El camión vactor desobstructor de la empresa ARSA estuvo ayer en Villa Regina con el objetivo de llevar adelante tareas tendientes a mejorar el tránsito del líquido cloacal para optimizar el funcionamiento de la red.
Concretamente realizó una limpieza y barrido de las cámaras cloacales ubicadas sobre calle Guaraní hasta el pozo de Belgrano; calle Mitre; Juan Bautista Alberdi entre Onas y Juan Cruz Varela; calle Cipolletti y Allemani.
El Secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero agradeció a ARSA “que nos facilitó el camión y así pudimos hacer el trabajo en los sectores más críticos de la red cloacal”.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que las charlas de educación vial continuarán la semana que viene en el centro comunitario de barrio Villa Antártida destinadas a los vecinos de ese sector de la ciudad, 25 de Mayo y Pretto. Las mismas se desarrollarán durante el jueves…
¿Qué es el buen funcionamiento del organismo? El andar de nuestro organismo responde a todo lo que hago por él. Lo que hago por él puede ser consciente, darme alegría, dolerme, o todo lo contrario. Desde las Ciencias Naturales, exactas o duras, podemos decir que para lograr el buen funcionamiento del organismo es que comemos…
El gobierno logró la media sanción en general de la reforma laboral, con una amplia mayoría de 42 votos a favor y 30 en contra, que dejó en evidencia la novedosa debilidad del peronismo en el Senado. Para obtener el apoyo mayoritario de los bloques, Patricia Bullrich tuvo que conceder a la CGT el carácter obligatorio de la cuota sindical, bien entrada la tarde del miércoles, pero mantuvo la creación del fondo de indemnizaciones que captura dinero de Ansés, la supresión de la ultraactividad, la negociación por empresas y la derogación de los estatutos. Un golpe importante al modelo sindical argentino.
Sobre un borrador del proyecto, que recibía sucesivas correcciones en rojo en plena sesión, el oficialismo terminó admitiendo la retención compulsiva de la cuota sindical, un reclamo de la central obrera contra el artículo que establecía que el aporte de los trabajadores fuera voluntario. Ese punto se sumó al sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, otra demanda de los sindicatos. Ambos ítems son, apenas, la conservación de conquistas de antaño.
Pese a esa neutralización parcial que lograron los gremios, la Casa Rosada logró quebrarlos con un articulado que destroza regímenes de licencias y afecta el derecho de huelga a través de la declaración de una serie de actividades como esenciales. En la votación en particular se diluyó el plan de la CGT para desflecar la reforma laboral, tal como anticipó a LPO el líder de la central obrera, Cristian Jerónimo.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como el derecho a huelga, la ultraactividad y las negociaciones colectivas por rama, retomando para de la senda de reformas de los 90 con Carlos Menem.
En la votación no hubo sorpresas y apenas en un puñado de títulos hubo algunas defecciones de los 42 que votaron a favor de la ley en general. El gobierno incluso sumó a los dos santacruceños en la votación del traspaso del fuero laboral a la Ciudad, una iniciativa que abrió una interesante batalla política entre los libertarios, en la que se jugó un primer round por la candidatura a jefe de Gobierno entre patricia Bullrich y Karina Milei, que busca imponer a Manuel Adorni. Villarruel la aprovechó para acercarse a los jueces nacionales.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como la ultraactividad, el derecho a huelga y las negociaciones colectivas por rama.
El gobierno alcanzó la mayoría luego de quitar del proyecto la baja de cuatro puntos de Ganancias, como anticipó LPO, que había enardecido a los gobernadores aliados porque afectaba su ya maltrecha recaudación. Para evitarse sorpresas, Milei ordenó a toda la mesa política del gobierno que se traslade al Congreso hasta que se aprobara la norma. Karina, Santilli, Adorni y los Menem, se recluyeron en el despacho del riojano en Diputados.
La votación de hecho revela un trabajo político interesante de los libertarios, donde se notó la incorporación de Santilli, que desde que asumió se dedicó a cortejar a los gobernadores. A los 22 senadores libertarios -contando a Luis Juez- el gobierno logró sumar 20 votos más de provincias aliadas, que venían muy enojadas con la Casa Rosada.
El punto más debatido fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero el oficialismo únicamente perdió los votos de la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el radical Maxi Abad.
Acaso la crítica más contundente partió del peronista puntano Fernando Salino, cuando ya iban casi 12 horas de discusión. El hombre de Alberto Rodríguez Saá avisó sobre la judicialización que se avecina para la ley, toda vez que «a diez minutos de la votación en particular, todavía no se sabe qué texto se va a votar».
José Mayans y Sergio Uñac.
