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TERMINAL REGINA: ENTRE CONVENIO O RESCISIÓN, CASINO, POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN

Mediante el proyecto elevado por el ejecutivo local al concejo deliberante de la ciudad sobre la rescisión del contrato y acuerdo, entre adjudicatario y municipio reginense, para hacer inmediata entrega del edificio, y a partir de la opinión pública estimulada por los medios de comunicación, profesionales independientes, partidos políticos y la sociedad misma; el debate sobre la Terminal de Ómnibus está sobre la mesa. Ésta semana el Concejo Deliberante deberá tomar una decisión final. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DECIDE

La terminal es un tema de interés general  que une y desune en materia de opinión a la sociedad reginense. El debate en sí no es sobre la recuperación del edificio, ese es el punto de unión y de partida. La desidia a la que todos sometemos a la terminal, tanto el concesionario en su descuido histórico como la ciudadanía que es quien la utiliza y la desprecia, y los sucesivos gobiernos locales que son responsables de exigir el buen mantenimiento del edificio y nunca lo hicieron; lleva a que todos coincidamos en que se debe mejorar el  edificio y las prestaciones. Sin embargo, la dicotomía se presenta en el «Cómo».

¿Se rompe el contrato unilateralmente haciendo valer artículos que avalan esta postura, se llega a un acuerdo entre ambas partes para no ingresar a un litigio judicial sin definición clara, o se cumple el contrato y se restituye el edificio sin gasto alguno?.

La decisión política del intendente Carlos Vazzana es clara, recuperarla, y también lógica si tenemos en cuenta que uno de sus objetivos para su mini mandato era ese. Está siendo consecuente con sus palabras, cuando la misma en boca de nuestros representantes suele ser sórdida y engañosa, eso hoy en día es valorable. Pero uno de los datos sobresalientes que genera bullicio social y siembra el debate, que bienvenido sea si los términos y conceptos principales son en beneficio del ciudadano y no es una disputa de premios políticos que luego se distinguen en una lista y no en la otra; es que se rescinda el contrato con un 90% del tiempo cumplido. Es un contrato de 30 años y restan 3 para que se termine y la terminal se entregue sin ningún gasto y exigiendo su entrega en condiciones.

Ese es un punto importante de la discusión y que genera discordia entre los ediles opositores y la ciudadanía, es por eso que durante la semana pasada concejales y funcionarios mantuvieron una reunión en la que se discutió sobre diferentes aristas. Carolina Cailly, asesora legal del municipio, y  Máximo Daga  secretario de economía y finanzas, nos resumen lo tratado en ese encuentro, y nos explican cual fue el análisis que se hizo para llegar a la decisión de alcanzar un mutuo acuerdo con el concesionario.

Rescindir unilateralmente abría una contienda judicial la cual llevaría a la municipalidad a un posible litigio durante muchos años.  

Carolina Cailly.

PROYECTO CASINO A LA ESPERA

Otro de los debates sobre los que los ciudadanos reginenses expusieron sus opiniones es el tema del casino en la terminal, o si queremos ir un poco más profundo, el casino en Villa Regina, más allá de la ubicación geográfica. Algunas voces se alzaron a favor, fundamentándose en la creación de nuevos puestos laborales y valorando las libertades individuales de las personas. La otra postura tiene sus bases en los efectos nocivos que produce el juego y las consecuentes complejidades que alcanza a nivel social.

Más allá de las posturas individuales, es importante conocer cuál es el posible proyecto en relación al casino Río si el concejo aprueba el convenio de rescisión entre el municipio y el concesionario. El proyecto  del casino Río es quedarse con la totalidad del edificio de la terminal, para reestructurarlo y construir allí, un casino; y a cambio emplazar y construirle una nueva terminal en otro sector de la ciudad. Máximo Daga, secretario de hacienda y finanzas, nos cuenta un poco más acerca del proyecto.

