El espacio Mu.Ge.Re.S (Mujeres generando redes solidarias), es una Asociación Civil que tiene como misión promover la empatía y el acercamiento entre las mujeres, construyendo lazos solidarios como un modo de enfrentar las desigualdades que vivimos las mujeres a diario.
Este año ofrecen una variada oferta de talleres, abiertos a la comunidad, con precios accesibles, diferenciales y con becas en los talleres arancelados para quienes forman parte de la Asociación. Espacios para capacitarse en oficios, desarrollo personal, poesía, búsqueda laboral, meditación y muchos más.
La inscripción es a través de las redes sociales (Facebook e Instagram) de la Asociación Civil Mu.Ge.Re.S y los talleres se dictarán en el salón ubicado en Juan XXIII 555. Te compartimos el detalle con los horarios:
COSTURAS – miércoles de 15 a 17 hs
BÚSQUEDA LABORAL – miércoles de 18 a 20 hs
MEDITACIÓN Y LIBERACIÓN DE EMOCIONES – martes de 15 a 16:30 hs
RECICLADO – lunes de 17 a 18:30 hs
CARPINTERÍA Y ARTESANÍAS EN MADERA (espacio para dejar a los niños y niñas al cuidado de profesionales y voluntarias mientras se desarrolla el taller) – sábados de 15 a 17 hs
DESARROLLO PERSONAL – viernes de 18 a 20 hs
RELAJACIÓN E INTROSPECCIÓN – sábados de 16 a 17:30 hs
LENCERÍA – jueves de 14 a 16 hs
PELUQUERÍA – viernes de 9 a 11 hs
CONSTRUIR DESDE LA PALABRA – sábados de 17:30 a 19 hs
PSICODESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INFANCIAS – sábados 15 a 17 hs
CONSEJERÍA ESPIRITUAL – lunes 19:30 a 21:30 hs
Además, este viernes 11 de marzo se realizará una presentación de los y las talleristas y sus espacios en el salón, para poder evacuar todas las dudas y consultas. Para colaborar con Mu.Ge.Re.S con donaciones de alimentos, ropa, aporte económico o algún tipo de ayuda podés contactarte a través de sus redes sociales o con sus voluntarias, es una forma de poder sostener el trabajo que realizan a diario acompañando a mujeres que transitan situaciones de violencia y desigualdad.
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Mientras se recortan jubilaciones y se congelan salarios públicos, el Gobierno de Javier Milei habilita beneficios sociales para ciudadanos israelíes residentes en Argentina. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y ya rige desde mayo de 2024.
En plena crisis económica y bajo un régimen de ajuste que afecta a los sectores más vulnerables, el Ejecutivo formalizó un convenio bilateral con Israel que otorga acceso al sistema previsional argentino a ciudadanos israelíes. La noticia generó indignación en redes sociales y alimenta las críticas al modelo libertario por su doble vara en la distribución del gasto público.
Asignaciones para extranjeros, ajuste para los argentinos
Mientras se profundiza el ajuste más brutal de las últimas décadas, el Gobierno de Javier Milei oficializó un convenio con el Estado de Israel que garantiza el acceso de ciudadanos israelíes a los beneficios del sistema de seguridad social argentino. La medida, publicada en el Boletín Oficial el miércoles 12 de junio, entra en vigencia en un momento de recortes generalizados: los haberes jubilatorios están congelados, los salarios estatales pierden poder adquisitivo y hospitales de referencia como el Garrahan denuncian falta de fondos para funcionar.
El acuerdo, que había sido firmado en febrero de 2024 pero se activa recién ahora con la publicación del reglamento administrativo correspondiente, establece que cualquier ciudadano israelí que resida legalmente en Argentina podrá acceder a jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad, discapacidad y otras prestaciones contributivas del sistema previsional nacional.
El texto señala que el tratado rige desde el 1° de mayo de 2024, aunque su aplicación concreta comienza con esta reciente formalización. Además, el acuerdo contempla un esquema de reciprocidad: los ciudadanos argentinos que residan en Israel podrán acceder en ese país a beneficios similares.
Indignación en redes y críticas en aumento
La publicación del acuerdo desató una ola de indignación en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la contradicción entre los recortes al pueblo argentino y la expansión de beneficios para extranjeros. “Congelan las jubilaciones, vetan aumentos para estatales, vacían el Garrahan, pero destinan recursos a sostener asignaciones sociales para ciudadanos de otro país”, resumió un usuario en X (ex Twitter), sintetizando el malestar generalizado.
