Ucrania: una paz que avanza a la fuerza

 

En menos de 72 horas, la relación transatlántica cambió de naturaleza y todo parece indicar que los ucranianos han perdido la guerra. El 12 de febrero de 2025, el flamante secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dio inicio a las negociaciones de paz en Ucrania. Ya desde un comienzo cedió ante las dos principales exigencias de Moscú: la no adhesión de Kiev a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ratificación de las “nuevas realidades territoriales”, es decir, la anexión de cuatro regiones ucranianas a Rusia, así como también de Crimea. Al día siguiente, tras una larga conversación telefónica con Vladimir Putin, el presidente Donald Trump anunció su intención de reunirse con su par ruso en Arabia Saudita –sin los ucranianos ni los europeos– y expresó su deseo de que pronto se organicen elecciones en Ucrania. Finalmente, el 14 de febrero, en un discurso pronunciado en una conferencia en Munich, el vicepresidente estadounidense, más que abordar la cuestión ucraniana, reprochó a los dirigentes europeos el hecho de que deshonraran las aspiraciones de sus propios pueblos restringiendo la libertad de expresión en las redes sociales o anulando las elecciones en Rumania por supuestas injerencias rusas (1).

Semanas antes, Trump había lanzado una ofensiva comercial al aumentar los aranceles a las importaciones de Canadá, México y la Unión Europea, y también había expresado sus intenciones anexionistas sobre Groenlandia (2). Sin embargo, de ahora en adelante, ya no se trata tan sólo de manipular a sus “aliados” para que compren más armas o para equilibrar la balanza comercial. Al declarar que Estados Unidos no les concedería garantías de seguridad ni a Ucrania ni a las tropas europeas que pudieran desplegarse para hacer cumplir un eventual alto el fuego, Trump inevitablemente sembró dudas sobre la solidaridad estadounidense en caso de un ataque al territorio de un miembro de la OTAN. Sin su contrapartida de seguridad, el vínculo transatlántico se parecería más bien a una completa relación de dependencia.

No obstante, desde 2022, Estados Unidos ha “invertido” un promedio de 35.300 millones de dólares por año en Ucrania (3). Mucho más que los 3.000 a 5.000 millones de dólares que Washington destinó cada año a Israel antes del ataque del 7 de octubre de 2023 y el equivalente a casi la mitad de los gastos militares anuales para Afganistán entre 2001 y 2019 –un esfuerzo para financiar una ocupación militar y operaciones directas–. El nivel de apoyo a Ucrania se sitúa, por lo tanto, en algún punto intermedio entre la ayuda brindada a un aliado histórico en Medio Oriente y el compromiso de una intervención directa en el campo de batalla en su propio nombre. Pero a Trump poco le importa todo eso: la guerra en Ucrania no es la de Estados Unidos, sino la de su antiguo rival Joseph Biden…

Errores de cálculo

Evidentemente, la magnitud de la ayuda occidental llevó a Kiev a cometer un error y la alentó a rechazar la negociación. En la primavera boreal de 2022, incluso antes de que Occidente le proporcionara su apoyo militar, la resistencia ucraniana podía enorgullecerse de haber frustrado la operación de cambio de régimen fomentada por el Kremlin y de haber minimizado las pérdidas territoriales. Después de cuatro semanas de combates, los beligerantes estaban cerca de llegar a un acuerdo. En Estambul, Kiev aceptó un estatus de neutralidad –es decir, renunció a adherirse a la Alianza Atlántica– y confirmó su intención de no dotarse de armas nucleares. A cambio, buscaba conseguir la retirada voluntaria de Moscú de los territorios que había ocupado desde el 24 de febrero. Sin embargo, Kiev necesitaba garantía de seguridad por parte de los líderes occidentales, quienes se la negaron. Boris Johnson se convirtió en el portavoz de la posición occidental durante una visita a la calle Bankova, sede de la Presidencia ucraniana. El Primer Ministro británico afirmó que nunca firmaría un acuerdo con Putin. Por eso, lo que ofrecían no eran garantías, sino armas (4).

Europa deberá pagar la reconstrucción de Ucrania y, al mismo tiempo, afrontar los costos de su seguridad.

