Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabajó en la reparación del caño que impulsa los líquidos cloacales desde la red troncal de bombeo de barrio Belgrano hasta la laguna. Las tareas se centraron a la altura de la plaza César Rondini en barrio Don Bosco.
De acuerdo a lo informado desde el área que estuvo a cargo de los trabajos, en la rotura del caño inciden los arranques y paradas que hace la bomba cuando corta y se estima que también se vea afectado por las vibraciones causadas por la proximidad de la ruta nacional 22 ya que coincide con la temporada en que aumenta el tránsito de camiones pesados.
El creciente deterioro de la red vial por el freno a la obra pública en rutas nacionales desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, no solo dispara reclamos de gobiernos provinciales y presentaciones judiciales de municipios, también es expuesto por medios internacionales que se suman a las alertas por la desinversión en la materia.
Un caso reciente es el del canal estatal alemán Deutsche Welle, que realizó un informe donde advirtió el impacto en términos logísticos y de crecimiento de accidentes que desata la parálisis de obra impuesta por el gobierno libertario en las rutas nacionales.
En ese contexto, el canal alemán dio cuenta de un reciente informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional que denunció que «el deterioro real» alcanza «un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todas las provincias», a partir de un recorte del 72% en la inversión vial del Gobierno desde diciembre de 2023.
Como ejemplo, la DW ilustró un tramo de la Ruta Nacional 54 en Jujuy que es vía de acceso a dos minas y cuatro proyectos de litio. Ahí, el paso constante de camiones detonó la traza, ocasionando accidentes que, durante 2025, crecieron un 3% en la provincia norteña.
Según detalló el informe, el gobierno de Jujuy está en negociaciones con las mineras para reparar las rutas pero que no se puede avanzar sin el acuerdo del Gobierno nacional.
Precisamente en Jujuy, LPO reveló que, en medio del caos en materia vial, el gobierno de Javier Milei puso a un pediatra que elabora cerveza artesanal al mando de la seccional jujeña de Vialidad Nacional.
Para eso, fue desplazada como jefa del Distrito Sexto (Jujuy) de Vialidad Nacional la ingeniera Cristina Flores, a quien reasignaron en una asesoría creada para ella en la misma jurisdicción.
En Jujuy aseguran que ese movimiento tuvo como exclusiva intención ubicar al médico libertario en un cargo nacional y surge en medio de crecientes reclamos por la ausencia de obras básicas de mantenimiento por parte del organismo que a nivel nacional administra Marcelo Campoy.
En paralelo, ya están judicializados muchos reclamos al gobierno de Milei para que se ocupe al menos de las obras básicas en las rutas nacionales.
En la provincia de Buenos Aires, uno de los casos más resonantes es el de la Ruta Nacional 3. Por el colapso de esa traza en el tramo que atraviesa su distrito, el intendente de Azul, el camporista Nelson Sombra, hizo una denuncia en la Justicia junto a vecinos, entidades de usuarios y víctimas de accidentes viales.
En la causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Azul, generó indignación en Azul el descargo que hizo Vialidad Nacional a finales del año pasado. Ahí, la representación legal del Gobierno negó toda responsabilidad.
«Niego que la Ruta Nacional 3 en el tramo que atraviesa el Partido de Azul, presente un deterioro significativo», dijo la abogada de Vialidad, que denunció al municipio de «afirmaciones dogmáticas, pero sin vocación de demostrar mediante pruebas fehacientes sus dichos».
Sin embargo, en el expediente al que tuvo acceso LPO, figuran numerosos videos (ver abajo) que exponen el evidente estado de deterioro de tramos de la Ruta 3.
Más allá de eso, en el gobierno de Milei insisten que, de existir siniestros viales, es por culpa de los conductores y no por el mal estado de la ruta.
«En todo caso, esa siniestralidad es realidad debida a la negligencia, impericia y/o imprudencia del usuario conductor, y/o de la mala conservación de los vehículos que circulan por la mentada calzada y/o falta de control del uso del corredor vial», dijo la abogada de Vialidad, desentendiendo al Gobierno del colapso vial.
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A través del Decreto 189/21, la Municipalidad de Villa Regina adhiere en todos sus términos a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº N° 8951/21 que establece el ‘PASE LIBRE COVID’ como requisito para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de la provincia que representan mayor riesgo epidemiológico, además de…
El acuerdo comercial firmado por Milei con Estados Unidos no es neutro ni técnico: en materia de propiedad intelectual, puede impactar de lleno en el precio de los medicamentos y en la sustentabilidad del sistema de salud argentino. PAMI, obras sociales y hospitales públicos aparecen entre los principales afectados, en un escenario que ya tuvo antecedentes alarmantes en otros países de la región.
Por Tomás Palazzo para NLI
El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo es, probablemente, uno de los más sensibles y menos debatidos públicamente. Bajo fórmulas como “alinear estándares internacionales” y “fortalecer la protección”, se esconden compromisos que benefician a los grandes laboratorios farmacéuticos y tensionan el acceso a medicamentos esenciales.
En términos concretos, el acuerdo abre la puerta a mecanismos que retrasan la entrada de medicamentos genéricos, aun cuando las patentes hayan vencido. Esto no implica prohibirlos de forma directa, pero sí postergar su llegada al mercado, lo que en la práctica significa precios más altos durante más tiempo.
