Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto.
De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el asesor externo Gustavo Arias y los asesores legales del Municipio.
En la oportunidad se abordaron cuestiones legales vinculadas a la finalización del contrato, tras lo cual la Municipalidad tomará posesión de la terminal y se constatará notarialmente el estado edilicio y se exigirá la documentación respaldatoria del activo y pasivo correspondiente.
Al término del encuentro, Carricavur manifestó que “en cuanto a lo edilicio, con el área de Obras Públicas nos abocaremos a los trabajos que sean necesarios para una prestación de servicios acorde a la demanda de los usuarios”.
“Esto en forma previa a los trabajos integrales de remodelación interna y externa que se llevarán a cabo en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Transporte de Nación”, indicó.
Cabe aclarar que luego se evaluará cómo seguirá la administración de la termina en el futuro.
El basquet nacional necesitaba una «buena» para empezar a recuperarse de la triste noticia del retiro de Emanuel Ginóbili y salir del luto. Esa buena llegó ayer de la mano de «Las Gigantes» que empoderadas con buen juego y actitud ganaron el sudamericano de basquet femenino realizado en Tujan Colombia, y lo hicieron con varios condimentos…
El gobierno tomó nota de la resistencia de los gobernadores reunidos en la cumbre del Norte Grande a la eliminación de las PASO y ahora evalúa patear el tema para fin de año. «No estamos apuradísimos», dijo un diputado libertario este viernes, y explicó que la supresión de las primarias formaría parte de una negociación y un diálogo «más amplios», que incluyen el recorte de Zonas Frías y la compensación a través de Zonas Cálidas.
La definición se empezó a barajar después del viaje que hizo Diego Santilli a Posadas el miércoles pasado. Allí el jefe de Gabinete pudo discutir de forma reservada con los jefes territoriales sobre la necesidad que tienen las provincias de contar con «garantías» de la sanción del subsidio por el uso intensivo de energía eléctrica a cambio de apoyar la ley de Medidas Energéticas, una iniciativa del oficialismo para reducir el dinero que se destina a los hogares con consumos más altos de gas para calefaccionar en invierno.
En Casa Rosada, están convencidos que contarán con los votos para Zonas Frías y la eliminación de las PASO, aunque los aliados del Senado lo pongan en duda, tal como informó LPO. Incluso, uno de los gobernadores que tuvo un mano a mano con Santilli le planteó que no podían discutir los proyectos «en el aire», sin contemplar lo que sucedería con las primarias y el calendario electoral, y el Jefe de Gabinete respondió que llevaría su mensaje a Lule Menem.
Ambos funcionarios, Santilli y el subsecretario de la Presidencia, están llevando la conversación con los gobernadores que no apoyan, a priori, ni la eventual candidatura de Javier Milei ni la de los posibles candidatos del peronismo.
Por eso, aceleraron las charlas Sergio Massa, José Mayans, Germán Martínez, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y los cuatro gobernadores de UP para blindar la defensa de las PASO, en una reunión de tres horas que mantuvieron el último martes, como publicó LPO. «La prioridad del gobierno es eliminar las primarias para garantizar la reelección de Milei», concluyeron dos de los dirigentes que participaron de esa conversación.
En la Casa Rosada, están convencidos que contarán con los votos para Zonas Frías y la eliminación de las PASO, aunque los aliados del Senado lo pongan en duda.
En efecto, tanto en Balcarce 50 como en los despachos más influyentes del oficialismo en el Congreso están convencidos que «Milei reelige». «Gana en primera vuelta, ya quedó demostrado que el peso de los gobernadores en una elección nacional es nulo y ahora vamos con el ancho de espadas», comentó un diputado de LLA sin contemplar el deterioro de su imagen en todas las encuestas por los efectos del hundimiento de la actividad productiva y el consumo.
El gobierno pretende que la derrota parlamentaria que implicó tener que sacar del proyecto de Inviolabilidad Privada los capítulos de extranjerización de la tierra y manejo del fuego no habrían sido tan hondos. «No perdimos, sacamos la media sanción pero nos ganaron la parada ante la gente porque no se explicó la ley, fallamos en la comunicación», dijo un legislador libertario, y agregó: «cuando tenés el dictamen, tenés que ir rápido al recinto para aprobar la ley».
Ese argumento es el que usó Martín Menem en la última reunión de mesa política contra Patricia Bullrich, a quien quiso colgarle la responsabilidad por el batacazo opositor contra el proyecto de Federico Sturzenegger. La jefa de la bancada en la cámara alta retrucó que no pudieron ir antes al recinto «por Manuel Adorni», en referencia al escándalo judicial alrededor del ex jefe de Gabinete.
