Él está solo. Pareciera que no necesita a nadie. Sin embargo, hay algo que sí necesita de verdad: saludar. Puede ser en una esquina, en el medio de calle, en una partecita de alguna vereda, al frente de alguna casa o plaza, o incluso, al costado de un auto. Sí, es el saludador que no para de saludar… Por un momento levanta una mano, la menea como si fuese la vela de un barco, su barquito de saludos. A veces, observa el aire como si fuese una persona y le sonríe. Una mañana fría de otoño lo encontré dándole un abrazo a un semáforo en rojo.
El saludador responde a una respuesta que le llega desde adentro ¿No hay pregunta? Como si la responsabilidad por saludar fuese el ancla de su barquito de saludos. No hay mar, pero las montañas se visten de blanco, ellas lo saludan sin moverse. El saludador las siente en el medio del pecho, se da unas sacudidas de alegría, pega un saltito y les devuelve el saludo.
Cada vez que lo cruzo, algo de mí, de mi mirada, de la mirada de la mirada que en él se esconde, añora un encuentro. Pero el saludador, va más allá de mí, o de ellxs, porque su saludo trasciende el aquí de lxs otrxs, y se disipa en la infinitud de todos los saludos posibles…
Columnista de LaTapa. Publicó los siguientes librillos o grillos de letras: "A temperatura dos murmúrios", "Espuma brutal" , "O lado oculto do azul"; "Playa nudista para poemas vestidos" (Biblioteca de Las Grutas, único ejemplar y única edición). También, diversos textos en diferentes espacios digitales.
Podrán circular las personas exceptuadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20. Por razones de salubridad general, el Gobierno Provincial dispuso la restricción temporal del ingreso de personas no residentes en Río Negro a través de los accesos habilitados con la provincia de Neuquén. La restricción, que tendrá vigencia entre las 00 horas…
La situación sobre nuestra Tierra es paradójica. Las interdependencias se han multiplicado. La conciencia de ser solidarios con su vida y con su muerte liga desde ahora a los humanos. La comunicación triunfa; el planeta está atravesado por redes, faxes, teléfonos celulares, módems, Internet. Y sin embargo, la incomprensión sigue siendo general Edgar Morin Los…
Un equipo de paleontólogos del CONICET halló restos fósiles de un nuevo dinosaurio herbívoro gigante de cuello largo, que vivió en lo que hoy es la Provincia de Río Negro hace unos 90 millones de años, cuando transcurría el Cretácico Superior (último de los períodos de la Era de los Dinosaurios) La nueva especie, bautizada…
El fragmento que publicamos pertenece al artículo: “La nueva cruzada. Derecha radical versus democracia, derechos, ONU y cooperación internacional”.
Introducción
El autoritarismo, el conservadurismo y la crisis de la democracia representativa están hoy en el centro de un debate crucial sobre la naturaleza del Estado y el futuro de la política, las sociedades y las instituciones nacionales e internacionales.
La aparición, el fortalecimiento gradual y, por último, la aceptación y la normalización de los partidos y movimientos políticos de extrema derecha en las sociedades democráticas se han convertido en elementos fundamentales para cualquier debate sobre gobernanza y sistemas políticos. Se trata de un fenómeno global que abarca las Américas (las presidencias de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en la Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, José Antonio Kast en Chile y Jair Bolsonaro en Brasil, entre otras) y Europa (con el avance de los partidos de extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo en 2024, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni en Italia, el firme control de Viktor Orban sobre el poder en Hungría (1), la fuerza creciente de los partidos de extrema derecha RN en Francia, AfD en Alemania, Vox en España y Reform UK en el Reino Unido, etcétera), pero también Medio Oriente (con la ampliación de la coalición de Benjamin Netanyahu para crear el gobierno más extremista de derecha en la historia de Israel) y Asia (con la reelección de Recep Erdoğan en Turquía y la consolidación del dominio del partido BJP, de Narendra Modi, en India).
