Ucrania: una paz que avanza a la fuerza

 

En menos de 72 horas, la relación transatlántica cambió de naturaleza y todo parece indicar que los ucranianos han perdido la guerra. El 12 de febrero de 2025, el flamante secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dio inicio a las negociaciones de paz en Ucrania. Ya desde un comienzo cedió ante las dos principales exigencias de Moscú: la no adhesión de Kiev a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ratificación de las “nuevas realidades territoriales”, es decir, la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia, así como también de Crimea. Al día siguiente, tras una larga conversación telefónica con Vladimir Putin, el presidente Donald Trump anunció su intención de reunirse con su par ruso en Arabia Saudita –sin los ucranianos ni los europeos– y expresó su deseo de que pronto se organicen elecciones en Ucrania. Finalmente, el 14 de febrero, en un discurso pronunciado en una conferencia en Munich, el vicepresidente estadounidense, más que abordar la cuestión ucraniana, reprochó a los dirigentes europeos el hecho de que deshonraran las aspiraciones de sus propios pueblos restringiendo la libertad de expresión en las redes sociales o anulando las elecciones en Rumania por supuestas injerencias rusas (1).

Semanas antes, Trump había lanzado una ofensiva comercial al aumentar los aranceles a las importaciones de Canadá, México y la Unión Europea, y también había expresado sus intenciones anexionistas sobre Groenlandia (2). Sin embargo, de ahora en adelante, ya no se trata tan sólo de manipular a sus “aliados” para que compren más armas o para equilibrar la balanza comercial. Al declarar que Estados Unidos no les concedería garantías de seguridad ni a Ucrania ni a las tropas europeas que pudieran desplegarse para hacer cumplir un eventual alto el fuego, Trump inevitablemente sembró dudas sobre la solidaridad estadounidense en caso de un ataque al territorio de un miembro de la OTAN. Sin su contrapartida de seguridad, el vínculo transatlántico se parecería más bien a una completa relación de dependencia.

No obstante, desde 2022, Estados Unidos ha “invertido” un promedio de 35.300 millones de dólares por año en Ucrania (3). Mucho más que los 3.000 a 5.000 millones de dólares que Washington destinó cada año a Israel antes del ataque del 7 de octubre de 2023 y el equivalente a casi la mitad de los gastos militares anuales para Afganistán entre 2001 y 2019 –un esfuerzo para financiar una ocupación militar y operaciones directas–. El nivel de apoyo a Ucrania se sitúa, por lo tanto, en algún punto intermedio entre la ayuda brindada a un aliado histórico en Medio Oriente y el compromiso de una intervención directa en el campo de batalla en su propio nombre. Pero a Trump poco le importa todo eso: la guerra en Ucrania no es la de Estados Unidos, sino la de su antiguo rival Joseph Biden…

Errores de cálculo

Evidentemente, la magnitud de la ayuda occidental llevó a Kiev a cometer un error y la alentó a rechazar la negociación. En la primavera boreal de 2022, incluso antes de que Occidente le proporcionara su apoyo militar, la resistencia ucraniana podía enorgullecerse de haber frustrado la operación de cambio de régimen fomentada por el Kremlin y de haber minimizado las pérdidas territoriales. Después de cuatro semanas de combates, los beligerantes estaban cerca de llegar a un acuerdo. En Estambul, Kiev aceptó un estatus de neutralidad –es decir, renunció a adherirse a la Alianza Atlántica– y confirmó su intención de no dotarse de armas nucleares. A cambio, buscaba conseguir la retirada voluntaria de Moscú de los territorios que había ocupado desde el 24 de febrero. Sin embargo, Kiev necesitaba garantía de seguridad por parte de los líderes occidentales, quienes se la negaron. Boris Johnson se convirtió en el portavoz de la posición occidental durante una visita a la calle Bankova, sede de la Presidencia ucraniana. El Primer Ministro británico afirmó que nunca firmaría un acuerdo con Putin. Por eso, lo que ofrecían no eran garantías, sino armas (4).

Europa deberá pagar la reconstrucción de Ucrania y, al mismo tiempo, afrontar los costos de su seguridad.

Por un tiempo fue posible creer que dicha apuesta resultaría exitosa. Tras una primera contraofensiva, en noviembre de 2022, Kiev recuperó la ciudad de Jersón, ubicada en la orilla derecha del río Dnieper. Se desató la euforia. La palabra “negociaciones” se volvió tabú. No alinearse con los objetivos ucranianos –es decir, recuperar por la fuerza las fronteras de 1991– equivalía a firmar un pacto con el diablo. Los grandes medios de comunicación occidentales respaldaron el decreto ucraniano de octubre de 2022 que prohibía las negociaciones con Putin, a quien buscaban llevar ante la justicia internacional por crímenes de guerra (5).

