Informe presentado por Human Rigth Watch en Santiago, Chile, hoy 26 de noviembre de 2019.
Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas , señaló hoy Human Rights Watch«.
«Human Rights Watch se reunió con el Presidente Sebastián Piñera hoy 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión.
A continuación en informe presentado:
Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos.
Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.
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Julio Alak asumió este sábado la presidencia del PJ La Plata con un nutrido acto en la sede local del partido. Ahí, el intendente platense hizo un llamado a construir «un gran frente» que se encuadre detrás de la candidatura presidencial de Axel Kicillof.
«Queremos conformar un frente patriótico y un frente bonaerense con todos los partidos aliados que provienen del tronco nacional y popular. Pero primero hay que empezar por casa», dijo al aludir a la interna del peronismo.
En ese sentido, sostuvo que «el desafío principal es construir una unidad de todo el peronismo, respetando la diversidad. Un partido con una puerta grande y alta para que entren todos y con la frente alta. La primera estrofa de nuestra marcha, el primer mandato, la primera consigna, dice todos unidos triunfaremos. Basta de peleas entre nosotros. No sobra ningún peronista».
No pasa desapercibido ese llamado. Alak es uno de los dirigentes fuertes del peronismo que mantiene diálogo abierto con todos los sectores.
De hecho, el próximo viernes dará el discurso de apertura de la charla «Cristina Libre» que organiza el Instituto Patria en el Colegio Nacional de La Plata, donde interacturá con dirigentes del núcleo duro del kirchnerismo como Oscar Parrilli, Teresa García y Carlos Castagneto.
Basta de peleas entre nosotros. No sobra ningún peronista
Además de la unidad peronista, durante su asunción Alak puso el foco en la necesidad de ampliar el horizonte político del partido. Además, planteó la necesidad de reconstruir consensos amplios y recuperar símbolos históricos como el abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín.
Así volvió a hacer referencia a la construcción de un «tercer movimiento histórico» al que remitió semanas atrás en el acto que compartió con dirigentes radicales con motivo del aniversario del nacimiento de Raúl Alfonsín. Por eso, volvió a ponderar la articulación con los radicales.
«Un frente patriótico a nivel nacional y un frente bonaerense en la provincia», dijo para dar señales en la carrera hacia la Gobernación, donde se posiciona como uno de los posibles competidores.
Como contó LPO, Alak viene dando pasos en plan de instalar su candidatura a gobernador con perfil transversal. Tras mostrarse con Fernando Gray (que jugó en octubre pasado por fuera del peronismo) y con el camporista Julián Álvarez, ahora el platense prepara una gira provincial a través de los cursos de su Instituto de Capacitación Política (ICP).
Un dato político en esa línea fue que el acto contó con los representantes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, el Partido Intransigente, el Partido Comunista, el Partido para la Victoria, Nuevo Encuentro y Partido Solidario, entre otros.
«Junto a ellos pensamos las construcción de un amplio movimiento nacional y popular aliados en un Frente que nos lleve a la victoria el año próximo para recuperar el gobierno nacional para el pueblo argentino», expresó Alak.
Al aludir a la unidad del peronismo, Alak ponderó que la unidad alcanzada en La Plata «nos permitió volver al gobierno municipal. «Hoy nos permite gobernar todos juntos, la unidad nos dio fuerzas para transformar en sólo dos años un municipio quebrado en el municipio más sólido de la Argentina, y para empezar a sacar a la ciudad del abandono y la postración y llevarla por el sendero del progreso social», dijo.
Y agregó: «A partir de un peronismo unido debemos conformar un nuevo y gran frente nacional, popular y democrático. Hay que construir un movimiento nacional con mucho volumen político para que el país recupere la autonomía en su política exterior y pueda llevar al pueblo por la senda del progreso social. Hay que construir la cultura del reencuentro de las fuerzas nacionales y populares».
En ese sentido sostuvo: «Yo celebré el encuentro de Axel Kiciloff y Federico Storani reivindicando el juicio a las juntas militares. Recordemos que el primer movimiento histórico fue el radicalismo de Irigoyen. El segundo movimiento histórico fue el de Perón. Hay que construir el tercer movimiento histórico a partir del abrazo de los grandes líderes del Siglo XX, Perón y Balbin».
En ese contexto, sostuvo que «no hay unidad sin democracia interna», por lo que puso énfasis en que «el año próximo debe haber PASO para elegir todos los cargos electivos respetando la soberanía popular en la elección de sus representantes».
Al apuntar contra el gobierno de Javier Milei, el intendente y ahora presidente del PJ La Plata expresó:
«Tenemos que cambiar este modelo liberal conservador por un modelo político no subordinado servilmente a las potencias extranjeras que por un lado destruye la producción y el trabajo y por el otro nos discrimina fiscalmente».
Y así como dice nuestra marcha, todos unidos triunfaremos y todos juntos daremos un grito de corazón, Axel Kicilof Presidente de la Nación
Y agregó: «Tenemos una provincia perjudicada por la recesión, que sufre el cierre de miles de empresas, un comercio que no vende, la pérdida continua de puestos de trabajo privado y una caída profunda del consumo de las familias».