Tenemos reuniones constantemente con la gente de Casino Río. Es un proyecto muy interesante

Máximo Daga

De concretarse, nuevas variables de análisis profundo se presentan: Bajo qué condiciones se construye una nueva terminal, donde debería emplazarse, quién estaría a cargo de la obra. Se haría participe del proyecto al colegio de arquitectos de la ciudad, sería criterioso hacer una análisis minucioso, con el aporte de organizaciones intermedias capacitadas sobre la planificación estratégica de esa nueva terminal que camine de la mano con un desarrollo estratégico de la ciudad pensando a futuro.

REGINA CENTRALIZADA Y SIN PLANIFICACIÓN SOSTENIDA

Para tener una mirada capacitada y crítica acerca de la temática Terminal entrelazada con la cuestión urbanística y materia de transporte en relación con el ejido urbano y el crecimiento de Villa Regina, fuimos en busca de la opinión de un profesional idóneo e independiente. Darío Gonzalez, quién nos recibió en su estudio, lleva la discusión más allá de la terminal, “de fondo nos está faltando una planificación estratégica concreta”, dice y expresa con vehemencia la necesidad de Villa Regina de contar con una secretaria de planificación que desarrolle proyectos estratégicos que crucen transversalmente cualquier mandato y color político en pos del crecimiento ordenado y planificado de la ciudad.

La ciudad hoy demuestra tener serios problemas de centralidad y no es una ciudad denominada grande, todavía estamos con territorio potencial para poder ordenarnos de otra manera y no tener que llegar a un tiempo no muy lejano con serios problemas de centralidad.  

Dario Gonzalez

EN 1993 SE SENTENCIÓ LA CADUCIDAD DEL CONTRATO

El contrato fue celebrado en 1990 durante el gobierno peronista de Inamorati, se le asignaba la construcción de la terminal a un privado, en este caso Pedro Nardanone, y se le otorgaba la concesión durante 30 años. Una vez cumplida la fecha, pasaría a control del municipio local. La carta orgánica local permite cerrar un contrato de este tipo por un máximo de 15 años, de excederse se debería haber cambiado la carta orgánica, proceso bastante engorroso y prolongado. En este sentido, no se respetó el texto legal más importante de la ciudad, justamente sobre el que se sentaron las bases para destituir al ex intendente Daniel Fioretti hace poco más de una año.

En 1993, Rosa Deflorián, en ese entonces juez del tribunal de faltas dictaminó la caducidad del contrato por varias irregularidades en el manejo de la terminal, la falta más recordada es la utilización por parte del concesionario de la planta alta como un boliche bailable cuando por contrato solo se podía utilizar para restaurante. Esa sanción dictaminada por Rosa Deflorián fue desestimada rápidamente por el Concejo Deliberante. La escribana nos recuerda como fue el proceso.

Como juez de faltas que era en esa época por la enorme cantidad de infracciones que estaba cometiendo se le declaró la caducidad de ese contrato. 

Rosa Deflorian

Rosa Deflorián de activa participación política durante su carrera como profesional y con vasta experiencia en el tema expresa su opinión en la entrevista.

LA IMPORTANCIA DE UN CD COMPETENTE

En manos del Concejo Deliberante queda la decisión final o inicial, depende de donde se quiera mirar, de que hacer con la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Que necesita renovación, estamos de acuerdo, que todos los que la utilizamos somos culpables de su estado, también. Que la decisión debe basarse pura y exclusivamente en una relación beneficiosa directa del ciudadano, obviando politiquería barata, y contando con una planificación estratégica sostenida; es lo que todos queremos.

El CD es el órgano legislativo del municipio, un espacio tan importante como el ejecutivo, ese valor que tiene en términos conceptuales y organizativos debemos revalorizarlo como ciudadanos en los comicios.