Sin embargo, la segunda contraofensiva ucraniana de junio de 2023 resultó en una derrota. En los medios de prensa, los estadounidenses expresaron su descontento: Kiev habría escatimado demasiado sus hombres para privilegiar ataques tácticos dispersos a lo largo del frente en lugar de enviar soldados en masa a los campos de minas rusos con la esperanza de traspasar las defensas del adversario y cortar el puente terrestre entre Rusia y Crimea (6). Bajo la presión de Washington, Kiev redujo la edad de reclutamiento de 27 a 25 años en abril de 2024, pero en diciembre se negó a bajarla a los 18 años. Así, la apuesta hecha en base a las exhortaciones occidentales fracasó trágicamente. Tanto el costo humano –cientos de miles de muertos y heridos– como los sacrificios exigidos a la sociedad fueron en vano (7).

Como lógica consecuencia, durante el mismo período, Rusia experimentó una suerte inversa. El inicio de su “operación militar especial” resultó un fiasco. Los servicios de inteligencia rusos sobrestimaron los apoyos con los que contarían tanto por parte de la población como dentro de las élites ucranianas. El Ejército se estancó en los barrios periféricos de la capital ucraniana y fracasó en su intento de tomar el control del país. El Kremlin decidió entonces concentrar su dispositivo militar en el Donbass y Crimea. Concebida inicialmente como una expedición relámpago, la guerra fue cambiando de escala y de naturaleza. La movilización forzada decretada en septiembre de 2022 provocó una ola de protestas y exilios.

Atrapada en su propia guerra, Rusia agravó su situación en materia de seguridad. Su “operación militar especial” tenía como objetivo, por un lado, prevenir que Ucrania se rearmara –antes de que Kiev recuperara por la fuerza las regiones separatistas prorrusas– y, por otro lado, poner un freno a la expansión de la OTAN hacia el Este. No obstante, unos meses después del inicio del conflicto, Rusia enardeció el patriotismo de un adversario que recibía un flujo continuo de armas y que contaba con el respaldo de una Alianza Atlántica reforzada con dos nuevos miembros: Suecia y Finlandia, que limitan con la zona ártica, estratégica para Moscú. Los dirigentes europeos reforzaron los batallones enviados al flanco oriental de la alianza, incluida Francia, que hasta entonces se oponía a una presencia permanente. La fuerza de reacción rápida de la OTAN cuadruplicó su número de efectivos; también continuó la construcción de la nueva base antimisiles estadounidense en Polonia, en donde los norteamericanos elevaron su presencia militar a 10.000 soldados. Lejos de calmarse, en Rusia las preocupaciones respecto de la seguridad se intensificaron por no haber previsto la fuerza y la unidad de la reacción occidental. Empero, al apostar por la consolidación de sus defensas detrás del Dnieper, Rusia logró estabilizar el frente. Los avances territoriales, como la toma de Bajmut en mayo de 2023, se consiguieron a costa del sacrificio de numerosas tropas, en un país ya golpeado por su crisis demográfica.

El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada.

Si bien Rusia mostró debilidades militares, la resiliencia de su economía resultó sorprendente. El Banco Central había acumulado suficientes reservas para asumir una confrontación financiera con Occidente. Logró sostener eficazmente el rublo y salvar su sistema bancario a pesar del congelamiento de sus activos en Europa y Estados Unidos. En cuanto a las sanciones energéticas, terminaron volviéndose en contra de los propios impulsores europeos: el aumento de los precios del gas compensó la pérdida de los volúmenes enviados al Viejo Continente, dando tiempo a Rusia para reorientar sus exportaciones de hidrocarburos hacia Asia (8). El fracaso de la estrategia de aislamiento se volvió evidente porque, si bien Moscú se vio obligada a recurrir a “Estados parias”, como Corea del Norte o Irán, para obtener armas o soldados, la realidad es que no le faltaron socios económicos interesados en sus descuentos energéticos. Los países que forman el núcleo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) vieron con preocupación la ofensiva punitiva financiera de Washington contra uno de sus miembros y profundizaron de forma preventiva su cooperación para reducir el uso del dólar en sus intercambios. En 2024, BRICS acogió a cinco miembros nuevos, entre los que destacan los Emiratos Árabes Unidos, un actor clave en las nuevas rutas del petróleo ruso (véase el artículo de págs. 12-14).

¿Acercamiento al hermano menor?

Al elegir negociar cara a cara con Moscú, Trump le ofrece una vía de escape al Kremlin. El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada. Las concesiones, por ahora sólo verbales, resultan vertiginosas: reanudación de las negociaciones sobre el desarme, promesa de reincorporación al G7 y, a largo plazo, levantamiento de las sanciones. Aunque el Presidente estadounidense trate de morigerar estas promesas en las próximas semanas, la solidaridad transatlántica parece estar ya profundamente deteriorada.

