EL PRELUDIO DE LA OBRA MAESTRA

Ayer vivimos el ensayo que puede ser el preludio de una gran obra maestra que quizás, sin fortuna para nosotros, se estrene el fin de semana que viene desde Argentina en simultáneo para todo el mundo.

El estado de violencia hoy, y hace mucho tiempo, prima en nuestro país. La violencia social es un estado emocional y corpóreo de nuestra sociedad, un quiste que parece difícil de extirpar. Por que no sólo es una cuestión interna, personal; si no que mayoritariamente es una coacción externa instalada por nuestro líderes políticos con colaboración latente de los medios de comunicación en beneplácito de pocos y principalmente extranjeros.

“No es la final del mundo muchachos, es la final de la copa libertadores, den mensajes claros”, expresó Marcelo Gallardo de manera acertada en vivo para la cadena que televisa la máxima competencia del continente.

Vivimos así. Polarizados, enfrentados. Pre-conceptualmente situados en uno de los dos lugares. Ayer, atrás de la valla, o en el bondi. No hay ejemplo más claro que el célebre Boca-River. La cultura del aguante. Matar o morir. Ganar o ganar. Si entendiéramos que perder, tiene más de ganar que el mismo triunfo, visualizaríamos algún otro camino.

El contrato social implícito en el que las personas delegan en el Estado ciertos derechos  ante la necesidad de ser protegidos o regulados de cierto modo para generar un marco de seguridad, está roto. Y por si esto fuera poco, las fuerzas de seguridad no pueden brindar siquiera seguridad a un vehículo que se dirige hacia un evento deportivo. Claro que después puede meter palo inmediatamente una vez que se desmadró la cuestión. Prevenir es amarla vida, un concepto a veces complejo de digerir.

El Estado que debiera cumplir un rol social para acercarse a cierto equilibrio, se difumina, desaparece en sectores donde debería estar presente y es ahí donde surgen cuestionamientos globales que le generan a la gente incertidumbre sobre el futuro y miedo sobre el presente.

Las autoridades que deben asegurarnos el futuro no lo están haciendo. En tanto no se tiene certezas, se vuelve a un estado de naturaleza, un estado violento, animal, natural. Un estado de supervivencia.

Y en muchas ocasiones, el negocio del fútbol –no el fútbol- es el caldo de cultivo justo para el desenvolvimiento de ciertas prácticas que son el símbolo de la decadencia moderna. Ese caldo es el hábitat ideal para quienes sobreviven -en todos los sentidos- gracias a la violencia en su más puro estado.

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    Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico

     

    El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.

    Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

    El ajuste llega a quienes más dependen del Estado

    El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.

    Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.

    El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.

    La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer

    En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.

    La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente

    La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.

    Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.

    La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

    Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales

    Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.

    Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.

    La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.

     

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