LOS BOMBEROS REGINENSES TE INVITAN A CELEBRAR SU DÍA

Raúl Jalil ahora acordó con el gobierno de Javier Milei que Catamarca asumirá el control de más de 180 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia, convenio que cuenta con una cláusula que faculta al gobernador a adoptar en esos corredores un sistema de concesión con peajes.

Semejante asterisco en el acuerdo hizo recrudecer las versiones que circulan en el entramado de poder catamarqueño y que hablan de la posibilidad de otro negocio para Guido Mogetta S.A., empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública en esa provincia.

No es casual que, para los peajes que consiguió Jalil de Nación, suene fuerte el nombre de la empresa familiar del ex secretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta. Es que esa firma viene de quedarse con los peajes de la autopista Rosario-Córdoba en el marco de las concesiones promovidas por Toto Caputo.

 El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas. 

Como contó LPO, hay quienes advierten que esa adjudicación fungió de prenda de negociación de Jalil con el Gobierno para definir votos catamarqueños en próximas leyes de interés de Milei en el Congreso, entre ellas la eliminación de las PASO.

Concretamente, el acuerdo sobre el que Jalil avanzó el mes pasado durante la visita a la provincia de Diego Santilli y Toto Caputo, plantea que la Provincia se hará cargo del mantenimiento de 66,2 kilómetros de la Ruta Nacional 38 y otros 114,4 kilómetros relativos a las rutas nacionales 60 y 157.

Denuncian que Jalil acordó leyes con el Gobierno a cambio de rutas para «el Lázaro Báez catamarqueño»

El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas.

Otro dato que es visto con lupa es que el aval para instalar peajes es para los corredores especificados pero, también, para otros que eventualmente se incorporen mediante «acuerdos complementarios».

En Catamarca, fuentes al tanto de estas negociaciones advierten que el Gobierno nacional le dio a Jalil una llave para expandir los negocios de quien definen en sectores del poder local como «el Lázaro Báez catamarqueño».

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Actualmente, el Grupo Mogetta controla buena parte de la obra pública provincial, pero sus unidades de negocios también alcanzan la minería y la explotación agropecuaria, con actividades vinculadas a la producción de alfalfa y ganadera (feedlot).

Ahora, con el manejo de la Autopista Rosario-Córdoba suma el rubro vial-peajes, lo cual es leído como el inicio de una expansión en ese rubro que podría tener su continuidad a partir del convenio entree Jalil y el gobierno de Milei.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria a Granja Tres Arroyos en el marco del conflicto abierto con las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.

La medida alcanza a 1200 trabajadores. Además, se fijó una nueva audiencia entre las empresas Granja Tres Arroyos y Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, con el objetivo de continuar las negociaciones y procurar la preservación de los puestos de trabajo.

La conciliación obligatoria será por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, y contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos como condición para abrir una instancia de negociación entre las partes.

Los despidos afectan a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la planta de Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. En la planta La China, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los despidos ascienden a unos 480 sobre una plantilla que el sindicato ubica en alrededor de 930 trabajadores.

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En el marco de la audiencia, se acordó además la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que será efectivizado durante la próxima semana.

Este viernes se conoció que el grupo GTA ya había realizado alrededor de 1730 despidos entre las plantas de la compañía en Entre Ríos y Buenos Aires. La cifra se conoce mientras varios establecimientos permanecen paralizados y se profundiza una delicada situación financiera y operativa, con salarios atrasados, deudas millonarias y reclamos judiciales de acreedores.

La empresa no respondió un pedido del sindicato STIA para que entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, según indicó el gremio. El grupo emplea 6500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias.

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La compañía argumentó los despidos en la disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno.

Julio Chamorro, secretario general del STIA, rechaza esos argumentos: «Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial», señaló.

Walter Correa.

Además, destacó que otros actores del sector también debieron atravesar las consecuencias sanitarias de la gripe aviar. Chamorro cuestionó además el argumento de una sobreoferta doméstica. «No es real, el consumo de pollo sigue creciendo», afirmó. Según su interpretación, el producto incluso se vio favorecido por la pérdida de poder adquisitivo y el menor consumo de carne vacuna. «Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones», sostuvo sobre la decisión de recurrir al artículo 247.