Por un tiempo fue posible creer que dicha apuesta resultaría exitosa. Tras una primera contraofensiva, en noviembre de 2022, Kiev recuperó la ciudad de Jersón, ubicada en la orilla derecha del río Dnieper. Se desató la euforia. La palabra “negociaciones” se volvió tabú. No alinearse con los objetivos ucranianos –es decir, recuperar por la fuerza las fronteras de 1991– equivalía a firmar un pacto con el diablo. Los grandes medios de comunicación occidentales respaldaron el decreto ucraniano de octubre de 2022 que prohibía las negociaciones con Putin, a quien buscaban llevar ante la justicia internacional por crímenes de guerra (5).

Sin embargo, la segunda contraofensiva ucraniana de junio de 2023 resultó en una derrota. En los medios de prensa, los estadounidenses expresaron su descontento: Kiev habría escatimado demasiado sus hombres para privilegiar ataques tácticos dispersos a lo largo del frente en lugar de enviar soldados en masa a los campos de minas rusos con la esperanza de traspasar las defensas del adversario y cortar el puente terrestre entre Rusia y Crimea (6). Bajo la presión de Washington, Kiev redujo la edad de reclutamiento de 27 a 25 años en abril de 2024, pero en diciembre se negó a bajarla a los 18 años. Así, la apuesta hecha en base a las exhortaciones occidentales fracasó trágicamente. Tanto el costo humano –cientos de miles de muertos y heridos– como los sacrificios exigidos a la sociedad fueron en vano (7).

Como lógica consecuencia, durante el mismo período, Rusia experimentó una suerte inversa. El inicio de su “operación militar especial” resultó un fiasco. Los servicios de inteligencia rusos sobrestimaron los apoyos con los que contarían tanto por parte de la población como dentro de las élites ucranianas. El Ejército se estancó en los barrios periféricos de la capital ucraniana y fracasó en su intento de tomar el control del país. El Kremlin decidió entonces concentrar su dispositivo militar en el Donbass y Crimea. Concebida inicialmente como una expedición relámpago, la guerra fue cambiando de escala y de naturaleza. La movilización forzada decretada en septiembre de 2022 provocó una ola de protestas y exilios.

Atrapada en su propia guerra, Rusia agravó su situación en materia de seguridad. Su “operación militar especial” tenía como objetivo, por un lado, prevenir que Ucrania se rearmara –antes de que Kiev recuperara por la fuerza las regiones separatistas prorrusas– y, por otro lado, poner un freno a la expansión de la OTAN hacia el Este. No obstante, unos meses después del inicio del conflicto, Rusia enardeció el patriotismo de un adversario que recibía un flujo continuo de armas y que contaba con el respaldo de una Alianza Atlántica reforzada con dos nuevos miembros: Suecia y Finlandia, que limitan con la zona ártica, estratégica para Moscú. Los dirigentes europeos reforzaron los batallones enviados al flanco oriental de la alianza, incluida Francia, que hasta entonces se oponía a una presencia permanente. La fuerza de reacción rápida de la OTAN cuadruplicó su número de efectivos; también continuó la construcción de la nueva base antimisiles estadounidense en Polonia, en donde los norteamericanos elevaron su presencia militar a 10.000 soldados. Lejos de calmarse, en Rusia las preocupaciones respecto de la seguridad se intensificaron por no haber previsto la fuerza y la unidad de la reacción occidental. Empero, al apostar por la consolidación de sus defensas detrás del Dnieper, Rusia logró estabilizar el frente. Los avances territoriales, como la toma de Bajmut en mayo de 2023, se consiguieron a costa del sacrificio de numerosas tropas, en un país ya golpeado por su crisis demográfica.

El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada.

Si bien Rusia mostró debilidades militares, la resiliencia de su economía resultó sorprendente. El Banco Central había acumulado suficientes reservas para asumir una confrontación financiera con Occidente. Logró sostener eficazmente el rublo y salvar su sistema bancario a pesar del congelamiento de sus activos en Europa y Estados Unidos. En cuanto a las sanciones energéticas, terminaron volviéndose en contra de los propios impulsores europeos: el aumento de los precios del gas compensó la pérdida de los volúmenes enviados al Viejo Continente, dando tiempo a Rusia para reorientar sus exportaciones de hidrocarburos hacia Asia (8). El fracaso de la estrategia de aislamiento se volvió evidente porque, si bien Moscú se vio obligada a recurrir a “Estados parias”, como Corea del Norte o Irán, para obtener armas o soldados, la realidad es que no le faltaron socios económicos interesados en sus descuentos energéticos. Los países que forman el núcleo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) vieron con preocupación la ofensiva punitiva financiera de Washington contra uno de sus miembros y profundizaron de forma preventiva su cooperación para reducir el uso del dólar en sus intercambios. En 2024, BRICS acogió a cinco miembros nuevos, entre los que destacan los Emiratos Árabes Unidos, un actor clave en las nuevas rutas del petróleo ruso (véase el artículo de págs. 12-14).

