La visita a la granja ‘La Soñada’ fue todo un éxito. La propuesta de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina se desarrolló el sábado pasado, donde 20 personas disfrutaron del recorrido guiado a través de la granja.
Niños y niñas conocieron a los animales y, con el cuidado que corresponde, pudieron tocarlos e interactuar con ellos. Tontin, un borrego criado a mamadera fue una de las mayores atenciones de grandes y chicos.
Los más grandes tuvieron la oportunidad de cosechar frutos rojos para llevarse a sus casas.
Hernan y Karen, los anfitriones, además de acompañar el recorrido, brindaron a los asistentes una merienda con productos de la granja. También organizaron un sorteo y quienes resultaron ganadores fueron beneficiados con canastas que contenían esas elaboraciones.
“Desde Turismo apoyamos y acompañamos el nuevo emprendimiento ‘La Soñada’ que tiene mucho potencial para explotar y ofrecer a residentes y turistas. Asimismo la Dirección trabaja en conjunto con la misma para establecer futuras visitas guiadas”, manifestó la Directora de Turismo Katerina Iogna.
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En el gobierno apuntan a Martín Menem por la dura derrota política que significó el fallo de la Corte Suprema a favor de las universidades y creen que le sobrevendió a Javier Milei un acuerdo con los jueces que no pudo garantizar.
En diciembre de 2025, un sector del gobierno buscó un acuerdo con los rectores luego de que el Congreso insistiera por primera vez en la historia contra un veto presidencial. Milei ya había vetado la ley de financiamiento universitario en 2024 y había logrado que 85 «héroes» le sostuvieran el veto en octubre de ese año.
Un año después y tras una serie de marchas multitudinarias, el Congreso votó una ley mejorada, que Milei volvió a vetar. Tras voltear el veto en ambas cámaras, el gobierno puso condiciones para cumplir la ley, por lo que los universitarios elevaron una demanda que llegó a la Corte.
En ese escenario, Santiago Caputo y Diego Santilli iniciaron negociaciones con Emiliano Yacobbitti, el hombre fuerte de la UBA, para llevar al Congreso una ley que dejara satisfechos tanto al sector universitario como al ministro de Economía, cuyo argumento es que financiar universidades atenta contra el superávit fiscal.
Emiliano Yacobitti, el hombre fuerte de la UBA.
La negociación consistía en que en febrero de 2026, en las sesiones extraordinarias, se votaría una ley nueva para acercar las partes con un financiamiento superior al que ofrecía el Ejecutivo en el Presupuesto 2026 pero que no comprometiera el superávit de Toto Caputo.
Pero Martin Menem pisó ese proyecto convencido de que tenía un acuerdo con la Corte, mecanizado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para planchar el fallo ad eternum. El presidente de la Cámara de Diputados le vendió al propio Milei que, gracias a sus vínculos con Horacio Rosatti, la Corte no fallaría en contra si les pagaban a los universitarios un aumento salarial este año y se comprometían a resolver las partidas en disputa en el Presupuesto 2027 que se trata a fin de este año.
La suma que proponía Menem era de 850 mil millones de pesos y el gobierno finalmente llegó a un acuerdo con los universitarios para pagar un aumento del 21% en julio y otra cuota de 3% en octubre. Pero los rectores se reservaron un detalle que ahora cobra mucha mayor relevancia: no desistieron de la demanda en la Corte pese a las presiones del subsecretario de Política Universitaria, Alejandro «Galleguito» Álvarez.
El gobierno aceptó cerrar esa paritaria pese a ese asterisco peligroso porque creía que, como vendía Menem, la Corte no fallaría en el corto plazo o quizás nunca.
Pero, como explicó LPO, la decisión de la Corte terminó de dejar en ridículo a Menem y Mahiques y es un mazazo para el programa económico de Milei y Toto Caputo. Rompe con un acuerdo no escrito que había entre el máximo tribunal y la administración libertaria de no fallar en cuestiones que pudieran afectar la planificación económica.
