terminal:-se-analizaron-aspectos-tecnicos-juridicos-en-vista-al-fin-de-la-concesion

Terminal: se analizaron aspectos técnicos-jurídicos en vista al fin de la concesión

Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto.

De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el asesor externo Gustavo Arias y los asesores legales del Municipio.

En la oportunidad se abordaron cuestiones legales vinculadas a la finalización del contrato, tras lo cual la Municipalidad tomará posesión de la terminal y se constatará notarialmente el estado edilicio y se exigirá la documentación respaldatoria del activo y pasivo correspondiente.

Al término del encuentro, Carricavur manifestó que “en cuanto a lo edilicio, con el área de Obras Públicas nos abocaremos a los trabajos que sean necesarios para una prestación de servicios acorde a la demanda de los usuarios”.

“Esto en forma previa a los trabajos integrales de remodelación interna y externa que se llevarán a cabo en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Transporte de Nación”, indicó.

Cabe aclarar que luego se evaluará cómo seguirá la administración de la termina en el futuro.

Difunde esta nota

Publicaciones Similares

  • Investigan como asesinato la muerte del socio de Menem y detienen a una mujer

     

    La Justicia empezó a investigar la muerte del socio de Martín Menem como un homicidio y ordenó detener este lunes a una mujer sospechada de actuar como una «viuda negra».

    LPO explicó que en el gobierno entraron en alerta tras la muerte del venezolano Daniel Osorio Peñaloza, gerente de la empresa de complementos dietarios GenTech, de Martín Menem.

    La primera versión del fallecimiento, difundida por los propios colaboradores del riojano, era que el socio de Menem había muerto de un edema pulmonar. También habían revelado que el propio presidente de la Cámara de Diputados acudió al domicilio en Almagro donde estaba muerto Osorio aún antes de que llegaran el SAME y la Policía. Su celeridad, habían agregado en su entorno, se había debido a que manejó una moto.

    Como esa versión despertó suspicacias, el propio Menem se encargó de aclarar en reiteradas ocasiones, al día siguiente de que se revelaron los sucesos, que él había llegado después que la Policía.

    Conmoción en el gobierno: Encuentran muerto al socio de una empresa de Martín Menem

    Pero la versión del edema pulmonar y la muerte en soledad del venezolano gerente no fue determinante para la Justicia, que de movida empezó a investigar un posible caso de homicidio.

    Ahora, según reveló Clarín, en un operativo ordenado con suma reserva por la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría, la Policía de la Ciudad arrestó a Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, en José C. Paz.

    La investigación criminal surgió ante testimonios surgidos del edificio y el contraste de imágenes de ingresos captadas por cámaras de seguridad.

    El caso que inquieta a Menem 

    Los videos de vigilancia, según Clarín, habrían ubicado a Olmedo en el edificio de Almagro, entre la madrugada del sábado 5 y el domingo 6. Y eso llevó a la orden de detención y a que el caso sea recategorizado de una «muerte dudosa» a la averiguación de un homicidio.

    La mujer detenida había sido sobreseída en 2023 en una causa en la que la acusaban de un intento de asesinato con un arma.

     

    Difunde esta nota
  • Colapsados

     

    Esta crónica fue publicada originalmente en Efecto Cocuyo.

    Jennifer Hidalgo solo puede pensar en su sobrina Yanieska, que está apenas viva y con las piernas inertes sobre una camilla de la Unidad de Emergencias del Hospital Domingo Luciani, en lo alto de El Llanito. No reflexiona sobre el terremoto que devastó el país, destrozó su casa y mató al menos a tres miembros de su familia en La Guaira, a 30 km de Caracas. No se concentra en ella misma y en la pérdida de todas sus pertenencias. Su mente solo gira en torno de Yanieska y en su propia incapacidad para costear los insumos que le piden en el centro hospitalario para curarla.

    La crisis de suministros y materiales médicos es dolorosamente palpable tras el doblete sísmico registrado el 24 de junio de 2026 en Venezuela. Tan solo en abril de este año el presidente de la Federación Médica Venezolana (FVM), Douglas León Natera, había advertido sobre el desabastecimiento en hospitales del país, cuya disponibilidad de recursos no superaba el 10 % en la mayoría de los casos.

    “Están colapsados. No tienen casi nada. Uno tiene que traer las cosas. Me pidieron bacitracina, gerdex para los puntos, gasas… me pidieron que trajera hasta los analgésicos. No puedo comprar nada de eso, no tengo nada. Ella quedó tapiada y la encontraron en la madrugada. No siente las piernas, le tomaron puntos en los glúteos, está desnuda, no tiene ropa, ella tampoco tiene nada”, explicó Hidalgo a Efecto Cocuyo, en las afuera de la Unidad de Emergencia del Domingo Luciani.

    Yanieska Galvis, de 24 años, sufrió varias lesiones tras quedar atrapada en los escombros del edificio Opppe 30, perteneciente a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que se desplomó la noche del miércoles en La Guaira. La joven fue hallada por Protección Civil en horas de la madrugada y trasladada hasta el hospital ubicado en el municipio Sucre del Área Metropolitana de Caracas.

    “Por la situación como está, todo colapsado, me dijeron que ya me la podía llevar. Creo que necesitan el espacio. Ella no se puede mover, pero me dijeron que me la tenía que llevar. Lo único que pido es una ambulancia que me traslade a La Guaira o alguien que me ayude a llevarla. Un transporte, que lo demás lo resuelvo yo”, dijo Hidalgo.

