EL PRELUDIO DE LA OBRA MAESTRA

Ayer vivimos el ensayo que puede ser el preludio de una gran obra maestra que quizás, sin fortuna para nosotros, se estrene el fin de semana que viene desde Argentina en simultáneo para todo el mundo.

El estado de violencia hoy, y hace mucho tiempo, prima en nuestro país. La violencia social es un estado emocional y corpóreo de nuestra sociedad, un quiste que parece difícil de extirpar. Por que no sólo es una cuestión interna, personal; si no que mayoritariamente es una coacción externa instalada por nuestro líderes políticos con colaboración latente de los medios de comunicación en beneplácito de pocos y principalmente extranjeros.

“No es la final del mundo muchachos, es la final de la copa libertadores, den mensajes claros”, expresó Marcelo Gallardo de manera acertada en vivo para la cadena que televisa la máxima competencia del continente.

Vivimos así. Polarizados, enfrentados. Pre-conceptualmente situados en uno de los dos lugares. Ayer, atrás de la valla, o en el bondi. No hay ejemplo más claro que el célebre Boca-River. La cultura del aguante. Matar o morir. Ganar o ganar. Si entendiéramos que perder, tiene más de ganar que el mismo triunfo, visualizaríamos algún otro camino.

El contrato social implícito en el que las personas delegan en el Estado ciertos derechos  ante la necesidad de ser protegidos o regulados de cierto modo para generar un marco de seguridad, está roto. Y por si esto fuera poco, las fuerzas de seguridad no pueden brindar siquiera seguridad a un vehículo que se dirige hacia un evento deportivo. Claro que después puede meter palo inmediatamente una vez que se desmadró la cuestión. Prevenir es amarla vida, un concepto a veces complejo de digerir.

El Estado que debiera cumplir un rol social para acercarse a cierto equilibrio, se difumina, desaparece en sectores donde debería estar presente y es ahí donde surgen cuestionamientos globales que le generan a la gente incertidumbre sobre el futuro y miedo sobre el presente.

Las autoridades que deben asegurarnos el futuro no lo están haciendo. En tanto no se tiene certezas, se vuelve a un estado de naturaleza, un estado violento, animal, natural. Un estado de supervivencia.

Y en muchas ocasiones, el negocio del fútbol –no el fútbol- es el caldo de cultivo justo para el desenvolvimiento de ciertas prácticas que son el símbolo de la decadencia moderna. Ese caldo es el hábitat ideal para quienes sobreviven -en todos los sentidos- gracias a la violencia en su más puro estado.

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    Esta semana Argentina tuvo que importar electricidad desde Uruguay para evitar un colapso energético, por el pico de calor. Así lo publicaron distintos medios en el país vecino. 

    La decisión desnuda una falta de previsión -o negocio- que le cuesta carísimo al Estado argentino, porque se paga una fortuna por electricidad que Uruguay produce con el gas barato que exporta Argentina desde Vaca Muerta.

    El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW, sumando a la potencia transferida desde Brasil. Para dimensionarlo: ese volumen representa cerca de la mitad de la demanda uruguaya en ese momento. Es decir, el rescate energético implicó que el vecino país destinara una porción significativa de su propio consumo para sostener al sistema argentino. Y así lo cobró.

    La guerra dispara el precio del gas y las tarifas podrían duplicarse: los tres escenarios

    Un dato llamativo aparece cuando se miran los números locales. La demanda máxima del día apenas superó los 20.000 MW. Sin embargo, el sistema argentino tiene capacidad instalada para generar hasta 30.000 MW. No faltó capacidad instalada. Lo que falló fue la coordinación, el despacho y la previsión. Una estructura que, en el momento clave, no logró responder. El episodio ya es una constante en la actual administración.

    El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW. Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio.

    Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio. Esa electricidad, además, se genera, en parte con gas argentino.  

    El gas de Vaca Muerta se exporta a Uruguay, a través de acuerdos como el que mantiene Pan American Energy con la estatal uruguaya UTE,  precios cercanos a los 3,5 dólares por millón de BTU, por debajo de los casi 5 dólares que se pagan en el mercado doméstico. 

    Con ese insumo, la central térmica de Punta del Tigre produce electricidad que luego se vende de regreso a la Argentina a precios varias veces superiores. 

