El Intendente Marcelo Orazi destacó la decisión del Estado Nacional de ceder a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) el espacio para la construcción del nuevo edificio académico en Villa Regina.
“Este edificio nos jerarquizará como ciudad, le dará otra estética a este espacio céntrico y, lo más importante, significará el asentamiento definitivo de la Universidad de Río Negro en Villa Regina”, manifestó.
Agregó: “Celebro esta decisión del gobierno nacional después de muchas gestiones, que se iniciaron hace muchos años y que afortunadamente pudimos concretar ahora, como es la cesión del terreno. Es un paso más y es otra gran obra para Regina”.
La cesión se concretó a través de la firma de una resolución mediante la cual la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorga el permiso de uso precario y gratuito de un inmueble del Estado Nacional en Villa Regina a la UNRN.
Se trata de 22.513 metros cuadrados en desuso que serán aprovechados para consolidar el Campus de la UNRN, que concentrará en un solo lugar el dictado de carreras que actualmente se realiza en diferentes edificios.
“Estamos ansiosos en que nos autoricen a firmar el contrato y empezar a construir. El proyecto de construcción del Edificio Académico tiene una evaluación favorable por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias y hemos firmado un convenio colaborativo con el intendente local, Marcelo Orazi, para que el desarrollo del edificio áulico y laboratorios responda al planeamiento urbano”, manifestó al respecto el rector de la Universidad Juan Carlos Del Bello.
Además destacó la “posición del Intendente y del Concejo Deliberante que interpretaron muy bien la importancia que tiene la obra”.
Recordemos que en junio del año pasado la Municipalidad de Villa Regina y la UNRN firmaron un convenio mediante el cual accede a que la Agencia de Bienes del Estado ceda una parcela a la casa de altos estudios para la construcción de la segunda etapa de su edificio.
El jueves 13 de septiembre el concejo deliberante (CD) de la ciudad aprobó por unanimidad otorgar un aporte económico a una de las tantas iglesias que se han instalado en nuestra ciudad durante los últimos años. Es sabido que la Constitución Nacional (CN) en su artículo 2 sostiene el culto católico apostólico romano pero también…
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La crisis de imagen de Lula empeora. Luego de una recuperación a partir de la estabilización de la crisis cambiaria y el freno de la suba de precios, el rechazo se disparó por un caso de corrupción que involucra al ministro de Trabajo, Carlos Lupi.
Esto es lo que plantea la última encuesta Genial/Quaest que muestra que la desaprobación del gobierno de Lula se mantiene alta y alcanzó el 57% en mayo. La aprobación se sitúa en el 40%, el nivel más bajo desde que llegó al poder.
Durante la crisis anterior, Quaest remarca que “el gobierno anunció o comenzó a implementar un conjunto de propuestas que fueron ampliamente aprobadas por la sociedad: un promedio del 79% de quienes conocen las medidas”. Sin embargo, agrega, “el desconocimiento sigue siendo alto: alrededor del 60% de la población desconoce las iniciativas”.
En ese sentido, la percepción de la economía también ha comenzado a mostrar señales de mejora. Por primera vez en muchos meses, se observó una disminución significativa en el porcentaje de la población que cree que la economía ha empeorado: 56% en marzo, en comparación con el 48% en mayo de 2025.
La percepción de una desaceleración de la inflación alimentaria también contribuyó a una evaluación más favorable de la economía. En marzo de 2025, el 88% afirmó que los precios de los alimentos habían subido en los mercados; en mayo, esa cifra se redujo al 79%.
La última encuesta Genial/Quaest que muestra que la desaprobación del gobierno de Lula se mantiene alta y alcanzó el 57% en mayo. La aprobación se sitúa en el 40%, el nivel más bajo desde que llegó al poder
La reversión de la percepción del aumento de los precios del combustible también contribuyó a la mejora, aunque marginal, de la percepción general de la economía. En marzo, el 70% de los ciudadanos percibió el aumento de los precios de la gasolina; en mayo, el porcentaje alcanzó el 54%.
Con este cuadro, la consultora se pregunta: “¿Cómo se explica, entonces, el alto nivel de desaprobación que se mantiene este mes, incluso ante estas señales positivas?”. “Un factor relevante es el desequilibrio informativo : o el volumen de noticias negativas sobre el gobierno fue más del doble que el de noticias positivas durante el período”, responde.
