Ayer vivimos el ensayo que puede ser el preludio de una gran obra maestra que quizás, sin fortuna para nosotros, se estrene el fin de semana que viene desde Argentina en simultáneo para todo el mundo.
El estado de violencia hoy, y hace mucho tiempo, prima en nuestro país. La violencia social es un estado emocional y corpóreo de nuestra sociedad, un quiste que parece difícil de extirpar. Por que no sólo es una cuestión interna, personal; si no que mayoritariamente es una coacción externa instalada por nuestro líderes políticos con colaboración latente de los medios de comunicación en beneplácito de pocos y principalmente extranjeros.
“No es la final del mundo muchachos, es la final de la copa libertadores, den mensajes claros”, expresó Marcelo Gallardo de manera acertada en vivo para la cadena que televisa la máxima competencia del continente.
Vivimos así. Polarizados, enfrentados. Pre-conceptualmente situados en uno de los dos lugares. Ayer, atrás de la valla, o en el bondi. No hay ejemplo más claro que el célebre Boca-River. La cultura del aguante. Matar o morir. Ganar o ganar. Si entendiéramos que perder, tiene más de ganar que el mismo triunfo, visualizaríamos algún otro camino.
El contrato social implícito en el que las personas delegan en el Estado ciertos derechos ante la necesidad de ser protegidos o regulados de cierto modo para generar un marco de seguridad, está roto. Y por si esto fuera poco, las fuerzas de seguridad no pueden brindar siquiera seguridad a un vehículo que se dirige hacia un evento deportivo. Claro que después puede meter palo inmediatamente una vez que se desmadró la cuestión. Prevenir es amarla vida, un concepto a veces complejo de digerir.
El Estado que debiera cumplir un rol social para acercarse a cierto equilibrio, se difumina, desaparece en sectores donde debería estar presente y es ahí donde surgen cuestionamientos globales que le generan a la gente incertidumbre sobre el futuro y miedo sobre el presente.
Las autoridades que deben asegurarnos el futuro no lo están haciendo. En tanto no se tiene certezas, se vuelve a un estado de naturaleza, un estado violento, animal, natural. Un estado de supervivencia.
Y en muchas ocasiones, el negocio del fútbol –no el fútbol- es el caldo de cultivo justo para el desenvolvimiento de ciertas prácticas que son el símbolo de la decadencia moderna. Ese caldo es el hábitat ideal para quienes sobreviven -en todos los sentidos- gracias a la violencia en su más puro estado.
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación privada Nº 04/2021 para la adquisición de 4.000 kilos de leña (frutal seca trozada). El presupuesto oficial es de $ 2.800.000 y la apertura de las ofertas se realizará el 16 de abril a las 11 horas. Las mismas se recibirán hasta la fecha y…
Conducirnos con prudencia en el ciberespacio es un requisito para el buen manejo; sin embargo, nos pondremos a prueba para una mejor conducción gracias a las siguientes variables en estudio: Capacidad de aceleración digital. Uso apropiado de los movimientos oculares. Reflejos de manejo. Señales de tránsito permitidas y prohibidas del ciberespacio Prevención de accidentes. Aceleración…
Bariloche se prepara para la audiencia pública que tratará la privatización del Catedral. El proyecto tiene el impulso del gobernador Alberto Weretilneck, pero por el momento el oficialismo no cuenta con los votos para aprobar los nuevos parámetros urbanísticos del cerro.
El gobernador ya habilitó importantes negocios en la provincia a familiares del Emir de Qatar, incluso pasando por encima de la legislatura. Como publicó LPO, Weretilneck permitió el uso de un arroyo provincial para abastecer 3 centrales hidroeléctricas en el complejo Baguales, propiedad de un primo del emir.
Si bien no tiene injerencia directa en la privatización del cerro, Weretilneck juega fuerte para que la iniciativa avance. La familia Trappa, concesionaria del Catedral, es la cara visible del proyecto, pero en la política barilochense aseguran que los capitales para la urbanización del cerro tienen origen en Qatar.
Asociaciones civiles y legisladores presentaron una cautelar para impedir la realización de la audiencia pública, que no es vinculante, pero sí un paso necesario para cambiar los parámetros urbanísticos del Catedral.
El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Bariloche Roberto Iván Sosa Lukman rechazó la presentación, pero no se expresó sobre el fondo de la demanda. Asociaciones y organizaciones locales habían denunciado que la intendencia no cumplió con los procedimientos administrativos para convocar a la audiencia. El juez es esposo de una de las funcionarias que trabajó en el proyecto hasta el año pasado.
Para la audiencia hay 114 inscriptos y la mayoría está en contra de la urbanización del cerro. El proyecto tiene pocas posibilidades de convertirse en ley: hay seis legisladores a favor y cinco en contra. Para tener luz verde hacen falta 8 votos.
Facundo Villalba, Roxana Ferreyra, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y el oficialista Tomás Hercingonja adelantaron su rechazo al proyecto. El oficialismo cuenta con dos escaños, a los que se suman dos legisladores de Weretilneck, uno del PRO y otro que hasta hace poco perteneció a Juntos Somos Río Negro.
«El verdadero interesado en que salga el proyecto es Weretilneck, no el intendente», confió a LPO una fuente de la legislatura barilochense.
El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
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