Genéricos bajo presión y monopolios extendidos
Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Este mecanismo impide que la autoridad sanitaria utilice los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente.
El resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias —cambios menores en un medicamento— para bloquear competidores locales.
Para un país como Argentina, con una industria nacional de genéricos fuerte y con el medicamento como insumo central de la política sanitaria, el impacto puede ser profundo y regresivo.
PAMI y obras sociales: la cuenta la paga el Estado
El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI. Cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados.
Si los genéricos tardan más en ingresar:
Sube el precio promedio de los tratamientos.
Se reduce la capacidad de negociación del Estado.
Se compromete la continuidad de programas de provisión gratuita.
Aumenta el riesgo de recortes o restricciones en prestaciones.
En otras palabras, el acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica: golpea directamente al corazón del sistema de salud.
El espejo regional: cuando el libre comercio encarece la salud
La experiencia regional es un llamado de atención. En Chile, tras acuerdos con cláusulas TRIPS-plus, se verificaron demoras sistemáticas en la entrada de genéricos y aumentos sostenidos en los precios de medicamentos de uso crónico. En Perú, organizaciones sanitarias documentaron mayor gasto estatal en compras públicas y menor competencia. En Colombia, la presión de los laboratorios derivó en conflictos judiciales cada vez que el Estado intentó regular precios o usar licencias obligatorias.
El patrón se repite: más protección para patentes, menos margen para políticas públicas de salud.
Argentina, que históricamente defendió las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar acceso, corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la salud queda subordinada a compromisos comerciales.
Conclusión
El impacto del acuerdo sobre medicamentos no es una hipótesis alarmista: es una consecuencia previsible si se implementan los compromisos de propiedad intelectual sin resguardos. Más monopolios, menos genéricos, medicamentos más caros y un sistema de salud tensionado hasta el límite.
El interrogante ya no es técnico, sino político: ¿quién va a pagar el costo de este acuerdo? Todo indica que, una vez más, la cuenta la terminarán pagando los jubilados, los trabajadores y el Estado argentino.
A partir de octubre, la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro atenderá en Villa Regina en un espacio cedido por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. La atención comenzará el viernes 15 de octubre en el horario de 9 a 12 y se repetirá el tercer viernes de cada mes. Para ello…
Salta, Jujuy y Tucumán presentaron en las últimas horas una denuncia conjunta sin precedentes contra la empresa transportadora Transnoa, a la que acusan de haber dejado a más de 900 mil usuarios del Noroeste Argentino (NOA) sin suministro eléctrico en los últimos tres días.
La presentación se hizo ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por reiteradas fallas en el sistema de alta tensión que generaron los apagones recientes, que provocaron un efecto dominó en otros servicios básicos, como el agua potable y la atención sanitaria.
Esta acción colectiva es el resultado de un largo historial de conflictos que cada una de estas provincias mantuvo por su lado con Transnoa, a la que acusan de incumplir con el plan de inversiones comprometido para los últimos años.
Funcionarios de las tres provincias advierten que es «crítica» la situación que el sistema eléctrico regional atraviesa. Ahí, no solo apuntaron contra la desinversión y el déficit de personal técnico por parte de Transnoa.
«Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán
También, desde las provincias administradas por Gustavo Sáenz, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo acusan una deficiente supervisión por parte del gobierno de Javier Milei.
«Los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A.», señalaron los referentes energéticos de Salta, Jujuy y Tucumán, que denunciaron una política empresarial que «prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio».
Transnoa tiene la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la Red de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del NOA desde 1994, a partir de la concesión otorgada por el gobierno de Carlos Menem.
Más del 57% de las acciones de esta transportadora están a manos de Elecnorte S.A., propiedad de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, mientras que IATE S.A., del Grupo Taselli, tiene el 27,18% de las acciones. El resto lo posee la provincia de Catamarca (5,06%) y el Programa de Propiedad Participada (10%).
En medio de recientes denuncias por cortes y desinversión, Transnoa realizó cambios de directorio que también generaron problemas internos.
Hoy, como presidente figura Diego Héctor Castro y, como vice, Melitón Eugenio López, que tiene un pasado reciente en la función pública como presidente de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante de la gestión de María Eugenia Vidal. También dentro del directorio de Transnoa figura otro ex funcionario de Lotería en ese mismo periodo, Marcelo Oscar Mehl.
Cúpula directiva de Transnoa durante una reunión reciente con el gobierno de Santiago del Estero.
En la presentación ante el ENRE, las provincias detallan los cortes sufridos en las distintas localidades. Entre el 22 y el 23 de enero, 90.000 usuarios se vieron afectados en Orán, San Martín y Rivadavia en la provincia de Salta.
Mientras que, en Jujuy, quedaron afectadas las localidades Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito. El evento en Jujuy ocurrió entre el 23 y 24 de enero y afectó a más de 750.000 usuarios.
En tanto, el mismo 23 la Estación Transformadora Aguilares, en Tucumán, quedó fuera de servicio afectando la zona sur de la provincia, a unos 60.000 usuarios.
En concreto, las autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán le reclaman al ENRE que le exija a Trasnoa los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas.
También, que se obligue a la transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera, que detalle la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy y que el ente regulador informe las multas que aplicó a Trasnoa entre 2019 y 2025.
La presentación ante el ENRE fue hecha por Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán.
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