Una tarde especial en la granja

 

Una encuesta de la Universidad de San Andrés ubica al peronismo primero en intención de voto para 2027, mientras LLA queda tercera y el 25% todavía no sabe a quién votar.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El escenario electoral de cara a 2027 empieza a mostrar señales incómodas para el gobierno de Javier Milei. Una nueva encuesta de la Universidad de San Andrés (UDESA) ubicó al peronismo en el primer lugar de la intención de voto presidencial, con el 26%, apenas un punto por encima del enorme universo de ciudadanos que todavía no sabe o no contesta qué fuerza elegiría. La Libertad Avanza quedó tercera, con el 24%, en un escenario de extrema paridad que, a esta altura, parece bastante más abierto de lo que el oficialismo pretende mostrar.

El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 11 de agosto sobre 1.000 personas de todo el país, con un margen de error de +/- 3,15%. Por eso, metodológicamente, la propia fotografía debe ser leída como un escenario de empate técnico entre el peronismo, los indecisos y LLA. Sin embargo, hay un dato político que resulta imposible ignorar: después de casi tres años de la irrupción electoral de Milei, el espacio que el Gobierno pretendió dejar definitivamente atrás vuelve a aparecer en el primer lugar de una medición nacional.

El dato que más preocupa al Gobierno

Más allá del primer puesto del peronismo, hay otro número que probablemente merezca todavía mayor atención: uno de cada cuatro encuestados todavía no tiene decidido su voto. Ese 25% de indecisos se convierte en la segunda fuerza electoral del relevamiento, apenas por debajo del peronismo y por encima de La Libertad Avanza.

La lectura política es clara: no existe todavía un escenario consolidado de cara a 2027. La elección presidencial está lo suficientemente lejos como para que una parte muy importante del electorado mantenga abierta su decisión y, al mismo tiempo, ninguna de las fuerzas aparece con una ventaja capaz de garantizar un resultado. El 26% del peronismo, el 25% de los indecisos y el 24% de LLA configuran una fotografía prácticamente partida en tres.

Para el oficialismo, el dato puede resultar especialmente sensible porque contradice el relato de una fuerza política destinada a convertirse en el eje permanente del sistema político argentino. LLA no está fuera de competencia, pero tampoco domina el escenario. Con un año todavía por delante hasta el próximo gran turno electoral presidencial, cualquier movimiento en la economía, el empleo, los ingresos, la conflictividad social o la propia interna política puede modificar sustancialmente ese tablero.

El resto de las fuerzas aparece bastante más lejos. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y el PRO empatan con 5%, mientras que otras opciones quedan todavía más atrás: partidos provinciales y Provincias Unidas reúnen 2% cada uno, la UCR alcanza el 1%, un 4% se inclina por «otros», mientras que 3% manifiesta que no votaría y otro 3% optaría por el voto en blanco.

Un escenario abierto y con un voto todavía en disputa

La encuesta también permite observar diferencias interesantes según género. Entre los hombres, LLA alcanza el 27%, mientras que entre las mujeres llega al 21%. El peronismo presenta el comportamiento inverso: registra 25% entre los hombres y 27% entre las mujeres. Es decir, aun con una diferencia pequeña, el estudio muestra que las preferencias políticas no se distribuyen de manera homogénea dentro del electorado.

Pero sería un error interpretar estos números como una elección ya definida. Falta muchísimo para 2027 y, sobre todo, todavía no están definidos los candidatos ni la arquitectura electoral con la que competirán los distintos espacios. El peronismo, además, tiene por delante el desafío de transformar una intención de voto agregada en una propuesta política concreta y competitiva, capaz de contener distintas identidades y sectores que hoy pueden aparecer agrupados estadísticamente pero no necesariamente coincidir en una eventual interna.

Para Milei, en cambio, el problema pasa por otro lado: el oficialismo necesita convertir su gestión en una expectativa electoral sostenible. El hecho de que un cuarto del electorado todavía no sepa a quién votar significa que existe un enorme territorio político en disputa. Pero también implica que una parte importante de la sociedad aún no tiene definido si quiere prolongar el rumbo iniciado en diciembre de 2023 o buscar una alternativa.

La elección de 2027, por lo tanto, comienza a aparecer como una competencia mucho más abierta de lo que podría sugerir el discurso triunfalista de cualquiera de los espacios. El peronismo tiene hoy una pequeña ventaja estadística, LLA conserva un caudal importante y los indecisos representan una reserva electoral capaz de modificar completamente el resultado.

El dato más importante de esta encuesta quizás no sea entonces quién ocupa circunstancialmente el primer lugar, sino que ninguna fuerza consiguió apropiarse todavía del futuro. El electorado argentino continúa en movimiento y, a poco más de un año de la próxima elección presidencial, una porción enorme de la sociedad todavía está esperando señales para decidir hacia dónde inclinar su voto.