Estas declaraciones podrían cerrar la era geopolítica que comenzó en 1949. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó la Alianza Atlántica para imponer su influencia a la mitad de Europa, mientras que la otra mitad se alineaba primero con el bloque soviético y luego se unía al Pacto de Varsovia en 1955. Sin embargo, a fines de la década de 1980, el último líder soviético, Mijail Gorbachov, al frente de un país agotado por la carrera armamentista, se comprometió con una serie de concesiones unilaterales y desordenadas: aceptó la reunificación de Alemania y su adhesión a la OTAN sin obtener garantías escritas sobre la no expansión de la alianza occidental en Europa del Este. De este modo, el antiguo instrumento de seguridad sobrevivió a la Guerra Fría, y la Unión Europea, al expandirse, permaneció firmemente vinculada a Washington. Aunque en 1989 y 1990 se llegó a considerar por un momento la posibilidad de implementar un nuevo sistema de seguridad, no surgió ninguno alternativo tras la disolución de la URSS en 1991. Si bien el conflicto ruso-ucraniano tiene en parte su origen en esta oportunidad perdida, su resolución negociada está provocando una reconciliación ruso-estadounidense a espaldas de Europa.

En Munich, el vicepresidente James David Vance incluso señaló una nueva dirección estratégica de Estados Unidos: “A Putin no le interesa ser el hermano menor en una coalición con China” (9). ¿Se trata del regreso a la estrategia de triangulación que había puesto en marcha el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971 al acercarse al “hermano menor” (en ese entonces, China) para aislar mejor al enemigo principal (la URSS)? Si este es el “plan”, Trump tendrá dificultades para romper el eje Rusia-China. Pekín, si bien se molestó por el hecho consumado de la invasión rusa y le ha reprochado a Moscú su abuso de la amenaza nuclear, no le ha retirado su apoyo. China suministra de manera discreta tecnologías necesarias para el complejo militar-industrial ruso, al mismo tiempo que profundiza su cooperación militar con Moscú. Aunque desequilibrada, esta relación se basa en una fuerte frustración compartida respecto de un orden internacional dominado por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría.

¿Y Europa?… Europa se encuentra en la peor situación posible: ya debilitada por la crisis energética que ella misma provocó al renunciar –a petición de Washington– al gas ruso barato y pronto golpeada también por la guerra comercial decretada por la Casa Blanca, ahora se ve obligada a gestionar en soledad las consecuencias del revés occidental en Ucrania. Mientras la confrontación con Rusia alcanza un nivel incandescente y sus arsenales se han vaciado en favor de Kiev, Europa se prepara para aumentar de forma urgente su gasto militar, lo que implica comprar armamento estadounidense. Washington le exigía un “reparto de la carga” de la financiación de la alianza. Ahora la carga es doble: pagar la reconstrucción de Ucrania (que, a esta altura, Rusia deja de buena gana en manos de la Unión Europea) y, al mismo tiempo, asumir su propia seguridad. El gasto parece simplemente inasumible para los presupuestos europeos y augura nuevas divisiones.

1. Benoît Bréville, “Liquidación electoral”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2025.
2. Philippe Descamps, “Affoler la meute”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2025.
3. “Ukraine support tracker”, Kiel Institute for the World, 2024.
4. Samuel Charap y Sergueï Radchenko, “¿Podría haber terminado la guerra en Ucrania?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2024. Volodimir Zelensky se esfuerza en negar el papel que habría desempeñado así Johnson; véase también Shaun Walker, “Zelensky rejects claim Boris Johnson talked him out of 2022 peace deal”, The Guardian, Londres, 12 de febrero de 2025.
5. Véase, por ejemplo, “Soutenir l’Ukraine pour assurer la paix”, Le Monde diplomatique, 10 de enero de 2023.
6. Alex Horton y John Hudson, “US intelligence says Ukraine will fail to meet offensive’s key goal”, The Washington Post, 17 de agosto de 2023.
7. Hélène Richard, “Ucrania, una sociedad dividida por la guerra”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2023.
8. Hélène Richard, “Sanciones de doble filo”, Le Monde diplomatique, noviembre de 2022.
9. Bojan Pancevski y Alexander Ward, “Vance wields threat of sanctions, military action to push Putin into Ukraine deal”, The Wall Street Journal, Nueva York, 14 de febrero de 2025.

 

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  • Polimorosos

     

    “Tengo 28 años, estoy cansada,

    solo vivo para pagar deudas,

    pagar deudas hasta la muerte”. 

    Lourdes, de 28 años, en Plaza Constitución, entrevista televisiva.

    Entre las terribles consecuencias del modelo económico vigente en Argentina desde 2023, una de las más graves es el endeudamiento para sobrevivir. Algunxs lo enfocan con preocupación macroeconómica ante el previsible crack que puede suponer este escenario, otrxs consideramos que estamos ante  una tecnología  de gestión de la subjetividad dirigida a producir una individualización del ajuste, el agotamiento total, la  asunción de que nuestro devenir , el de las mayorías, es vivir para pagar deudas.  