En clave bonaerense, Alak reafirmó «la legítima restitución de los ingresos de coparticipación que le han sido sustraídos a la provincia de Buenos Aires y cuya restitución es una de las banderas principales que enarbola nuestro gobernador en defensa del pueblo de la provincia de Buenos Aires».
De cara a futuro, insistió: «Nos merecemos nuestro Frente Bonaerense. Nos merecemos nuestro Frente. Debemos y merecemos ir al frente. Y así como dice nuestra marcha, todos unidos triunfaremos y todos juntos daremos un grito de corazón, Axel Kicilof Presidente de la Nación».
Acompañaron a Julio Alak el consejero provincial del PJ, Andrés Larroque; la consejera provincial, Florencia Saintout; el consejero provincial, Gabriel Bruera; la consejera provincial, Violeta Sbatella; el presidente del PJ de Berisso, Fabián Cagliardi; y la presidenta del PJ de Ensenada, Nora Turconi.
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Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.
El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.
Una privatización difícil de justificar
El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.
Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.
El negocio detrás del desguace
La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.
Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.
Superávit, pero igual en venta
El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.
De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.
Privatizar por definición, no por necesidad
Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.
En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.
Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.
«El caso Dalmasso es el ‘Nisman del cordobesismo’. Cada vez que hay quilombo se reactiva el tema». La frase pertenece a una persona que conoce detalles de lo sucedido por la causa del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, en noviembre del 2006. Y sintetiza el tembladeral judicial y político que comenzó este martes en la Legislatura provincial con el jury a los tres primeros fiscales que intervinieron en el caso: Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles.
Los tres están acusados por mal desempeño y negligencia grave. Acusaciones por las que son juzgados frente a un tribunal policromático que incluye llaryorismo, schiarettismo, radicalismo y juecismo; y que tiene como acusadora a la Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Bettina Croppi. Situación que en el arranque de la jornada motivó el pedido de nulidad del proceso por parte del abogado de Miralles que insistió con que, quien debía estar sentado en ese rol para acusar era el flamante Fiscal General, Carlos Lezcano.
Funcionario que asumió hace casi dos semanas con un fuerte aval del llaryorismo y para suceder al schiarettista Juan Manuel Delgado con quien, la nueva generación del cordobesismo nunca tuvo buena relación.
En tanto, la compensación que tiene el jury que se inició este martes en la Unicameral cordobesa cuenta con varios ingredientes. Es presidido por Julieta Rinaldi, legisladora del peronismo que responde de manera directa al exgobernador Juan Schiaretti; pero también lo integran el jefe de bloque del oficialismo, Facundo Torres, hombre de Alta Gracia de buen vínculo con el exmandatario, pero que reconstruyó su relación con Llaryora. Al punto que el actual mandatario lo dejó al frente del PJ provincial.
Javier Di Santo, uno de los fiscales acusados.
Y están el legislador radical que responde a De Loredo, Miguel Nicolás; y el juecista Walter Gispert. En tanto, por el Poder Judicial, la silla la ocupa la vocal del Tribunal Superior (TSJ), Aída Tarditti, de muy buena relación con la senadora Alejandra Vigo y de frío vínculo con Llaryora.
Este esquema es el que definirá el futuro de los tres primeros fiscales que tuvo el crimen más resonante del siglo en Córdoba y por el que la política se preocupó. Y mucho.
Al punto que un memorioso hoy recordó en 2007, después del perejilazo cuando se acusó y detuvo al pintor Gastón Zárate -al que luego se liberó por la marcha en Río Cuarto- cómo reaccionó la política y la tensión que se produjo entre De la Sota y Néstor Kirchner. Con una escala del por entonces presidente en Río Cuarto que incluyó acto y algunas palabras alusivas al caso.
De los tres fiscales, el futuro más complejo lo tiene Di Santo. Que hoy, al momento de declarar se quebró y dijo no ser prejuicioso. «Es de total falsedad sostener que no se investigó a Barzola», señaló, además, sobre quien se apuntó, recién hace poco más de un año como el autor material, aunque luego fue absuelto.
Di Santo cruzó fuerte a Croppi, la Adjunta que tiene el rol acusatorio y está ligada a Vigo, aunque el desembarco en el MPF lo motorizó Llaryora.
Por su parte, Miralles también se defendió y Pizarro, que tomó la causa en el 2017, reparó en la cantidad de fiscalías que tenía a su cargo cuando tomó la investigación.
No obstante, en la convivencia que existe entre los pasillos de la Justicia y los despachos de la política en Córdoba saben que los dos funcionarios judiciales con mayor peso que tiene Llaryora son la vocal del TSJ, Jéssica Valentini, y el jefe de los fiscales, Lezcano. Si el jury a los fiscales del caso Dalmasso termina con destitución será un correctivo contundente al resto del ministerio público fiscal.
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