Servicio de balsa durante los próximos feriados

Durante sábado 18 y domingo 19 se podrá disfrutar de una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante, espacio en el que Villa Regina celebrará y rendirá homenaje a la diversidad de costumbres de nuestro país. De esta manera, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Italia, Medio Oriente, y Venezuela desplegarán su gastronomía y…

Patricia Bullrich fue el miércoles pasado a pedirle apoyo a uno de los senadores aliados para acelerar el trámite de los pliegos de los jueces que mandó el gobierno pero su colega la frenó en seco. La ex ministra se sorprendió con la respuesta que tuvo que escuchar: «ahora no vamos a avanzar con esto, esperemos», le contestó el legislador.

Bullrich, que camina por los pasillos del Senado pletórica y enérgica, se quedó en silencio pero comprendió la dificultad del oficialismo por el escándalo de Manuel Adorni, antes que el contratista revelara que el funcionario le pagó USD 245 mil para hacer las refacciones de la casa en el country de Indio Cuá.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que los libertarios «están complicados» para juntar los votos que precisan en el recinto, algo que enciende las alarmas del ministro Juan Bautista Mahiques y una parte del Poder Judicial, donde se agolpan jueces y fiscales concursados para las más de 200 vacantes del sistema.

En rigor, los detalles sobre la cascada, el mármol travertino y el rumor de los sobresueldos detonaron la furia de los gobernadores, que ya venían masticando bronca por la falta de recursos en sus distritos y la intención de Javier Milei de eliminar las PASO. «Si no le mandan el telegrama de despido rápido, no habrá sesión por buen tiempo», dijo a LPO un legislador radical.

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Otro integrante de la bancada de la UCR sostuvo que «el efecto Adorni está complicando mucho más que los pliegos». «Todo impacta en la gestión y la gestión necesita dar buenas noticias, por eso la falta de gestión del gobierno es tan negativa e impactante como la mala gestión», comentó.

El peronismo seguía deliberando al cierre de esta nota sobre la chance de judicializar la pelea por los lugares que le quitó Bullrich en las comisiones en general y la de Acuerdos en particular, donde se dictaminan precisamente los pliegos de los jueces. Pero el peso del interbloque de José Mayans, que cuenta con 25 miembros, se juega más que nada en el recinto: con solo 12 voluntades más, la oposición puede voltear los pliegos de los candidatos que mandaron Milei y Mahiques.

Juan Bautista Mahiques.

Ese cálculo inquieta a Bullrich. Los radicales son 10 pero, además, presta atención a los movimientos de aliados como Flavia Royón, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. Los cuatro se mueven en tándem con los designios de los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

Pero a ese lote se puede sumar el nombre del correntino Carlos «Camau» Espínola, que colaboró desde el principio con las leyes importantes para la Casa Rosada pero figura ahora entre los que pondrían reparos. «Los dialoguistas miran mucho al oficialismo y, si comienza el desbande, no serán ellos los que entren a la tumba», deslizó una fuente al tanto de las conversaciones en el Congreso.

Si no le mandan el telegrama de despido rápido a Adorni, no habrá sesión por buen tiempo.

También es una incógnita la conducta que podrían adoptar los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, lo mismo que los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.

Como sea, el plan del ministro de Justicia es avanzar con el envío de 30 pliegos más en estos días, mientras continúa el cronograma de audiencias públicas para los candidatos cuyos expedientes ya ingresaron a la comisión de Acuerdos. En total, Milei habrá remitido cuando culmine esta nueva tanda un centenar de pliegos pero Bullrich deberá sortear la dificultad de conseguir el respaldo de los senadores que responden a gobernadores cercanos a la Rosada, durante el casting de Karina para encontrarle un relevo a Adorni.

