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Se solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio. Cada uno de ellos tiene un cartel indicando qué residuos se pueden arrojar en cada uno.

En los Puntos Limpios NO se depositan: residuos domiciliarios, animales muertos, ramas y yuyos, pañales y suciedades de animales.

La foto que acompaña esta nota corresponde al barrio 201 Viviendas.

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  • Caputo le avisó a Patricia que no piensa quitar el capítulo de Ganancias de la reforma laboral

     

    Patricia Bullrich admitió este miércoles ante los presidentes de los bloques de senadores aliados que Luis «Toto» Caputo se niega a modificar la reforma laboral en el capítulo de Ganancias, una de las exigencias de los gobernadores para apoyar la ley en el Congreso.

    Durante una reunión en las oficinas de la UCR en el Senado, la jefa de la bancada libertaria pidió a los legisladores que se mantengan en silencio «para no complicar las negociaciones».

    Sin embargo, Bullrich llegó al encuentro con una nota que apuraba la convocatoria a sesión para el próximo 12 de febrero y los senadores se negaron a firmarla. Sus colegas le plantearon que, primero, garantice la apertura de la Casa Rosada para quitar la rebaja de ganancias a las grandes empresas, que impacta brutalmente en la coparticipación de las provincias.

    Además, el temario contemplado en la nota que llevó la exministra no incluía la declaración de la emergencia ígnea, otra de las demandas de los mandatarios provinciales a raíz de los incendios en la Patagonia.

    Los gobernadores se reúnen para exigirle a Milei que saque el capítulo de Ganancias de la reforma laboral

    Tres senadores consultados por LPO reconocieron que tienen la voluntad de colaborar con la media sanción de la reforma pero que no están dispuestos a «inmolarse» para alcanzar una mayoría ajustada, de apenas 37 votos favorables, con altas probabilidades de ser declarada inconstitucional en el Poder Judicial. «Queremos que junten 50 votos para que ningún juez se anime a voltearla», dijo uno de los legisladores.

    El problema es que la propia Bullrich confesó ante los senadores que «Caputo está muy duro» y «no acepta cambios».

    Bullrich, en Casa Rosada.

    Del encuentro participaron el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, el cordobés Luis Juez, la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón. No hubo representantes del PRO ni tampoco asistió la neuquina Julieta Corroza.

    Si el peronista José Mayans logra retener la voluntad del interbloque justicialista, incluyendo a los cinco de Convicción Federal y los dos santiagueños, el rechazo podría tener un piso de 28 votos pero podría crecer si el Poder Ejecutivo no acepta los cambios que piden los gobernadores. «Sin los votos de los gobernadores, la ley no sale del Senado», precisó un senador que responde a uno de ellos.

    Sin los votos de los gobernadores, la ley no sale del Senado.

    Bullrich también habría pasado un momento incómodo cuando uno de los presentes le preguntó si había hablado con la CGT. La exministra respondió que sí y hasta deslizó que desde el gobierno habían conversado con camaristas de la Justicia, algo que podría resultar escandaloso.

    Al cierre de esta nota, la síntesis de la reunión entre la presidenta del bloque oficialista y sus pares aliados era el simple compromiso de Bullrich de llevar las observaciones de los senadores a Caputo y Diego Santilli, para retomar el diálogo en la Cámara Alta a partir del martes.

     

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    Milei, Estados Unidos y Ushuaia: geopolítica de una entrega estratégica

     

    La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.

    Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur

    Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.

    Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.

    La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.

    La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político

    En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.

    La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:

    • encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
    • participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
    • la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.

    Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.

    Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur

    La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.

    Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:

    1. Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
    2. Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
    3. Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.

    Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.

    Una redefinición peligrosa de soberanía

    La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.

    Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico

    La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.

    Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.

     

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