La noticia se conoce en medio de un deterioro acelerado de las condiciones de vida: el poder adquisitivo de los jubilados ha caído estrepitosamente desde diciembre de 2023, la inflación no cede y el Gobierno vetó recientemente una ley que otorgaba aumentos automáticos a los haberes previsionales. En ese contexto, el convenio con Israel aparece como una muestra más del sesgo ideológico y geopolítico de la gestión de Milei, que prioriza los lazos internacionales antes que las necesidades básicas de su propio pueblo.
¿Coherencia doctrinaria o contradicción ideológica?
El Gobierno libertario que promueve el achicamiento del Estado y el fin de los privilegios, lejos de reducir el gasto público en todos los frentes, parece administrarlo con criterios selectivos. El convenio con Israel revela una lógica donde se eliminan derechos para los argentinos pero se sostienen beneficios para ciudadanos de otros países, siempre y cuando coincidan con los aliados estratégicos del oficialismo.
La medida también puede leerse como un gesto político hacia Tel Aviv, en sintonía con las manifestaciones públicas de admiración de Milei hacia el Estado de Israel y su política exterior. Sin embargo, más allá de los alineamientos diplomáticos, la pregunta que resuena es: ¿por qué en plena emergencia económica y con un Estado que “no hay plata” para los argentinos, sí hay fondos para financiar prestaciones a ciudadanos extranjeros?
Conclusión: el ajuste como decisión política
El convenio con Israel no es un hecho aislado, sino parte de una política pública que revela la verdadera escala de prioridades del Gobierno de La Libertad Avanza. Mientras se castiga a jubilados, trabajadores y niños argentinos, el Estado continúa operando con una lógica de privilegios y beneficios para sectores determinados, aun cuando eso implique profundizar las desigualdades internas.
En un país donde el 60% de los chicos es pobre y donde el sistema de salud y educación pública están al borde del colapso por falta de presupuesto, decisiones como esta alimentan una sensación de injusticia y de traición al mandato de cuidar a quienes más lo necesitan. El ajuste, queda claro una vez más, no es técnico: es político. Y también profundamente ideológico.
Negocios millonarios y favores cruzados: el clan Menem-Hazaff se potencia con el aval de Milei. Con el sello de Javier Milei, compañías emergentes vinculadas a Martín Menem y un empresario enigmático ganan licitaciones millonarias en seguridad y limpieza. Una trama que deja en evidencia una política pública opaca y una cercanía dentro del nuevo poder que merece preguntas incómodas.
Desde diciembre de 2023, dos firmas poco conocidas en el mundo de los negocios estatales —Global Protection Service (GPS) Group y La Bizantina S.G. S.A.— empezaron a copar los contratos públicos. En total, acumulan más de 4.324 millones de pesos en servicios de vigilancia y limpieza. ¿Lo curioso? Ambas emanan de un mismo entramado familiar: por un lado, los hermanos Menem, con Martín como figura pública en la Cámara de Diputados; por el otro, los Hazaff, con “El Turco” Nicolás en el centro de la operación secreta.
Este posicionamiento empresarial impresionante coincide con la llegada del Gobierno de Javier Milei. Antes del 10 de diciembre de 2023, ninguna de estas empresas figuraba como proveedor del Estado. Ahora, GPS recibe contratos enormes y recurrentes; La Bizantina hace lo propio con obra gruesa en limpieza. Resultado: un claro beneficiario de las políticas libertarias del nuevo Ejecutivo.
GPS Group surge como un derivado de Tech Security, firma privada de seguridad fundada por Martín Menem y sus hermanos hace más de dos décadas. Al asumir como presidente de Diputados, Menem cedió formalmente su participación, pero la placa del negocio siguió brillando. Los contratos que antes llevaba Tech Security, poco a poco aterrizaron sobre GPS, que en la zaga del cambio de Gobierno se inclinó en cascada sobre la nueva firma.
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): 1.140 millones de pesos, más una ampliación por 290 millones.
ENARGAS (antes Tech Security): 289,7 millones en octubre de 2024.
Teatro Nacional Cervantes: 152,4 millones en diciembre 2023 y, tras prórroga en 2024, creció hasta 448,6 millones.
INCUCAI: un contrato inicial de 137 millones y otro adicional de 442 millones.