    La ecuación es difícil de justificar. Argentina exporta gas barato y reimporta energía eléctrica cara producida con ese mismo recurso. En los hechos, subsidia el insumo y paga el valor agregado. Una lógica invertida que se vuelve más visible en momentos de estrés del sistema. 

    En el trasfondo, el manejo del SADI vuelve a quedar bajo cuestionamiento. La previsión de la demanda, la disponibilidad efectiva de generación y la coordinación regional no lograron alinearse. No fue una falla estructural. Fue una secuencia de decisiones que derivó en una importación evitable. 

    «Hay que apurar la comisión de interconexión. Le vendemos gas barato de Vaca Muerta para que generen en Punta del Tigre y después nos venden la electricidad carísima. Es un cuadrilátero que ya pagamos», explicó a LPO una fuente del sector. 

     

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  • La emisión creció, pero un estudio sostiene que la inflación crece por otros motivos

     

    La emisión monetaria creció aunque el Gobierno sostenga lo contrario. No lo hizo por financiamiento directo del déficit, sino por tres canales concretos que aumentaron la cantidad de dinero en la economía. 

    El primero fue la compra de divisas. El Banco Central emitió pesos para adquirir dólares y acumular reservas. En muchos casos, esos dólares ya estaban dentro del sistema financiero local, por ejemplo a partir del blanqueo, pero al comprarlos el Central igual expandió la cantidad de pesos en circulación. 

    El segundo canal fue la transferencia de utilidades del Banco Central al Tesoro. Las devaluaciones generan ganancias contables en el balance del BCRA. Cuando esas utilidades se giran al Tesoro, implican emisión monetaria, aunque no aparezcan como financiamiento directo del gasto. 

    La inflación de febrero marcó 2.9% y se evapora la promesa de Milei de una suba anual del 10%

    El tercero fue el pago de intereses de la deuda en pesos. El crecimiento de los plazos fijos está asociado al aumento de la deuda pública. Los bancos pagan intereses a los depositantes con rendimientos que provienen, en gran parte, de títulos del Tesoro. Esos intereses se capitalizan y aumentan los saldos monetarios. 

    A esto se sumó un cambio en la estructura financiera. El Gobierno reemplazó los pasivos remunerados del Banco Central por deuda del Tesoro. Eso permitió canalizar los pesos hacia el financiamiento del sector público desde el sistema bancario. En términos contables, reduce la emisión directa del BCRA, pero no elimina la liquidez existente en el sistema. 

    El gobierno libertario, de forma muy acertada, dejó de emir deuda del Banco Central, por lo que los bancos pasaron de tener acvos del Banco Central a tener bonos del gobierno. Mágicamente apareció el mercado de pesos. Las colocaciones de deuda en pesos, otrora imposibles de rollear (refinanciar), pasaron a encontrar un abundante fondeo. Se terminó desde entonces el modelo de «emisión permanente» en el que Argentina estaba sumida desde el 2002.

    Este conjunto de mecanismos fue ordenado en  documento de trabajo del economista del Centro Cultural de la Cooperación (CCC), Estanislao Malic.  Malic cuestiona la idea instalada de que «no hubo emisión». Según este economista, la emisión no debe medirse por la impresión de billetes sino por el crecimiento de los agregados monetarios, que efectivamente aumentaron en este período. 

    «La emisión monetaria no equivale a imprimir billetes. La emisión es el aumento de saldos en las cuentas bancarias originado por el Banco Central. O sea, la población tiene más cantidad de depósitos en los bancos (cajas de ahorro y cuentas corrientes) porque lo decide el Banco Central. Los billetes físicos solo se imprimen cuando los depositantes deciden retirar ese dinero por caja o cajero automático. En términos económicos, lo relevante es el aumento de los saldos contables», explica Malic.

    «El período reciente muestra una expansión monetaria significativa, observable en las estadísticas públicas del Banco Central, especialmente al analizar la evolución de los agregados monetarios (M0, M1, M2 y M3)», agrega este economista.