    Es consecuencia obvia, no un error ni un exceso, del conjunto de medidas económicas que se vienen implementando y tiene una secuencia histórica que vale la pena reponer, para pensar más allá de las tropelías del gobierno de turno. 

    Desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a pisar la Argentina en 2018, los ingresos populares comenzaron a caer y, en paralelo, empezó a observarse un fenómeno particular:  la toma masiva de deuda de individuos no destinada a resolver alguna cuestión circunstancial o transitoria, sino a completar ingresos que cada vez alcanzan menos. 

    2018 es el año en que deuda externa y deuda de las familias se relacionan orgánicamente en un combo que empieza con la bicicleta financiera promovida desde el Estado para sostener la fuga del excedente económico y que se expresa en cada casa con ingresos devaluados y en forma de un endeudamiento perpetuo.

    Otro momento importante fue la pandemia que, ya sabemos sobradamente, no fue solo una crisis sanitaria. Fue también el momento en que se  infiltró  en las casas la tecnología financiera de las billeteras virtuales. Esas que te permitían evitar salir o ir al cajero, que entraron en nuestras camperas como medios de pago, empezaron a ofrecer préstamos en un momento de precarización generalizada de la vida. Así, desde un click del celular, cualquiera accede en el momento a la solución financiera de una emergencia. 

    En esta historia que reponemos rápidamente aquí, hoy estamos ante un punto de inflexión. La escalera al infierno está multiplicando peldaños a fuerza de una intensificación y aceleración de este proceso a niveles nunca vistos.  Este nivel de endeudamiento es una decisión política,  que en absoluto se explica por la decisión desesperada de cada individuo. Para decirlo con un poema de Laura Devetach: “Vibrando en el cansancio elemental de  ganarle nuestra vida a un puñado de crápulas”. El broche es el conjunto de decisiones que se han tomado en nombre de la modernización, la desregulación, junto con la decisión de favorecer la privatización y concentración descomunal de recursos,  lo que explica que las filas de endeudados y endeudados para sobrevivir no pare de crecer. 

    En términos históricos, Argentina ha tenido bajos niveles de endeudamiento familiar en comparación con otros países de la región que forjaron sus modelos neoliberales a fuerza de privatización y oferta de deuda.  Pero, además, el motivo del endeudamiento  y la capacidad de pago hacen la diferencia. Los principales motivos de la demanda crediticia son el costo de vida, la inflación creciente y el acceso a la vivienda. Para hacerlo bien gráfico: la deuda y la mora aumentan porque compensan tres procesos en simultáneo:  la desregulación de los precios más importantes (alquileres, servicios públicos, salud, educación, internet) para sostener la vida de las familias, el atraso de los salarios con respecto a la inflación y el festival de tasas usureras y desreguladas. Todo, en buena parte, ministerio de Sturzenegger mediante. 

    En ese combo, estar endeudadx  para vivir es la condición transversal de las mayorías sociales. Y la mora, una consecuencia de tasas que acumulan deuda mes tras mes y es la muestra más concreta de que ya no hay más de dónde pedir prestado. 

    Un mapeo del sobreendeudamiento y sus consecuencias

    El modelo muestra sus límites. Son económicos y se ven en los balances de bancos y empresas de fintech. Pero sobre todo son límites en la salud mental de la población. Cada día este tema gana, afortunadamente, más espacio comunicacional. Se han multiplicado desde diciembre los proyectos legislativos. 

    Las cifras se repiten provengan del sector que sea. Referimos aquí el análisis que efectúa la CTA a enero de 2026, donde se afirma que estamos ante  “un deterioro generalizado de la cartera crediticia de los hogares. La mora de las familias se ubicó en 10,6%, frente a un 2,7% registrado en el mismo mes del año anterior y un 2,5% al cierre de 2024. Los atrasos crecieron durante dieciséis meses consecutivos. Es el nivel más alto desde que existen registros comparables”, esto es: 2004. 

    Es particularmente útil la  comparación que este informe hace entre las tasas de endeudamiento y el tipo de deuda, con la sistematización de las estrategias de manutención que el Estado mismo releva a través del INDEC: “Los hogares de menores ingresos se endeudan más (30,4% frente a 18,5% del estrato alto) y por vías distintas: mientras los sectores altos recurren a bancos, los bajos dependen de préstamos de familiares y amigos en una proporción casi tres veces mayor”. 

    A eso es posible sumar informe tras informe de consultoras privadas y análisis de centros especializados que confirman mes a mes el impacto desmedido de la deuda en la economía y en la vida de cada vez más personas. 