    No es la única que ha alertado sobre la falta de insumos dentro del Domingo Luciani en la jornada. Un enfermero del hospital, que no quiso ser identificado por seguridad, contó a Efecto Cocuyo que se requieren con urgencia gasas, tapabocas, obturadores, guantes, pañales, bisturí, gorros, batas para cirujanos, llaves de tres vías y batas para los pacientes:

    “De ahí para adelante, necesitamos todo con los que nos puedan apoyar”, expresó. Usuarios han publicado en redes sociales listas de solicitud que incluyen jelcos de adultos (varios), solución 0,9%, solución 45% sin dextrosa, solución ringer, pañales para adultos, omeprazol ampollas, dipirona, ketoprofeno, diclofenac, electrodos pediátricos y sábanas descartables. La situación se repite en otras instituciones, como el Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño y el Hospital Ana Francisca Pérez de León.

    Un par de días antes del terremoto, el doctor Natera pidió nuevamente transparencia sobre la distribución de 71 toneladas de medicamentos entregadas por Estados Unidos a Venezuela durante febrero de 2026. Este jueves, las consecuencias de la opacidad gubernamental se pagan en los pasillos de los centros hospitalarios de toda Caracas.

    Un hospital colapsado

    El Domingo Luciani está tan colapsado que los médicos gestionan la identificación mediante listas escritas a mano pegadas en las paredes exteriores, donde la gente intenta ubicar a sus seres queridos. Profesionales jóvenes corren de un lado a otro en los pasillos, intentando atender a las decenas de pacientes que llegan de todas partes de Caracas y La Guaira. Afuera, las víctimas de otros accidentes se mezclan con los familiares de los heridos durante los dos terremotos.

    Algunos grupos de voluntarios ofrecen comida entre las filas de personas que se aglomeran en la entrada de la Unidad de Emergencias, otros reparten café y agua fría en diminutos vasos desechables.

    En los pasillos algunos integrantes del personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) murmuran que hacen falta doctores y enfermeros. La deserción del personal de salud resulta evidente.

    El 20 de enero de este año la vicepresidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Naucela Gudiño, advirtió que al menos 60% de enfermeras desertaron de los centros de salud públicos debido a los bajos salarios del sector. No hay registros oficiales que indiquen cuantas trabajan actualmente dentro del Hospital Domingo Luciani.

    Eduardo Rodríguez, de 65 años y artesano de profesión, ingresó al centro de salud el 24 de junio en la tarde con una herida en la cabeza que requirió 20 puntos. Pocos minutos antes la pared de la casa de su vecino se había desplomado en El Carmen, Barrio Unión, mientras él intentaba correr calle abajo. El muro le cayó encima y algunas personas de la comunidad lo trasladaron rápidamente para que recibiera atención médica.

    “Me dieron de alta hoy al mediodía. Me pidieron la resonancia y la tuve que hacer fuera, pero las placas me la hicieron en el hospital. Cuando me vine todavía estaban trayendo gente. Hoy ese hospital está colapsado. Hay muchos médicos jóvenes, pero eficaces. Casi todos son médicos muy jóvenes. También enfermeras, pero ya no dan abasto. Les falta gente”, contó Rodríguez.

    Incapacidad para responder

    En su informe anual de 2025, la ONG Provea alertó que el sistema sanitario público en Venezuela opera con una “reducción cercana a 80% de sus capacidades de atención” y que 94,6% de los venezolanos sigue dependiendo exclusivamente de él para atenderse. El 24 de junio el Ministerio de Salud activó la red hospitalaria en todo el país con mayor prioridad y centros habilitados en Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón

    Este 25 de junio la situación en lo alto de El Llanito requiere de atención inmediata. Familias provenientes de La Guaira se preguntan cómo podrán pagar insumos cuando han perdido sus hogares y recursos en tan solo una noche. Con los depósitos vacíos y sin un stock mínimo de reserva estratégica para catástrofes, el Domingo Luciani no tiene cómo responder de forma completa a todas las víctimas que ingresan a sus instalaciones.

    “Se nos notan las costuras. Todo lo que se estuvo tapando con un dedo durante años ahora se destapó y en el peor de los escenarios. No esperábamos esto y obviamente no estábamos preparados. Sabemos que mucha gente allá afuera quedó sin nada. Dependemos de la solidaridad de los que puedan enviarnos algo, de los que puedan apoyar así sea con poco. No debería ser así, deberíamos poder responder. Pero esta es nuestra realidad. Nuestra realidad es que necesitamos demasiada ayuda”, afirmó el enfermero que pidió proteger su identidad.

    Maurilina Guzmán, actual directora general del hospital, indicó en entrevista para un medio televisivo que se estaba ofreciendo atención con un equipo “redoblado de profesionales”, pero no especificó cuántos están activos. Autoridades del Luciani no se han pronunciado al respecto y las cifras de los heridos o fallecidos en el centro tampoco han sido publicadas por ningún ente. De acuerdo con reportes oficiales, hasta la fecha se registran 188 fallecidos y más de 1.500 heridos en todo el territorio nacional.

    La entrada Colapsados se publicó primero en Revista Anfibia.

     

    Difunde esta nota
  • Multan a conductores y retienen sus vehículos por circular fuera del horario permitido

    Un total de 6 vehículos fueron retenidos en el marco de los operativos realizados por el personal de Tránsito Municipal para controlar el cumplimiento del decreto 059/2021 que estableció las nuevas medidas sanitarias vigentes en la ciudad. En este sentido, además de la retención de los rodados, se les aplicó a sus conductores una multa…

    Difunde esta nota
  • Alarma en los bancos de Brasil, ante la decisión de Trump de catalogar al PCC y el Comando Vermelho como terroristas

     

    La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.

    La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.

    Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.

    El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

    Sheinbaum descartó riesgos al sistema financiero tras sanciones a CIBanco, Vector e Intercam

    Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.

    Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.

    Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.

    El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.

    Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.

    La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.

    La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.

    Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

    Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.

    Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

    La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.

     

    Difunde esta nota

Deja una respuesta