Las fronteras entre la derecha tradicional, que aceptaba las reglas de la democracia liberal, y la nueva y agresiva extrema derecha se hicieron cada vez más tenues. Los discursos racistas, xenófobos, supremacistas y homófobos se han vuelto cada vez más comunes, mientras que las agendas autoritarias son ahora abiertamente perseguidas por actores políticos que ya ocupan posiciones de poder o que pronto pueden conquistarlas (Mudde, 2019). Como en todo el mundo, la mayoría de los partidos progresistas y de izquierda abrazaron hace tiempo la democracia y la agenda económica liberal, mientras que la extrema derecha se transformó gradualmente en el principal espacio social de rebelión política y desafío al statu quo (Stefanoni, 2021). Al explorar los sentimientos de miedo, ansiedad e inseguridad que impregnan cada vez más nuestras sociedades –alimentados por incertidumbres económicas, cambios étnicos y demográficos, crisis climática, violencia, inestabilidad social, cambios en las reglas sociales y la imprevisibilidad del futuro–, las fuerzas de extrema derecha ocupan espacios cada vez mayores en la arena política global. Como los actores políticos tradicionales parecen incapaces de ofrecer una perspectiva creíble del futuro basada en la expansión de los derechos y la inclusión (Danowiski y Castro, 2019), la extrema derecha desafía de forma agresiva los mecanismos establecidos de límites y contrapesos, la participación política y las instituciones representativas. Aspectos críticos de la democracia liberal son atacados hoy, tales como la libertad de prensa y la independencia de los sistemas judiciales. Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, las políticas de protección o de ampliación de los derechos humanos son activamente buscadas.
El esfuerzo para destruir las instituciones que representan el debate colectivo, las negociaciones y los procesos de toma de decisiones comienza a nivel nacional, pero tiene claras y peligrosas implicaciones que trascienden las fronteras, a medida que se desarrolla en la arena global. Las organizaciones y las instituciones internacionales se ven directamente afectadas en este proceso. Cuando los actores de extrema derecha asumen responsabilidades gubernamentales, tienden a socavar el sistema multilateral.
El ascenso de la extrema derecha fue objeto de extensa investigación académica en la última década, así como foco de contraposición activa por parte de movimientos políticos, think tank y organizaciones de la sociedad civil (Estrada Campos, 2023; Löwy, 2019). Este intenso escrutinio dejó claro que los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público.
Además, fortalecen constantemente su red y la coordinación política global, hasta el punto de que podemos referirnos a un movimiento transnacional de extrema derecha (Forti, 2024; Abrahamsen et al., 2024) o una auténtica “internacional reaccionaria” (Goldstein, 2024). Como sugiere Musharbash (2021), los actores políticos de extrema derecha “se imaginan a sí mismos como participantes en una lucha global contra un enemigo global”.
Los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público.
A pesar de las importantes especificidades nacionales o regionales, este es sin duda un fenómeno global con fuertes vínculos transnacionales que, por ese motivo, debe ser estudiado y tratado como tal.
Los vínculos transnacionales de la extrema derecha se formaron a través de referencias intelectuales comunes y una red creciente de espacios internacionales: como el Foro de Madrid (creado en 2020 por el partido español de extrema derecha Vox y muy activo en América Latina con el objetivo de promover la “iberoesfera”), Atlas Network (que reúne a más de 500 think tank e institutos que promueven agresivamente políticas públicas neoliberales y antiambientales en un centenar de países), y los capítulos nacionales de la Conservative Political Action Conference (CPAC), creada originalmente en los Estados Unidos, que ya presentó conferencias en Brasil, México, Argentina, Paraguay, Hungría, Polonia, Israel, Corea del Sur, Japón y Australia. A través de los años, las reuniones de la CPAC fueron oportunidades para que líderes y operadores de extrema derecha se conocieran y establecieran conexiones personales (entre otros, Orbán, Meloni, Trump, Bolsonaro, Milei y Kast ya asistieron a reuniones de la CPAC).