Entre las noticias negativas más recordadas espontáneamente se encuentra el caso del ministro de Trabajo, que acercó la corrupción al gobierno. Estos dos temas encabezan las menciones entre quienes afirman haber visto más noticias negativas sobre el gobierno.
Quaest detalla que “el escándalo fue reconocido por el 82% de la población. En otras palabras, es un tema de amplia repercusión. Un tema que recibió el doble de atención pública que las políticas o programas anunciados por el gobierno”.
¿Cómo se explica, entonces, el alto nivel de desaprobación que se mantiene este mes, incluso ante estas señales positivas?”. “Un factor relevante es el desequilibrio informativo : o el volumen de noticias negativas sobre el gobierno fue más del doble que el de noticias positivas durante el período
“El daño al gobierno fue evidente: el 31% de los brasileños culpó al gobierno de Lula por el caso, el 26% desconocía la responsabilidad y solo el 8% culpó al gobierno de Bolsonaro. En otras palabras, la oposición ganó la guerra de narrativas”, apunta.
“El porcentaje de brasileños que opina que el tercer gobierno de Lula es peor que el de Bolsonaro también sigue siendo mayor (en términos numéricos). Otra comparación que descalifica al gobierno actual”, afirma Quaest.
Por último, creció la cantidad de brasileños creen que este tercer período es peor de lo que inicialmente esperaban. Esto supone una clara ruptura de las expectativas, lo que ha perjudicado la recuperación de la aprobación del gobierno.
Como resultado, el gobierno tiene una impresión muy negativa sobre el rumbo que está tomando el país. En esta encuesta, el 61% afirma que Brasil va por mal camino, en comparación con el 32% que cree que vamos por buen camino.
En efecto, el escándalo de corrupción y las expectativas frustradas sobre el desempeño del gobierno empiezan a afectar no sólo al gobierno, sino también la imagen del presidente: el 48% cree que Lula no tiene buenas intenciones y el 70% cree que no cumple sus promesas de campaña.
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La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante este martes trabajos de limpieza y acondicionamiento de calles en barrio Matadero. En este sector de la ciudad se procedió a levantar los residuos no domiciliarios y escombros que se encontraban en distintos puntos del barrio. Por ello, la Municipalidad solicita a…
Dos ex jefes máximos de policía de Santa Fe fueron condenados a seis años de prisión efectiva tras ser investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales, en un juicio donde el gobernador Maximiliano Pullaro declaró como testigo de la investigación, ya que fue el denunciante de los hechos.
Los dos condenados son Rafael Grau, de 61 años, y Omar Odriozola, de 59. Ambos condujeron la policía santafesina entre 2013 y 2016 desde la jerarquía más alta como comisarios generales. Es un hecho histórico, en tanto es la primera vez que dos jefes de la fuerza son sentenciados por defraudación agravada a la administración pública y asociación ilícita.
El asunto va más allá de los comisarios. El actual presidente del tribunal de Cuentas de la provincia, Oscar Biagioni, también quedó en evidencia en el juicio, por ofrecer asistencia y cobertura a uno de los jefes que terminó condenado, lo que provocó que el diputado santafesino Fabián Palo Oliver presentara en su contra un pedido de juicio político.
Fabián Palo Oliver, de pie, junto a su banca.
Grau fue jefe de la policía provincial entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Odriozola ocupó el mismo cargo con anterioridad, desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2015. Les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.
El caso expresa un tipo de delito sistémico en la institución policial, que es el desvío fraudulento de partidas para la fuerza. Hace un mes, en Rosario quedaron presos por seis meses trece funcionarios policiales que participaron de robo de partidas para el combustible de los patrulleros de la ciudad, lo que suponía un robo mensual de 45 millones de pesos, desde hacía meses.
La investigación que termina ahora con los máximos jefes presos la empezó el fiscal santafesino Roberto Apullán en mayo de 2016. Pullaro, por entonces ministro de Seguridad, recibió una carta anónima en la que se mencionaban maniobras fraudulentas en el Departamento de Logística (D4) de la fuerza. El ardid consistía en pagar facturas por reparaciones a móviles que nunca fueron realizadas. A montos actualizados el desfalco fue por unos 250 millones de pesos.
