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Protesta de empresarios por el fracaso de la licitación del puerto de Mar del Plata: «Desalienta inversiones»
El gobierno de Axel Kicillof perdió una oportunidad importante para empezar a modernizar el puerto de Mar del Plata, que arrastra una decadencia de años. El fracaso para la concesión de la terminal de contenedores generó un poco habitual reclamo público de la actual operadora de TC2, que difundió una dura carta abierta en la que alerta sobre el futuro del puerto y acusa al gobierno provincial de buscar que la licitación quede desierta.
«Las autoridades provinciales y el administrador actual siguen ensimismados en la gestión de puerto pesquero», apuntaron Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, directores de TC2 que observaron que los requisitos que puso la Provincia en los pliegos «parecían diseñados para que no se haga nada».
La administración del puerto de Mar del Plata depende del subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, que a su vez depende del ministro de Producción, Augusto Costa. En el sector creen que el gobierno provincial prioriza la idea de un puerto pesquero por sobre la posibilidad de una potente terminal de contenedores. «La actividad pesquera está en un declive, no van a reactivar la terminal con esa idea», explicó a LPO un empresario.
Inicialmente, tres empresas compraron los pliegos: Murchison (que ya había operado en Mar del Plata), la chilena AgunSA y la propia TC2. Sin embargo, ninguna ofertó. En el sector coinciden en hablar de una licitación «muy mal armada».
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Fuentes del puerto marplatense agregaron a LPO que el pliego no establecía terminales con uso de muelle exclusivo pero sí exigía que instalen grúas. «No podés instalar grúas en un muelle donde no tenés el pleno usufructo», señalaron.
Y graficaron los problemas de no contar con la administración del muelle: «Un día llega un barco Panamax lleno de contenedores y el muelle puede llegar a estar ocupado por dos barcos poteros». También advirtieron que el pliego no daba el tiempo para recuperar las inversiones que se exigían hacer en diez años.
En TC2 los cuestionamientos se enfocan en la centralidad que le da la Provincia al perfil pesquero del puerto en detrimento de un esquema multipropósito de cargas. Así, plantearon que, ante el llamado de la empresa a la la búsqueda de soluciones, «las autoridades de la provincia de Buenos Aires hacen oídos sordos».
En la extensa carta abierta, los directores de TC2 hicieron un repaso de la historia del puerto y de los intentos fallidos por diversificar su perfil más allá del pesquero. Para la empresa, conservar esa centralidad es un riesgo para el futuro del puerto y además señalaron que las grandes empresas pesqueras migraron al sur.
Desde hace 20 años, TC2 viene operando con permisos de uso precarios y advirtieron que esa inseguridad jurídica puede complicar la recalada de la única naviera que hoy opera en la terminal cada 15 días, Maersk.
Hasta el año pasado también operaba la naviera de capitales franceses CMA-CGM, pero el derrumbe de las proyecciones de exportación de Lamb Weston, la fábrica de papas fritas que inauguró Milei, precipitó su salida sin cumplir con el objetivo de cuatro salidas al mes.
«Los puertos son el primer eslabón de la cadena logística y de distribución. Los contratos a mediano y largo plazo mandan, donde la previsibilidad y la predicción son columnas vertebrales. Sin seguridad jurídica son imposibles de concretar. Todo eso desalienta inversiones y genera desazón en los trabajadores que ven cada vez más cercana la posibilidad de perder su trabajo», alertaron en TC2.
También salieron al cruce de la entrega al sector inmobiliario de las últimas tierras disponibles: «Un puerto que no se puede expandir no tiene futuro», acusaron.
Fuentes con llegada a la empresa señalaron que el factor interno en el peronismo también juega. Desde la llegada de Kicillof al gobierno provincial, el consorcio estuvo manejado por La Cámpora, hoy a través de Marcos Gutiérrez. Voces portuarias sostienen que «el puerto queda paralizado» en medio de las constantes versiones de cambios de mando debido a la interna entre el axelismo y el kirchnerismo.
En efecto Mar del Plata es uno de los municipios de la provincia donde no se logró alcanzar una lista de unidad en el PJ local. «Hay una mezcla de incompetencia y de internas políticas que hacen que hoy el puerto se desangre con oportunidades que pierden», afirmaron en el puerto.
