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Según un informe de la UBA, el 50% de los jóvenes vive en condiciones de vulnerabilidad social
Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que casi la mitad de los jóvenes del país vive en condiciones de vulnerabilidad social. El estudio -elaborado por investigadores del Ciclo Básico Común- alerta sobre un núcleo crítico que quedó fuera del sistema educativo y laboral, sin perspectivas de búsqueda activa.
El estudio ‘Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro’ establece que un tercio de la población juvenil que no trabaja ni estudia, ahora tampoco busca trabajo.
Sostiene además que la juventud atraviesa un escenario crítico marcado por la precariedad estructural y la falta de horizontes. Y explica que la vulnerabilidad ya no es un fenómeno marginal, sino que alcanza a casi la mitad de la población de entre 18 y 29 años (48,9%).
El estudio fue desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA) y arroja datos alarmantes sobre la desvinculación de los jóvenes respecto a las instituciones básicas de integración social: la escuela y el mundo del trabajo.
Juventud, salud mental y trabajo: una agenda urgente
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la consolidación del segmento denominado «NI-NI». Dos de cada diez jóvenes vulnerables en Argentina no trabajan ni estudian. Sin embargo, la investigación detecta un componente aún más grave dentro de este grupo: la ausencia de horizontes.
Entre quienes no cuentan con un empleo y tampoco estudian, existe un tercio de ellos que dejó de buscar trabajo. «Esta desconexión refleja una ruptura de las expectativas de progreso, donde el mercado laboral ya no es percibido como un espacio de inclusión accesible», explica Juan Cruz Esquivel, director de esta investigación.
La investigación se basó en una encuesta presencial realizada a 1002 jóvenes vulnerables de entre 18 y 29 años residentes en los principales aglomerados urbanos de la Argentina. El relevamiento se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
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Entre los jóvenes que manifiestan no tener trabajo (30,6%), la búsqueda reciente de empleo alcanza solo a cuatro de cada diez, evidenciando procesos de desánimo profundamente arraigados y la magnitud de la crisis social juvenil en Argentina.
Para aquellos jóvenes vulnerables que sí logran insertarse en el mercado laboral, las condiciones distan de ser óptimas. El informe destaca que el empleo se concentra en actividades de baja calificación y altísima informalidad, principalmente en el comercio, la construcción y tareas de cuidado.
En este sentido, sólo el 18,9% de los jóvenes que trabajan cuenta con un empleo registrado (en blanco) o parcialmente registrado; mientras que el 75,9% se encuentra en una relación laboral no registrada o trabaja por cuenta propia (changas, venta ambulante o por internet); el 5% manifiesta estar bajo el régimen de monotributo. «Pero más allá de la formalidad o no, que es algo importante, la realidad material muestra que para el 57% de los jóvenes, los ingresos del hogar no alcanzan para llegar a fin de mes», explica Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y codirector de la investigación de este trabajo.
Según los especialistas, esta precariedad laboral tiene un impacto directo en la cobertura de derechos básicos: el 78% de este segmento carece de obra social o prepaga, dependiendo exclusivamente del sistema público de salud para cualquier atención médica.
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La vulnerabilidad social no se agota en la falta de ingresos; permea la subjetividad de los jóvenes. El malestar psicológico se ha convertido en una experiencia cotidiana. Más del 70% de los jóvenes relevados manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, mientras que el 50% reconoce sentir desgano o síntomas compatibles con la depresión. A esto se suma que un 30% reconoce dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco o sustancias, una problemática que se intensifica en los sectores con menores niveles de instrucción.
A pesar del entorno hostil, el estudio rescata que la educación sigue siendo valorada: el 85,7% considera que estudiar le permitiría mejorar su calidad de vida. No obstante, los obstáculos estructurales (falta de dinero y de oportunidades reales) operan como barreras que limitan estas aspiraciones.
«La vulnerabilidad social opera como un eje estructurante de desigualdades materiales y subjetivas, cuya complejidad demanda intervenciones coordinadas e integrales», concluye el informe.
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ESCÁNDALO: Milei puso al frente del área de Ciencia a una funcionaria recibida en una universidad «trucha»
Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
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