Ayer vivimos el ensayo que puede ser el preludio de una gran obra maestra que quizás, sin fortuna para nosotros, se estrene el fin de semana que viene desde Argentina en simultáneo para todo el mundo.
El estado de violencia hoy, y hace mucho tiempo, prima en nuestro país. La violencia social es un estado emocional y corpóreo de nuestra sociedad, un quiste que parece difícil de extirpar. Por que no sólo es una cuestión interna, personal; si no que mayoritariamente es una coacción externa instalada por nuestro líderes políticos con colaboración latente de los medios de comunicación en beneplácito de pocos y principalmente extranjeros.
“No es la final del mundo muchachos, es la final de la copa libertadores, den mensajes claros”, expresó Marcelo Gallardo de manera acertada en vivo para la cadena que televisa la máxima competencia del continente.
Vivimos así. Polarizados, enfrentados. Pre-conceptualmente situados en uno de los dos lugares. Ayer, atrás de la valla, o en el bondi. No hay ejemplo más claro que el célebre Boca-River. La cultura del aguante. Matar o morir. Ganar o ganar. Si entendiéramos que perder, tiene más de ganar que el mismo triunfo, visualizaríamos algún otro camino.
El contrato social implícito en el que las personas delegan en el Estado ciertos derechos ante la necesidad de ser protegidos o regulados de cierto modo para generar un marco de seguridad, está roto. Y por si esto fuera poco, las fuerzas de seguridad no pueden brindar siquiera seguridad a un vehículo que se dirige hacia un evento deportivo. Claro que después puede meter palo inmediatamente una vez que se desmadró la cuestión. Prevenir es amarla vida, un concepto a veces complejo de digerir.
El Estado que debiera cumplir un rol social para acercarse a cierto equilibrio, se difumina, desaparece en sectores donde debería estar presente y es ahí donde surgen cuestionamientos globales que le generan a la gente incertidumbre sobre el futuro y miedo sobre el presente.
Las autoridades que deben asegurarnos el futuro no lo están haciendo. En tanto no se tiene certezas, se vuelve a un estado de naturaleza, un estado violento, animal, natural. Un estado de supervivencia.
Y en muchas ocasiones, el negocio del fútbol –no el fútbol- es el caldo de cultivo justo para el desenvolvimiento de ciertas prácticas que son el símbolo de la decadencia moderna. Ese caldo es el hábitat ideal para quienes sobreviven -en todos los sentidos- gracias a la violencia en su más puro estado.
En menos de un año, el gobierno de Milei desmanteló controles históricos, aceptó subordinación regulatoria a la FDA, reabrió el festival de patentes extranjeras y avanzó con un acuerdo comercial que, por primera vez, relega a la ANMAT a un rol secundario. El caso del fentanilo contaminado —la peor tragedia sanitaria de la historia reciente— expone que lo presentado como “desburocratización” no es otra cosa que un plan diseñado en Washington para abrir el mercado argentino a laboratorios extranjeros, aun a costa de la salud pública.
Un rompecabezas que encaja demasiado bien
Cuando Milei anunció el acuerdo con Estados Unidos, el punto que pasó casi inadvertido fue el más determinante: Argentina aceptará certificados de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, y dejará de exigir revisiones completas de la ANMAT para esos productos. Dicho de otro modo: la autoridad sanitaria local deja de ser autoridad.
Pero esa pieza solo encaja cuando se observa el cuadro completo: el vaciamiento material de la ANMAT, la desregulación de controles, la flexibilización del régimen de importaciones, la reactivación del modelo de los años 90 y el alineamiento del régimen de patentes con los pedidos del Informe Especial 301 del gobierno estadounidense.
Nada de eso fue improvisado.
La primera estocada: eliminar las inspecciones in situ (derogación de la Resolución 2123/2005)
En los últimos 20 años, la resolución 2123/2005 dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, exigía que inspectores de ANMAT verificaran físicamente las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en las plantas que producían medicamentos destinados a Argentina. Esa norma surgió tras varios escándalos de adulteración y era considerada un pilar de la trazabilidad sanitaria.
El gobierno de Milei la desactivó sin reemplazo equivalente.
Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la normativa que elimina la obligación de inspecciones presenciales, permitiendo confiar exclusivamente en certificados emitidos por agencias extranjeras, entre ellas la FDA.
El argumento oficial fue lineal: “menos burocracia, más acceso”. El trasfondo, bastante menos inocente: alinear la regulación local con lo solicitado por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial, incluso antes de firmarlo.
ANMAT debilitada: menos personal, menos presupuesto y más presión política
En paralelo a estos cambios, la ANMAT no solo perdió herramientas: perdió capacidad operativa real.
Congelamiento de vacantes.
No renovación de contratos técnicos.
Reducción de misiones de inspección.
Recortes presupuestarios registrados en las planillas del Presupuesto 2024 y el proyectado 2025.
Presión para acelerar liberaciones sanitarias.
En ese contexto, la eliminación de inspecciones externas equivale a bajar la guardia en medio de una tormenta.
