PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que el servicio de balsa en la Isla 58 durante los próximos feriados se prestará de acuerdo al siguiente cronograma:
*Miércoles 24 de marzo y viernes 2 de abril: sin servicio.
*Jueves 1 y sábado 3 de abril: el servicio se prestarán en el horario habitual de 8 a 15.
El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.
El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.
Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.
Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.
A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.
Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.
La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.
En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.
El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.
Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.
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El descalabro del Pami llegó a un punto límite este lunes con el paro por 72 horas que iniciaron los médicos que atienden por la obra social de los jubilados. Los profesionales denuncian fuertes recortes en sus ingresos (en algunos casos hasta más del 50%) a partir de lo dictado en una reciente resolución.
Además, crecen las protestas internas frente a reordenamientos que son leídos como políticas de vaciamiento de áreas clave y que ponen aún más en riesgo la correcta prestación de los servicios. Mientras, las farmacias siguen alertan por un latente colapso en la provisión de medicamentos de no regularizarse los pagos.
Todo eso, a la vez que proliferan las denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones en las que son beneficiadas compañías comandadas por empresarios vinculados a la cúpula del poder libertario.
El detonante de la medida de fuerza de los médicos fue la resolución 1107 del Pami, que estableció la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso, la incorporación de más prestaciones dentro de un pago fijo y la quita del incentivo económico por la formación de posgrado de los médicos de cabecera.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Los profesionales de la salud denunciaron que esos cambios fueron «inconsultos» y que representan un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera que en algunos casos es superior al 50%.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami, Appamia. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Semejante recorte es un golpe directo a la calidad de la prestación que ya viene fuertemente resentida. «Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afecta de manera directa la sostenibilidad del consultorio», advierten en Appamia.
Farmacéuticos alertan que las deudas de Pami ponen en riesgo la provisión de medicamentos
Al reclamar la derogación inmediata de la polémica resolución, sostienen que la medida «implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas». Así, la agremiación médica está evaluando iniciar acciones legales contra la resolución.
En Appamia presentaron una propuesta concreta, basada en los costos reales del ejercicio profesional, que establece una cápita de $6.500 como piso necesario para sostener la atención médica.
Por otro lado, días atrás los trabajadores de la Gerencia de Auditoria Prestacional (GAP) de la sede central de Pami hicieron un ruidazo contra lo que denuncian como un «desguace» de esta área, lo que pone en riesgo el control a infraestructuras edilicias y sanitarias de la obra social.
El malestar de los empleados de esa gerencia quedó expuesto en los cánticos que se viralizaron en redes y en los que reclaman a las autoridades «que se vayan».
LPO contó que la tensión en el gobierno por la crisis en el Pami es total, al punto que Sandra Pettovello salió a aclarar que el Ministerio de Capital Humano no tiene nada que ver con la obra social de los jubilados. «Depende del Ministerio de Salud», dijo la ministra para despegarse y dirigir las responsabilidades a Mario Lugones.
Es que, además de la crisis de funcionamiento, en el Pami proliferan denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones.
LPO reveló en exclusiva que el Pami le otorgó una licitación por miles de millones a Oxígeno y Tecnología, empresa que tiene como apoderado a Martín Voss, ex funcionario de Pami muy cercano a Toto Caputo.
Ahora, trascendió que la obra social de los jubilados hizo una contratación millonaria para la locación de inmuebles con Inversora Eslava, empresa cercana a los Menem a través de uno de sus ejecutivos, Kevin Pocovi, hijo del ex marido de Zulemita Menem.