 

 

La venta de activos estratégicos durante el gobierno de Javier Milei empieza a mostrar un patrón que excede cada operación individual. Los hermanos Juan y Patricio Neuss aparecen entre los beneficiarios de distintos procesos y ahora una presentación ante la CNV cuestiona el reparto de más de $253.000 millones de reservas de Transener, mientras una denuncia judicial investiga presuntas irregularidades en la privatización de las represas del Comahue.

Por Redacción NLI para NLI

Hay algo que empieza a resultar difícil de presentar como una simple sucesión de casualidades. En el proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno de Milei, el nombre de los hermanos Juan y Patricio Neuss vuelve a aparecer asociado a activos estratégicos del Estado, y lo hace ahora en dos episodios que, aunque jurídicamente deben analizarse por separado, plantean una pregunta política y económica mucho más amplia: ¿cómo se están valuando, adjudicando y finalmente explotando los bienes públicos que el Gobierno decidió transferir al sector privado? La discusión dejó de estar limitada a cuánto recauda el Tesoro por cada privatización y comenzó a trasladarse hacia el mecanismo completo de las operaciones, desde la tasación inicial hasta lo que ocurre dentro de las empresas una vez concretado el cambio de manos. En el caso de Transener, documentos enviados a la Comisión Nacional de Valores pusieron bajo la lupa una distribución extraordinaria de reservas apenas concretada la transferencia accionaria; en paralelo, una denuncia ampliada ante la Justicia Federal de Neuquén sostiene que la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue podría estar atravesada por una cadena de irregularidades que habría favorecido a determinados grupos empresarios.

Transener: comprar y encontrar una caja adentro

La operación sobre Transener permite entender por qué el debate resulta particularmente sensible. La compañía no es una empresa energética cualquiera: administra la red de transporte eléctrico de alta tensión y opera más de 12.000 kilómetros de líneas de 500 kV, una infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino. Su control se encuentra estructurado a través de Citelec, holding que posee el 52,65% de Transener. Antes de la privatización, la mitad de Citelec pertenecía a Pampa Energía y la otra mitad a la estatal Enarsa, lo que otorgaba al Estado una participación indirecta cercana al 26,32% de la transportadora. El Gobierno decidió desprenderse del 50% de Citelec mediante una licitación cuyo valor base había sido fijado en u$s206 millones. Hubo tres ofertas: Edenor ofreció u$s230 millones, Central Puerto llegó a u$s301 millones y finalmente el consorcio formado por Genneia y Edison, vinculada al grupo Neuss, ganó con una propuesta de u$s356 millones.

Hasta allí, podría presentarse como una privatización más: un activo estatal puesto en venta, distintas empresas compitiendo y una adjudicación a quien realizó la oferta económica más alta. El problema aparece cuando se observa qué ocurrió inmediatamente después. Según los documentos enviados a la CNV, Transener había acumulado casi $522.590 millones en una cuenta de reserva destinada a futuros dividendos y, apenas cuatro meses después, ya con el nuevo directorio, la empresa decidió distribuir $253.535.989.514 entre sus propietarios. Es decir, más de $253.000 millones salieron de una reserva que había sido constituida antes del cambio de manos. No se trataba, por lo tanto, de ganancias generadas por la nueva administración, sino de recursos acumulados por la compañía antes de que se concretara la operación.

La dimensión económica de la maniobra es lo que vuelve especialmente incómoda la discusión. Los $253.536 millones distribuidos representan casi dos tercios de los u$s356 millones que el grupo encabezado por Genneia y Edison desembolsó para quedarse con la participación licitada de Citelec. La cuestión que queda planteada, entonces, no es simplemente si una empresa privada tiene derecho a distribuir dividendos de acuerdo con la normativa societaria, sino algo mucho más profundo: qué valor real tenía el activo que se vendió, qué recursos permanecían dentro de la compañía al momento de la transferencia y cómo fueron contemplados esos recursos al momento de establecer el precio de la privatización. Son preguntas que deberán responder los organismos de control y, eventualmente, la Justicia, pero que adquieren especial relevancia cuando se trata de una infraestructura crítica cuyo control estatal acaba de ser reducido.

El caso de las represas y la sospecha de un mecanismo repetido

El segundo expediente agrega una dimensión todavía más delicada. La Fundación Soberanía amplió ante la Justicia Federal de General Roca una denuncia para que se investigue el proceso mediante el cual fueron privatizadas las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue. La presentación sostiene que no se trataría de errores administrativos aislados, sino de un mecanismo «sistemático y planificado» destinado, según los denunciantes, a subvaluar activos estatales y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político. La causa quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Hugo Greca y, naturalmente, las acusaciones deberán ser probadas en el expediente antes de que pueda establecerse responsabilidad alguna.