    Malic, explica uno de los cambios centrales del actual modelo: «El gobierno libertario, de forma muy acertada, dejó de emitir deuda del Banco Central, por lo que los bancos pasaron de tener activos del Banco Central a tener bonos del gobierno. Mágicamente apareció el mercado de pesos. Las colocaciones de deuda en pesos, otrora imposibles de rollear (refinanciar), pasaron a encontrar un abundante fondeo. Se terminó desde entonces el modelo de «emisión permanente» en el que Argentina estaba sumida desde el 2002″.

    Pero de manera contra intuitiva, Malic no atribuye el actual repunte de la inflación a este crecimiento de la base monetaria, sino que pone en duda el vínculo mecánico entre emisión e inflación. Malic retoma la tradición de Marcelo Diamand para plantear que la inflación en Argentina responde principalmente a la restricción externa. Es decir, a la falta estructural de dólares en relación con el nivel de actividad económica. 

    Y sostiene que la dinámica actual confirma ese análisis. Los relevamientos de las consultoras que siguen la inflación ubican la inflación de marzo en en la zona del 3%, confirmando que la suba de precios se instaló en un escalón meas alto. Los alimentos explican buena parte de la aceleración: carnes y lácteos aportaron cerca del 75% de la inflación semanal en marzo. Es un dato clave porque refleja presión en la inflación núcleo, no en los regulados. 

    Malic retoma la tradición de Marcelo Diamand para plantear que la inflación en Argentina responde principalmente a la restricción externa. Es decir, a la falta estructural de dólares en relación con el nivel de actividad económica. 

    El segundo componente es la corrección de precios regulados. Pero no es un ajuste neutro. El esquema que implementó el Gobierno combina dos factores: por un lado, el costo de la energía se lleva a valores internacionales; por el otro, en transporte y distribución se fijaron mecanismos de actualización automática que corren por encima de la inflación. Eso introduce un componente inercial adicional: tarifas que indexan hacia adelante. 

    El tercer factor, y el más relevante en el margen, son los combustibles. La suba del petróleo a nivel internacional, que volvió a ubicarse en niveles de los 100 dólares el barril, recalienta toda la estructura de costos. Pero el punto clave es que el traslado a surtidor todavía es parcial. Las estimaciones del mercado muestran que el pase a precios no está completo. 

    Según distintos escenarios de consultoras, cada 10% de aumento en combustibles agrega entre 0,3 y 0,5 puntos de inflación mensual, y el traslado total pendiente podría implicar subas mucho mayores, incluso por encima del 20%. Eso implica algo central: parte de la inflación futura ya está determinada por aumentos que todavía no se terminaron de trasladar. 

    Además, el impacto de los combustibles no es solo directo. Tiene efecto de segunda ronda. Aumenta costos logísticos, transporte, distribución y producción. Es un insumo transversal que se filtra en toda la economía.  

    Según distintos escenarios de consultoras, cada 10% de aumento en combustibles agrega entre 0,3 y 0,5 puntos de inflación mensual, y el traslado total pendiente podría implicar subas mucho mayores, incluso por encima del 20%. Eso implica algo central: parte de la inflación futura ya está determinada por aumentos que todavía no se terminaron de trasladar. 

    En este contexto, no hubo un cambio reciente en la emisión que explique esta aceleración. La expansión monetaria es previa y sostenida. Lo que explica la inflación actual es otra cosa:alimentos con presión propia, tarifas con indexación por encima de la inflación, energía a precios internacionales, y una inercia que se refuerza con estos mecanismos. 

    Ese cuadro encaja con lo que plantea Malic, en línea con Diamand: la inflación en Argentina responde a la restricción externa y a la dinámica de costos. Y en ese marco aparece el punto más interesante del trabajo: cuando los precios suben por estos factores, el sistema necesita más dinero para funcionar. Es decir, la emisión acompaña a la inflación. No la explica. 

    La relación entre inflación y emisión es la inversa. En economías con inflación, el aumento de precios genera la necesidad de más dinero para sostener el nivel de actividad. El Estado gasta más en términos nominales, los bancos expanden crédito y los intereses crecen. Es decir, en muchos casos la inflación impulsa la emisión y no al revés. El debate, entonces, no es solo si hubo emisión, que la hubo, sino qué rol cumple en la dinámica inflacionaria. Y ahí es donde el diagnóstico oficial choca contra sus límites.

     

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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