PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que el servicio de balsa en la Isla 58 durante los próximos feriados se prestará de acuerdo al siguiente cronograma:
*Miércoles 24 de marzo y viernes 2 de abril: sin servicio.
*Jueves 1 y sábado 3 de abril: el servicio se prestarán en el horario habitual de 8 a 15.
En la reunión que mantuvo el intendente, Marcelo Orazi con los Jefes de la Policía en la jornada de ayer, se delinearon distintas cuestiones para fortalecer un trabajo en conjunto, que garantice mayor seguridad para los y las vecinas de la ciudad. Mejorar el sistema de comunicación entre el ciudadano y la policía, realizar más…
Toto Caputo volvió de Washington eufórico porque logró destrabar un desembolso de USD 1.000 millones del FMI y se llevó la promesa de otros USD 2.000 millones del Banco Mundial, pero el efecto en el mercado fue el contrario al buscado: confirmó que está en dificultades para pagar los vencimiento de deuda que tiene por delante.
En las reuniones que mantuvo el equipo económico en Estados Unidos con fondos de inversión, el clima fue cauto. Hubo preguntas sobre reservas, deuda y riesgo político. Los fondos no se retiraron, pero tampoco aumentaron exposición. La sensación general es de pausa, no de entusiasmo. Un clima que se repite en el sistema financiero argentino.
El ex vicepresidente del Banco central, Jorge Carrera, explicó que el peso creciente en la deuda de la Argentina de organismos como el FMI, el Banco Mundial o el BID introduce una desventaja: tienen prioridad de cobro. Esa «subordinación implícita» puede sumar entre 100 y 200 puntos básicos al riesgo país, afirmó Carrera.
El mercado ya refleja esa tensión. Este marte el riesgo país subió 1,33% y llegó a 533 puntos básicos. Los bonos en dólares operaron en baja en casi toda la curva.
Nada marcha de acuerdo al plan
«Palazo para los bonos en dólares. Pasan los meses y Caputo no puede bajar el riesgo país. Si se come el trimestre de oro de ingreso de dólares, va a llegar a las elecciones 2027 colgado del travesaño.», posteó Sergio Chouza de la consultora Sarandí.
Varias entidades financieras pusieron por escrito ese diagnóstico. El Banco Galicia sintetizó dos preguntas que dominan las reuniones: qué amortiguadores tendrá Argentina para enfrentar una eventual volatilidad en 2027 por las elecciones, como la que tuvo en 2025; y cuándo volverá a los mercados voluntarios de deuda.
Palazo para los bonos en dólares. Pasan los meses y Caputo no puede bajar el riesgo país. Si se come el trimestre de oro de ingreso de dólares, va a llegar a las elecciones 2027 colgado del travesaño.
El Banco Comafi, enumeró cuatro focos de inquietud. Primero, el riesgo de mayor irregularidad del crédito, con mora de familias en máximos. Segundo, la debilidad de los sectores intensivos en empleo, como industria, construcción y comercio. Tercero, la capacidad de refinanciar los compromisos de deuda hacia 2027. Y cuarto, el factor político, con las elecciones ya instaladas en la agenda del poder.
Barclays también puso el acento en ese desequilibrio. Señaló que mientras los sectores vinculados a exportaciones y finanzas crecieron, los ligados al empleo masivo mostraron caídas. Eso, advirtió, puede afectar la popularidad de Javier Milei. JPMorgan, en cambio, recogió la versión oficial: las necesidades financieras de 2026 estarían cubiertas sin recurrir al mercado internacional. Para ese banco, los riesgos son más políticos que económicos.
Operadores de Wall Street.
Bank of America se sumó a esa mirada más optimista. Destacó el acuerdo con el FMI y el respaldo del Banco Mundial por USD 2000 millones para aliviar vencimientos. Proyectó un crecimiento del 3,5% con liderazgo de minería, energía, bancos y tecnología. Grit Capital aportó color: describió una Washington repleta de gestores de fondos discutiendo cómo atravesar el muro de vencimientos de 2026 y 2027. En ese circuito se habló del «Plan B»: conseguir financiamiento bancario con garantías multilaterales para evitar salir a tasas altas. Pero también se deslizó una duda: si ese puente alcanza o si habrá que ir a un manejo de pasivos más profundo. Caputo negó esa posibilidad la semana pasada.
Morgan Stanley bajó los números a tierra: las necesidades en dólares del Tesoro llegarían a USD 19.900 millones en 2026 y subirían a USD 23.400 millones en 2027. A eso se suman al menos USD 11.000 millones del BCRA entre Bopreal y repos. Gran parte de esos compromisos caen en los primeros meses del año electoral.
En ese contexto sorprendieron las críticas de Nicolás Dujovne, cercano al equipo económico. Planteó que la inflación será más alta de lo esperado y que el proceso no es lineal, sino lleno de avances y retrocesos. También relativizó el margen fiscal: «las mejoras posibles son marginales», afirmó. Y dejó una definición incómoda: «para crecer más, haría falta un salto en salarios que hoy no aparece».
Ya son varios los economistas que advierten sobre la fragilidad de la cuenta en pesos. Un mercado interno deprimido erosiona la recaudación y obliga a profundizar el ajuste para sostener la meta fiscal. Eso genera «bolsones de pobreza», como definió Ricardo Arriazu, que terminan alimentando el riesgo político. O sea, el regreso del peronismo.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un acuerdo por el cual el gobierno libertario se compromete a saldar una deuda de 48.000 millones de pesos por deuda con la caja provisional de esa provincia patagónica.
A partir de este acuerdo, Anses transferirá los fondos adeudados a la provincia de Chubut, en concepto de financiamiento del sistema previsional. El gobierno de Javier Milei había cancelado las transferencias destinadas a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que en la década del ‘90 no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.
El gobierno de Torres había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda para reclamar el pago de la deuda por parte del Estado nacional. «Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia», dijo el gobernador.
El acuerdo entre Torres y el gobierno de Milei tuvo un impacto directo en la provincia de Buenos Aires toda vez que días atrás, la Corte convocó a funcionarios de la ANSES y al gobierno de Kicillof a una audiencia para buscar una solución con el mismo tema. En el caso de Buenos Aires, la deuda asciende a unos 2,2 billones de pesos.
Axel Kicillof.
En esa audiencia, la Corte le preguntó al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y fijó un nuevo encuentro para el 11 de abril. El gobierno de Kicillof busca aprovechar estos días para enviar información técnica.
Al igual que Chubut, la provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
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En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 que dejaron de recibir las transferencias.
Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. En tanto, los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero que estaban dispuestos a reenviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril.
Esta semana, el gobierno provincial presentó su octava demanda ante la Corte Suprema. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a comerciantes minoristas y mayoristas de todos los rubros que se encuentra en vigencia la Ordenanza 103/2008. La misma prohíbe el uso de polietileno, polipropileno y polímeros artificiales no biodegradables con destino a embalajes o bolsas denominadas ‘camiseta’. Por lo tanto…
Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.
El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.
Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.
La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria
En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.
El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».
Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.
El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:
«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.
No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo
El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.
En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.
Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa
El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.
En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.
A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.
En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.
En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo.
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