Una nueva edición de la Feria ReEmprender se realizará el próximo domingo 7 a partir de las 19 horas. La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a los vecinos a recorrer el sector de las casitas de los artesanos ubicado en la Plaza Primeros Pobladores.
Allí podrán encontrar productos artesanales con sello reginense. De esta manera, la propuesta de Turismo se suma a la actividad cultural de los ‘Domingos de plaza’, para disfrutar de la música de nuestros artistas.
Si se continúa con este ritmo en la contaminación diaria, el planeta y su ecosistema está cerca del límite de su equilibrio, el ecosistema planeta-humano está conociendo su punto de inflexión. Somos nosotros los que estamos empujando hacia ese límite. Pero no hay que confundirse, si se va a trabajar seriamente en esta crisis inventada…
La Municipalidad de Villa Regina informa que, a partir de lo dispuesto en la Resolución N° 3455 del Ministerio de Salud de Río Negro, se suspende la realización de las Ligas Municipales de Fútbol: Veteranos, Femenino, LIMUFI y Futsal. Esta decisión se enmarca en el artículo 2 de la mencionada Resolución que establece la suspensión…
Con mucho éxito se vivió la tercera Caminata Recreativa desarrollada por las direcciones de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Villa Regina.En esta oportunidad nuevamente cerca de 30 reginenses y visitantes recorrieron un sendero particularmente diseñado para dicha actividad en la Isla 58.La misma consistió en una combinación de calentamiento previo, caminata guiada por…
Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.
Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar
La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.
La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.
Qué establece el decreto reglamentario
El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:
La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.
Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.
Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial
Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.
Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.
Reglamentación tardía y sin debate presupuestario
El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.
La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.
Un avance formal que no despeja las dudas
La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.
Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.
En lo alto de las calles empedradas de Sévérac-le-Château, en el sur de Francia, la Maison de Jeanne se levanta como una de las expresiones más fieles del patrimonio medieval europeo. Su estructura, su historia y su conservación permiten comprender cómo vivían, construían y organizaban sus ciudades las sociedades del final de la Edad Media.
Por Alcides Blanco para NLI
El casco antiguo de Sévérac-le-Château forma parte de un conjunto urbano medieval que creció al amparo de su castillo feudal, una fortificación estratégica que controlaba rutas comerciales y militares en la región de Aveyron. Como en muchas ciudades medievales, el desarrollo urbano se organizó en torno a la defensa y la actividad económica, generando un entramado de callejuelas angostas, viviendas superpuestas y construcciones pensadas para maximizar el espacio disponible dentro de las murallas.
Dentro de ese entramado urbano, la Maison de Jeanne representa uno de los ejemplos más visibles de la arquitectura doméstica medieval que logró sobrevivir al paso de los siglos. Construida en el siglo XV, conserva rasgos estructurales típicos de la época, cuando las viviendas eran al mismo tiempo hogar familiar, espacio de trabajo y núcleo de sociabilidad cotidiana.
Arquitectura medieval y vida cotidiana en la ciudad fortificada
Uno de los elementos más característicos de la Maison de Jeanne es su sistema de entramado de madera, una técnica ampliamente utilizada en la Europa medieval. Este tipo de construcción permitía levantar viviendas resistentes utilizando materiales locales, combinando vigas de madera con rellenos de barro, piedra o tapial. La técnica no solo respondía a la disponibilidad de recursos, sino también a la necesidad de construir rápidamente en centros urbanos en expansión.
La casa presenta además el típico sistema de pisos en voladizo, donde los niveles superiores sobresalen sobre la planta baja. Este recurso arquitectónico no era solo decorativo: permitía ganar espacio habitable sin ampliar la base del edificio. En muchas ciudades medievales, este tipo de diseño también estaba vinculado a normas fiscales que gravaban únicamente la superficie del suelo, incentivando a los habitantes a crecer en altura.
La distribución interna de estas viviendas refleja con claridad la organización social de la época. En general, la planta baja se destinaba a actividades económicas, como talleres artesanales o pequeños comercios, mientras que los pisos superiores se reservaban para la vida familiar. Este modelo revela cómo la economía urbana medieval estaba profundamente integrada con el espacio doméstico.
El valor cultural del patrimonio medieval francés
La Maison de Jeanne no es solo una reliquia arquitectónica: es parte de un paisaje histórico coherente que permite reconstruir la identidad cultural de Sévérac-le-Château. El conjunto urbano conserva murallas, torres defensivas y viviendas tradicionales que muestran la evolución del urbanismo medieval y su adaptación a los cambios sociales y económicos.
Durante siglos, este tipo de construcciones se mantuvo en pie gracias al uso continuo. Sin embargo, el abandono progresivo de los centros históricos durante el siglo XX puso en riesgo muchas de estas edificaciones. La recuperación de la Maison de Jeanne por parte del municipio respondió a una política de preservación del patrimonio, orientada tanto a la protección de la memoria histórica como al desarrollo del turismo cultural.
La restauración de la casa permitió rescatar técnicas constructivas antiguas y consolidar su estructura sin borrar su impronta original. Este tipo de intervenciones forma parte de un debate permanente en la conservación histórica: cómo equilibrar la preservación del pasado con las exigencias de seguridad y accesibilidad del presente.
Un símbolo vivo de la Edad Media europea
Hoy, la Maison de Jeanne funciona como un testimonio tangible del pasado medieval. Su permanencia permite comprender cómo la arquitectura, la economía y la vida social estaban estrechamente ligadas en las ciudades fortificadas. También evidencia la importancia de las políticas públicas de conservación para sostener la memoria colectiva.
En el contexto europeo, edificaciones como esta constituyen piezas fundamentales para estudiar la transición entre la Edad Media y la modernidad. Cada viga, cada muro y cada modificación estructural narran transformaciones sociales, económicas y culturales que moldearon el continente durante siglos.
Sévérac-le-Château, con su trazado urbano medieval en gran medida intacto, ofrece un escenario donde el pasado sigue presente. En ese paisaje histórico, la Maison de Jeanne se destaca como un emblema de la resistencia del patrimonio frente al paso del tiempo, recordando que la historia no solo se conserva en documentos, sino también en las piedras y las maderas que atraviesan generaciones.
El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.
La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.
Menos Estado, más castigo
Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.
La derogación implica un cambio de paradigma: el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.
En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.
Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie
Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.
El capítulo contemplaba:
Diferencias de escala
Modalidades productivas específicas
Volúmenes reducidos
Condiciones territoriales y sociales propias
Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.
El resultado es previsible: más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.
Modernización sin reemplazo
La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular: no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.
No hay:
Nuevo régimen para agricultura familiar
Nuevo esquema de asesoramiento digital
Nuevas herramientas de acompañamiento técnico
Solo hay vacío normativo.
Responsabilidad individual y retirada estatal
La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.
El mensaje es claro: cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.
Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.
Una decisión técnica con consecuencias políticas
Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida: debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.
No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.
Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.
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