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PLAN CASTELLO: EL PARCHE

El gobierno provincial presenta al Plan Castello como una oportunidad histórica para las ciudades para poder contraer crédito sin interferencia de entidades financieras, con el objeto de realizar obras de infraestructura y permitir el acceso a maquinarias para el mantenimiento del ejido municipal. Sin embargo, la situación financiera nacional y la fluctuación del dólar significan un riesgo para las finanzas futuras de los municipios, que adhieren al plan pero no se endeudan. En limpio, provincia cede 11,2 millones de pesos no reintegrables, y otros  450 en carácter de préstamo que se asignarían según índices de coparticipación y serán optativos.

El concejo deliberante local en consonancia con el ejecutivo, decidieron que Villa Regina rechazará el empréstito, sumándose a 19 comunas rionegrinas que no lo aceptan y sólo toman la parte no reintegrable distribuida en partes iguales. Aún restan unas 16 municipalidades definir sus posicionamientos. Es cierto que en este contexto económico tomar un crédito en dólares es nocivo para el futuro de sus arcas y es válido esperar otra situación más favorable para reanalizarlo.

El dilema político de Regina con respecto al Plan Castello no surge de la negativa al préstamo reintegrable, si no en base a la lectura política mezquina de usar el crédito para parchar huecos y errores políticos suscitados hace años y sin vías propias de solución. El marco político reginense se ocupó el último tiempo del reposicionamiento de sus actores políticos (motivados por intereses que exceden la ciudad) frente a la renuncia del ex intendente Fioretti, y luego a la campaña eleccionaria. No existió durante ese lapso un verdadero reordenamiento resolutivo y pragmático hacia dentro en beneficio de los vecinos.

El intendente Carlos Vazzana explicó que el aporte no reintegrable será destinado a ejecutar obras de infraestructura en loteos sociales. Lo absurdo de la situación es que se prevé hacer obras que ya fueron pagas por los contribuyentes, que hace años las abonaron, y aún deben golpear puertas para saber porque no se las han entregado.

Evidenciada la coyuntura política local, otra arista. Si se utiliza plata de la provincia para llevar a cabo infraestructura que ya fue abonada por vecinos, se les debería reintegrar los montos con sus intereses. Si no se estaría pagando dos veces por la misma obra. Una locura inadmisible. E inclusive la decisión de usar los fondos para cubrir políticamente su “mala praxis” fue presionada por el esfuerzo incansable de quienes fueron una y otra vez al concejo a reclamar por lo suyo que no les fue dado.

El ejecutivo local encontró la solución a este problema estructural de la peor manera, utilizando los recursos que pueden servir para desarrollar a la comunidad, como lo es el proyecto de la nueva planta de tratamiento de efluentes que  permitiría reutilizar las aguas grises en el riego para emprendimientos productivos, lo que generaría ingresos, puestos de trabajo y vuelco “0” de efluentes al río Negro. Pero además, podría aprovecharse como base de inicio del plan económico  industrial en alta barda que promovió Vazzana en su campaña electoral.

Debemos encontrar la manera de reestructurar la toma de decisiones sociales y ser eficientes para instrumentar herramientas para que la sociedad misma incida en este tipo de resoluciones importantes y que no terminen atadas a individuos con determinados intereses políticos y particulares, que se colocan detrás de estrategias políticas que arrasan el real interés social de Villa Regina.

LA TAPA

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    ESCÁNDALO: la Justicia confirmó el viaje de lujo de Adorni a Aruba con toda su familia

     

    El jefe de Gabinete vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras confirmarse que voló en primera clase a una isla paradisíaca junto a su familia. La investigación ahora apunta a una pregunta clave: quién pagó realmente esos gastos.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La situación de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo. La Justicia confirmó que el funcionario viajó en primera clase a Aruba junto a su esposa y sus hijos para pasar las fiestas de fin de año, en medio de una causa que ya venía acumulando sospechas sobre su patrimonio.

    El dato no es menor: no se trata de un simple viaje, sino de un traslado en condiciones de lujo que vuelve a poner en tensión el discurso oficial contra la “casta” y la realidad de algunos de sus principales funcionarios.

    Un viaje de lujo bajo la lupa judicial

    Según surge de la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita accedió a información de la aerolínea que confirma que Adorni viajó acompañado por su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos.

    El costo total de los pasajes en primera clase asciende a unos 5.800 dólares, una cifra significativa que ahora forma parte del expediente judicial.

    Pero ese número podría ser apenas la punta del iceberg: la Justicia también busca determinar cuánto se gastó en alojamiento y otros consumos durante la estadía en la isla caribeña, un destino asociado al turismo de alto poder adquisitivo.

    El viaje se habría extendido desde fines de diciembre de 2024 hasta los primeros días de enero de 2025, en pleno período festivo.

    La clave: el origen del dinero

    El punto más delicado no es el viaje en sí, sino cómo se financió. La causa judicial avanza justamente sobre ese eje: verificar si los gastos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.

    En ese marco, el juez de la causa ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su entorno, una medida que permite reconstruir movimientos financieros, consumos con tarjeta y posibles inconsistencias patrimoniales.

    El objetivo, según se desprende del expediente, es contrastar esos datos con las declaraciones juradas del funcionario y determinar si hubo irregularidades o enriquecimiento ilícito.

    Un escándalo que no llega solo

    El viaje a Aruba no es un hecho aislado. Se suma a una serie de episodios que ya venían generando ruido: vuelos privados, cuestionamientos por operaciones inmobiliarias y denuncias por el crecimiento de su patrimonio en poco tiempo.

    De hecho, la fiscalía también analiza otros traslados realizados por el funcionario, en un expediente que ya acumula múltiples líneas de investigación y que amenaza con escalar políticamente.

    En ese contexto, la confirmación judicial del viaje en primera clase no hace más que reforzar una imagen que choca de frente con el relato oficial de austeridad.

    Entre el discurso y la realidad

    El caso expone una contradicción difícil de disimular: mientras el gobierno sostiene un ajuste fuerte sobre amplios sectores de la sociedad, uno de sus principales funcionarios aparece vinculado a viajes de lujo cuya financiación todavía no logra explicar con claridad.

    La investigación recién empieza a mostrar sus primeros resultados concretos, pero el daño político ya está hecho. Porque más allá de lo que determine la Justicia, el dato es contundente: el relato anticasta vuelve a quedar en entredicho frente a prácticas que parecen ir exactamente en sentido contrario.

     

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