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Se trabajó en la reparación de un caño de impulsión cloacal

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabajó en la reparación del caño que impulsa los líquidos cloacales desde la red troncal de bombeo de barrio Belgrano hasta la laguna. Las tareas se centraron a la altura de la plaza César Rondini en barrio Don Bosco.

De acuerdo a lo informado desde el área que estuvo a cargo de los trabajos, en la rotura del caño inciden los arranques y paradas que hace la bomba cuando corta y se estima que también se vea afectado por las vibraciones causadas por la proximidad de la ruta nacional 22 ya que coincide con la temporada en que aumenta el tránsito de camiones pesados.

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     El equipo económico no terminó de recuperarse del estrés que pasó para conseguir los USD 4.300 millones del vencimiento de la semana pasada, que ya tiene que ocuparse de ver como transita una licitación clave el próximo miércoles, que supera los 20 millones de pesos, en otro de los puntos de mayor tensión financiera de lo que queda de enero. 

    El miércoles 14 vencen $19,3 billones correspondientes a dos Lecaps. Cerca de la mitad de ese monto está en manos del propio Estado, lo que reduce el riesgo inmediato. Pero el resto está en poder del mercado y obliga a renovar deuda en un contexto de tasas altas y expectativas inflacionarias en aumento.

    A ese compromiso se suma el remanente de la letra dólar linked D16E6. El vencimiento original era de $6 billones. Pero el Gobierno logró postergar $3,4 billones hasta fin de mes mediante una operación de canje corto, lo que alivió parcialmente la carga del 14 de enero. 

    La maniobra se instrumentó a través de la Resolución Conjunta de las secretarías de Finanzas y Hacienda. Se dispuso la ampliación de la LELINK D30E6, con vencimiento el 30 de enero, por hasta USD 4.000 millones, para absorber la D16E6 que vencía originalmente el 14 de enero. 

    ¿Por qué si Caputo pagó el vencimiento, subió el riesgo país y cayeron los bonos?

    La conversión se apoya en la Ley de Presupuesto 2026 y en decretos que permite emitir letras para el mismo ejercicio y aceptar títulos como forma de pago, independientemente de la moneda. 

    Estos enjuagues acompañan un creciente interés de los operadores financieros por los bonos ajustados por inflación, un giro previsible ante la aceleración infalcionaria. Según IEB, estos instrumentos resultan más atractivos en un escenario de «desinflación más lenta» y son funcionales a estrategias de carry trade. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%. 

    El mercado empieza a priorizar los bonos ajustados por inflación, porque observan que la baja del ritmo inflacionario es más lenta de lo esperado. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%. 

    Así, el calendario de deuda en pesos volvió a convertirse en una trampa que el propio Gobierno se colocó delante. Mes a mes, el Tesoro fue acumulando compromisos crecientes, con picos previsibles. Una estrategia que fue procastinando el problema. 

    El primer semestre muestra una dinámica irregular, con saltos fuertes al inicio del año y un alivio hacia el invierno. La segunda mitad del año arranca con un respiro engañoso. Julio es casi un desierto y agosto apenas mueve la aguja. Septiembre reaparece con señales de alerta, pero todavía manejables. Octubre y noviembre vuelven a tensar la cuerda. Diciembre, en cambio, es otra cosa. No es un pico más. Es una pared. 

    La acumulación de vencimientos se dispara en el último mes del año y concentra una masa de deuda que el propio esquema oficial decidió llevar hasta ahí. No es herencia ni mala suerte: es diseño. Una pared construida con instrumentos en pesos, indexados y de corto vuelo. El problema no es solo el monto, sino el contexto. Llegar a diciembre exige haber renovado todo lo previo sin fisuras, sostener tasas altas, convivir con indexaciones y confiar en que el mercado siga acompañando. Cualquier ruido antes de fin de año convierte ese mes en un test de estrés extremo. 

     

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    Un Policía Federal se encadenó a la reja de la Casa Rosada: un grito de alerta contra la precarización salarial y la corrupción institucional

     

    Un hecho político inusual y profundamente revelador tuvo lugar este miércoles frente a la Casa Rosada: un efectivo de la Policía Federal Argentina decidió encadenarse esposado a la reja perimetral del Palacio de Gobierno para visibilizar el descontento y el sufrimiento real que atraviesan las fuerzas de seguridad bajo la gestión actual.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El protagonista de la protesta individual fue el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a Balcarce 50. Con una pancarta en mano, denunció irregularidades dentro de la institución, maniobras de corrupción y el deterioro de su salario y condiciones laborales.

    “Nos sacan la plata del bolsillo”: reclamos que estallan en plena Casa Rosada

    Según explicó Montiel, su reclamo no se limitó a la cuestión salarial, aunque ésta fue eje central: señaló que la quita de derechos, la existencia de “planillas fantasmas” y maniobras irregulares con adicionales que no se cumplen terminan perjudicando directamente el bolsillo de los efectivos.

    Además, el propio cabo denunció que en su Comisaría, la del Ferrocarril Belgrano Norte, existen prácticas que favorecen la corrupción, especialmente en servicios adicionales que no se efectivizan pero igual aparecen en los registros.

    Lo más llamativo es que Montiel decidió canalizar su protesta en pleno frente de la sede del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Militar y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales para contener la situación.

    Un acto con mensaje político claro: el salario como conflicto estructural

    La protesta del cabo Montiel es más que una acción aislada: pone en evidencia el profundo malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales ante la precarización salarial y las condiciones de vida que enfrentan miles de agentes en un contexto de creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo.

    Mientras el Gobierno insiste en discursos de “orden y seguridad”, la realidad que viven los trabajadores de las fuerzas de seguridad —que también pagan alquileres, comida, transporte y educación— es otra: salarios que no alcanzan, condiciones laborales desactualizadas y ausencia de canales institucionales efectivos para resolver conflictos internos.

    Montiel incluso admitió que los policías no están autorizados a protestar de esta forma, pero aseguró que ya no podía seguir callado frente a lo que calificó como un evidente deterioro de derechos y justicia interna.

    La protesta que interpela al Gobierno

    Este episodio, ocurrido en el corazón del poder estatal, desnuda una realidad incómoda para el gobierno: el descontento salarial trasciende a los sectores tradicionalmente alineados con la autoridad estatal, como son las fuerzas de seguridad, y cuestiona directamente la gestión en materia de políticas de ingresos y transparencia institucional.

    La protesta se da en un contexto social donde los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales justas y el fin de prácticas corruptas se multiplican en distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. La decisión de Montiel de esposarse frente a la Casa Rosada no es un mero acto simbólico, sino un llamado de atención tan político como la reivindicación de derechos que merece una discusión pública profunda.

     

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