En TC2 agregaron que el caso marplatense en un modelo de gestión de consorcios portuarios que «está agotado». Por eso, ahora esperan que actúen las autoridades nacionales y ven «con esperanza» la decisión de la Administración Nacional de Puertos (APN) de intervenir el puerto de Tierra del Fuego, que manejaba la provincia. «Estamos esperand que se abra un camino al sector privado», afirmaron a LPO desde la empresa.
La guerra dispara el precio del gas y las tarifas podrían duplicarse: los tres escenarios
La guerra en Medio Oriente se filtra en la economía argentina por un canal escondido: el gas natural licuado (GNL). El precio internacional del combustible que el país necesita importar cada invierno se disparó con la crisis bélica. Pasó de alrededor de 10 dólares a cerca de 20 dólares por millón de BTU. El doble.
Para Argentina ese número no es abstracto. El sistema energético todavía depende del GNL para atravesar los meses de mayor consumo. El gasoducto de Vaca Muerta mejoró el panorama porque permite transportar más gas desde Neuquén hacia los centros urbanos. Pero la producción local todavía no alcanza para cubrir la demanda invernal.
Y el gas también impacta en la boleta de luz. Más del 60% de la electricidad argentina se genera en centrales térmicas que utilizan gas o combustibles líquidos. Por eso, el país necesita importar GNL cada invierno para sostener el sistema energético.
Durante la crisis energética global provocada por la guerra en Ucrania, cuando el gasoducto aún no estaba operativo, Argentina llegó a gastar cerca de USD 3.500 millones en importaciones de gas. El año pasado, con el gasoducto funcionando y precios internacionales más bajos, la factura cayó a unos USD 600 millones.
Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago
Pero el nuevo escenario internacional vuelve a cargar ese gasto. Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares.
A ese cuadro se suma un cambio de reglas en el sistema energético local. El gobierno decidió avanzar con una licitación para transferir la importación de GNL, que hasta ahora realizaban las empresas estatales Enarsa y Cammesa, a un único operador privado.
El problema es que ese proceso todavía no está definido. Y mientras se discute quién se quedará con el negocio de la importación, el calendario energético sigue corriendo.
Los cargamentos de gas no se compran de un día para otro. Deben contratarse con anticipación. Cuando esa planificación se retrasa, el margen se reduce. La alternativa es salir al mercado spot, el segmento de corto plazo del comercio mundial de GNL. Allí no hay contratos previos ni precios asegurados. Los cargamentos se compran sobre la hora y el valor se define en función de la urgencia y de la competencia entre compradores.
Además, con gran parte de la producción global afectada por la crisis en Medio Oriente, el mercado enfrenta una oferta más limitada. De hecho, Qatar ya aviso que suspende los envíos comprometidos con la Argentina. Eso obliga al gobierno a competir con otros compradores, especialmente Europa, que desde la ruptura energética con Rusia incrementó su dependencia del gas natural licuado.
En el sector energético repiten una advertencia inquietante: el gas licuado disponible en el mercado no alcanza para todos. Cuando un bien escasea, el precio se dispara. Y el gobierno ya dejó clara cuál es su lógica regulatoria frente a ese escenario: trasladar los costos a la demanda.
Los cálculos que circulan en el sector energético muestran la magnitud del impacto potencial en las tarifas que enfrentarán hogares e industrias.
Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%. El traslado es más directo porque los grandes usuarios ya compran gas sin subsidios.
Si el ajuste recayera en los hogares, el impacto también sería significativo. El precio del gas que paga el usuario podría pasar de 3,79 dólares a 6,51 dólares por MMBTU.
Existe además un tercer escenario posible: trasladar el costo a la generación eléctrica. En ese caso, el precio del gas para las centrales pasaría de 4,45 dólares a 9,27 dólares por MMBTU, un salto del 108%. Si las usinas ya estuvieran pagando gas spot, el valor subiría de 7,50 a 11,31 dólares. El resultado sería un sobrecosto de 33,8 dólares por megavatio hora.
La pregunta inevitable es cuánto más pueden absorber los bolsillos, en un escenario económico de pérdida de poder adquisitivo y recesión, con cierres cotidianos de industrias y comercios.
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