¿Acercamiento al hermano menor?

Al elegir negociar cara a cara con Moscú, Trump le ofrece una vía de escape al Kremlin. El Presidente estadounidense parece elevar a Rusia al rango de nueva aliada. Las concesiones, por ahora sólo verbales, resultan vertiginosas: reanudación de las negociaciones sobre el desarme, promesa de reincorporación al G7 y, a largo plazo, levantamiento de las sanciones. Aunque el Presidente estadounidense trate de morigerar estas promesas en las próximas semanas, la solidaridad transatlántica parece estar ya profundamente deteriorada.

Estas declaraciones podrían cerrar la era geopolítica que comenzó en 1949. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó la Alianza Atlántica para imponer su influencia a la mitad de Europa, mientras que la otra mitad se alineaba primero con el bloque soviético y luego se unía al Pacto de Varsovia en 1955. Sin embargo, a fines de la década de 1980, el último líder soviético, Mijail Gorbachov, al frente de un país agotado por la carrera armamentista, se comprometió con una serie de concesiones unilaterales y desordenadas: aceptó la reunificación de Alemania y su adhesión a la OTAN sin obtener garantías escritas sobre la no expansión de la alianza occidental en Europa del Este. De este modo, el antiguo instrumento de seguridad sobrevivió a la Guerra Fría, y la Unión Europea, al expandirse, permaneció firmemente vinculada a Washington. Aunque en 1989 y 1990 se llegó a considerar por un momento la posibilidad de implementar un nuevo sistema de seguridad, no surgió ninguno alternativo tras la disolución de la URSS en 1991. Si bien el conflicto ruso-ucraniano tiene en parte su origen en esta oportunidad perdida, su resolución negociada está provocando una reconciliación ruso-estadounidense a espaldas de Europa.

En Munich, el vicepresidente James David Vance incluso señaló una nueva dirección estratégica de Estados Unidos: “A Putin no le interesa ser el hermano menor en una coalición con China” (9). ¿Se trata del regreso a la estrategia de triangulación que había puesto en marcha el presidente estadounidense Richard Nixon en 1971 al acercarse al “hermano menor” (en ese entonces, China) para aislar mejor al enemigo principal (la URSS)? Si este es el “plan”, Trump tendrá dificultades para romper el eje Rusia-China. Pekín, si bien se molestó por el hecho consumado de la invasión rusa y le ha reprochado a Moscú su abuso de la amenaza nuclear, no le ha retirado su apoyo. China suministra de manera discreta tecnologías necesarias para el complejo militar-industrial ruso, al mismo tiempo que profundiza su cooperación militar con Moscú. Aunque desequilibrada, esta relación se basa en una fuerte frustración compartida respecto de un orden internacional dominado por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría.

¿Y Europa?… Europa se encuentra en la peor situación posible: ya debilitada por la crisis energética que ella misma provocó al renunciar –a petición de Washington– al gas ruso barato y pronto golpeada también por la guerra comercial decretada por la Casa Blanca, ahora se ve obligada a gestionar en soledad las consecuencias del revés occidental en Ucrania. Mientras la confrontación con Rusia alcanza un nivel incandescente y sus arsenales se han vaciado en favor de Kiev, Europa se prepara para aumentar de forma urgente su gasto militar, lo que implica comprar armamento estadounidense. Washington le exigía un “reparto de la carga” de la financiación de la alianza. Ahora la carga es doble: pagar la reconstrucción de Ucrania (que, a esta altura, Rusia deja de buena gana en manos de la Unión Europea) y, al mismo tiempo, asumir su propia seguridad. El gasto parece simplemente inasumible para los presupuestos europeos y augura nuevas divisiones.