En septiembre de 2017, Apullán pidió allanamientos a Gendarmería Nacional en talleres mecánicos, tres de Santa Fe y uno de Rosario. También se requisaron oficinas de la Jefatura como de la Unidad Regional I de Santa Fe y se peritaron diez vehículos. En la mitad de las unidades no se había realizado las reparaciones facturadas.
Pullaro, el día que declaró contra los policías presos.
“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informó el fiscal Ezequiel Hernández al imputar a Grau y Odriozola. “Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, refirió.
La modalidad delictiva, dijo el fiscal, consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y de repuestos que no se compraban. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo. “Los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima. Coordinaron acciones con Facundo José Testi -organizador de la banda- y con sus miembros. Y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”, afirmó el fiscal Hernández.
Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas.
Además de los dos ex jefes condenados ayer, hay otras nueve personas que ya fueron sentenciadas -cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo- en juicios abreviados. Los acusados admitieron su culpa y pagaron cinco millones de pesos en multas en 2020.
Entre estos condenados, están Raúl Alberto Patriarca, policía, ex habilitado de la Jefatura provincial. Ariel Hernán Villanueva, de 44 años, policía y contador público, ex habilitado de la jefatura provincial. También José María Leiva, exjefe de Logística de la policía santafesina. Facundo José Testi, civil, responsable del comercio “T-gráfica”, organizador de la asociación ilícita. Rodrigo Ruiz, de 30 años, civil, responsable del taller “Servicio Mecánico”. Y Maximiliano Ambrosio, de 38 años, civil, vendedor de repuestos.
Devolver el sopapo
Este juicio dejó en una posición frágil a un funcionario de mucho peso en la estructura institucional de la provincia y a la vez de perfil polémico. Es Oscar Marcos Biagioni, que cumplió funciones durante cinco décadas para diversas gestiones en cargos clave de la provincia.
Biagioni, según revela una escucha telefónica difundida en las audiencias, se puso a disposición del comisario Grau destacando que le ofrecía lo que necesitara en su carácter de presidente del Tribunal de Cuentas y ofreciéndole que podía contar “con la información” y con “todos los datos” que le podía brindar en tal carácter.
Oscar Biagioni, presidente del Tribunal de Cuentas.
Algo tan serio como eso queda al desnudo en las escuchas. Biagioni le dice a Grau que conoce al autor del anónimo que lo delató, que es Juan Barrios, de Transporte. Y le dice que a esa acción “hay que responderles con una chanchada superior”, que “tiene que volver el mismo sopapo” y que “sepan de dónde viene la piña”.
Hay que responderles con una chanchada superior. Tiene que volver el mismo sopapo. Que sepan de dónde viene la piña.
Dos días después de estos dichos, Barrios fue abordado en la calle por desconocidos que le preguntaron si era “Barrios”. Ante la admisión lo golpearon y amenazaron diciéndole “te vamos a hacer boleta, no hablés, vos sabés de qué hablamos, sabemos que tenés mujer, que está embarazada y que está sola. Quedate callado, porque te vamos a hacer boleta a vos y a tu amigo”. Esto determinó que a Barrios le suministraran protección.
En esas escuchas, Biagioni insulta al entonces ministro Pullaro por denunciar el caso que ahora terminó de juzgarse. “Si querés, citame”, le dice a Grau en su charla telefónica. “No hay nada peor que un idiota con iniciativa. Este tiene menos luces que un arbolito de Navidad con las luces apagadas: fracturó a la policía”.
¿Hay alguna acción penal contra Biagioni a partir de lo revelado en este juicio? Fuentes del MPA Santa Fe consultadas por LPO prefirieron no responder.
El funcionario trabaja desde 1974 en la administración provincial, en posiciones jerárquicas en gestiones de distinto signo político. En las dos ocasiones en que llegó al Tribunal de Cuentas como vocal, fue designado de manera ficta al no reunirse mayoría suficiente para impugnar su pliego en la Legislatura. Ahora, el diputado Oliver hizo una presentación para su juicio político.
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