A todo esto se suma un contrato menor con la ANAC (17,9 millones) y, sobre todo, la participación en seguridad aeroportuaria con Aerolíneas Argentinas, que rondaría los mil millones anuales. Con la reciente desregulación de cargas aeroportuarias, GPS Group (a través de globalhandling.com) ya se prepara para monopolizar otro nicho con riesgo de exclusividad.
El llamado «Turco» Hazaff, casi invisible en redes, pero con ascendencia bien clara en el mundo empresario, habría sido el puente clave. Fuentes señalan que mantiene relación directa con Fernando Menem, hermano menor de Martín —posiblemente el nexo para la cesión de contratos sin licitaciones claras.
Como GPS, La Bizantina debutó con el arribo de Milei, y lo hizo en grande. La firma, presidida por Claudio Oberst —cuñado de Hazaff—, ya acumuló casi 1.367 millones de pesos en contratos de limpieza:
Cámara de Diputados: 694,7 millones para la limpeza total del Palacio Legislativo, adjudicado en septiembre 2024, bajo la conducción de Menem.
Ministerio de Seguridad (Bullrich): 553 millones en diciembre 2024.
ANAC: 120 millones desde enero 2025, para mantenimiento en aeropuertos y aeródromos.
Nadie impulsó los bolsillos de La Bizantina tanto como los propios miembros del clan que ahora ostentan influencia directa en las estructuras de poder. Una estrategia donde la familia Hazaff – Menem aparece como co-distribuidora de negocios sin antecedentes ni competencia real.
Aquí toma fuerza una pregunta sensible para cualquier demócrata: ¿es mérito o es amiguismo? El Gobierno libertario proclamó una revolución del sector público basada en eficiencia, reducción del Estado y transparencia. Pero lo que se observa en este caso es diametralmente opuesto: creación de oligopolios privados con acceso privilegiado, contratos millonarios sin historial previo, y una cascada de beneficios atribuibles directamente a la posición política de sus titulares —Menem y Bullrich—.
Un entramado que echa por tierra el discurso oficial, permeado por el «desregulación» y la «competencia libre». Aquí se impone una reinterpretación del poder: no es libre mercado, es mercado libre solo para unos pocos.
Martín Menem intenta disfrazar su exitismo con actos simbólicos: sortea su salario como una operación de marketing bien orquestada, copiada de Milei, quien ya lo realizó públicamente. Sin embargo, la performance artístico-politica no encubre el contraste brutal entre su salario legislativo y los ingresos por contratos estatales: en montos que multiplican por varias veces esa cifra, sin dejar rastro de garantías, transparencia ni competencia pública.
Por su parte, Milei tiene ante sí un desafío: o sigue permitiendo este tipo de estructuras con olor a corrupción (porque fuentes directas vinculan a funcionarios y familiares) o se hace valer su discurso de revolución libertaria. Hasta el momento, el silencio y la continuidad de contratos les permiten a ambos seguir recaudando –y limpiando como les viene en gana.
Es necesario marcar que ninguna ley prohíbe que familiares de legisladores participen de licitaciones públicas. Tampoco el traspaso de acciones de empresas para preservar formalmente la “incompatibilidad”. Pero para quien observe desde afuera, el cuadro luce empañado por una larga urdimbre de confianza interna, conexiones familiares e influencia política cruzada: una transacción en donde los ciudadanos pagan la factura.
Observar cómo contratos por seguridad y limpieza —servicios esenciales— quedan en manos de actores con vínculos directos al poder y una historia económica menor en el sector, debería activar alarmas sobre la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control estatal. Especialmente cuando los beneficiarios pertenecen a círculos cercanos a quienes dicen querer reducir el Estado.
El relato mediático del Gobierno de Milei se deshace cuando se revelan conexiones como esta. No es la austeridad, no es la eficiencia, no es la transparencia: es una redistribución de recursos públicos hacia bolsillos afines. Una suerte de privatización encubierta, donde los favorecidos no son “emprendedores virtuosos”, sino familias que han sabido amoldarse al viento político.
El verdadero negocio no está en la desregulación de las cargas aeroportuarias, ni en el rubro de la seguridad o la limpieza. Está en construir un sistema paralelo, donde el Estado permanece disponible para quienes comparten -o abonan- afinidades ideológicas. Y eso no es casualidad, es estrategia.
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