Un análisis preliminar de las interacciones transnacionales de los actores de este espectro político indica que ya tuvieron un impacto significativo en la agenda y en los procedimientos del sistema multilateral, influyendo así en la política internacional. La visión de mundo de la extrema derecha entra en conflicto directo con uno de los principales pilares del sistema de gobernanza luego de la Segunda Guerra Mundial: la cooperación entre los Estados miembros en el sistema de las Naciones Unidas y en otras organizaciones regionales e internacionales, que producen normas comunes, bienes públicos globales y foros de negociación de conflictos. El principio subyacente de esta colaboración es que se necesita una pérdida relativa, mutuamente acordada y negociada, de la soberanía nacional para hacer frente a los desafíos globales (como la crisis climática) y para lograr bienes públicos internacionales y objetivos compartidos (como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU).
En sentido contrario, en los últimos años, la acción diplomática de los gobiernos nacionales liderados por actores de extrema derecha se concentró en crear obstáculos a cuestiones y agendas específicas (como la igualdad de género o la eliminación gradual de los combustibles fósiles) y en el intento de rediseñar sectores enteros del sistema multilateral considerados contrarios a determinados valores morales o a una visión estrecha de los intereses nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.
Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.
Con este texto, buscamos contribuir a la creciente literatura sobre el impacto de la extrema derecha en las relaciones internacionales y en la política global (Estrada Campos, 2023), analizando de manera específica cómo esta tendencia transnacional tiene efectos concretos en el sistema multilateral. Para esto, dividimos el capítulo en dos partes. En la primera, discutimos un tipo ideal de actores de extrema derecha como una lente analítica que nos permite investigar este fenómeno global. En la segunda parte, analizamos cómo los elementos de estos tipos ideales weberianos interactúan con el sistema multilateral. Nuestro enfoque son las tensiones entre el discurso y las prácticas de la extrema derecha y los elementos centrales de la arquitectura multilateral, como las normas internacionales, la flexibilización del concepto de soberanía, los valores de inclusión y derechos.
Todos los tonos de la derecha
(…)
Tras analizar material empírico e histórico, así como la bibliografía sobre el tema, sugerimos que algunas estructuras cognitivas son comunes en la actual tendencia global de la extrema derecha. En términos weberianos, estas estructuras pueden componer un tipo ideal, lo suficientemente abstracto como para dar cabida a las numerosas diferencias entre los actores políticos de extrema derecha en diferentes regiones del mundo. De este modo, podemos comprender mejor la lógica de experiencias históricas específicas. Además del desprecio o la actitud negativa hacia las instituciones democráticas liberales, tal y como subraya Mudde, proponemos destacar otras cinco características comunes que son especialmente relevantes para analizar las implicaciones del fortalecimiento global de la extrema derecha para la gobernanza internacional y el futuro del orden mundial multilateral (2). Son las siguientes:
1. El rechazo de la asociación entre derechos (políticos, sociales, económicos, ambientales, de género, sexuales, reproductivos, religiosos, etcétera) y la igualdad, la inclusión y el progreso.
2. La exaltación del nativismo y el patriotismo como resultado de la búsqueda de una comunidad homogénea idealizada y la exigencia de lealtad al Estado como representante legítimo de la comunidad homogénea.
3. La lógica amigo-enemigo.
4. Tradicionalismo, con la exaltación de un pasado idílico y mítico, cuando prevalecían las jerarquías sociales y los valores morales claros.
5. La aceptación de la violencia como instrumento legítimo de interacción social y política.
Existe un consenso en que parte de la explicación del auge global de la extrema derecha reside en la crisis cada vez más profunda de la democracia liberal. Por lo tanto, no es de extrañar que una característica común a todos los actores autoritarios sea la crítica o el rechazo de esta forma de organización de la vida política. Sanahuja y López Burian (2020) sugirieron que los cambios estructurales en el funcionamiento del capitalismo globalizado hegemónico explican esta tendencia. Especialmente después de la crisis financiera mundial de 2008, la progresiva precarización del trabajo, el empeoramiento de las condiciones de vida (y de las expectativas) tanto de la nueva clase trabajadora informal de las plataformas digitales como de la clase media tradicional y la degradación de los servicios públicos provocada por las políticas económicas y de austeridad neoliberales minaron la cohesión social en Europa y América. El resentimiento generalizado hacia las elites políticas, culturales y económicas establecidas y su aislamiento de la vida de la gente común alimentan la crisis de legitimidad de las democracias liberales, de la que se aprovechan los actores políticos de extrema derecha (Levitsky y Ziblatt, 2018).