En la tarde noche del domingo se realizó una nueva edición de la Feria ReEmprender en la Plaza de los Primeros Pobladores, en el sector de las casitas de artesanos recientemente renovadas. La Feria busca brindar un espacio de promoción y comercialización de productos artesanales con sello reginense. Acompañando el segundo encuentro de los ‘Domingos…

 El sinceramiento del costo de la energía duró poco. En apenas tres meses, el Gobierno pasó de exhibir recortes a enfrentar un salto explosivo en los subsidios que deja al descubierto una tensión difícil de ocultar: las tarifas suben, pero el Estado paga cada vez más.

En el primer trimestre de 2026, los subsidios a la energía registraron un incremento real interanual del 180,5% frente al mismo período de 2025. El dato surge de los informes de ejecución presupuestaria relevados por ASAP. 

Los números son contundentes. En el acumulado del primer bimestre, el gasto en subsidios económicos, con fuerte peso de la energía, trepó un 151,1% nominal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Descontada la inflación, el aumento real fue del 89,8%. Pero el punto de inflexión llegó en marzo: ese mes, los subsidios energéticos saltaron un 141,8% real interanual.

La paradoja es evidente. Mientras las facturas suben, también lo hace el esfuerzo fiscal. La explicación está en los costos. Generar electricidad y gas se encareció a un ritmo más rápido que el traslado a tarifas. La brecha entre lo que cuesta el sistema y lo que pagan los usuarios se amplió, y alguien tiene que cubrirla.

Ese alguien volvió a ser el Estado. Y no por decisión explícita, sino por el diseño mismo de la política. La reforma de la resolución 400 redistribuyó los costos de generación: alivió a las industrias y cargó sobre los usuarios residenciales. Pero ese traslado quedó a mitad de camino. Las tarifas no pudieron absorber ese salto.

El resultado es un esquema tensionado. En marzo de 2026, el precio de la energía para usuarios residenciales se ubicó en 113.234 pesos por MWh. Sin embargo, el precio estacional medio que efectivamente pagan, con bonificaciones, fue de 76.432 pesos. La cobertura quedó en torno al 67%. Es decir, el usuario cubre apenas dos tercios del costo.

El detalle es más crudo cuando se mira la segmentación. En el segmento subsidiado, la cobertura cae al 31%. En otras palabras, el Estado financia cerca del 70% del costo de la energía para esos hogares. Un sistema donde el precio de referencia corre por un carril y la factura real por otro.

A eso se suma un cambio clave en la política de subsidios. La unificación de segmentos N2 y N3 amplió el universo de beneficiarios. Al bajar el umbral de ingresos, más hogares quedaron dentro del esquema subsidiado. La base creció justo cuando el costo unitario también subía.

«El sistema quedó armado al revés: subieron el costo a niveles impagables y al mismo tiempo aumentaron la cantidad de usuarios subsidiados», resumió una fuente del sector.

En los números agregados, la demanda estacionalizada de marzo alcanzó los 8.554 GWh, con un precio medio de 107.038 pesos por MWh y una cobertura del 77%. Si se suma la demanda no estacionalizada (GUDI), el total asciende a 9.486 GWh, con una cobertura del 79%. 

La dinámica fiscal expone un punto ciego. La recaudación viene cayendo en términos reales, golpeada por la contracción de la actividad y el enfriamiento del consumo, lo que achica el margen para sostener el superávit. En ese esquema, los subsidios energéticos aparecen como una de las pocas partidas donde el Gobierno podría ajustar con rapidez. Por eso inquieta tanto que estén creciendo a este ritmo. 

No es un dato neutro: en Washington siguen de cerca esta evolución. El FMI viene reclamando reducir subsidios y transparentar el costo real de la energía. Este desvío, en un frente sensible, complica la hoja de ruta oficial ante el organismo.

Como si fuera poco, el frente externo suma presión. El Estado retomó la compra directa de GNL tras abortar la privatización del esquema por los altos precios ofertados. Ya adquirió el primer buque a Naturgy, pero no informó el valor pagado.

La falta de transparencia encendió alarmas. «Daniel González otra vez queda al límite de la ilegalidad por falta de información sobre un precio estratégico clave para la economía argentina», comentó a LPO un ex funcionario de Energía.