    Para dimensionar, según una nota publicada el último 6 de abril en el Perfil, el endeudamiento total de las familias supera los $39 billones, con $32,1 billones en crédito bancario y $6,9 billones fuera del sistema. Comparemos estos números. Si el presupuesto total del Gobierno, aprobado en diciembre de 2025, fue de 148 billones, la deuda acumulada representa casi un tercio de ese total. En la misma línea, la deuda por supervivencia de las familias  es casi ocho veces el presupuesto para educación y cultura (6.8 billones) y más de diez veces el presupuesto en salud (3.1 billones).  

    A estas cifras se suma la calamidad del endeudamiento informal, administrado más que nunca por bandas criminales que se ufanan del terreno ganado a la política  en cada territorio. 

    La vida, las partes del cuerpo, la libertad, son moneda de cambio financiero de formas brutales. El Observatorio Villero de La Poderosa destaca que casi el 25%  de quienes se endeudan en los barrios populares lo hacen con prestamistas informales:  “Nosotros convivimos con una realidad más cruda: 4 de cada 10 hogares deben dinero a prestamistas informales, casas de electrodomésticos, comercios barriales, billeteras virtuales y tarjetas de crédito. Apenas el 8% accede a un empleo formal (…) Con ingresos que promedian los $340.000, muy por debajo de lo necesario para no ser pobres, el crédito se volvió una trampa cotidiana. Nos endeudamos para sostener lo básico, mientras el Estado y el trabajo formal retroceden”.

    En un relevamiento de la organización Movida Ciudad, pionera en asumir la dimensión federal del sobreendeudamiento con una política de acompañamiento y seguimiento de casos de distintos lugares del país, es posible ver constantes en quienes se endeudan y en los efectos que está teniendo en distintos niveles de la vida.  La mayoría de las deudas formales siguen siendo con tarjetas de crédito, y las billeteras virtuales. Los datos de esta organización expresan la misma tendencia que las cifras de La Poderosa. Pero lo que una política de acompañamiento y seguimiento permite ver es quiénes y por qué se sobreendeudan. En la mayoría de los casos son mujeres quienes sostienen la economía del hogar, administran ingresos insuficientes y recurren al crédito para cubrir necesidades de otras personas. Ya sea hijxs, personas mayores, o personas con discapacidad. Algunos datos que surgen del último informe de marzo de 2026 la Cocina de los Cuidados, apoyan esta afirmación. Entre las principales dificultades durante 2025 para familias que cuidan personas con discapacidad, los principales obstáculos fueron el aumento del 70% en medicamentos y del costo de los prestadores en un 20%.

    Esto debe leerse en un contexto de crecimiento de los hogares monomarentales y una persistente renuencia de los padres a hacerse cargo de la cuota alimentaria de sus hijxs. No tomamos dimensión real, pero según datos de UNICEF publicados en noviembre de 2025, 7 de cada 10 padres no cumple con su obligación de pagar la cuota alimentaria de sus hijos o lo hace irregularmente. De esta forma, la centralidad de la responsabilidad de cuidados es también una expresión concreta del peso específico de la alianza patriarcado y capital cuando analizamos el endeudamiento para la supervivencia como se ha destacado desde una lectura  feministade la deuda.

    Hablar de endeudamiento hoy es también tocar un punto nodal de la salud mental, donde se asume individualmente el ajuste, donde confluyen la sensación de fracaso personal, angustia e imposibilidad de imaginar un futuro por fuera del de la deuda. Así también lo acreditan varios testimonios de personas endeudadas en el último Encuentro Federal Por el Desendeudamiento de Movida Ciudad,  donde eran recurrentes los testimonios tales como: “Desde que estoy endeudada me metí para adentro, no veo y no salgo con mis amigos para no gastar y porque ya no tengo ganas”; o “ bajé de peso, todo es un caos en mi casa, mucho bardo con mi hijo preadolescente”. 

    También vimos hacer esta conexión con fresca lucidez a la conducción estudiantil de varios colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que reclaman no ser abandonados por una lectura simplista y reduccionista del síntoma – pintadas amenazando con matar a todos en distintos colegios – para asumir el contexto de precariedad económica, social y afectiva que atraviesa las vidas de ellxs, pero también el espacio familiar. En sus intervenciones, el par endeudamiento-salud mental es central en la caracterización y la demanda de intervención que promueven.  

    El poliendeudamiento destruye la organización política y lo comunitario

    La decisión de no solventar políticas públicas como las de cuidado, las de reducción de desigualdades y asimetrías,  empuja a muchas familias a endeudarse  a escala individual e impacta incluso en la disponibilidad para el trabajo comunitario, para lo colectivo. 

    El pluriempleo destruye también la organización colectiva y está orgánicamente vinculado al endeudamiento. No arrasa solo con lo lúdico y el descanso, que ya es una pesadilla, condiciona al extremo el tiempo para el encuentro con los demás. 