Cuando logran llegar al gobierno, los partidos de extrema derecha degradan activamente la democracia y las instituciones de sus países. A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan. La libertad de expresión y los derechos de las minorías están bajo constante ataque. El equilibrio de poderes se ve atacado, se favorece el poder ejecutivo en detrimento del judicial y del legislativo, lo que genera una fuerte concentración de poder. El conformismo social, el convencionalismo y la sumisión a las autoridades establecidas son los pilares del autoritarismo (Mudde, 2010). Por lo tanto, es posible detectar una clara tendencia autoritaria.
A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan.
La extrema derecha contra los derechos
La era posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde finales de la década de 1940 hasta principios de la de 2000, fue llamada a menudo “la edad de oro de los derechos humanos” o, según la definición del académico estadounidense Louis Henkin (2019), “la era de los derechos”. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). En las seis décadas siguientes, la ONU aprobó nueve tratados fundamentales que abarcan una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que constituyen los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. En 1993, la Asamblea General de la ONU estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y definió su mandato para promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial.
Aunque las violaciones de estos derechos hayan persistido y, a menudo, las grandes potencias hayan sido políticamente selectivas (y abiertamente cínicas) a la hora de elegir qué abusos denunciar o, por el contrario, ignorar, desde hace tiempo hay un reconocimiento creciente de la importancia de proteger y promover los derechos humanos como fundamentales para la dignidad humana, la igualdad y la paz. El establecimiento de instituciones y mecanismos internacionales (como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) y órganos regionales (como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos) contribuyó al avance de las normas y los estándares de derechos humanos. Además, la lucha contra el colonialismo y los movimientos por los derechos civiles promovieron de manera significativa los principios de los derechos humanos, la igualdad racial y el derecho a la autodeterminación. La búsqueda de derechos se ha expandido en los ámbitos nacional e internacional e incluye los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQIA+, de las comunidades indígenas, de los sectores racialmente oprimidos de la sociedad, de las víctimas de la opresión del Estado, así como los derechos sexuales y reproductivos y los derechos ambientales.
En el siglo XXI, sin embargo, los ataques contra las instituciones de derechos humanos y de inclusión se han multiplicado, ya que un número creciente de actores (tanto del Sur Global como de los países desarrollados) ha comenzado a cuestionar el concepto de universalidad de los derechos humanos y está utilizando su poder político para erosionar lo que Hannah Arendt (1951) definió como “el derecho a tener derechos”. Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible. El orden, la tradición, la familia, la religión, la patria y la lealtad son los pilares del discurso público de estos grupos. Como observa Teitelbaum (2020), estos actores también coinciden en criticar la difusión del secularismo, la democracia y la globalización. Así, tienden a centrarse en la defensa de los derechos de propiedad y religión en oposición a los derechos basados en la igualdad y la dignidad humana (Leigh, Zulver y Escoffier, 2023, pp. 1-28).
Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible.
En oposición al “derecho a tener derechos” y al impulso hacia los derechos sociales y civiles que, en términos generales, caracterizan los procesos de democratización y apertura de las sociedades, la extrema derecha se centra casi exclusivamente en las libertades individuales –una concepción restrictiva basada en la idea de libertad económica sin interferencia del Estado– y en la defensa de los “valores” conservadores dentro del núcleo fundamental de la sociedad, es decir, la familia tradicional. Desde esta perspectiva, los resultados de la competencia económica ilimitada y no regulada –la desigualdad, el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y medias, la creciente influencia política de los multimillonarios– se consideran naturales y funcionales para el orden social. Por el contrario, las políticas sociales, la planificación económica y la justicia administradas por el Estado contrastan con la libertad. La elección de la píldora roja (libertad) en la película Matrix (1999) se ha convertido en un icono del mundo cultural online de la extrema derecha. La libertad se busca contra la “catedral”, es decir, las elites intelectuales liberales, que tienen una visión cosmopolita y “globalista” del mundo, opuesta a los valores tradicionales.
