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DE SIERRA GRANDE A ATUCHA SIN ESCALAS

Todo indica que la novela de la planta nuclear en Río Negro llegó a su final. La reunión que tuvo el presidente Mauricio Macri, durante sus vacaciones de verano en Villa La Angostura, con el gobernador Alberto Weretilneck  terminó por hacerlo desistir de emplazar la planta en la provincia patagónica.  El mandatario nacional esperaba mayor compromiso y reciprocidad sobre la idea del asentamiento nuclear por parte del gobernador rionegrino. Sin embargo, lejos de eso, el titubeo expresivo de Weretilneck sobre el tema demostró lo contrario. Hace unos días que desde la Rosada ubican el asentamiento en territorio bonaerense, en cercanías de las plantas de Atucha.

El movimiento personal desde un impulso ideológico propio o desde un estímulo exterior que genera el deseo individual de luchar por el bien de todos, y que repta de lo individual a lo social, en consonancia con la conciencia limpia que brota desde los movimientos ambientalistas y se transforma en acción real y directa lograron cambiar el rumbo de la ubicación territorial del proyecto, que bajaba con fuerza para instalarse en Río Negro, como un efecto cascada desde la Casa Rosada. La ciudadanía rionegrina le ganó la pulseada al gobierno nacional.

Actores ambientalistas,  la comunidad provincial y la oposición política (por convicción o conveniencia) reaccionaron ante la insistencia del gobierno nacional de ir contra la ley de prohibición provincial promulgada en septiembre pasado. Los ambientalistas se movilizaron en momentos claves como el arribo de la Regata deportiva en la costanera de la capital y ante la llegada de la delegación china que vino a la provincia a explorar posibles asentamientos.  La senadora Magdalena Odarda también calificó el hecho como una intromisión de la Nación a la autonomía provincial, con desconocimiento de la ley vigente en Río Negro. Inclusive el vice gobernador Pedro Pesatti había declarado que haría todo lo que haga falta para defender la ley.

Además de la falta de convicción con la que percibió Macri a Weretilneck y la protesta social contundente, otra variable negativa para Nación fue que el proyecto es de mínimo nueve años, entre elaboración y construcción. Por lo que necesita del consenso de todos los partidos, ya que trasciende a más de una gestión. Y si proyectamos el futuro político de la provincia, se vislumbra un claro cambio de color en el alto mando provincial con gran oposición al gobierno nacional.

Por estos motivos es que la mirada del presidente ya está decididamente puesta en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora  María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Donde existen dos de las tres centrales argentinas. La cuarta y quinta, acordadas con China, finalmente se asentarán en el complejo de Atucha.  La restante se encuentra en la provincia de Córdoba.

 

LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, DOBLEGÓ A LAS FUERZAS POLÍTICAS QUE PROMOVÍAN EL PROYECTO

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    Revocan los procesamientos por el escrache a la casa de Espert y la Cámara expone a la jueza Arroyo Salgado

     

    La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.

    La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.

    Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”

    Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.

    En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.

    Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.

    Duras críticas a Arroyo Salgado

    Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.

    Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.

    Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.

    El origen del caso: un escrache político

    El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.

    El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.

    Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.

    De “terrorismo” a falta de mérito

    La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.

    Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.

    El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.

    Un mensaje político-judicial

    Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.

    En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.

    La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.

     

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