Se realizó limpieza y barrido de cámaras cloacales

 

El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.

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Un gobierno que responde con castigo

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.

El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.

Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.

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Antecedentes que marcan un patrón

Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.

A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.

Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.

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Intolerancia, relato único y disciplinamiento

La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.

En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.

El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.

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Una señal de alerta para la democracia

La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.

Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.

Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.