Según esta lógica, los actores políticos de extrema derecha tienden a considerar las instituciones democráticas liberales, los movimientos feministas y LGBTQIA+ y las burocracias nacionales e internacionales como amenazas a las libertades individuales y obstáculos para la implementación de políticas “fuertes” contra las personas ajenas que amenazan los valores tradicionales (Norris e Inglehart, 2019). El análisis de Wendy Brown (2019) abre la puerta a la comprensión del desprecio por las instituciones, las leyes y las normas que se describen como limitadoras de la libertad individual. Se involucró en el debate sobre el tema y conectó las discusiones sobre visiones autoritarias del mundo, neoliberalismo y tradicionalismo. Brown investiga la interacción entre las formulaciones neoliberales de libertad y resentimiento; argumenta que la asociación del nacionalismo con una versión del liberalismo centrada en la defensa de la soberanía y el antiestatismo nos permite hacer referencia a la “libertad autoritaria”.
La visión neoliberal del mundo, basada en los escritos de Friedrich Hayek (2001) y ampliamente implementada en todo el mundo desde los gobiernos de Reagan y Thatcher, a principios de la década de 1980, demolió el tejido colectivo de las sociedades y basa el nuevo orden social en los mercados y la moralidad. El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado (Brown, 2019, p. 17). Así, los valores tradicionales se presentan como un complemento esencial de los mercados libres, y se enfatiza la capacidad de la tradición para producir armonía social, conformidad e integración. La inclusión, los derechos civiles, el constitucionalismo, la justicia social y la distribución de recursos a través de políticas estatales son atacadas por grupos sociales que se aferraron a un concepto de libertad basado en la expansión de la racionalidad del mercado a todas las esferas de la vida y que está despojado de las valencias políticas que lo vinculan a la soberanía popular (Brown, 2019, p. 13).
El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado.
La difusión global de las teorías económicas de Hayek, Ludwig Von Mises, Milton Friedman y la llamada Escuela Austriaca de Economía se ha propagado durante décadas a través de una densa y sofisticada red de institutos de investigación y think tank, cuyos orígenes se remontan a la creación de la Mont Pelerin Society en 1947 (Mirowski y Plehwe, 2015) y de la que Atlas Network representa hoy la cara más visible e influyente.
La búsqueda de una comunidad homogénea idealizada
La defensa y reivindicación de la tradición es una de las normas cruciales invocadas por los actores políticos de extrema derecha. Los principios del sufragio universal, la libertad de participación política y la separación de poderes llegan a ser cuestionados y considerados valores extraños, impuestos desde afuera. Esta es también una tendencia de otras perspectivas conservadoras, pero en este caso observamos la reivindicación de una agencia y una postura voluntarista peculiares (Abrahamsen et al., 2024, p. 24). Esta idea es destacada en las políticas adoptadas por Rusia durante el gobierno de Vladimir Putin, pero también está presente en muchos otros países. Un concepto es el nativismo, que, según Mudde (2019, p. 33), es una combinación de nacionalismo y xenofobia. Las tradiciones nacionales se sitúan en el centro del discurso público, alimentan la búsqueda de un grupo original, que suele basarse en núcleos étnicos, raciales o religiosos. El humanismo, la lógica del cuidado y la empatía por los seres humanos en general se tratan como una amenaza para la comunidad nacional homogénea idealizada. La búsqueda de una comunidad uniforme tiene efectos profundos sobre la disposición a negociar, crear y mantener instituciones que permitan un proceso constante de conciliación de diferencias y normas de coexistencia o, en otras palabras, que abran un espacio social para la resolución pacífica de conflictos o para la transformación política: las bases conceptuales del sistema multilateral.
