El camión vactor desobstructor de la empresa ARSA estuvo ayer en Villa Regina con el objetivo de llevar adelante tareas tendientes a mejorar el tránsito del líquido cloacal para optimizar el funcionamiento de la red.
Concretamente realizó una limpieza y barrido de las cámaras cloacales ubicadas sobre calle Guaraní hasta el pozo de Belgrano; calle Mitre; Juan Bautista Alberdi entre Onas y Juan Cruz Varela; calle Cipolletti y Allemani.
El Secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero agradeció a ARSA “que nos facilitó el camión y así pudimos hacer el trabajo en los sectores más críticos de la red cloacal”.
Y llego la primavera. En el hemisferio sur de este vasto planeta llego la estación en donde tenemos que comenzar a preparar la tierra para luego sembrar, plantar, trasplantar, regar y ver crecer los frutos…y antes de sembrar en el suelo hay que trabajar la tierra. Dejarla bonita. Limpiarla y fertilizarla. Y al son de…
Martín Llaryora y Daniel Passerini entran en 2026 con una certeza incómoda: si el peronismo no logra mostrar gestión, el proyecto provincial podría empezar a crujir en el año previo a la elección de 2027. Por su fragilidad financiera, en parte por la herencia que recibió Passerini al suceder a Llaryora, y por «funcionarios que no funcionan», la capital cordobesa aparece como el eslabón más frágil del esquema cordobesista, aunque claro que no es el único.
Para revertir esta situación, confiaron en el peronismo provincial, habrá tres grandes apuestas durante este año: se habilitarán tres majestuosas obras viales en la ciudad; se apostará al mantenimiento de alumbrado, bacheo y plazas (varias de ellas cerradas) y aparecerá como gran objetivo erradicar a los «naranjitas» (trapitos), algo que Llaryora intentó en diciembre aunque finalmente clavó los frenos a último momento por las críticas de la Iglesia.
Por ahora, en la agenda del gobernador aparecen programadas para este año las habilitaciones del altonivel de Valle Escondido, que beneficia principalmente a los vecinos del mega country homónimo y otros barrios ABC1 de la zona de la ciudad donde La Libertad Avanza arrasa; del altonivel de avenida Vélez Sársfield, uno de los ingresos más importantes desde el sur provincial; y del acceso sobre la ruta 19, a la altura de Malvinas Argentinas, una obra clave para la logística y el transporte regional.
A Passerini, por su parte, le toca el complejo día a día, con cuentas en crisis por los pagos de la deuda y la caída de la recaudación. La sistematización de los bulevares San Juan (en el Centro) y Ambrosio Olmos (Nueva Córdoba), cuya finalización está prevista para el primer semestre, le permitirá al jefe comunal mostrar obra vial propia.
Daniel Passerini
Ambas obras son un símbolo ambivalente: para la gestión, es modernización urbana, ordenamiento del tránsito y recuperación del espacio público; pero para comerciantes y vecinos, sinónimo de cortes, caída de ventas y una planificación que no termina de convencer, sobre todo por el lento avance producto de la situación financiera, pero también de la burocracia municipal.
Como contrapeso, Passerini tiene que lidiar con la gestión diario de bacheo, mantenimiento de alumbrado y el espacio público, con varias plazas emblemáticas de la ciudad cerradas porque las empresas abandonaron las obras de refuncionamiento iniciadas durante la gestión de Llaryora, una descoordinación que horada la expectativa electoral.
Sin embargo, el capítulo más sensible es el de los «naranjitas» (cuidacoches). Llaryora pasó de largo en diciembre cuando amagó con prohibir esa actividad y reculó por la presión de la iglesia católica. Es un tema de doble filo: avanzar implica confrontar con denuncias de criminalización de la pobreza y un conflicto social latente. No hacerlo implica pagar el costo del hartazgo ciudadano frente a prácticas extorsivas cada vez más visibles. Como dato objetivo: durante 2025, la Policía detuvo en la ciudad de Córdoba más de 350 cuidacoches por ejercer violencia hacia automovilistas.
«Si se logra sacar a los naranjitas ilegales y a los limpiavidrios, los libertarios se quedan sin una de sus principales banderas en la ciudad. Y con las obras viales deberíamos representar a nuestro electorado tradicional», dice un funcionario que confía en el plan para que el peronismo recupere la iniciativa de gestión.
Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.
El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.
La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.
En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo.
Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.
El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.
Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido.
Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.
«Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.
En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.
Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.
Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.
Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
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