Luis Caputo niega a la provincia de Buenos Aires la firma de avales importantes para obras que ya cuentan con financiamiento comprometido por parte de organismos internacionales. Se trata de proyectos que no pueden avanzar -o continuar- sin la firma del gobierno de Javier Milei.
Caputo ya dio curso a este tipo de aval a otras provincias. Por caso, firmó avales para 18 proyectos financiado por organismos como el BID, la CAF y el Fonplata. Son diez las provincias que se beneficiaron con esas firmas y que ahora podrán dar cursos los proyectos que suman casi 2.000 millones de dólares. Todas ayudaron al gobierno libertario en el Congreso.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires siguen esperando por esos avales. Son varios los proyectos que tienen asignado financiamiento internacional, pero que están paralizados porque Caputo se niega a firmar.
Allí figura la construcción de una nueva planta depuradora cloacal para La Plata, Berisso y Ensenada. Se sabe que las descargas cloacales en la región capital son una bomba de tiempo. La capacidad de tratamiento resulta insuficiente y de los 13.000 metros cúbicos por hora de efluentes que llegan al sistema, solo unos 5.000 ingresan a la planta de ABSA en Berisso. Los 8.000 restantes son volcados como líquido cloacal crudo al Río de la Plata, sin ningún tipo de tratamiento previo.
Gabriel Katopodis.
Días atrás, el juez Alberto Recondo emitió un oficio en el que le da un plazo de diez días a Caputo para de una respuesta a los pedidos de avales presentados por el gobierno de Axel Kicillof. Los diez días ya pasaron y no hubo respuesta.
«El silencio que mantiene la jurisdicción nacional genera una restricción al financiamiento internacional, de cuya obtención depende en principio la ejecución de la obra proyectada», dijo el juez en el escrito al que LPO pudo tener acceso.
Otro de los proyectos es la construcción de un Túnel Aliviador desde el arroyo Las Piedras hacia el Río de la Plata, un proyecto considerado estratégico para mitigar el impacto de las lluvias en el sur del conurbano.
Otra obra perjudicada por la negativa de Nación es un acueducto para la ciudad de La Plata. Esa obra cuenta con financiamiento por 63 millones de dólares a través de un fondo kuwaití.
La negativa de Caputo también complica la nueva Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada que cuenta con financiamiento de la CAF. Es una obra que busca dar una solución de fondo a los problemas de abastecimiento, escasez y presión de agua que se fue agudizando en La Plata durante los últimos años, ya que la planta actual, operativa hace más de 70 años, ya no tiene capacidad para cubrir toda la demanda de la región.
Esta falta de avales también impacta sobre obras viales como la construcción de la autopista en la Ruta 11 y la intervención integral en la Ruta 6.
Gabriel Katopodis, Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk.
Incluso existen préstamos con vencimiento en 2026 con prórrogas que requieren la aprobación de Nación. Un caso es el dragado de la etapa cuatro del Río Salado que cuenta con un financiamiento de 138 millones de dólares por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Los avales a las provincias cuyos gobernadores ayudaron al gobierno en el Congreso permitieron avanzar con varios desarrollos. Jujuy pudo implementar el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa que contó con financiamiento de la CAF.
El salteño Gustavo Sáenz avanzó con el programa de Desarrollo Productivo y Exportador que financió el BID con 50.000.000 de dólares.
Córdoba y Santa Fe pudieron dar curso al acueducto interprovincial que financió el Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD). En Mendoza, Alfredo Cornejo recibió los avales para avanzar con un programa de expansión de los servicios de agua potable que financió el FonPlata por 140 millones de dólares. Una obra similar pudo desarrollar Martín Llaryora en Córdoba gracias a un financiamiento por 75.000.000 dólares que llegó desde la CAF. También recibieron avales Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Río Negro y Misiones.
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