La idealización de una comunidad homogénea basada en valores tradicionales y “nacionales” expresa un profundo desprecio por la pluralidad y se traduce en resistencia a los derechos de las minorías. Las amenazas imaginarias contra esta sociedad idealizada le dan sentido a la existencia de la extrema derecha y son el gran combustible político de estos movimientos. En muchos casos, la inmigración se vincula con el temor a la delincuencia, el terrorismo o la dilución de la identidad nacional. Es habitual encontrarse con la manipulación de las preocupaciones del público en materia de seguridad y la defensa de políticas de inmigración más estrictas, controles fronterizos y, en ocasiones, la expulsión de determinados grupos. Este discurso basado en el miedo resulta muy atractivo para las personas que se sienten vulnerables ante los cambios demográficos o que perciben a los inmigrantes como una amenaza económica o para la seguridad (Helbling y Meierrieks, 2022; Edo y Giesing, 2020). El miedo, justificado o no, al aumento de la delincuencia en una determinada zona o país lleva a solicitar una intervención fuerte del Estado para aumentar la percepción de seguridad, que casi siempre tiene un componente nativista, ya que los “extranjeros” son vistos como la fuente fundamental de inseguridad para los “nativos”. La seguridad se refiere a individuos y colectivos, principalmente a la nación o la raza, y tiene un componente cultural, económico y físico. Por lo tanto, casi todas las cuestiones políticas se perciben a través del prisma de una amenaza al orden natural que crea inseguridad, y esta debe tratarse con mano dura. El discurso sobre la seguridad y la lucha contra la inmigración fue fundamental, por ejemplo, para el éxito electoral de José Antonio Kast y de otros candidatos de extrema derecha en las elecciones presidenciales de Chile en 2025. Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.
El lema adoptado por los líderes autoritarios de todo el mundo –mi país por encima de todo, ignorando las normas y las leyes– expresa una visión de la soberanía en la que los conceptos de nación y patria se priorizan en términos absolutos. Esto se deriva del valor atribuido a la nación homogénea, de la comprensión del entorno internacional en términos competitivos y vacíos desde el punto de vista moral, y del desprecio por las visiones cosmopolitas. Una visión del mundo basada en la concepción anacrónica “vestfaliana” de la soberanía absoluta de los Estados-nación se opone directamente al acuerdo sobre cesiones parciales y negociadas de la soberanía nacional, que son la base del sistema multilateral construido después de 1945.
Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.
Esta diferencia ontológica en relación con las relaciones internacionales quedó patente en la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 24 de septiembre de 2019. El primero en intervenir, el secretario general de la ONU, António Guterres, pronunció un discurso preocupado por los retos globales contemporáneos y la necesidad de “hacer todo lo posible para evitar la gran fractura y mantener un sistema universal: una economía universal con respeto universal por el derecho internacional; un mundo multipolar con instituciones multilaterales fuertes”. Inmediatamente después de él, como manda el protocolo de la ONU, hablaron Bolsonaro y, a continuación, Trump. En el discurso de Guterres, las palabras más recurrentes fueron “personas”, “derechos”, “mundo” y “humanidad”. Bolsonaro repitió “Brasil” 41 veces. Los términos más utilizados por Trump fueron “naciones”, “países”, “América” y “americanos”; se refirió 18 veces a los Estados Unidos. Ambos presidentes mencionaron a Dios cinco veces. Con el lenguaje de la Guerra Fría, evocaron el “espectro del socialismo” (Trump) y la “crueldad del socialismo” (Bolsonaro) como grandes amenazas para el orden mundial (Summa, 2020, p. 23). Trump presentó un manifiesto apasionado por el nacionalismo: “El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos”. También despreció abiertamente el papel de las Naciones Unidas en la definición de normas comunes: “No hay ninguna circunstancia en la que Estados Unidos permita que entidades internacionales pisoteen los derechos de nuestros ciudadanos” (Trump, 2019).
