TRABAJADORES ¿REINSERCIÓN O DESEMPLEO?

Luego del incendio que el 14 de febrero provocó la destrucción total de la planta de fabricación de insumos y herramientas para la industria petrolera, Schlumberger comunicó que cerrará este año. La  empresa internacional que alberga a 60 trabajadores, contaba con su sede en esta ciudad a un kilómetro del ejido urbano de Villa Regina, en proximidades al barrio Do Bosco sobre la colectora de la Ruta 22.

Lo cierto es que el siniestro apresuró lo inevitable, la empresa líder de servicios a yacimientos petroleros ya tenía la decisión de cerrar sus puertas definida antes del suceso. La sucursal en Villa Regina era un quiste en materia posicional, de ubicación y costos, se sostenía principalmente por una cuestión histórica, de génesis y recorrido.

Es por eso, que el «accidente» le sentó bien, por supuesto que no generó lo mismo en los empleados, para ellos es la pérdida de la fuente de ingreso de 60 familias. La principal controversia una vez comunicado internamente el cierre de la misma, fueron las opciones que brindó la empresa a sus empleados para continuar: Traslado o indemnización del 50%. Schumberger cuenta con el recurso legal para hacer el segundo ofrecimiento ya que el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) así lo dispone. La situación cumple con el marco legal para proceder de ese modo.

Ahora existirán audiencias entre la empresa, el sindicato de trabajadores y el Ministerio de Trabajo y desarrollo social; deberán llegar a un acuerdo. Vencidos los plazos previstos sin convenio de partes se dará por concluido el PPC. Y el curso legal será otro. Las indemnizaciones no son un problema para la empresa que seguramente no se expondrá en ese sentido. El cierre de la fábrica no se debe a una cuestión económica, es una decisión estratégica.

Durante esta semana los ediles Carlos Rodríguez, Domingo Vallejo y Cristian Aristán visitaron la empresa para dialogar sobre el futuro de los trabajadores. Los concejales se comprometieron a realizar las gestiones necesarias a nivel nacional y provincial para que los operarios logren continuidad en otro proyecto industrial. Si Regina contara con un plan industrial real, concreto y en funcionamiento, con objetivos a corto, mediano y largo plazo; esa reinserción laboral sería inmediata y no traumática.

Por otro lado, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto que enviará a los responsables de la empresa en la que se notifica la relevancia a nivel económico y social para el crecimiento de Regina que la planta siga desarrollando su actividad en la ciudad. Una simple formalidad, que no llevará a ningún lado. Schlumberger tiene la decisión tomada hace tiempo. Es un hecho fáctico.

El crecimiento económico, industrial y social debe ser parte de un plan integral, complejo y profesional. No una mera carta protocolar. Es momento de generarlo, el reciente intendente Carlos Vazzana tiene el suyo, un nuevo parque industrial en alta barda que atraiga empresas de la cadena de producción del petróleo. Su gestión inicia coincidiendo con la salida de una empresa líder en el rubro. ¿Paradoja, casualidad o presagio?.

LA TAPA-EMILIANO MARTÍN PICCININI

LEY N° 24013
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/412/texact.htm

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    ¿Qué rol juega la mamá de Adorni en su declaración de bienes? La deuda que abre interrogantes sobre su patrimonio

     

    En medio del escándalo por sus viajes y su nivel de vida, la declaración jurada de Manuel Adorni dejó un dato clave que pasó casi desapercibido: una parte sustancial de sus deudas está contraída con su propia madre. El dato no es menor y abre preguntas sobre el origen, la trazabilidad y la consistencia del patrimonio declarado.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Tras la ausencia de explicaciones en la fallida conferencia de prensa brindada por el Jefe de Gabinete, preciso es volver a releer la última Declaración jurada presentada por Manuel Adorni correspondiente a fines de 2024, la que nos muestra que declaró apenas un patrimonio de $107,9 millones, lo que si bien representa un crecimiento del 76% respecto de 2023, no es nada en relación a su raid inmobiliario.