    No pocas veces este saqueo planificado a quienes tienen menos para desbordar las arcas infinitas de los mismos pocos de siempre, se hace además criminalizando a quienes recibían esas ayudas. En el transcurso de este proceso político se ha acuñado la idea de gerentes de la pobreza para demonizar toda práctica social redistributiva. Estas realidades también deben ser incorporadas urgentemente en el mapa de lecturas del sobreendeudamiento y sus funcionalidades políticas. 

    Demonizar lo comunitario, desalentar la comprensión del carácter común del problema es una herramienta de este proceso. Como en un movimiento de pinzas, se celebra el hiperindividualismo y  se nos ha inundado con la apelación constante a la idea de gerenciamiento de la pobreza y la demonización del empleo público. Se bastardea una historia enorme y rica de tejidos de apoyo comunitario, a los que ahora se persigue marcando que el verdadero crimen es la solidaridad, tal como ocurre con la avanzada punitiva sobre comedores, organizaciones sociales y redes abocadas a paliar el hambre en los barrios. 

    Tamar Pitch en su libro “El malentendido de la víctima” (Tinta Limón, 2025)  habla, en esta línea, de la criminalización de “acciones de personas que hacen lo que, presumiblemente, las instituciones deberían hacer, y al hacerlo, resaltan no solo sus deficiencias, sino sobre todo, sus injusticias. Sus acciones se vuelven políticas, tanto más cuánto más se las criminaliza” 

    Llegamos a un límite y hoy la demanda por el desendeudamiento es una urgencia que atraviesa desde el debate legislativo hasta la vida política de cualquier organización. 

    ¿Qué hacer?

    1. Politizar la deuda y el modelo económico que lo produce. Dar por sentado el carácter individual del sobreendeudamiento es una trampa. Y las iniciativas políticas que no ponen en discusión la legitimidad en la composición de la deudas familiares – tanto en el motivo de la deuda, como en las condiciones de  usura  que les son impuestas por el mercado  y la desesperación – son el reaseguro de esa trampa. Debemos instalar en el vocabulario político palabras como condonación y quitas. El punto de partida de una política de reparación de los daños de este plan sistemático de endeudamiento para sobrevivir no debe dar por sentado que los acreedores de esa deuda tienen legitimidad y carecen de toda responsabilidad.  Varios de los proyectos en discusión hoy en el Congreso tienen esta limitación: no parten de reconocer que es indispensable no dar por sentada la legitimidad de toda esta deuda. 

    Es importante considerar que la legislación y las políticas que se propongan en este sentido, puedan trabajar de manera novedosa. Por ejemplo, trabajar con presunciones por endeudadx que operen como indicadores para avanzar con condonaciones o quitas: si los ingresos no aseguran salario mínimo o canasta básica, o si existen condiciones de vida extremadamente precarias (vivir en la calle, en hoteles,  tener amparos), si se tiene a cargo el cuidado de personas que súbitamente fueron abandonadas por el Estado y sus políticas. En ese sentido, la medida de que la deuda no afecte más del 20 o el 30 por ciento de los ingresos debería completarse con que el monto que paguen las familias en una reestructuración/quita no puedan dejarla por debajo de la línea de la pobreza. 

    2. Aliviar en la urgencia. Claro que urge coyunturalmente aliviar la situación aquí y ahora.  Esto es importante porque además, en el transcurso de estos años todo recurso institucional para garantizar derechos de consumidores y reequilibrar las relaciones ha sido desmantelado. Según los acompañamientos realizados en Movida Ciudad desde fines de 2025, la voluntad de pago de quiénes están en mora es mayoritaria, sin embargo se encuentran con obstáculos permanentes como falta de información clara y accesible sobre las deudas, condiciones de refinanciación inviables incluso por parte de bancos públicos,  ausencia de instancias formales de negociación y prácticas abusivas en cobranzas. Para dar un ejemplo, el desmantelamiento del Servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo (COPREC) que era una instancia gratuita, accesible y sin necesidad de abogado para resolver conflictos de consumo, dejó a muchas personas sin instancias de mediación y con la judicialización como única salida. Cosa que, en la práctica, es inaccesible.

    Las políticas de acompañamiento deben forzar nuestra imaginación, no podemos solo lamentarnos por la ausencia de Estado, hay que promover la mayor fuerza de las organizaciones intermedias porque los efectos subjetivos y anímicos tienen consecuencias ahora. 

    Un punto crucial y de atención inmediata. Volver sobre la política desinformada y opaca que favorece que las personas asuman créditos con condiciones draconianas que favorecen el abuso  financiero sobre el salario. Prácticas como los  débitos compulsivos por parte de bancos privados y públicos de deudas sobre el salario, jubilaciones y prestaciones por discapacidad. En este punto, considerar el tipo de ingreso y la finalidad, así como la ubicación de lxs deudorxs debajo de la línea de pobreza, es indispensable para pensar un sistema de débitos que no obligue a tomar deuda tras deuda. 

