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Terminal: se analizaron aspectos técnicos-jurídicos en vista al fin de la concesión

Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto.

De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el asesor externo Gustavo Arias y los asesores legales del Municipio.

En la oportunidad se abordaron cuestiones legales vinculadas a la finalización del contrato, tras lo cual la Municipalidad tomará posesión de la terminal y se constatará notarialmente el estado edilicio y se exigirá la documentación respaldatoria del activo y pasivo correspondiente.

Al término del encuentro, Carricavur manifestó que “en cuanto a lo edilicio, con el área de Obras Públicas nos abocaremos a los trabajos que sean necesarios para una prestación de servicios acorde a la demanda de los usuarios”.

“Esto en forma previa a los trabajos integrales de remodelación interna y externa que se llevarán a cabo en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Transporte de Nación”, indicó.

Cabe aclarar que luego se evaluará cómo seguirá la administración de la termina en el futuro.

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    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

    Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

    La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

    El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

    La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

    En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

    La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

    La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

    Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

    Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.

     

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    Por caso, en Pilar, la Sociedad de Comerciantes local advirtió que las ventas minoristas sufrieron un descenso del 15,6% en abril, con relación al mismo mes del año pasado.

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    Semejante contracción empieza a tener su correlato visible en la baja de persianas de numerosos locales comerciales, algunos de los cuales se reconvierten al plano de venta online.

     Datos oficiales expuestos por funcionarios del municipio platense en el Concejo Deliberante dieron cuenta del cierre de más de 1.000 locales en la capital bonaerense desde la asunción de Javier Milei 

    En La Plata, en tanto, un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para la Cámara de Comercio local expuso una caída promedio del 9,1% en el primer trimestre de 2026, lo que acumula 13 trimestres consecutivos a la baja.

    Frente a esta crisis, datos oficiales expuestos por funcionarios del municipio platense en el Concejo Deliberante dieron cuenta del cierre de más de 1.000 locales en la capital bonaerense desde la asunción de Javier Milei al Gobierno.

    Dentro del análisis sectorial, el rubro de indumentaria fue el más afectado en La Plata (-11,2%), número similar al de servicios personales y materiales para la construcción.

    «En términos geográficos, mientras que zonas como Gonnet y City Bell sufrieron los mayores descensos, los centros comerciales de calle 12 y el casco céntrico mostraron una resistencia superior al promedio», detalla el informe.

    En Mar del Plata,  el 77,8% de los comerciantes considera que el contexto actual no es propicio para realizar inversiones, mientras que el 9,5% de los consultados ya contempla despidos.

    En Mar del Plata, en tanto, las ventas minoristas registraron en abril una caída del 2,6%, de acuerdo con el relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción local (Ucip).

    El 46% de los comerciantes consultados en la ciudad balnearia indicó que su situación empeoró respecto al mismo período del año anterior, contra un 50,8% que la considera estable y solo un 3,2% que registra mejoría.

    En tanto, el 77,8% de los comerciantes considera que el contexto actual no es propicio para realizar inversiones en sus negocios, mientras que el 9,5% de los consultados ya contempla reducciones de personal.

    «Cuando cae el volumen vendido, se enfría la actividad cotidiana. La caída en unidades refleja con claridad un consumo más contenido y una economía donde los hogares priorizan lo esencial. Necesitamos recomponer el poder de compra y sostener condiciones para que las pymes puedan mantenerla actividad y el empleo», dijo el titular de Ucip, Blas Taladrid. 

     

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  • Cordoba no zafó de la caída de la economía nacional, se desploma industria y campo

     

    La economía de Córdoba empezó a mostrar signos de fatiga antes de lo previsto, según lo detectó un informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba: en el último trimestre de 2025, la actividad cayó, se desaceleró el crecimiento interanual y algunos sectores clave exhibieron retrocesos bruscos.

    El Índice de Actividad Económica de Córdoba (IAEC) registró una caída del 0,68% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, consolidando una «tendencia contractiva». Más relevante aún, el informe advierte una desaceleración del crecimiento interanual, lo que sugiere que el rebote económico que marcó el inicio de 2025 empezó a agotarse más rápido de lo esperado.

    El trabajo, elaborado por el Instituto de Economía y Finanzas de la UNC, tiene un valor político adicional: se trata de una de las pocas mediciones sistemáticas de la actividad económica provincial, en un contexto donde los datos oficiales suelen llegar con rezago o carecen de desagregación local. 

    En este caso, es un radiografía económica en el bastión libertario. El informe reconstruye una trayectoria clara: la economía cordobesa arrancó 2025 en alza, con subas trimestrales en el primer y segundo trimestre (1,84% y 1,30%, respectivamente). 

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    Pero ese impulso se fue diluyendo en la segunda mitad del año. Ya en el tercer trimestre apareció una leve caída (-0,60%), que terminó de consolidarse entre octubre y diciembre. El resultado final es una curva en forma de «loma»: crecimiento inicial, meseta y posterior retroceso.La señal más fuerte no está solo en la caída puntual, sino en el cambio de tendencia. La economía pasó de expandirse con fuerza a moverse en terreno contractivo en apenas seis meses, un patrón que replica -casi calcado- lo ocurrido a nivel nacional.

    El trabajo, elaborado por el Instituto de Economía y Finanzas de la UNC, tiene un valor político adicional: se trata de una de las pocas mediciones sistemáticas de la actividad económica provincial, en un contexto donde los datos oficiales suelen llegar con rezago o carecen de desagregación local.

    De hecho, el informe subraya que la dinámica cordobesa sigue de cerca el ciclo del país. Mientras el índice provincial caía, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) nacional mostraba un virtual estancamiento (0,1% trimestral), confirmando que el freno no es un fenómeno aislado.

    Para colmo, los sectores en rojo son las banderas del modelo productivo cordobés: Patentamiento de vehículos: se desplomó un 11,96% trimestral, marcando el ajuste más fuerte del período.Industrialización del maní: cayó un 10,72%, golpeando a uno de los complejos más dinámicos de la provincia. 

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    El dato es que el retroceso no viene de sectores marginales, sino de motores históricos de la economía cordobesa, especialmente la industria y el agro. Pero además, la caída de consumo de energía indica que las fábricas están produciendo menos.Sin embargo, los números indican que el deterioro no está consolidado. 

    Por ejemplo, el patentamiento de autos, pese al desplome trimestral, acumula un crecimiento del 18,54% respecto al mismo período del año anterior. Algo similar ocurre con el maní, que exhibe una suba del 5,31%.Del otro lado, algunos sectores actuaron como amortiguadores. La industrialización de soja y girasol mostró subas trimestrales (3,87% y 3,60%, respectivamente), ayudando a contener la caída general.

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    Sin embargo, el propio informe advierte que se trata de un fenómeno atípico -ya que el cuarto trimestre no suele coincidir con la cosecha- y que, en términos interanuales, el desempeño es dispar: el girasol cae y la soja apenas se estanca. Es decir, el agro ayuda, pero no logra revertir la tendencia.

    Que la caída coincida con el estancamiento nacional sugiere que el margen de maniobra provincial es limitado. Córdoba no logra desacoplarse del ciclo macro argentino. Así, y de acuerdo al informe de a UNC, el rebote parece agotado antes de consolidarse. Y lo que viene, por ahora, es incertidumbre. 

     

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