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PRIMERA COSECHA EXPERIMENTAL DE CÁÑAMO INDUSTRIAL EN ARGENTINA

El cultivo estaba prohibido desde la dictadura militar. El objetivo es conformar un banco de datos para identificar qué variedades de semillas y en qué lugares rinden mejor. La desarrolla la empresa argentina IHS con apoyo técnico de organismos estatales.

Tras 50 años de prohibición, la Argentina volvió a cosechar cannabis para uso industrial. En el marco de la aprobación de la ley que regula la industria del cannabis, que aún resta reglamentar, la empresa argentina IHS logró ingresar al país más de 15 genéticas de cáñamo de vanguardia provenientes de diferentes regiones del mundo para acelerar el desarrollo de esta industria en Argentina. El objetivo es conformar un banco de datos para identificar qué variedades de semillas rinden y en qué regiones.

A la espera de la reglamentación de la ley que regule el uso industrial del cáñamo en Argentina algunos organismos regulatorios como en Senasa, el INASE e incluso la Secretaría de Agricultura comenzaron a destrabar trámites para crear un ambiente propicio para el desarrollo de este cultivo anual que puede capturar hasta cuatro veces más dióxido de carbono -el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático- que un bosque forestal; y cuyas fibras pueden emplearse en diversas industrias tales como construcción, celulosa, química, energía, automotriz y textil.

Gracias al apoyo de estos tres organismos la empresa argentina IHS, que se dedica a desarrollar localmente soluciones industriales de alto valor agregado a base de cáñamo, logró importar semillas de países y comenzó los primeros ensayos en las localidades bonaerenses de Chacabuco, Balcarce y Ferré. La proyección de la empresa es extenderse al resto del país con el objetivo de evaluar cómo responden las variedades a los distintos climas.

IHS es una empresa argentina que se dedica a desarrollar localmente soluciones industriales de alto valor agregado a base de cáñamo. Es pionera en ingresar al país las genéticas de cáñamo más innovadoras del mundo para acelerar el desarrollo de esta industria en Argentina. Con la autorización del Senasa y del INASE, la firma logró ingresar al país genéticas de cáñamo de vanguardia provenientes de diferentes regiones del mundo. Vale destacar que en Argentina el cultivo de esta especie estaba prohibido desde la década del 70, cuando se dejó de producir.

“El propósito de IHS es cañamizar las industrias para facilitar la transición hacia las nuevas economías, las cuales se caracterizan por su triple impacto. De esa forma la empresa promueve el desarrollo de economías regionales, potencia el secuestro de carbono y contribuye a la regeneración de los suelos, además de generar divisas para el país, tanto por el incremento de las exportaciones como por la sustitución de importaciones”, expresó Maximiliano Baranoff, director de Innovación de IHS.

El potencial de la bioeconomía argentina es enorme, y en este contexto el cáñamo se posiciona como sinónimo de desarrollo y progreso. En este marco, desde la Mesa Estratégica de Cannabis y Cáñamo Industrial del Senasa, se acompaña las evaluaciones que se vienen desarrollando en suelo nacional.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, destacó que «tenemos el objetivo de lograr el crecimiento de los cultivos de cáñamo para todos sus usos legales con el aporte y la innovación de nuestros organismos descentralizados y de las universidades argentinas».

En tal sentido, la presidenta del Senasa, Diana Guillén explicó que “estamos acompañando y viendo las experiencias de cosecha de cáñamo, el cual es un proceso que nos acercó el equipo de la Universidad de Buenos Aires que viene estudiando el cultivo y que venimos siguiendo desde el Senasa con el objetivo de ver las distintas variedades que están siendo probadas y cosechadas en distintas ecoregiones del país para poder determinar cuáles son las que se adaptan mejor según el clima”.

“En este momento -continuó Guillén- estamos viendo los primeros ensayos, cómo responden cada una de las variedades y en simultáneo trabajando en nuevas normativas que permitan acompañar el desarrollo del sector para sus distintos usos legales, y fortalecer toda la cadena que tiene un gran potencial para el país”.

Por su parte la presidenta del INASE, Silvana Babbitt, expresó que “el Estado Nacional identificó al cáñamo como un cultivo estratégico y desde INASE, nos pusimos a trabajar en ese sentido. Acompañando desde nuestro rol, aportando fiscalización y trazabilidad al sistema productivo, y rigurosidad y experiencia en el registro de variedades.

Trabajamos en Cáñamo como lo hicimos con el cannabis medicinal y como lo hacemos con muchas especies vegetales, entendiendo que contar con buenos materiales de propagación es fundamental para construir una industria robusta, que permita rentabilidad y desarrollo local.

También agregó que “el cáñamo es un eficiente regenerador de suelos, sus usos van desde fibra para la industria textil pasando por materiales para la construcción, sustitución de polímeros plásticos por polímeros naturales y mucho más. Desde INASE consideramos vital contar con variedades aptas para nuestros ecosistemas, a poco tiempo de la reglamentación de la Ley”.

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    ¿Quién se quedará con la voz?: la ley “silenciosa” que Milei quiere borrar y abre la puerta a la extranjerización de los medios

     

    La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.

    La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.

    La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno

    El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.

    Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.

    Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.

    Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”

    La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.

    Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.

    Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.

    La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.

    Comunicación, soberanía y mercado

    El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.

    La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.

    Ahí reside el núcleo político del asunto.

    Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.

     

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