El camión vactor desobstructor de la empresa ARSA estuvo ayer en Villa Regina con el objetivo de llevar adelante tareas tendientes a mejorar el tránsito del líquido cloacal para optimizar el funcionamiento de la red.
Concretamente realizó una limpieza y barrido de las cámaras cloacales ubicadas sobre calle Guaraní hasta el pozo de Belgrano; calle Mitre; Juan Bautista Alberdi entre Onas y Juan Cruz Varela; calle Cipolletti y Allemani.
El Secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero agradeció a ARSA “que nos facilitó el camión y así pudimos hacer el trabajo en los sectores más críticos de la red cloacal”.
Los estatales le pidieron a Axel Kicillof que abra las paritarias de manera urgente y amenazan con no abrir las escuelas bonaerenses el próximo lunes, el primer día de clases de 2026.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó mediante una carta enviada al ministerio de Trabajo bonaerense que Kicillof disponga un aumento salarial de emergencia para los auxiliares de la educación, que son los encargados de abrir las escuelas.
ATE tiene la potestad de mantener las escuelas cerradas y así aseguran que será el lunes, en una medida que tienen que compartir a regañadientes los gremios alineados con el gobernador.
Como explicó LPO, en el poderoso gremio Suteba de Roberto Baradel, las bases comenzaron a presionar a la conducción para que exija un mejor acuerdo salarial tras perder 5 puntos de aumento en 2025 respecto de la inflación oficial.
El gobierno de Kicillof les ofreció en primera instancia un aumento del 2% para febrero, aún por debajo de la inflación dibujada de Luis «Toto» Caputo, y debió aumentar la oferta al 3%, que también fue considerada insuficiente por los gremios.
A nivel bonaerense, ATE se encuadra en la CTA que encabeza Oscar «Colo» de Isasi, tan cercano a Kicillof como Baradel. Ambos buscan hacer equilibrio entre el apoyo al gobernador y la presión de las bases para conseguir paritarias dignas.
Los estatales, que recibieron la misma oferta y la rechazaron, le reclaman a Kicillof que saque la plata de donde sea, pero que aumente los salarios. En la carta que le mandaron al ministro de Trabajo, Walter Correa, incluso le dejaron algunas ideas. «Deben pensarse iniciativas de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial. Sólo por mencionar algunas: aumentar el impuesto inmobiliario rural, cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso, fortalecimiento del impuesto a la herencia», dice la carta de ATE.
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.
La nueva conducción de la Asociación Judicial Bonaerense responde al líder de Suteba y nunca le había hecho un paro al gobernador. A nivel bonaerense, ATE se encuadra en la CTA que encabeza Oscar «Colo» de Isasi, tan cercano a Kicillof como Baradel. Ambos buscan hacer equilibrio entre el apoyo al gobernador y la presión de las bases para conseguir paritarias dignas.
Como una muestra de lo que puede suceder la semana que viene con los docentes, Baradel no pudo evitar que los judiciales le hagan un paro a Kicillof. La nueva conducción de la Asociación Judicial Bonaerense responde al líder de Suteba y nunca le había hecho un paro al gobernador.
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Por enésima vez, los que odian el Estado te demuestran que sólo saben vivir a sus expensas.
Por Tomás Palazzo para NLI
El escándalo volvió a impactar en el corazón del Gobierno libertario: **el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 —casi USD 78.000 al tipo de cambio actual— para la capacitación en inglés de su propio personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El expediente —formalizado mediante adjudicación simple por especialidad y publicado en el sistema COMPR.AR— activó los mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017 por el vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la AACI y el funcionario responsable de parte del ajuste estatal, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Contra viento y ajuste Resulta inevitable el contraste: mientras Sturzenegger se presenta como el ejecutor de una política de recortes masivos, ventas de activos y “motosierra” a programas estatales, el Estado decidió asignar más de 114 millones de pesos a la asociación de su propia pareja en un contrato directo y sin licitación competitiva.
Las críticas políticas no tardaron: la senadora del bloque Justicialista Juliana di Tullio anunció que denunciará formalmente ante la Justicia a Sturzenegger y a Rouillet por considerar “irregular” el contrato, pese a que el propio canciller Pablo Quirno negó irregularidades y afirmó en redes que la contratación “cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia”.
Viejas prácticas, nuevo escándalo
Este episodio no surge de la nada. Desde hace años Noticias La Insuperable ya había documentado la trayectoria de Rouillet en espacios públicos vinculados a la “casta” política:
En abril de 2017, el portal reveló que su nombramiento en un cargo oficial se oficializó con un año de demora, en medio de cuestionamientos por nepotismo y falta de transparencia.
Más recientemente, en diciembre de 2023, también en NLI y en exclusiva pusimos en evidencia el “increíble kiosquito” que armó Rouillet en el Programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde manejó millones de pesos del presupuesto cultural porteño y desde donde incluso promovió proyectos vinculados a su rol posterior en la AACI.
Aquellas investigaciones muestran un patrón persistente: constante tránsito entre cargos públicos, interferencias privadas y negocios con recursos del Estado, con un denominador común que hoy se repite bajo el gobierno de Milei.
El doble estándar
Mientras en el discurso oficial se habla de “quitar privilegios”, “ajustar el Estado” y recortar gastos, este contrato deja al descubierto que el ajuste no siempre aplica a círculos cercanos al poder. En plena ola de privatizaciones de servicios estatales y cierre de organismos, la decisión de destinar fondos públicos a la asociación que dirige la esposa del ministro que implementa esos recortes expone un flagrante doble estándar que alimenta la crítica política y judicial.
¿Una moda de campaña o una regla de gobierno?
Con denuncias judiciales en puerta, defensas públicas desde el Gobierno y una oposición que promete ir hasta las últimas consecuencias, este caso podría convertirse en un emblema de lo que NLI desde hace años señalamos: la persistencia del amiguismo y la falta de transparencia dentro de las estructuras del poder, sin importar quién gobierne.
La controversia está abierta. Y mientras los mecanismos de control se activan, lo que queda claro es que la motosierra sí corta para los trabajadores y programas sociales, pero parece no llegar al círculo íntimo del propio ministro encargado de llevarla adelante.
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