Lo relevante es que la denuncia identifica cuatro eslabones que, de comprobarse, podrían comprometer la legalidad del procedimiento: la supuesta elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación; la presunta subvaluación de los activos mediante la intervención del BICE y una metodología cuestionada; la identificación de los grupos que terminan accediendo a los activos; y finalmente la realización del concurso sin una base de tasación que, según los denunciantes, garantizara una adecuada defensa del patrimonio público. El cuestionamiento central apunta a que el proceso habría quedado concentrado dentro de estructuras dependientes del propio Ministerio de Economía, que simultáneamente impulsa el programa de privatizaciones, interviene en la elaboración de los pliegos y participa en el proceso de adjudicación.

La discusión sobre la valuación es probablemente el punto más importante de todo el expediente. Porque una privatización no comienza el día en que se abren los sobres con las ofertas: comienza mucho antes, cuando el Estado determina cuánto vale aquello que está dispuesto a vender. Si el precio de partida está subvaluado, una licitación formalmente competitiva puede terminar legitimando una transferencia patrimonial que ya nació condicionada. La denuncia sostiene precisamente que el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones hacia el BICE habría generado un problema de independencia, ya que este último se encuentra bajo la órbita del mismo Ministerio de Economía que diseña y ejecuta el programa privatizador. Desde esa perspectiva, la pregunta deja de ser solamente quién ganó una licitación y pasa a ser quién determinó cuánto valía el patrimonio que se puso en venta y bajo qué metodología.

En ese circuito aparece nuevamente Edison, del grupo Neuss, entre las empresas señaladas como beneficiarias de la privatización de las represas, junto con Central Puerto y BML Inversora, controlada por MSU Green Energy. La coincidencia con el caso Transener es políticamente significativa porque muestra que el grupo empresario no aparece en una única operación aislada, sino en distintos segmentos del proceso de transferencia de activos energéticos. C5N ya había consignado, además, que Edison había participado en las licitaciones de las represas de Alicurá y Cerros Colorados, después de que el grupo avanzara en el sector mediante la adquisición de Potrerillos.

Privatizar rápido, recaudar ahora y discutir después

El Gobierno nacional sostiene su programa de privatizaciones como parte de una estrategia destinada a obtener recursos y reducir la participación estatal en empresas y activos públicos. Según la información publicada sobre el proceso, el Ejecutivo proyecta recaudar alrededor de u$s2.300 millones entre este año y el próximo mediante distintas operaciones. Pero justamente por tratarse de activos estratégicos, la velocidad con la que se pretende concretar las ventas puede convertirse en el principal problema político del programa.

Porque si la urgencia fiscal termina subordinando la tasación, la transparencia y los mecanismos de control, el Estado puede obtener dólares en el corto plazo mientras pierde activos cuyo valor económico excede largamente el ingreso inmediato de la operación. Y si, además, después de la venta aparecen reservas, dividendos extraordinarios o nuevas formas de extracción de recursos acumulados previamente por las empresas privatizadas, la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser estrictamente patrimonial: ¿cuánto recibió realmente el Estado por lo que vendió y cuánto valor quedó dentro de esas compañías para los nuevos propietarios?

El caso de los Neuss obliga a mirar esa pregunta de frente. No porque una empresa privada no pueda participar de una privatización ni porque toda adjudicación a un determinado grupo empresario sea necesariamente irregular, sino porque la transparencia de una operación pública no se agota en verificar quién ofertó más dinero. También importa saber cómo se determinó el precio base, qué activos, reservas y pasivos fueron contemplados, qué controles se aplicaron, quiénes resultaron beneficiados y qué ocurrió con el patrimonio de las empresas después de la transferencia.

En Transener, una empresa estratégica para el sistema eléctrico, más de $253.000 millones de reservas acumuladas antes del cambio de control fueron distribuidos poco después de la privatización. En las represas del Comahue, una denuncia judicial sostiene que existió un procedimiento que habría permitido subvaluar activos públicos y favorecer a determinados grupos empresarios. Son dos expedientes diferentes, con recorridos institucionales diferentes y con acusaciones que deberán ser probadas, pero juntos exponen una misma zona de riesgo: que la Argentina vuelva a discutir las privatizaciones cuando ya sea demasiado tarde para recuperar aquello que se vendió.

El problema de fondo, entonces, no son solamente los Neuss. El verdadero problema es el modelo. Si el Estado vende sus activos estratégicos con el argumento de que necesita recaudar, pero al mismo tiempo no garantiza una valuación independiente, controles efectivos y condiciones que impidan que el patrimonio acumulado por las propias empresas termine funcionando como mecanismo de recuperación del capital invertido por los compradores, la privatización puede convertirse en algo mucho más rentable para quien compra que para quien vende. Y esa es precisamente la discusión que las denuncias y los documentos sobre Transener y las represas del Comahue están obligando a poner sobre la mesa.