Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto.
De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el asesor externo Gustavo Arias y los asesores legales del Municipio.
En la oportunidad se abordaron cuestiones legales vinculadas a la finalización del contrato, tras lo cual la Municipalidad tomará posesión de la terminal y se constatará notarialmente el estado edilicio y se exigirá la documentación respaldatoria del activo y pasivo correspondiente.
Al término del encuentro, Carricavur manifestó que “en cuanto a lo edilicio, con el área de Obras Públicas nos abocaremos a los trabajos que sean necesarios para una prestación de servicios acorde a la demanda de los usuarios”.
“Esto en forma previa a los trabajos integrales de remodelación interna y externa que se llevarán a cabo en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Transporte de Nación”, indicó.
Cabe aclarar que luego se evaluará cómo seguirá la administración de la termina en el futuro.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.
«Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.
Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.
Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.
Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios.
El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.
El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.
Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.
La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.
Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.
El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.
Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.
El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».
«Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.
Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».
«¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.
En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?
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Pablo Bertuzzi evalúa inmolarse para retener su cargo en la Sala I de la Cámara Federal porteña votando junto con Mariano Llorens la ratificación de la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa Libra, quien selló un pacto de impunidad con el gobierno para apartar a las querellas de la investigación que demora el fiscal Eduardo Taiano. El fallo de Martínez de Giorgi habría sido un gesto hacia la Casa Rosada luego que el Senado aprobara el pliego de su esposa, Ana Juan, para el juzgado federal de Hurlingham.
Como informó LPO, Bertuzzi concursó para continuar en su sillón de Comodoro Py, donde fue trasladado por Mauricio Macri en 2018, al igual que su par Leopoldo Bruglia, que prefirió renegar del fallo de la Corte Suprema en 2020 y quejarse ante la CIDH por discriminación. Según Bruglia, a él lo obligan a concursar pero a Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, le prorrogaron su cargo por 5 años más «equiparando el traslado al concurso».
En ese contexto, Bertuzzi rindió el examen ante la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, quedó en el puesto 24° y escaló hasta el sexto después de las entrevistas personales. Sin embargo, quedó ternado por debajo de la fiscal Cecilia Incardona, a quien describen como «una mujer del sistema» y atribuyen «el respaldo del peronismo».
Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que «lo que se ve es que el gobierno explota la guerra fría entre Bertuzzi e Incardona para seguir zafando en la causa Libra».
En efecto, la Sala I podría resolver la apelación de las querellas contra lo actuado por Martínez De Giorgi antes de la feria judicial. Integrado por Llorens, Bertuzzi y Bruglia, ese tribunal armaría una mayoría favorable a los hermanos Milei con los votos de los primeros dos jueces, mientras que el tercero, resignado a su inexorable salida, se podría dar el lujo de votar en contra.
La vacante de Bruglia, de hecho, sería cubierta por Pablo Yadarola, un magistrado que jugaría en tándem con Llorens y cuyo pliego sería remitido por el Poder Ejecutivo en la próxima tanda de envíos. El enroque no es más que otra contribución de Juan Bautista Mahiques a Karina Milei.
Pablo Yadarola.
Lo curioso es que, pese a su compromiso, Bertuzzi perdería la pulseada contra Incardona. «Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona», resumió un camarista.
Desde el Poder Judicial remarcaron ante LPO que esa maniobra contra Bertuzzi comprende un plan más ambicioso, que podría incluir un eventual acuerdo libertario con el peronismo: se congela la causa Libra y Karina resigna la provincia de Buenos Aires para que la retenga el PJ en 2027. Esa hipótesis se basa en el respaldo del interbloque de José Mayans al pliego de Ana Juan, la pareja de Martínez de Giorgi, cuando se votó en el Senado.
Los senadores kirchneristas niegan esa versión. Alegan que la postulación de la jueza había sido propuesta durante el gobierno de Alberto Fernández, retirada por la actual gestión en diciembre de 2023 y volvió a remitirse con la llegada de Mahiques al ministerio.
Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona.
Además, los diputados Sabrina Selva, Juan Marino y Juan Grabois se cuentan entre los impulsores más activos de la investigación de la estafa y los abogados del líder de Patria Grande tramitaban desde el viernes la apelación contra lo resuelto por Martínez De Giorgi.
El revuelo en la Cámara Federal porteña quizá se deba a que la nueva composición de la Sala I también podría repercutir en la Sala II, donde se desempeñan Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años el próximo 18 de julio sin que su pliego para prorrogarse en el cargo hubiera sido enviado al Congreso por Javier Milei y Mahiques.
En lugar de Irurzun, podrían subrogar allí cualquiera de los tres colegas de la otra sala, designados por sorteo, pero el impacto podría sentirse en la tendencia de Farah a inclinarse en fallos que convengan a la Rosada. En Comodoro Py señalan como ejemplo la disputa entre Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti por llevar la causa de los créditos de los funcionarios libertarios en el Banco Nación.
En abril pasado, la jueza conminó a Lijo para que dejara de intervenir en el caso pero el magistrado se negó y Capuchetti llevó el reclamo hasta la Cámara, donde Farah resolvió a su favor. En el gobierno festejaron la definición, que no estuvo exenta de un cuidadoso seguimiento desde el Ministerio de Justicia.
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