ARCHIVOS DIGITALES DE INTERÉS

Contrato Año 1991

Rescisión

El Ciudadano – 3 de Diciembre de 1993

Entrevistas: Emiliano Piccinini
Edición y compaginación de videos: Hernán Ermantraut
Portada: Hernán Ermantraut
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    EXCLUSIVO: Qué hay detrás de la toma de datos biométricos a los docentes

     

    Desde el gobierno de Jorge Macri aumenta la presión a sindicatos, directivos y docentes para implementar una medida inconsulta, que oculta un trasfondo que busca no salir a la luz, y que acá te contamos en exclusiva.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    Desde hace unos meses, prácticamente en solitario, el sindicato docente Ademys salió a hacer frente a una directiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, bajo el manto de una mejora en el servicio de liquidación de haberes, parece ocultar un persecución hacia un gremio atomizado que parece incapaz de mantener un postura firme ante un nuevo avasallamiento que se suma a la polémica nueva «reforma educativa», BA Aprende, que viene a pauperizar aún más a la educación secundaria porteña.

    «Desde que el gobierno comenzó con el intento de imponer la huella dactilar para acreditar el presentismo docente y no docente, el rechazo en las escuelas fue contundente. Es así, que el Gobierno ha llevado adelante todo tipo de amenazas a la docencia y a Ademys por organizar el rechazo y no deja de enviar comunicados donde intenta intimidar ya sea por los canales oficiales o a través de supervisiones o conducciones que se prestan a tal fin. También, algunos sindicatos orientan a sus afilidxs que “pongan la huella porque les pueden descontar” o “no se puede hacer nada”» -señalan desde Ademys-. Y agregan-: «El gobierno insiste en entregar los datos personales de la docencia a una empresa privada sin dar ningún tipo de información sobre el uso de los mismos ni sobre los fondos que destina para tal fin».

    Sin respuestas a la Legislatura

    Desde Noticias La Insuperable nos proponemos dar luz sobre una medida oculta bajo siete llaves, que ha llevado al gobierno que encabeza Jorge Macri a desoír los pedidos de informes emanados desde la Legislatura que buscan respuestas ante una medida compulsiva, inconsulta, y que huele más a negociado que otra cosa. Tras casi 20 años en el gobierno, el PRO se ha acostumbrado, lamentablemente, a gobernar sin dar explicaciones

    Las preguntas de los legisladores que han quedado en el vacío, más allá del costo operativo, equiparan la implementación con la desastrosa tercerización en el sistema de licencias médicas del personal docente y municipal de la Ciudad que fue privatizado y, que desde su puesta en funcionamiento, no ha traído nada más que problemas para los trabajadores así como errores en las liquidaciones, duplicaciones de haberes y descuentos salariales compulsivos.

    «Se utilizan cifras millonarias del presupuesto en estos negociados, mientras los salarios del personal docente por cargo se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, y se sigue sin invertir los recursos necesarios para responder las problemáticas de infraestructura en escuelas que cada vez que llueve se inundan o tienen filtraciones, colegios que se cayeron techos o con problemas en las instalaciones eléctricas, falta de calefacción y sistema de refrigeración adecuado, o tienen ratas y plagas, y no cuentan con los recursos y el equipamiento necesario para el dictado de clases adecuadamente«, detalla uno de los pedidos presentados, en este caso por la docente y legisladora Mercedes Trimarchi.

    Si bien desde el gobierno no se explica nada, acá sacaremos a la luz un proyecto del ministerio de Educación que encabeza Mercedes Miguel, que no contenta con implementar una reforma educativa que parece tener por objetivo bajar la calidad académica, lanza una licitación digitada que, además de oler a negocios de amigos, deja a las claras el poco conocimiento que tienen las autoridades sobre el funcionamiento de las escuelas porteñas y que parece querer perseguir docentes, dejando además una puerta abierta a la exposición de los datos del personal.

    Los ruidos

    Para llevar adelante el control, el gobierno porteño lanzó adelante una licitación que prevé la apertura de sobres para el cinco de diciembre de este año, a fin de realizar durante el receso todas las instalaciones técnicas pertinentes en los establecimientos educativos porteños e iniciar 2026 con la implementación.

    «La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectúa la presente contratación para la adquisición de relojes de control biométrico y el software necesario para su funcionamiento, administración y monitoreo, mediante el mecanismo de orden de compra abierta, con destino principal a establecimientos educativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires«, indica el pliego de especificaciones técnicas.

