Sin atención en Desarrollo Social
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FINAL DE SERIE «JUEGO DE TRONOS»
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Ante la caída de la recaudación, los intendentes quieren alquilar las banquinas para sembrar soja
Frente a la desesperación de los municipios para enfrentar los gastos diarios por la caída de la recaudación, el peronismo empuja en la Legislatura bonaerense proyectos para auxiliar las exigidas arcas municipales mediante el alquiler de banquinas para siembra.
Hoy, la ley 10.342 de 1985 le da a los municipios la potestad de arrendar las franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero excluye a las banquinas. Además, lo recaudado no es de libre disponibilidad, sino que debe ser afectado al Consejo Escolar (60%), Bomberos (20%) y caminos rurales (20%).
La iniciativa más reciente, presentada por la diputada massista Ayelén Rasquetti busca incluir a las banquinas, al advertir que su actual exclusión genera «el desperdicio de recursos productivos» y «priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación».
Para la diputada del Frente Renovador, la puesta en valor de esa tierra «no solo dinamizará el empleo local en los sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales en un contexto donde se requiere optimizar la recaudación fiscal autónoma».
Municipios en rojo le piden a Kicillof adelantos de coparticipación para pagar aguinaldos
Como contó LPO, es crítica la situación que atraviesan numerosos municipios a raíz del derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas locales. Eso, incluso, llevó a que algunos intendentes le pidan a la Provincia adelantos de coparticipación para cumplir con los aguinaldos.
En la actualidad, varios municipios aplican el sistema de arrendamientos de franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero intendentes consultados por LPO dieron cuenta de las limitaciones que tienen a la hora de hacer uso de los recursos.
«Son momentos donde necesitamos que los fondos que llegan sean de libre disponibilidad», sintetizó un jefe comunal consultado que recordó también la discusión en torno al Fondo de Fortalecimiento que llega de la provincia y que los intendentes piden que estén encorsetados a destinos afectados.
El proyecto de Rasquetti estipula un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales con eje en la seguridad vial, ya que plantea que Vialidad bonaerense junto con los organismos competentes en la materia, deberán determinar qué sectores son aptos para sembrar.
Por su parte, también dentro del bloque de Fuerza Patria, el diputado y ex intendente de Daireaux Alejandro Acerbo presentó un proyecto para modificar las condiciones de arrendamiento de las tierras adyacentes a las rutas provinciales.
En este caso, Acerbo elimina las pautas de distribución de los recursos que contempla la ley vigente y estipula que las sumas percibidas por este concepto deberán «destinarse a gastos o inversiones determinados por ordenanza» y que, «al menos un tercio del total de esos recursos deberá ser asignado al mantenimiento de caminos y/o banquinas de las rutas».
También, ese proyecto amplía los plazos de explotación, que pasaría de un año a tres y con posibilidad de renovación.
Milei reglamentó la reforma laboral y avanzó sobre indemnizaciones, sindicatos y convenios colectivos
Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.
La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.
La mira puesta sobre los sindicatos
Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.
La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.
Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.
La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.
Convenios colectivos bajo presión
Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.
Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.
La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.
Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores
La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.
La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.
Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.
La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.
Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.
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