y creo que podemos llegar a feliz término a mediano plazo, ya que el empresario debe construir un galpón, un lugar de acopio, traer maquinaria, contratar empleados; tiene que invertir un dinero“, aclaró Hugo Curzel sobre las posibilidades y los tiempos de ejecución.
“Que se haya definido una política ambiental para que Regina sea una ciudad sustentable es un avance grandísimo. Ambientalmente es lo mejor que nos puede pasar como ciudad, que se realice este trabajo <in situ>. Esto va a conducir a que varias empresas vayan acercándose ya que genera un impacto social-económico-ambiental alrededor de las empresas, este circuito económico incipiente genera trabajo y lo formaliza“, afirmó el responsable de medio ambiente.
“Esperamos que al término de dos años se vean resultados altamente positivos que le den a Regina, ya encaminada en una historia sustentable, la posibilidad de abrir el juego turístico“.
Afirma Curzel queson múltiples las facetas que facilitaría tener este tipo de empresas en la ciudad, “vas a tener una ciudad ordenada ambientalmente, estimamos que gracias al apoyo de los galpones de empaque, vamos a tener puntos limpios en por lo menos 52 barrios, que por el momento económico financiero no se puede adquirir el ideal pero estamos tratando de hacerlo de la mejor manera con los carteles indicadores con sus respectivos colores para que cada uno vaya incorporando en el subconsciente que hay que distribuir los residuos según los colores, y estimamos trabajar en corto plazo con todos los establecimientos educativos secundarios y primarios, y juntas vecinales“.
SOBRE LOS PUNTOS LIMPIOS
En la actualidad el plástico se recoge de los puntos limpios se lleva al centro de acopio, se compacta, se pesa, se carga y se lleva para que la empresa lo trate. “En esta planta que se instalaría en Regina se traería una máquina que es una extrusora donde se pueden sacar los pelets y después se vuelven a reinsertar como materia prima de un nuevo producto. El valor que tiene esto es económico y ambiental. Más adelante abordaremos el vidrio, los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, las latas y el cartón. Todo lo que se reutiliza hace que no se produzca otra vez. Son conceptos de economía circular que hoy en el mundo ya están implementados hace años“.
“Lo que se está haciendo como punta pie inicial con Círculo Italiano y Atlético Regina, hace que toda la gente que asista a estas instituciones vayan incorporando conceptos ambientales. Hoy vivimos una crisis ambiental que es producto de una crisis social donde hay un consumismo irracional de materia prima, recursos naturales y todo esto es a costa de que cada vez vivimos en un mundo consumista donde este concepto de obsolescencia planificada hace que muchos artículos o bienes de consumo tenga menor duración ahí es donde la economía circular juega un papel preponderante“.
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Los magistrados que evalúan el desempeño de los ejecutivos de Vicentín consideraron que hay apariencia de responsabilidad en las maniobras que les atribuyen. Las maniobras consisten en haber drenado fondos de la compañía en beneficio propio, ya en la etapa posterior al concurso de acreedores.
Los jueces también dieron por probado en esta etapa que los cuatro ejecutivos que llegaron presos a la audiencia son jefes de una asociación ilícita, que mantenían el control operativo de la agroexportadora y sus empresas vinculadas y que escamotearon los activos de la firma en detrimento de sus miles de acreedores.
“Los imputados ejercen el control de facto de la empresa”, dijo este sábado el juez Nicolás Foppiani, que atribuyó a Roberto Gazze, Omar Scarel, Daniel Buyatti y Alberto Macua de haber mantenido una “conducción en las sombras” de la compañía liderando un grupo conformado por diecinueve personas imputadas. Foppiani sostuvo que los cuatro, los directivos más encumbrados, habían desviado fondos por 890 millones de pesos en casi cinco años de manera ilícita. Por eso el tribunal que integra con otros dos magistrados aceptó el pedido de la fiscalía y les dictó a los ejecutivos prisión preventiva por cuatro meses. Estarán en una cárcel hasta el 29 de julio venidero cuando debe establecerse en una nueva audiencia el inicio del juicio.
Se trata de una medida poco habitual y de gran significación dado la posición de los ejecutivos que irán presos en forma preliminar, conductores de la mayor empresa agroexportadora de la Argentina. Junto a sus colegas de tribunal Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, el juez Foppiani sostuvo que varias cuestiones se cumplían para imponerles prisión a los directivos.
Una es la pena en expectativa ya que para todos hay un pedido de no menos de 14 años de cárcel lo que implica prisión efectiva en caso de condena. También se consideró que existe riesgo procesal que permite presumir fuga según la ley. Asimismo los jueces analizaron que existe posibilidad de entorpecimiento probatorio si los empresarios imputados quedaran en libertad.