Ya en su segundo mandato, en otro discurso ante la Asamblea General, el 23 de septiembre de 2025, Trump no solo descartó a la ONU por irrelevante, sino que también cuestionó los propios principios de la Organización: mantenimiento de la paz, organización de respuestas a los desafíos globales, promoción de la cooperación internacional y financiación del desarrollo. Volvió a evocar una política centrada exclusivamente en los intereses nacionales y dejó claro su desprecio por la Organización: “La mayoría de las veces […] lo único que parecen hacer [en la ONU] es escribir una carta con palabras muy duras y luego no darle ningún seguimiento”. (…).
(Nota de Anfibia): Este texto se escribió antes de la derrota de Viktor Orbán en Hungría, frente a Péter Magyar.
Preferimos no utilizar la definición de orden mundial liberal, ya que muchos de los principales Estados miembros de las Naciones Unidas, incluso miembros permanentes del Consejo de Seguridad, nunca fueron democracias liberales.
Se había escondido adentro de un tarugo como si fuese el gusano de una manzana podrida. Las ventas online están derrumbando este negocio. Ya van más de tres mil años que las ferreterías prosperaron por todas partes del mundo. La mía la heredé de mi padre, quien la había recibido del suyo, el cual vino…
La comparación entre la causa que derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner y otros expedientes recientes que involucran a funcionarios del actual gobierno expone una tensión cada vez más evidente: mientras en un caso bastó con una presunción interpretativa —“no podía no saber”—, en otros, con abundancia de indicios y documentación, la reacción judicial y mediática parece notablemente más tenue.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La historia judicial argentina ofrece múltiples ejemplos de selectividad, pero pocos tan paradigmáticos como el contraste entre la denominada “causa Vialidad” y las investigaciones que hoy rodean a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei. En el primer caso, el eje de la condena a Cristina Fernández de Kirchner giró sobre un razonamiento que excede la prueba directa: la idea de que, por su investidura, “no podía no estar al tanto” de las irregularidades atribuidas a la obra pública en Santa Cruz.
Esa formulación, que en términos jurídicos tensiona principios básicos como la responsabilidad penal individual y la necesidad de prueba concreta, fue sostenida tanto por sectores del Poder Judicial como por buena parte del sistema mediático dominante. Sin embargo, cuando se observan expedientes actuales —donde aparecen transferencias, vínculos contractuales, decisiones administrativas documentadas o movimientos patrimoniales verificables— la vara parece desplazarse hacia un estándar mucho más laxo.
La lógica de la presunción: el caso Vialidad
En la causa que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los aspectos más controvertidos fue la ausencia de evidencia directa que acreditara su participación personal en maniobras ilícitas. No se incorporaron registros de conversaciones, correos electrónicos, transferencias bancarias ni documentos firmados por la exmandataria que vincularan de manera concreta su accionar con los hechos investigados.
La construcción acusatoria se apoyó, en cambio, en una inferencia estructural: que la entonces presidenta debía necesariamente conocer lo que ocurría en la asignación de obra pública. Esta interpretación, si bien puede tener peso político, abre un debate jurídico profundo sobre el alcance de la responsabilidad por jerarquía y sobre los límites entre presunción y prueba.
En términos estrictamente legales, la doctrina penal exige certeza basada en evidencia. Sin embargo, el fallo incorporó un razonamiento más cercano a la sospecha estructural que a la demostración empírica, lo que fue celebrado por sectores mediáticos que durante años instalaron la idea de culpabilidad como sentido común.
ANDIS, $LIBRA y otras causas: cuando la prueba no moviliza
En contraste, investigaciones recientes como las vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el denominado caso $LIBRA o las denuncias por enriquecimiento que salpican a figuras del oficialismo presentan un cuadro distinto: aquí sí aparecen elementos materiales, registros administrativos y circuitos financieros que permiten trazar relaciones más concretas.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha tenido la misma intensidad. En el caso de ANDIS, por ejemplo, se mencionaron irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones que derivaron en cuestionamientos internos, pero sin avanzar con la celeridad que se observó en otras causas de alto impacto político.
Algo similar ocurre con el entramado de $LIBRA, donde la existencia de documentación, decisiones administrativas y posibles beneficiarios identificables no logró instalar en el debate público la misma noción de escándalo estructural que sí se construyó en torno al kirchnerismo.
