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Se realizó limpieza y barrido de cámaras cloacales

El camión vactor desobstructor de la empresa ARSA estuvo ayer en Villa Regina con el objetivo de llevar adelante tareas tendientes a mejorar el tránsito del líquido cloacal para optimizar el funcionamiento de la red.

Concretamente realizó una limpieza y barrido de las cámaras cloacales ubicadas sobre calle Guaraní hasta el pozo de Belgrano; calle Mitre; Juan Bautista Alberdi entre Onas y Juan Cruz Varela; calle Cipolletti y Allemani.

El Secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero agradeció a ARSA “que nos facilitó el camión y así pudimos hacer el trabajo en los sectores más críticos de la red cloacal”.

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  • El Central sumó USD 700 millones de reservas y el dólar baja, ayudado por las emisiones de deuda

     

    El Banco Central acumuló diez jornadas consecutivas con saldo comprador desde el inicio del nuevo programa de acumulación de reservas, lanzado a comienzos de enero. Solo este viernes adquirió 125 millones de dólares. En lo que va de 2026 ya sumó 687 millones. Como resultado, las reservas brutas treparon hasta los 44.607 millones de dólares. 

    Al mismo tiempo, el dólar retrocedió. El minorista cayó 15 pesos en un solo día, una baja del 1%, y cerró en 1.455 pesos en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa bajó 0,7% y terminó en 1.430 pesos, su nivel más bajo desde el 21 de noviembre. Es decir: el Central compró fuerte y el tipo de cambio no solo no subió, sino que bajó al menor valor en casi dos meses. Por qué ocurrió esto?

    El primer factor es el ingreso extraordinario de dólares financieros. En las últimas tres semanas, grandes empresas salieron a colocar obligaciones negociables en el exterior y trajeron divisas al país. Solo esta semana, las emisiones superaron los 700 millones de dólares. Hubo colocaciones de John Deere por 80 millones y de Scania por 41 millones. El grupo Clarín captó 600 millones para Telecom. A eso se sumó el anuncio de un banco privado que comunicó una recompra de deuda por 400 millones y la decisión de la petrolera estatal de reabrir un bono con vencimiento en 2034 por otros 500 millones. Ese caudal de dólares ingresó de golpe y alivió la plaza cambiaria. 

    El mercado castigó a Caputo y para renovarle la deuda le cobró tasas que duplican la inflación 

    El segundo punto es técnico. El Banco Central no está comprando dólares en el mercado abierto. Compra directamente a las empresas que emiten deuda. Son operaciones en bloque, negociadas con privados. Así no retira oferta del Mercado Único y Libre de Cambios y evita presionar el precio. Compra sin mover la aguja del dólar. 

    El tercer ancla son las tasas. El Tesoro logró renovar el 98% de las Letras que vencían, pagando tasas altísimas que en los tramos más cortos llegaron al 50% anual. Ese nivel de rendimiento, que quintuplica la inflación proyectada en el presupuesto, descomprime la demanda de dólares. Con semejante premio, muchos inversores prefieren quedarse en pesos, pero por poco tiempo. 

    El Banco Central no está comprando dólares en el mercado abierto. Compra directamente a las empresas que emiten deuda. Son operaciones en bloque, negociadas con privados. Así no retira oferta del Mercado Único y Libre de Cambios y evita presionar el precio. 

    El cuarto elemento es el manejo de expectativas. Operaciones en el mercado de futuros y señales coordinadas que buscan, y logran convencer de que no habrá un salto cambiario inmediato. No es un detalle menor en una economía donde la expectativa suele pesar más que los fundamentos. 

    A ese esquema se suma una maniobra adicional. El Gobierno ofrece a los bancos títulos dólar linked de muy corto plazo, con un rendimiento implícito que les garantiza un tipo de cambio más bajo que el de mercado. Con ese seguro, los bancos reducen su demanda de divisas. No salen a comprar dólares y el precio baja. 

    Es un reloj que funciona con todas las piezas tensadas al máximo. La foto muestra precisión y control. La película revela que el equilibrio descansa en flujos transitorios, deuda, y tasas altísimas. El logro existe. El interrogante es si se sostiene hasta que ingresen los dólares de la cosecha. 

     

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    ENTREVISTAS LTA 5X3-TURISMO

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  • La Justicia le pone un límite a la política de Pullaro de aislar a presos de alto riesgo

     

    La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro. 

    La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.

    La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.

    Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.

    Pullaro recorrió «El Infierno», la nueva cárcel para narcos peligrosos

    Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.

    El fallo

    El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.

    De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.

    Pullaro en la cárcel de «El Infierno»

    Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.

    Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.

    Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.

    Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.

    Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.

    Un contexto complejo

    Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.

    Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.

    Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».

    El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.

    Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.

    La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.

    «Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.

     

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