1. Benoît Bréville, “Liquidación electoral”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2025.
2. Philippe Descamps, “Affoler la meute”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2025.
3. “Ukraine support tracker”, Kiel Institute for the World, 2024.
4. Samuel Charap y Sergueï Radchenko, “¿Podría haber terminado la guerra en Ucrania?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2024. Volodimir Zelensky se esfuerza en negar el papel que habría desempeñado así Johnson; véase también Shaun Walker, “Zelensky rejects claim Boris Johnson talked him out of 2022 peace deal”, The Guardian, Londres, 12 de febrero de 2025.
5. Véase, por ejemplo, “Soutenir l’Ukraine pour assurer la paix”, Le Monde diplomatique, 10 de enero de 2023.
6. Alex Horton y John Hudson, “US intelligence says Ukraine will fail to meet offensive’s key goal”, The Washington Post, 17 de agosto de 2023.
7. Hélène Richard, “Ucrania, una sociedad dividida por la guerra”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2023.
8. Hélène Richard, “Sanciones de doble filo”, Le Monde diplomatique, noviembre de 2022.
9. Bojan Pancevski y Alexander Ward, “Vance wields threat of sanctions, military action to push Putin into Ukraine deal”, The Wall Street Journal, Nueva York, 14 de febrero de 2025.

 

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  • El gobernador Passalaqcua se perfila como opositor a Milei y manda a los senadores a votar en contra la ley de tierras

     

    Los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce podrían terminar de hundir el capítulo de extranjerización de la tierra contemplado en la ley de propiedad privada que el gobierno pretende someter a tratamiento este jueves. 

    La postura de ambos legisladores está supeditada al pedido de su propio espacio político en Misiones, cruzado por una cruda batalla por el liderazgo entre Carlos Rovira y Hugo Passalacqua.

    Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que los dos senadores misioneros se inclinan por el rechazo a ese fragmento de la iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y podrían voltearlo en el recinto a pesar que Patricia Bullrich aceptó el pedido de los aliados para «topear» el porcentaje de la venta de tierras. 

    En medio de la trifulca entre los líderes del Frente Renovador de la Concordia, el voto negativo podría indicar el pasaje de Passalacqua al lote de gobernadores opositores a la Casa Rosada, después de casi tres años en los que la provincia colaboró con las leyes que pedía Javier Milei bajo la jefatura territorial de Rovira.

    El riesgo de ruptura entre ambos dirigentes escaló todavía más cuando el actual gobernador cortó el contrato de la aplicación Alegramed, cuyo principal beneficiario era Augusto Marini, dueño de los canales de streaming Blender y Carajo.

    La senadora Sonia Rojas Decut

    En ese contexto, los misioneros se muestran reticentes a acompañar al oficialismo, aun cuando el gobierno anunciaría cambios solicitados por los alaidos en la reunión que la jefa de bloque libertario mantuvo el viernes pasado con sus pares de otras bancadas cercanas a la Casa Rosada, tal como informó LPO. Sin embargo, no deja de ser una concesión que repudian los sectores sociales que se oponen a la venta de tierras a personas físicas o jurídicas del exterior, como la Iglesia, la CGT y las ONG ambientalistas.

    En la actualidad, el techo para la enajenación en manos extranjeras está en 15 por ciento del territorio, tanto a nivel nacional como provincial o departamental, y los libertarios pretenden derribar ese límite para que no exista un «tope». Frente a esa posibilidad, los aliados estimaron que sería mejor establecer el techo en 25 por ciento de las tierras, antes que dejar librada al mercado la suerte del territorio nacional.

    Milei volvió a fracasar con la ley de tierras y Bullrich tuvo que suspender la sesión hasta agosto

    Por eso, los intendentes de Misiones hicieron saber a Rojas Decut y Arce que se oponen a la ley.

    En el Senado deslizan que Rojas Decut evalúa separarse de la bancada que integra junto a Arce, Encuentro Misionero, para manejarse en un monobloque. Las razones para que se parta ese dúo quizá no solo haya que buscarlas en Misiones sino en los pasillos de la Cámara Alta: en la previa de la última sesión, cuando también se cayó el tratamiento de esta ley y Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio a regañadientes, se vio a la legisladora misionera abandonar raudamente el despacho de Victoria Villarruel, junto a la neuquina Julieta Corroza.

    Sturzenegger y Bullrich, en el Senado.

    Aquella tarde ni Rojas Decut ni Corroza, quien responde al gobernador Rolando Figueroa, estaban dispuestas a votar la venta de tierras.