José Mayans, a su turno, atribuyó «al grupo de los 44», en referencia a los libertarios y sus aliados en el Senado, «un avasallamiento y una violación del reglamento», reabriendo la puerta de una eventual judicialización tanto por el contenido del proyecto como por la conformación de las comisiones diseñada por Bullrich.
«Nos robaron siete senadores», denunció el formoseño y agregó: «acá se hablaba de 28 modificaciones y vinieron con 50 modificaciones a las 7 de la mañana», dijo.
Mayans calificó el procedimiento como «una falta de respeto» porque la reforma modifica 41 leyes, que se tomó el trabajo de enumerar al filo de la medianoche. «¿Les parece que podemos tratar todo este paquete, una ensalada de leyes?», se quejó.
Para el cierre, Bullrich repasó «las frustraciones múltiples» cada vez que se intentó implementar reformas de este tipo en Argentina, una sutil corrección de lo que postuló al inicio de la sesión cuando dijo que esta iniciativa era la primera ley laboral de la democracia. «Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad», argumentó.
Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad.
La exministra reivindicó la eliminación de la ultraactividad y la prelación de la negociación por empresa. «Estamos rompiendo cadenas», se jactó.
El primero en objetar las pretensiones fundacionales de la senadora fue Mariano Recalde, quien calificó el proyecto como «revanchista» y negó que lo que se discutía fuera inédito. Además, sostuvo que en la Ley Bases «se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin ningún derecho laboral, pero no se generó trabajo».
Al respecto, recordó que la jefa del bloque libertario dijo cuando era ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa que su cartera no era la encargada de crear empleo sino que esa tarea correspondía al Ministerio de Economía. «No crean empleo las normas laborales», advirtió el senador kirchnerista, apuntando al punto más delicado del relato libertario, que ha difundido que con esta nueva norma crecerá el empleo.
La senadora tucumana Beatriz Avila.
La radical Mariana Juri, por su parte, opinó que «una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega».
La catamarqueña Lucía Corpacci se quejó por la forma en que el oficialismo manejó la negociación de la ley. «No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores», dijo.
La tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, alertó que la reforma «no es suficiente», en sintonía con los planteos de sus antecesores en el uso de la palabra, aunque consideró que la ley en discusión «va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo».
La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001.
Joaquín Benegas Lynch mezcló la apelación a las transformaciones políticas y económicas con el cambio moral. «Esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral», señaló. Y con la misma profundidad, catalogó al empleador y el empleado como «socios naturales».
La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de recordarle a Bullrich los episodios de las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral en el 2000. «Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización», se burló.
«La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001», chicaneó y agregó «la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta».
Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.
Más tarde la jujeña Carolina Moisés barrió con las especulaciones sembradas por el kirchnerismo acerca de la chance que los integrantes del bloque de peronistas disidentes de Convicción Federal votaran a favor de la reforma, junto a los libertarios. Después de asumir que «es una pena que el peronismo, que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento, no haya podido estar a la altura de las circunstancias», aclaró que «Argentina necesita una reforma laboral, pero no es esta».
El último orador antes que los presidentes de bloque hicieran los cierres fue Ezequiel Atauche, que cargó enfáticamente contra las organizaciones gremiales. «Los sindicatos son parte de una mafia que apañó el peronismo», dijo. También celebró que la reforma barrió con la ultraactividad y festejó: «Esa realidad se acabó, está extinta. Los argentinos ya no quieren más eso. El camino del verdadero progreso de la Argentina son las empresas».
El Sindicato del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo lanzó un paro de 48 horas contra la reforma laboral, en una medida de fuerza que bloquea las las exportaciones de granos y otros productos. Su secretario General, Mariano Moreno, advirtió que «al personal embarcado no le dejan ni el 14 bis», en referencia al artículo de la Constitución que garantiza los derechos laborales.
Según el dirigente gremial, el artículo 2° del proyecto que salió con media sanción del Senado «excluye de forma explícita al personal embarcado en su inciso g y lo pone en igualdad de condiciones que las personas privadas de su libertad, esto significa que ya ni siquiera se cuenta con los derechos más básicos que protegen al trabajador».
Moreno argumentó que «antes, si había un conflicto no previsto en el contrato de ajuste, se invocaba la Ley de Contrato de Trabajo para proteger al marinero o Capitán pero, con esta reforma, se asume que el régimen de navegación es autónomo». «Esto debilita la protección general porque la Ley de Navegación es de carácter comercial y administrativo, y no tiene la carga de justicia social y protección al trabajador que tiene un Convenio Colectivo de Trabajo o lo mínimo que garantiza la LCT», precisó.