    3. Organizar el sindicalismo contra la deuda. La intervención de los sindicatos es clave tanto para mapear con más detalle la  deuda permitiendo correlacionar atraso salarial con endeudamiento. Son indispensables para romper el cerco del individualismo y la pura  decisión personal como causa de la deuda para sobrevivir.

    Veamos un ejemplo. En Entre Ríos, una investigación  elocuentemente titulada “Trabajar para deber” muestra esto con cruel claridad en base a una encuesta autoadministrada entre  trabajadores estatales: “Del total de encuestados un 35,1% declaró percibir ingresos inferiores a $1.000.000 mensuales; un 36,7% declaró percibir ingresos de entre $1.000.000 y $1.500.000 mensuales; un 22,3% dijo percibir entre $1.500.000 y $2.500.000 mensuales y solo el 5,9% declaró ingresos superiores a $2.500.000 mensuales. (…) el 71,8% de los participantes percibe hasta $1.500.000, lo que los posiciona por debajo o en el umbral de la línea de pobreza”. ¿Y cuánto de esos ingresos se destinan a pagar la deuda? En el caso de quienes reciben un salario de menos de $1.000.000, el pago de deudas compromete el 72,7% de su ingreso y quienes están comprendidos en el rango de ingresos de $1.000.000-$1.500.000 destinan el 65,8% de su ingreso a pago de deuda, quienes ganan hasta $2.500.000 asignan un 46,4% y los que perciben más de $2.500.000 un 42,4% estimado. Como puede verse, a menor ingreso, mayor compromiso salarial para el pago de la deuda. 

    El sobreendeudamiento se ha transformado en un mecanismo permanente de extracción de ingresos. Hoy, lo que se discute en paritarias -siempre y cuando existan- raramente  empata frente a la inflación, pero en gran medida esa supuesta mejora estará destinada a pagar deudas. La exigencia de medidas urgentes para desendeudar a lxs trabajadores debe ser incorporada en la discusión sindical. Politizar y acompañar en la obtención de alivio es un gran programa político, pero también es necesario organizar el conflicto contra el extractivismo financiero sobre el salario .

    4. Discutir la estructura legal-jurídica del saqueo financiero.  Hay un hilo, a 50 años de la dictadura cívico eclesial  militar. Directamente relacionado con la cuestión de la legitimidad de la deuda y el peso del endeudamiento con tarjetas de crédito y fintech, hay que derribar la arquitectura jurídica para que el saqueo se consume: aún cargamos con la Ley de Entidades Financieras de 1977, que regula gran parte del funcionamiento de bancos y entidades crediticias. Pero para acercarnos en el tiempo,  el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, validado por los cultores de la gobernabilidad aunque consoliden verdaderos cementerios sociales, les regaló a los bancos y financieras el poder de definir sus tasas de interés para estos productos, sin regulación alguna del Estado, sin mediación ni requisitos. Pueden fijar el monto que les plazca, lo pueden cambiar, no tienen que alertar ni avisar. No están sujetos a obligaciones de advertencia dirigidas a los consumidores ni tampoco deben abstenerse de ofrecer préstamos frente a imposibilidades evidentes para pagar. Todo lo contrario a las recientes regulaciones, por ejemplo, de la Unión Europea qu,e frente al crecimiento de deudas familiares marcadas por la inflación, la crisis habitacional y las restricciones salariales, dispuso reforzar controles de este tipo.  La libertad de la desregulación total de las tasas de interés es el primer eslabón de las cadenas del endeudamiento para sobrevivir. Si la deuda es con una fintech, el horror escala. En estos tiempos, la usura – que es delito –  se ha vuelto una política pública a cielo abierto. La lógica timbera de la economía la favorece.. 

    A la discusión sobre la regulación de las tasas de interés le debe acompañar necesariamente una discusión pública sobre las ganancias de bancos y fintechs durante los últimos años de empobrecimiento generalizado. Muchos de los proyectos legislativos promueven formas de absorción estatal de estas deudas ¿Es justo que el Estado absorba las deudas de las familias o sería deseable que las empresas asuman parte de la responsabilidad por haber obtenido ganancias con tasas usureras sobre una situación de precarización acelerada?. 

    5. Pensar quién le debe a quién: discutir la legitimidad del sobreendeudamiento para vivir. El endeudamiento para sobrevivir  es un gesto masivo para acceder a lo que el salario ya no garantiza, para reemplazar lo que el Estado decidió dejar abandonado, o lo que destruyó el gobierno, como un topo desde adentro.  Las personas insisten con la costumbre de comer al menos una vez al día, luchan por sostener la llegada a los trabajos y lugares de estudio, se comprometen con la posibilidad de vivir bajo techo e incluso pretenden acceder a medicamentos que atemperen el desamparo durante la vejez.  Donde antes había claro que perfectibles políticas públicas combinadas con salarios no tan arrasados y organización comunitaria solidaria, ahora avanza la lógica de la usura y la extorsión.  Nuevamente, según el último informe de la Cocina de los Cuidados sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado: 4 de 50 que había antes de la llegada del actual gobierno.