    De hecho, la Casa Rosada sospechó por aquellas horas que la Vicepresidenta llamaba a los senadores aliados para que ni siquiera dieran quórum para la sesión, bajo la excusa que no podía votarse la enajenación del territorio nacional un día después que la Selección Argentina le ganara las semifinales del Mundial a Inglaterra provocando una efervescencia patriótica en las calles del país.

    En la previa de la última sesión, cuando también se cayó el tratamiento de esta ley y Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio a regañadientes, se vio a Rojas Decut abandonar raudamente el despacho de Victoria Villarruel, junto a la neuquina Julieta Corroza.

    Por lo demás, Rovira y Passalaqcua contaron hasta ahora con un lote de cuatro diputados, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad, integrantes del bloque Innovación Federal junto a los salteños de Gustavo Sáenz y dos ex libertarios, y los senadores Rojas Decut y Arce.

    Ante la consulta de LPO, distintos miembros de la bancada respondieron que su lealtad estaba con uno o con otro de los referentes políticos, contradiciéndose entre sí. Una clara señal de que el conflicto no está resuelto y que la jefatura política sobre la tropa parlamentaria parece difusa por el momento.

    Como sea, tanto los diputados como los senadores se inclinan por la negativa a la venta de tierras. 

     

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    Otro golpe a la cultura: Milei disolvió el Coro Nacional de Niños tras casi 60 años de historia

     

    El Gobierno de Javier Milei disolvió el Coro Nacional de Niños mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La histórica institución cultural tenía casi 60 años de trayectoria.

    Por Alina C. Galifante para NLI

    El Gobierno nacional oficializó la disolución del Coro Nacional de Niños, uno de los organismos artísticos más prestigiosos del país, creado en 1967. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, elimina una institución emblemática de la cultura argentina bajo el argumento de «reorganizar recursos», en una nueva decisión que profundiza el desmantelamiento de las políticas culturales del Estado.

    El Gobierno eliminó una institución histórica de la cultura argentina

    En un nuevo capítulo del ajuste sobre el sector cultural, el gobierno de Javier Milei dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, organismo que durante casi seis décadas representó a la Argentina en escenarios nacionales e internacionales y formó a generaciones de niños y niñas en el canto coral. La decisión quedó plasmada en el Decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que modifica el decreto original de 1967 mediante el cual había sido creado el organismo.

    El decreto elimina formalmente al Coro Nacional de Niños como organismo estable del Estado y deja vigente únicamente al Coro Polifónico Nacional. En su reemplazo, el Ejecutivo instruye a la Secretaría de Cultura a crear un Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes, aunque la norma no establece presupuesto, estructura, cronograma ni precisiones sobre su funcionamiento.

    La decisión representa un nuevo avance del proceso de reducción de organismos culturales impulsado por la administración libertaria. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el área de Cultura sufrió recortes presupuestarios, despidos, cierre de programas y una profunda reestructuración institucional que distintos sectores artísticos denuncian como un proceso de desmantelamiento del patrimonio cultural argentino.

    El argumento oficial: reemplazar un coro por un programa

    En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que los objetivos que justificaron la creación del Coro Nacional de Niños «pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio». Bajo esa premisa, afirma que resulta conveniente «reorientar los recursos» actualmente destinados al elenco estable hacia nuevas estrategias que permitan un supuesto mayor alcance federal y una utilización «más eficiente» de los recursos públicos.

    La administración nacional asegura además que la medida no implica abandonar la formación artística infantil, sino modificar la herramienta institucional utilizada para llevarla adelante. Sin embargo, el decreto no establece garantías sobre la continuidad laboral de quienes integraban el organismo ni explica cómo se preservará el nivel artístico alcanzado durante casi seis décadas de funcionamiento.

    El Coro Nacional de Niños no era simplemente un programa educativo. Se trataba de un elenco estable del Estado que desarrolló una intensa actividad artística, interpretó repertorio sinfónico-coral y a cappella, participó en producciones junto a las principales orquestas del país y constituyó una verdadera escuela de formación musical para cientos de chicos que luego continuaron carreras profesionales.

    Un organismo que ya venía siendo vaciado

    La publicación del decreto llega después de meses de incertidumbre sobre el futuro del coro. Desde principios de año, sus actividades habían sido suspendidas y las audiciones para incorporar nuevos integrantes permanecían paralizadas. Diversos referentes del ámbito musical venían denunciando un progresivo vaciamiento administrativo que impedía el normal funcionamiento del organismo y reducía año tras año la cantidad de coreutas disponibles.