El patrimonio y las explicaciones: el caso Adorni
El caso de Manuel Adorni resulta ilustrativo en este esquema comparativo. Las discusiones sobre su patrimonio, operaciones inmobiliarias y financiamiento de adquisiciones abrieron interrogantes que, en otro contexto político, probablemente habrían derivado en investigaciones más profundas y en una cobertura mediática sostenida.
Sin embargo, la reacción predominante fue la relativización o la rápida disipación del tema en la agenda pública. La diferencia no es menor: mientras en la causa Vialidad se construyó una narrativa de culpabilidad sin prueba directa, en estos casos la existencia de elementos verificables no alcanza para generar una presión equivalente.
El rol de Karina Milei y las sospechas de intermediación
Otro punto que alimenta la discusión sobre la doble vara es la aparición de versiones vinculadas a presuntos esquemas de intermediación o retornos —como el denominado “3%”— que involucran a Karina Milei. Si bien muchas de estas denuncias requieren aún confirmación judicial, lo cierto es que el tratamiento mediático ha sido, en general, más prudente o marginal.
En términos comparativos, basta recordar cómo hipótesis mucho menos documentadas en el pasado fueron amplificadas durante meses hasta consolidarse como verdades instaladas.
A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa.
Créditos del Banco Nación y decisiones administrativas
Las operaciones crediticias otorgadas por el Banco Nación a determinados actores también ingresan en este análisis. La existencia de expedientes, montos y condiciones específicas ofrece un terreno fértil para la investigación judicial. No obstante, nuevamente, la intensidad de la respuesta institucional dista de la observada en otras etapas políticas.
El contraste no implica necesariamente afirmar culpabilidades, sino señalar una diferencia en el estándar de exigencia: lo que en un caso se interpreta como indicio suficiente, en otro parece no alcanzar ni siquiera para activar mecanismos de investigación robustos.
En este punto aparece un elemento particularmente revelador: la forma en que el propio Javier Milei queda sistemáticamente por fuera de las hipótesis de responsabilidad. A diferencia de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, donde la centralidad del cargo fue utilizada para inferir conocimiento y eventual participación, en el caso del actual presidente parece imponerse la lógica inversa. Aun cuando los hechos investigados involucran áreas sensibles del gobierno o funcionarios de su máxima confianza, la interpretación dominante —tanto en ciertos sectores judiciales como mediáticos— tiende a considerar plausible que Milei “no esté al tanto”. Esta asimetría no es menor: mientras en un caso la jerarquía implicaba necesariamente conocimiento, en el otro habilita una presunción de desconocimiento que lo excluye preventivamente del análisis de responsabilidades.
Medios, justicia y construcción de sentido
El punto de convergencia entre todos estos casos es el rol de los medios de comunicación en la construcción de sentido. La condena de Cristina Fernández de Kirchner fue precedida por años de cobertura sistemática que instaló una narrativa de corrupción estructural, incluso en ausencia de pruebas directas.
En cambio, las causas que hoy afectan a funcionarios del oficialismo no han logrado —o no se ha buscado que logren— ese mismo nivel de penetración en la opinión pública. La diferencia no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: cambia la forma en que se interpreta la evidencia y el peso que se le asigna.
Una justicia bajo sospecha
La comparación deja al descubierto una pregunta incómoda pero inevitable: ¿existe un criterio uniforme en la administración de justicia o las decisiones están condicionadas por el contexto político y mediático?
Cuando una condena puede sostenerse en una presunción y otras investigaciones con mayor volumen de pruebas no avanzan con igual firmeza, la percepción de doble vara se vuelve difícil de refutar. Y esa percepción, más allá de las posiciones partidarias, erosiona uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en la justicia.
En definitiva, el problema no es sólo jurídico, sino institucional. Porque una justicia que parece medir distinto según el acusado deja de ser justicia para convertirse en un instrumento de disputa política. Y en ese terreno, la verdad —con pruebas o sin ellas— corre siempre el riesgo de quedar relegada.
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