Y la tormenta llegó.
El caso del fentanilo: la evidencia de por qué existen los controles
La causa judicial por el fentanilo contaminado de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo dejó al descubierto un entramado escalofriante: adulteración de controles, planillas falsificadas, reactivos vencidos escondidos bajo la lluvia, trabajadores sin formación empujados a mentir y documentación “dibujada” para simular condiciones inexistentes.
Las testimoniales ante el juez Ernesto Kreplak son devastadoras:
“Me hacían mentir básicamente”, relató la técnica Bárbara Pennisi.
“Envases con partículas o pelos igual se mandaban al rotulado”, declaró Lucía Abeijón.
“Los frascos manchados iban igual”.
“Cambiaron pisos y pintaron todo para la ANMAT, pero nunca vinieron”.
Las conclusiones del Instituto Malbrán confirmaron lo que ya era evidente: los lotes 31202 y 31244 presentaban riesgos significativos, deficiencias graves e inconsistencia en la fabricación.
El resultado: mas de 120 muertes confirmadas y un ministro de salud que se niega a dar la cara.
En ese contexto, reducir la capacidad fiscalizadora del único organismo que puede prevenir estas catástrofes solo puede definirse como temerario.
O como parte de una estrategia.
La pieza que faltaba: el nuevo acuerdo con Estados Unidos
En el día de ayer, la Casa Blanca anunció los lineamientos del marco bilateral. Allí se explicitó lo que desde hacía meses se insinuaba:
Argentina aceptará “los certificados de la FDA y las autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.
Es decir: si la FDA lo aprueba, entra automáticamente al mercado argentino.
Además, el acuerdo agrega un segundo componente estratégico:
Acceso preferencial a productos estadounidenses, entre ellos “ciertos medicamentos, dispositivos médicos y productos químicos”.
Reforma del sistema de patentes, adecuándolo a estándares internacionales señalados en el Informe Especial 301, documento en el que Estados Unidos ya había criticado a la Argentina por otorgar demasiadas patentes locales y permitir competencia de genéricos.
Nada es casual: Estados Unidos tiene uno de los lobbies farmacéuticos más poderosos del planeta, y este acuerdo es su puerta de entrada directa.
Patentes: el capítulo oculto que definirá el precio de los medicamentos
El acuerdo bilateral obliga a Argentina a:
“Revisar criterios restrictivos de patentabilidad”.
“Reducir atrasos en el otorgamiento de patentes”.
“Alinear la propiedad intelectual a estándares globales más elevados”.
En lenguaje llano: menos genéricos nacionales, más patentes extranjeras, precios más altos.
Las cámaras locales ya anticiparon el riesgo. CILFA advirtió que solo podrá evaluar el impacto cuando conozca el texto final, pero la advertencia es obvia: si la Argentina copia el estándar estadounidense, el costo de los tratamientos crónicos y de alta complejidad se disparará.
CAEME —que agrupa a los laboratorios extranjeros— celebró el pacto sin matices.
Un mercado abierto en bandeja: cómo encaja todo en el plan estadounidense
Tomados por separado, los hechos parecen decisiones aisladas. Observados en secuencia, conforman un patrón claro:
Vaciamiento de la ANMAT.
Eliminación de inspecciones presenciales.
Aceptación automática de certificados de la FDA.
Facilitación de importaciones sin controles equivalentes.
Cambios en el régimen de patentes en favor de laboratorios extranjeros.
Acuerdo comercial redactado en términos estadounidenses.
El caso del fentanilo, lejos de ser una anomalía, se convierte en un ejemplo: si el Estado renuncia a controlar, lo que aparece no es libertad; es riesgo, adulteración y muerte.
Todo esto, ¿a quién beneficia?
No a los pacientes. No a la industria nacional. No a las provincias ni al sistema sanitario.
Beneficia a:
Laboratorios extranjeros, que ya no necesitarán adaptarse al marco argentino.
Multinacionales bajo regulación FDA, con ingreso directo al mercado de 47 millones de habitantes.
Empresas protegidas por un nuevo régimen de patentes, capaz de bloquear genéricos durante años.
Fondos de inversión norteamericanos, que presionan por “proteger propiedad intelectual” en todos los tratados internacionales.
Argentina, mientras tanto, pierde capacidad de fijar reglas en su propio territorio.
Conclusión: un país que renuncia a su soberanía sanitaria
La tragedia del fentanilo demostró qué ocurre cuando los controles se relajan. En vez de reforzar al organismo, el gobierno avanzó hacia su desmantelamiento en nombre de la “innovación” y la “desregulación”.
Hoy, con la subordinación explícita a la FDA, la Argentina cede no ya la fiscalización, sino el criterio sanitario mismo: lo que Estados Unidos considere seguro, deberá considerarse seguro aquí, sin verificación propia.
Es el triunfo perfecto del lobby farmacéutico norteamericano.
Y el riesgo perfecto para millones de argentinos. Cuando esto se implemente no habrá brindis por «salud» que alcance a fin de año.
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