    Finalmente, la pregunta sigue siendo quién le debe a quién.  Lo que hagamos hoy con las deudas es también lo que configura quienes pensamos que tienen que cargar con los costos de este programa económico ¿Es justo que le reclamemos la deuda a una persona que se endeudó para cuidar a una persona con discapacidad a la que le estaban recortando prestaciones?  Necesitamos cuestionar el régimen de saqueo desde todas estas dimensiones, romper el velo de la voluntariedad y poner en discusión que la obediencia pasiva sea el único destino. Sumarse desde cada casa, cada lugar para volver ilegítimo que vivir en Argentina signifique vivir para pagar deudas. Es necesario devolver esta discusión al centro de la vida política y sacarla de la preocupación arrasadora de la vida individualmente considerada. 

    La entrada Polimorosos se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • Orazi visitó el INSR y se interiorizó sobre el proyecto ‘Desafío ECO YPF’

    El Intendente Marcelo Orazi visitó el Instituto Nuestra Señora del Rosario y se interiorizó del proyecto “Desafío ECO YPF” que llevan adelante los alumnos de 6to. Año Técnico Mecánico Una competencia única con autos eléctricos de emisión CERO diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de la Argentina que se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre…

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    ENTREVISTAS LTA 5X3- CONCEJO DELIBERANTE

    Desde #latapa queremos poner en discusión y revalorizar la importancia de un Concejo Deliberante competente, eficaz, pro-activo y profesional. Es por eso que les consultamos a los candidatos, teniendo en cuenta funcionalidad, cantidad de ediles, proyección, pluralidad, etc: ¿Cómo sería su Concejo Deliberante ideal? Difunde esta nota

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  • El dueño de la empresa de ciberespionaje Palantir se reunió con Santiago Caputo

     

    El dueño de Palantir, la plataforma de IA que utilizan los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel para control social y persecución de inmigrante ilegales, llegó a la Argentina la semana pasada, supuestamente interesado por ver de cerca el experimento libertario de Javier Milei. 

    Peter Thiel, titular de la firma que al principio fue fondeada por la CIA, es un intelectual que reivindica la aplicación del hardpower a la política y reniega de pluralismo y la democracia. Aunque deja trascender su pasión por el legado teórico de la Escuela de Frankfurt, una escuela del pensamiento antinazi, el magnate hizo un llamado este lunes a abandonar «la psicologización de la política», asumir «el servicio militar como un deber universal» y resistir «la tentación superficial del pluralismo».

    Lo curioso es que ese manifiesto, con 22 puntos de tono panfletario y contenido reaccionario, fue posteado desde su alojamiento en el domicilio que habría alquilado en la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires.

    El interés del empersario por el experimento del gobierno libertario, se podría unir a la posibilidad que el gobierno contrata los costosos servicios de su empresa, un paso que en su momento intentó concretar patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad, como reveló en exclusiva LPO.

    Patricia quiso contratar a la empresa de ciberespionaje Palantir y chocó con Karina por el control del negocioBullrich había preparado «un contrato extra-large» para que Palantir ingresara al país, a través de un convenio con la Agencia de Seguridad Migratoria, una repartición para la que impulsó a Diego Valenzuela hasta que Karina Milei le abortó la jugada.

    Thiel es asesor de Trump y proveedor de IA para la defensa de USA, su empresa es provisión de material de IA para inteligencia local y espionaje, es la privatización de la guerra y la cesión de soberanía estatal a corporaciones de la industria armamentística.

    El tema llegó al Congreso y un senador peronista se alarmó por la llegada de Thiel. «Es asesor de Trump y proveedor de IA para la defensa de USA, su empresa también provee IA para inteligencia local y espionaje», comentó y agregó: «es la privatización de la guerra y la cesión de soberanía estatal a corporaciones de la industria armamentística».

    Fuentes del gobierno admitieron que Thiel se reunió con Santiago Caputo, con quien mantuvo «una charla sobre política internacional». «Filosofaron», fue la síntesis que eligieron para describir la reunión.

    Además, el empresario fue a ver el superclásico de River y Boca al estadio Más Monumental, invitado por uno de los asesores del consultor de Javier Milei, que tiene buena llegada a la actual conducción del club que encabeza Stefano di Carlo.

     

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    La política exterior, rehén de la ideología y caprichos de Milei

    La política exterior sigue siendo uno de los aspectos más flojos de la presidencia de Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, el líder libertario ha carecido de una estrategia consistente de relacionamiento con el mundo y ha fijado a su ideología y preferencias personales -expresadas muchas veces de manera impulsiva- como los pilares…

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