    Pero ese no solo habían aumentado sus activos. También crecieron —y mucho— sus pasivos: declaró deudas por $95,4 millones, es decir, un incremento del 178% en un año. Este punto es central: el crecimiento patrimonial está acompañado por un endeudamiento acelerado, algo que en sí mismo no es irregular, pero sí exige, dado su rol de funcionario, explicaciones claras sobre su origen.


    La madre como acreedora: un dato clave

    Dentro de ese esquema de deudas aparece un nombre que dispara las alertas: su madre, Silvia Pais, figura como una de las acreedoras. Según la información publicada,  Adorni declaró que incorporó a su patrimonio 42.500 dólares en concepto de crédito. Los cotizó en 34.231.625 pesos.

    El 3 de enero, Javier Milei nombró a Adorni en el cargo de Subsecretario de Vocería Presidencial de la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia de la Nación “a partir del 14 de diciembre de 2023”. De acuerdo a la DDJJ anual, esa suma de dólares fue prestada por Silvia Pais, su mamá, y una añeja jubilada llamada Norma Zuccolo. Pais le prestó 16.109.000 pesos y Zuccolo, de 95 años, 18.122.625 pesos. Sumados, los préstamos equivalen al valor en pesos que el funcionario otorgó a los 42.500 dólares.

    Esto significa que parte de su financiamiento personal proviene del ámbito familiar directo, un «acomodo» bastante turbio y burdo para alinear algunos números.

    Quién es Silvia Pais

    Pese a su aversión por el Estado, Adorni literalmente bebió de su teta. No solo le sirvió para comrar su primer departamentito con su esposa Bettina Angeletti, tal cual dimos la primicia desde NLI en 2021, sino que su progenitora trabajó años en el mismo. Según Realpolik estuvo hasta 2021 prestando servicios en la Cámara de Diputados bonaerense. También se desempeñó en el municipio de La Plata, cuando Julio Garro en 2018 la contrató en la Secretaría de Salud para llevar a cabo las tareas de planificación, evaluación y revaluación del programa SUMAR.


    Por qué importa: el problema de las deudas familiares

    En términos formales, no hay ninguna ilegalidad en contraer deudas con familiares. Sin embargo, en el caso de funcionarios públicos, este tipo de vínculos financieros suele ser objeto de escrutinio por varias razones:

    • Dificulta la verificación independiente: a diferencia de un banco, no hay registros públicos claros sobre condiciones, tasas o plazos.
    • Puede funcionar como mecanismo de justificación patrimonial: ingresos o gastos pueden explicarse a través de “préstamos familiares”.
    • Reduce la transparencia real del patrimonio: aunque esté declarado, su trazabilidad es más difusa.

    En este caso, además, el dato cobra relevancia porque el volumen de deuda es muy elevado en relación con los ingresos declarados del funcionario.


    El contexto: gastos que no cierran con los números

    La aparición de estas deudas no se da en el vacío. Ocurre en medio de cuestionamientos por:

    • Viajes al exterior, incluido el uso del avión presidencial con su esposa.
    • Un vuelo privado a Punta del Este cuyo financiamiento no quedó del todo claro.
    • Sospechas sobre propiedades no del todo explicitadas en la declaración pública.

    En ese marco, el hecho de que parte del financiamiento provenga de su madre suma una capa adicional de dudas sobre cómo se sostienen esos niveles de gasto.


    Lo que dijo Adorni (y lo que no explicó)

    El propio Adorni defendió su situación afirmando que su patrimonio fue construido en el sector privado y que “todo está declarado”.

    Sin embargo, evitó dar detalles finos alegando la existencia de causas judiciales en curso, lo que dejó sin responder preguntas clave:

    • ¿Cuándo se contrajeron esas deudas familiares?
    • ¿En qué condiciones?
    • ¿Para financiar qué operaciones concretas?

    Una pieza más en un rompecabezas mayor

    El dato de la madre como acreedora no es un detalle menor ni anecdótico: es una pieza estructural dentro del esquema patrimonial declarado.

    En un contexto donde el propio funcionario enfrenta cuestionamientos por inconsistencias entre ingresos, bienes y gastos, las deudas familiares aparecen como un punto crítico que requiere mayor transparencia.

    Porque en política —y más aún en la función pública— no alcanza con declarar: también hay que poder explicar.

     

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