    Incluso, durante abril de este año, legisladores nacionales presentaron un pedido de informes reclamando explicaciones al Poder Ejecutivo por la suspensión de actividades, la falta de convocatorias y el deterioro institucional del organismo, advirtiendo que el Coro Nacional de Niños constituía una de las instituciones musicales más prestigiosas del país y un patrimonio cultural construido durante casi sesenta años.

    La decisión del Gobierno termina por confirmar los temores expresados entonces por músicos, docentes y trabajadores de la cultura: el organismo no volverá a funcionar como tal y será reemplazado por un programa cuya implementación todavía carece de precisiones concretas.

    Otro símbolo cultural que desaparece

    La eliminación del Coro Nacional de Niños trasciende la reorganización administrativa que plantea el decreto. Supone la desaparición de una institución creada en 1967 que sobrevivió a gobiernos de distinto signo político, crisis económicas y cambios institucionales, consolidándose como uno de los principales espacios públicos de formación coral infantil de América Latina.

    Mientras el Ejecutivo sostiene que busca modernizar el Estado y optimizar recursos, desde el ámbito cultural crecen las advertencias sobre la pérdida de organismos que no solo desarrollaban actividades artísticas sino que también preservaban patrimonio, formaban profesionales y garantizaban el acceso gratuito a la cultura.

    Con esta medida, el Gobierno suma un nuevo capítulo a una política que numerosos referentes del sector describen como un proceso sistemático de reducción de la presencia estatal en la vida cultural argentina, dejando abierto el interrogante sobre qué otros organismos históricos podrían correr la misma suerte en los próximos meses.

     

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    Los héroes que la historia casi olvidó: cómo los trabajadores ferroviarios sostuvieron el país durante la epidemia de fiebre amarilla

     

    Cuando la epidemia de fiebre amarilla golpeó a Buenos Aires en 1871, la ciudad quedó paralizada por el miedo. Miles de personas abandonaron sus hogares, los servicios públicos colapsaron y la muerte se convirtió en una presencia cotidiana. En medio de aquella tragedia, cientos de trabajadores ferroviarios, carreros, sepultureros y empleados públicos sostuvieron tareas esenciales que permitieron evitar un desastre todavía mayor. Su historia rara vez ocupa un lugar destacado en los libros, pero constituye uno de los ejemplos más conmovedores de solidaridad y compromiso colectivo de la historia argentina.

    Por Alcides Blanco para NLI

    La historia suele recordar las grandes epidemias a través de sus cifras: cuántos murieron, cuánto duró la enfermedad o qué gobiernos debieron enfrentarla. Sin embargo, detrás de esos números existen miles de historias individuales que muchas veces permanecen ocultas. La epidemia de fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires en 1871, considerada una de las mayores tragedias sanitarias de la historia argentina, también dejó un conjunto de protagonistas silenciosos cuya tarea resultó indispensable para que la ciudad pudiera seguir funcionando en medio del colapso. No eran médicos famosos ni dirigentes políticos. Eran trabajadores que, aun sabiendo que arriesgaban sus propias vidas, continuaron conduciendo trenes, trasladando enfermos, retirando cadáveres, limpiando calles o manteniendo servicios esenciales cuando buena parte de la población huía desesperadamente de la ciudad.

    La enfermedad llegó a una Buenos Aires que crecía aceleradamente pero que todavía presentaba enormes deficiencias sanitarias. El acceso al agua potable era limitado, los sistemas de desagüe resultaban insuficientes y amplios sectores populares vivían hacinados en conventillos donde las condiciones de higiene favorecían la propagación de enfermedades. A eso se sumó el escaso conocimiento científico disponible sobre los mecanismos de transmisión de la fiebre amarilla, cuyo vínculo con el mosquito Aedes aegypti recién sería descubierto décadas más tarde. Frente a una amenaza que parecía imposible de controlar, el miedo comenzó a extenderse con una velocidad similar a la de la propia epidemia.

    Mientras las familias con mayores recursos abandonaban la ciudad rumbo a zonas rurales o localidades vecinas, quienes no tenían esa posibilidad permanecían en Buenos Aires enfrentando una realidad devastadora. Los hospitales desbordaban, los cementerios no alcanzaban para recibir la enorme cantidad de víctimas y los servicios públicos funcionaban al límite de sus posibilidades. En ese escenario crítico, el trabajo cotidiano de miles de personas anónimas se volvió imprescindible para evitar que la crisis sanitaria derivara en un colapso absoluto.