“Es riesgo procesal que los directivos hayan ordenado pagos para cubrir gastos personales ajenos a los intereses propietarios. También que lo hayan hecho para escamotear el verdadero estado de cosas de la empresa con la finalidad de influir negativamente en resarcir a las víctimas y dificultar que investigara la fiscalía”, sostuvo Foppiani.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja habían planteado este jueves que este agrupamiento criminal, como llamaron a sus 15 integrantes, persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019 cuando se declaró el default de Vicentin y fines de 2024, con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos.
Las sociedades afectadas en su patrimonio o que fueron utilizadas con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa según los fiscales fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.
Los jueces remarcaron que para esta etapa del proceso en que no se requiere certeza los fiscales habían fundado adecuadamente en evidencia sus acusaciones. Habían señalado que los empresarios desviaron fondos de Vicentin para pagar sus abogados particulares. Mostraron incluso que crearon una sociedad para enajenar una avioneta Cessna de Vicentin a fin de no perderla.
“El ejemplo paradigmático de cómo intentaron escamotear el activo de la empresa es lo que hicieron con el avión”, dijo el juez Foppiani. Se mencionó que el valor relativo de tres millones de dólares de este holding era ínfimo. “Pero ese valor para un pequeño productor que resultó perjudicado por Vicentin lejos está de ser ínfimo. Como lejos están de ser ínfimos los autopagos que se hicieron las personas imputadas”, sostuvo el magistrado. “Estas operatorias tendientes a escamotear el destino de los bienes sobre el daño a resarcir es indicador de riesgo procesal”, estableció.
Foppiani sostuvo que la pena en expectativa es proporcional con el pedido que hicieron los fiscales de prisión preventiva. Habló de gravedad de los hechos atribuidos, de su pluralidad y de la sofisticación de las maniobras “con lo que no puede descartarse una pena de cumplimiento efectivo si son condenados”. Los fiscales pidieron en su momento para Macua 16 años de prisión, para Scarel 14, para Buyatti 16 y para Gazze 17.
El juez Foppiani no ahorró dureza en sus consideraciones pese a lo provisorio de esta etapa procesal. Habló de que “el principio de la realidad económica” de lo ocurrido es más importante que “el ropaje jurídico que se utilice para esconder u ocultar el movimiento de bienes”. Indicó que “esta asociación criminal a pesar de haber sido desplazada formalmente de la empresa Vicentin continuó ejerciendo el control de facto sobre el grupo económico”.
“Esto se evidencia según la fiscalía en el uso de empresas satélites, la confusión patrimonial entre empresas, el manejo de cuentas bancarias y la utilización de la estructura administrativa y recursos de Vicentin SAIC para beneficio propio”, planteó el magistrado.
La empresa declaró su default en 2019 y mantiene una deuda concursal de 1.340 millones de dólares, lo que se considera la mayor cesación de pagos de la historia argentina. Tiene miles de damnificados, la mayoría pequeños productores que cedieron sus granos y no cobraron.
Los descargos
Las audiencias que terminan este sábado con las prisiones preventivas duraron tres jornadas. Este sábado a la mañana el director de Vicentin Estanislao Bougain, ejecutivo de la empresa con funciones en la etapa posdefault, trazó una firme diferencia entre las compañías según su funcionamiento antes y después del concurso, remarcando que más allá de llevar el mismo nombre y compartir algunos directivos se trata de sociedades diferentes. Declaró ante los jueces que pese a eso la compañía agroexportadora en la actualidad requiere de manera decisiva a Daniel Buyatti, Omar Scarel y Alberto Macua para poder operar de manera regular. Son tres de los cuatro directivos, junto con Roberto Gazze, que fueron detenidos hace una semana.
“Ellos están en la primera línea de funcionamiento en el área industrial, comercial y de finanzas”, dijo Bougain, a fin de establecer la incidencia decisiva que tienen para la empresa estos directivos, a quienes los fiscales acusan de haber seguido detrayendo fondos de la empresa para propósitos personales aún en la etapa posconcursal.
Bougain rechazó la imputación de que se pagaron honorarios y fianzas con el flujo de la cerealera. Aseguró respecto de las cauciones que los directivos imputados reintegraron esos fondos a la empresa. Los fiscales Narvaja y Moreno habían señalado que los montos para depositar fianzas habían sido un ejemplo de desvío patrimonial de Vicentin a sus ejecutivos para compromisos personales.
“No cometí delito alguno”, dijo uno de los directivos que está preso hace una semana, Alberto Macua. Remarcó como había dicho Bougain que los fondos recibidos para pagar cauciones en 2021 los ejecutivos los habían devuelto a Vicentin. Sostuvo por último que no hubo venta ni enajenación de una aeronave Cessna como habían indicado los fiscales.
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