    Y a continuación ya empiezan «los ruidos»: lo que parecería una licitación amplia y transparente de golpe se ve limitada a poquísimos. Y es que solo se aceptarán productos de una marca determinada. El artículo comienza diciendo: «Los equipos a proveer deberán ser relojes de control biométrico marca ZKTeco, nuevos, originales de fábrica y de primera calidad». Sólo ZKTeco; ningún otro.

    Los chinos

    ZKTeco es una empresa china especializada en soluciones biométricas y de seguridad. Se dedica al desarrollo y fabricación de tecnologías de identificación biométrica: huellas dactilares, reconocimiento facial, reconocimiento del iris, lectura de venas, etc. El pliego de especificaciones técnicas indica las dos primeras (huellas y reconocimiento facial) como los medios pertinentes de identificación para docentes y no docentes. Además la empresa, en sus servicios, integra software para administrar estos sistemas: plataformas de gestión, control centralizado, conectividad con sistemas empresariales, etc.

    Fundada en 1998, ZKTeco es una compañía que cotiza en la Bolsa de Shenzhen (China). El capital mayoritario de la compañía está en manos de un chino del que poco se sabe: Quanhong Che, quien según SimplyWall posee el 53% de la empresa.

    24 vulnerabilidades críticas

    Más allá de desconocer quiénes son los chinos que tendrán a su disposición la información de miles de trabajadores de la educación, es realmente ZKTeco un sistema confiable. Según la reconocida empresa internacional de ciberseguridad Kaspersky, la respuesta es NO.

    En junio de 2024, Kaspersky publicó un informe en el que identificó 24 vulnerabilidades críticas en terminales híbridos biométricos de ZKTeco, como por ejemplo, Inyección SQL (SQL injection), que permitiría a un atacante insertar código malicioso en la base de datos, hacerse pasar por otro usuario, etc.; lectura arbitraria de archivos que podría exponer datos sensibles de biometría y contraseñas; permitir escribir archivos arbitrarios, ejecutar comandos maliciosos o instalar “backdoors” mediante exploits en estos dispositivos, etc. Un marca señalada como expertos por su vulnerabilidad es la que eligió el gobierno porteño «a dedo» para administrar datos sensibles de sus trabajadores.

    Medios relevantes en la materia, como The Hacker News, publicaron análisis y advertencias sobre cómo esas vulnerabilidades podrían permitir a un atacante comprometer edificios, instalaciones críticas o datos sensibles si los dispositivos no estuvieran parcheados o correctamente configurados.

    En Argentina

    En nuestro país, ZKTECO ARGENTINA S.A. fue fundada en 2012 por el empresario Marcelo Alfredo Sosa y la octogenaria Norma Gloria Lenguita, a su vez referente en el Consejo Profesional de Trabajo Social CABA (también llamado “Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”), entidad colegiada que regula, representa y fiscaliza el ejercicio profesional del Trabajo Social en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos componían el Directorio de la firma.

    En momentos en que el gobierno porteño empezaba a garabatear el proceso licitatorio, en abril de este año, Sosa renunció a la presidencia del Directorio y fue reemplazado por un tal Mei ZHOU, de la que nada se sabe más allá de su declarada residencia en el belgranero Barrio Chino sobre la calle 11 de septiembre.

    El pliego de bases y condiciones para la Licitación se publicó a fines del mes de agosto. El plazo de otorgamiento es de 12 meses, pudiendo la autoridad (el gobierno) renovarlo sin más y establece una cantidad total de 800 Dispositivos de Control Biométrico más el Software.

    Según establece la RESOLUCIÓN N.º 2117/SSGRH/25 el monto estimado es «de Pesos Trescientos Sesenta y Dos Millones ($ 362.000.000)«.

    Como señalan desde Ademys, «destinan dinero para empresas amigas, mientras le ponen un cepo al salario docente que pierde día a día frente al avance del alza en los precios«.

     

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