    El tren que llevaba esperanza en medio del miedo

    Entre esos trabajadores ocuparon un lugar fundamental los empleados ferroviarios. Los trenes continuaron transportando alimentos, medicamentos, insumos y personas cuando gran parte de la actividad económica estaba prácticamente paralizada. También permitieron trasladar enfermos hacia zonas donde todavía existía capacidad de atención y facilitaron el abastecimiento de una ciudad que comenzaba a quedar aislada por el temor al contagio.

    Aquella tarea no estuvo exenta de riesgos. Los conocimientos médicos de la época no permitían comprender con precisión cómo se propagaba la enfermedad y muchos trabajadores desempeñaban sus funciones sin ningún tipo de protección. Cada jornada implicaba entrar en contacto con pasajeros, cargas y espacios donde la epidemia avanzaba sin control. Sin embargo, la necesidad de sostener el funcionamiento de la ciudad hizo que miles de ellos continuaran trabajando cuando hacerlo significaba poner en peligro la propia vida.

    Junto a los ferroviarios actuaron carreros, cocheros, sepultureros, policías, empleados municipales, religiosos, voluntarios y médicos que permanecieron en sus puestos pese al miedo generalizado. La organización espontánea de esos sectores permitió que la ciudad siguiera recibiendo alimentos, que los hospitales continuaran funcionando y que las víctimas pudieran ser sepultadas en condiciones cada vez más difíciles.

    La epidemia que cambió Buenos Aires

    La fiebre amarilla dejó una huella profunda en la historia urbana argentina. La magnitud de la tragedia obligó a revisar las políticas sanitarias, impulsó obras de infraestructura vinculadas al agua potable y al sistema de cloacas y modificó la forma en que el Estado comenzó a pensar la salud pública. También aceleró transformaciones urbanas destinadas a mejorar las condiciones de higiene de una ciudad que había crecido mucho más rápido que sus servicios básicos.

    Pero la epidemia también dejó una enseñanza política que mantiene vigencia. Las grandes crisis sanitarias no se resuelven únicamente con decisiones gubernamentales o avances científicos. También dependen del compromiso cotidiano de quienes sostienen los servicios esenciales. La pandemia de COVID-19 volvió a demostrarlo más de un siglo después, cuando trabajadores de la salud, transportistas, recolectores de residuos, personal de limpieza y empleados de múltiples actividades continuaron desempeñando tareas indispensables mientras buena parte de la sociedad permanecía aislada.

    Ese paralelismo permite comprender que la historia de 1871 no pertenece solamente al pasado. Cada generación enfrenta sus propias emergencias y descubre, una vez más, que existen oficios cuya importancia suele pasar inadvertida hasta que una crisis los vuelve imprescindibles.

    Una memoria construida desde abajo

    Las grandes narraciones históricas suelen concentrarse en presidentes, generales o dirigentes. Sin embargo, la vida cotidiana de un país también se sostiene gracias a millones de trabajadores cuya contribución rara vez recibe reconocimiento público. La epidemia de fiebre amarilla ofrece uno de los ejemplos más claros de esa realidad. Sin el esfuerzo de quienes mantuvieron en funcionamiento los servicios básicos, el impacto de la tragedia probablemente habría sido todavía mayor.

    Recordar esas historias también invita a revisar la manera en que se construye la memoria colectiva. Muchas veces, los protagonistas más importantes de un proceso histórico no son quienes aparecen en los retratos oficiales, sino quienes sostienen silenciosamente el funcionamiento de una sociedad cuando todo parece derrumbarse.

    La fiebre amarilla de 1871 fue una de las páginas más dolorosas de la historia argentina, pero también una de las que mejor muestra el valor del trabajo colectivo. En medio del miedo, cuando miles escapaban de la ciudad y la incertidumbre dominaba la vida cotidiana, hubo hombres y mujeres que siguieron cumpliendo su tarea para que Buenos Aires no terminara de colapsar. Su historia recuerda que las sociedades no se sostienen únicamente por las decisiones de sus gobernantes, sino también por el compromiso de quienes, muchas veces lejos de los homenajes, hacen posible la vida cotidiana incluso en los momentos más difíciles.

     

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