La preocupación del sindicato es por lo que llaman la «monotributización» de su actividad. El líder gremial alerta que la incorporación de conceptos como transporte y flete a los contratos regulados por el Código Civil y Comercial, tal como consta en el artículo 2° de la ley en debate, «abre una puerta peligrosa para que las empresas argumenten que ciertos servicios no son empleo, sino una relación comercial entre partes independientes».
Fuentes sindicales explicaron a LPO que «si la medida de fuerza o el cese de actividades involucra el amarre y desamarre de buques, impacta de forma directa y genera demoras y atraso en la carga de granos y productos». «Principalmente en los puertos del UP River, desde San Lorenzo a Timbúes», precisaron.
La huelga comenzó durante la medianoche de este miércoles y se extendería por 48 horas. «Son 17 puertos que quedarían sin servicio y no pueden atracar los barcos», anticiparon en el gremio y agregaron que «si bien se puede mantener alguna guardia mínima en determinadas tripulaciones, el paro afecta a todo el comercio exterior».
Si la medida de fuerza o el cese de actividades involucra el amarre y desamarre de buques, impacta de forma directa y genera demoras y atraso en la carga de granos y productos
Los datos oficiales del sector Marítimo, Fluvial y Pesquero indican que el 100% de su personal está registrado, por la imposibilidad de evadir controles en los registros de embarcación. «De ser una actividad regulada y en blanco, podríamos pasar a ser un sector regido por acuerdos individuales y monotributo, lo que llevaría al desmembramiento de la profesión», alertó Moreno.
Por otro lado, los 9 gremios de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) iniciaron un paro de actividades en rechazo a la reforma laboral. Se trata de una decisión inédita motivada por la exclusión legal de los Marinos Mercantes en la nueva ley y la equiparación con presidiarios.
Un marino en actividad dijo a LPO que «quedar fuera de la ley implica que toda legislación aplicable caduca para este sector. La ley remite al sector a la Ley de Navegación, donde la relación de dependencia (vacaciones, aguinaldo, accidente) termina al desembarcar y firmar el fin del contrato. Esta precariedad legal no se aplica ni siquiera a taxistas, colectiveros o choferes de locomotora.».
En este marco, informan fuentes de la Marina que «se instruyó a los tripulantes remolcadores que no le presten asistencia ni de entrada ni de salida a los buques de pasajeros en todo el territorio argentino, tanto el puerto de Ushuaia, Puerto Madryn y Buenos Aires».
En ese marco, la FESIMAF informó que realizará una conferencia de prensa por la tarde de este miércoles con el eje puerto en el rechazo al tratamiento de la Reforma Laboral y, especialmente, a la modificación del artículo 1 del proyecto, que excluye a la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo.
Quedar fuera de la ley implica que toda legislación aplicable caduca para este sector. La ley remite al sector a la Ley de Navegación, donde la relación de dependencia (vacaciones, aguinaldo, accidente) termina al desembarcar y firmar el fin del contrato. Esta precariedad legal no se aplica ni siquiera a taxistas, colectiveros o choferes de locomotora
La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) también adhiere a la medida de fuerza y comunicó que garantizará el cumplimiento efectivo del paro en cada terminal portuaria, en rechazo a una reforma que según explicaron en el comunicado «pone en riesgo convenios colectivos, condiciones laborales y estabilidad en la actividad».
A su vez, el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) anunció que el paro de 48 horas es ante la iniciativa legislativa que «pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio. Lo cual es una negligencia que reclamamos sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado», señaló su secretario general, Mariano Vilar, quien agregó que se movilizarán el jueves 19/02 al Congreso Nacional.
Desde la organización sostuvieron que esta reforma, de aprobarse así, constituye «un ajuste laboral que atenta contra principios protectores elementales, deteriora las condiciones del transporte marítimo y generará impactos operativos directos sobre la logística y el comercio exterior del país, por eso nos movilizamos al congreso nacional esté jueves».
Vilar remarcó que los Conductores Navales «somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto. Pretenden excluirnos incluso del alcance de la justicia laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores, incluyéndonos en otro regímenes, cómo los que se encuentran privados de su libertad».
«Esto no es modernización ni adecuación normativa: es un recorte de derechos. Pretenden convertir a los trabajadores embarcados en personal con menor tutela jurídica, debilitando garantías esenciales frente al abuso patronal», afirmó.
«Excluirnos implica poner en riesgo licencias y resguardos frente al fraude laboral. Además, tensiona el funcionamiento del sistema marítimo y podría afectar la cadena del comercio exterior si se consolida este retroceso. La actividad marítima es estratégica para el país. No aceptaremos que se avance en una legislación que degrade condiciones laborales y comprometa el normal desarrollo del transporte y la producción», cerró.
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