Las dificultades para el oficialismo son acaso insondables. Por eso, los diputados libertarios deslizan que «hasta el 26 de agosto no se toca el tema de propiedad privada» y se entusiasman con la chance de darle antes la media sanción a los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
En el marco del ‘Mes de la Niñez’, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina propone disfrutar de la obra de teatro ‘Carnaval de los animales’, una obra clásica de Saint-Saëns interpretada por el Trío de Cámara de la Fundación Cultural Patagonia. La presentación será el sábado 7 a las 17 horas…
Milei autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia, una decisión que genera polémica y cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía y la causa Malvinas.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
El Gobierno de Javier Milei acaba de quedar atrapado en una de esas contradicciones que ya no pueden explicarse como simples errores administrativos. Mientras la Argentina sostiene constitucionalmente que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, la administración nacional que interviene el puerto de Ushuaia autorizó allí el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en la capital de la provincia que incluye bajo su jurisdicción a los territorios australes usurpados por el Reino Unido.
La decisión provocó el inmediato repudio del Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la situación como “inadmisible” y exigió explicaciones públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación. El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es decir, bajo una administración que depende directamente del Estado nacional. La misma Nación que decidió desplazar a la Provincia del manejo de una infraestructura estratégica del extremo austral es, por lo tanto, la que ahora debe explicar por qué habilitó el ingreso de una embarcación vinculada a la bandera de la potencia que ocupa las islas cuya soberanía reclama la Argentina.
Un puerto intervenido en nombre de la soberanía
Hay una contradicción política difícil de disimular. La intervención nacional del puerto fue presentada como una medida destinada a garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para los intereses argentinos, ubicada en un punto fundamental del Atlántico Sur y vinculada directamente con la proyección hacia la Antártida. Sin embargo, meses después, esa administración nacional autorizó que un petrolero británico amarrara en Ushuaia, precisamente en un escenario geopolítico donde la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur no es una cuestión simbólica sino un conflicto territorial reconocido internacionalmente.
La situación resulta todavía más llamativa porque la Provincia recordó la existencia de normas locales que restringen la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica vinculadas con actividades relacionadas con los recursos naturales de Malvinas. Tierra del Fuego reclamó entonces que el Gobierno nacional explique bajo qué criterios se permitió la operación y cuestionó que una decisión de semejante sensibilidad estratégica haya sido tomada sin coordinación con las autoridades provinciales.
El problema no es, entonces, solamente que un barco haya llegado a un puerto argentino. El problema es qué representa ese barco, dónde fue autorizado a operar y quién tomó la decisión. Ushuaia no es un puerto cualquiera: es la ciudad más austral del país, capital de la provincia que constitucionalmente comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y constituye además una pieza fundamental de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de su proyección antártica.
Malvinas no es una consigna para los actos oficiales
La Constitución Nacional no deja margen para interpretaciones caprichosas sobre la cuestión. La Disposición Transitoria Primera establece que la Nación Argentina ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable.
Por eso resulta insuficiente que el Gobierno de Milei ratifique formalmente el reclamo argentino durante un acto del 2 de abril si, en la administración concreta del territorio, de los puertos, de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica del Atlántico Sur, aparecen decisiones que parecen subordinar esa cuestión a una lógica puramente comercial. En abril de este mismo año, Milei volvió a reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las islas y habló de fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Pero cuatro meses después, la noticia que llega desde Ushuaia es que un petrolero británico pudo operar en el puerto bajo administración nacional.
La cuestión de fondo es precisamente esa distancia entre lo que se declara y lo que se hace. Defender Malvinas no consiste únicamente en pronunciar la palabra “soberanía” en un discurso presidencial, colocarla en un comunicado oficial o recordarla cada 2 de abril. Una política soberana implica también definir qué empresas, qué embarcaciones y qué intereses económicos participan en el desarrollo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur, y hacerlo de acuerdo con una visión nacional de largo plazo.
El propio Estado argentino ha reconocido históricamente el carácter estratégico de esa región por sus recursos pesqueros e hidrocarburíferos, su posición geográfica, las rutas comerciales y su condición de plataforma natural hacia la Antártida. En consecuencia, convertir al Atlántico Sur en un simple espacio de negocios donde prevalece la conveniencia inmediata sobre la dimensión geopolítica significa, como mínimo, vaciar de contenido práctico la defensa de la soberanía.
El modelo Milei y una soberanía subordinada al negocio
La polémica del VS Promise vuelve a instalar una pregunta que el Gobierno debería responder sin consignas ni evasivas: ¿qué significa soberanía para Javier Milei? Porque si soberanía significa solamente reivindicar formalmente las islas mientras se flexibilizan las condiciones para que intereses vinculados al Reino Unido participen de actividades económicas en el extremo austral argentino, entonces estamos ante una concepción profundamente limitada de la defensa nacional.
Y allí aparece el problema político más profundo. La administración libertaria ha construido buena parte de su política exterior alrededor de una relación privilegiada con Estados Unidos y de una marcada cercanía ideológica con determinados sectores del mundo anglosajón. Esa orientación puede ser presentada como una elección diplomática, pero se vuelve problemática cuando comienza a chocar con intereses territoriales que la Argentina sostiene como política de Estado y no como patrimonio de un gobierno particular.
La propia legislación argentina creó mecanismos institucionales destinados a sostener una política de Estado sobre Malvinas y a generar consensos políticos y sociales para avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía. El reclamo argentino, además, no depende de una interpretación partidaria: está incorporado a la Constitución y forma parte de una posición histórica sostenida por gobiernos democráticos de distinto signo político.
Por eso el episodio de Ushuaia merece algo más que una pelea circunstancial entre Nación y Provincia. Expone una concepción de país. De un lado está la idea de que el territorio, los puertos, los recursos naturales y el Atlántico Sur forman parte de una estrategia nacional que debe preservarse durante décadas. Del otro aparece una lógica en la que todo puede transformarse en una operación comercial mientras cumpla determinadas condiciones administrativas.
Y Malvinas no puede ser reducida a una cuestión administrativa. Tampoco puede convertirse en una variable secundaria frente a los negocios. Mucho menos puede sostenerse una política exterior que reivindique la soberanía argentina en los discursos mientras, en la práctica, habilita situaciones que generan el interrogante inevitable sobre cuánto pesa realmente esa soberanía a la hora de tomar decisiones.
El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones y reclamó el fin de la intervención nacional sobre el puerto. También advirtió que la soberanía se ejerce “en todos los ámbitos posibles”, una definición que resume el núcleo de la controversia. Porque la soberanía no se defiende solamente frente a los organismos internacionales: se defiende en los puertos, en el mar, en los recursos naturales, en las decisiones económicas y en cada metro del territorio nacional.
El amarre del petrolero británico en Ushuaia deja así una imagen política difícil de ignorar: mientras una parte del territorio argentino permanece bajo ocupación británica y la Constitución ordena sostener como objetivo irrenunciable la recuperación de la soberanía, en la ciudad que mira hacia ese territorio una administración dependiente de la Casa Rosada permite operar a una embarcación vinculada al Reino Unido. Puede haber una explicación administrativa para la autorización, pero todavía falta la explicación política. Y esa explicación es la que Milei le debe al país, porque Malvinas no es una bandera que se levanta en los discursos: es una causa nacional que se defiende también cuando están en juego los intereses económicos del presente.
El último informe Latam Pulse Argentina de julio, elaborado por Atlas Intel y Bloomberg, confirma un deterioro en la imagen de Javier Milei. El estudio, realizado entre el 30 de julio y el 3 de agosto sobre una muestra nacional de 1.120 personas, muestra que la desaprobación del mandatario supera ampliamente a la aprobación y que la mayoría de los argentinos califica negativamente la gestión nacional.
La encuesta registra que el 62,4% desaprueba el desempeño de Milei, mientras que el 37,1% lo aprueba y apenas un 0,5% no expresó una opinión. Se trata del peor registro de aprobación de la serie histórica incluida en el informe y confirma una tendencia descendente que la consultora viene observando durante los últimos meses.
La evaluación de la gestión también es desfavorable para el líder libertario. El 54,7% considera que el gobierno es «malo o muy malo», mientras que el 30,1% lo califica como «excelente o bueno» y el 15,1% lo define como «regular».
En ese sentido, el deterioro de la imagen presidencial aparece acompañado por un escenario económico que continúa generando preocupación entre los encuestados. Al respecto, el 70 por ciento cree que la situación económica es mala y el 56 que va a empeorar en 6 meses.
Entre los principales problemas de los argentinos sobresalen la corrupción, el desempleo y la inflación, los dos últimos dieron un salto notable en relación a las mediciones de los meses anterior.
La encuesta registra que el 62,4% desaprueba el desempeño de Milei, mientras que el 37,1% lo aprueba y apenas un 0,5% no expresó una opinión. Se trata del peor registro de aprobación de la serie histórica incluida en el informe y confirma una tendencia descendente que la consultora viene observando durante los últimos meses
El informe también dedica un apartado a la imagen de los principales dirigentes políticos. Allí se observa que Milei continúa siendo una de las figuras con mayor nivel de conocimiento público, aunque su imagen acompaña la tendencia negativa reflejada en los indicadores de aprobación y evaluación de gobierno.
El sondeo ubica a Patricia Bullrich como la líder como mejor imagen del país seguida por Milei y Axel Kicillof pero todos con más opiniones negativas que positivas. En el caso de los ministros de gobierno, el podio lo integran Sandra Pettovello, Diego Santilli y Luis Caputo.
Por último, Atlas consulta sobre la percepción de los argentinos respecto de Donald Trump y la relación con Estados Unidos. En ese sentido, el 48,5 evalúa como negativa la relación con la potencia del norte, el 57 rechaza a Trump y el 47,8 cree que tiene que haber una relación más distante.
El desarrollo y progreso que en las últimas décadas se ha fomentado en el marco del “Úselo y Tire” ha causado grandes deterioros en el ambiente mundial y nuestra región no es ajena. El consumo no racional como filosofía de vida ha impactado gravemente en todos los estamentos sociales y etarios, poniendo de manifiesto no…
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