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Se realizó limpieza y barrido de cámaras cloacales

El camión vactor desobstructor de la empresa ARSA estuvo ayer en Villa Regina con el objetivo de llevar adelante tareas tendientes a mejorar el tránsito del líquido cloacal para optimizar el funcionamiento de la red.

Concretamente realizó una limpieza y barrido de las cámaras cloacales ubicadas sobre calle Guaraní hasta el pozo de Belgrano; calle Mitre; Juan Bautista Alberdi entre Onas y Juan Cruz Varela; calle Cipolletti y Allemani.

El Secretario de Obras y Servicios Francisco Lucero agradeció a ARSA “que nos facilitó el camión y así pudimos hacer el trabajo en los sectores más críticos de la red cloacal”.

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    El estudio de Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado por la lista de Milei en Capital, fue patrocinante del fondo buitre Burford en el juicio por Aerolíneas que le costó a la Argentina 400 millones de dólares.

    Burford le había comprado a la familia Eskenazi los derechos para litigar contra el Estado. Esperaban un resultado similar a la victoria que obtuvieron contra la Argentina en el CIADI.

    En esa ocasión, los buitres habían adquirido el juicio de Marsans por la expropiación de Aerolíneas. Representado por el estudio Fargosi & Asociados, Burford ganó cerca de 140 millones de dólares, 976% más de lo que había invertido para litigar.

    El estudio Fargosi se llevó al menos 922 mil dólares de honorarios que fueron pagados por el estado argentino.

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    Al momento del fallo, durante la presidencia de Mauricio Macri, Diego, uno de los hijos de Fargosi era directivo de Aerolíneas. Antes, Diego había trabajado en la empresa durante la gestión del Grupo Marsans.

    Su padre Alejandro también había litigado contra Aerolíneas durante el menemismo, pocos años después de la privatización.

    Allegados al diputado aseguraron que Alejandro Fargosi se desligó del estudio familiar en 1987.

     

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    Controles a hinchas en rutas: el gobierno amplía el poder policial y abre un nuevo frente de polémica

     

    Una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial habilita controles federales en rutas y accesos para revisar vehículos que transporten hinchas rumbo a partidos de fútbol. La medida, firmada por Alejandra Monteoliva, la actual ministra de Seguridad —sucesora de Patricia Bullrich— amplía el poder de las fuerzas federales fuera de los estadios y permite retener objetos que ni siquiera constituyen delito. El gobierno la presenta como una política preventiva contra la violencia en el fútbol; especialistas advierten que abre zonas grises sobre derechos y discrecionalidad policial.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El nuevo control a hinchas empieza en la ruta

    La Resolución 233/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada hoy en el Boletín Oficial, crea el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos, un esquema que habilita a fuerzas federales a realizar controles preventivos a hinchas de fútbol durante los traslados hacia los estadios.

    Hasta ahora la mayoría de los operativos de seguridad se concentraban en las inmediaciones de los estadios o en los accesos urbanos. La nueva norma extiende el operativo a rutas nacionales, autopistas y corredores interurbanos, donde se podrán detener colectivos, autos o motos cuando exista la presunción de que transportan hinchas.

    La resolución establece que el objetivo es anticipar situaciones de violencia antes de que lleguen al estadio, en coordinación con fuerzas provinciales y autoridades deportivas.


    Retenes, requisas y secuestro de objetos

    El programa autoriza a las fuerzas federales a:

    • detener vehículos que transporten parcialidades
    • inspeccionar personas y equipaje
    • impedir el ingreso de objetos considerados potencialmente peligrosos

    Uno de los aspectos más discutidos es que los objetos retenidos no necesariamente deben ser ilegales. La resolución permite secuestrar elementos que, según el criterio del agente, podrían utilizarse en hechos de violencia dentro del evento deportivo. Esto incluye herramientas, mástiles u otros objetos contundentes que normalmente no constituyen delito.

    En caso de detectar armas, drogas o personas en estado de intoxicación, el procedimiento debe pasar a la justicia.


    Controles migratorios y presencia de extranjeros

    La resolución también contempla situaciones vinculadas a hinchas extranjeros. Si durante los operativos se detecta a personas de otra nacionalidad con situación migratoria irregular, las fuerzas federales deberán dar intervención a la Dirección Nacional de Migraciones para que evalúe las medidas correspondientes.

    El punto genera debate porque introduce controles migratorios dentro de operativos de seguridad deportiva, algo que hasta ahora no era habitual en los dispositivos ligados al fútbol y que profundiza una creciente persecución xenofóbica. En la práctica, abre la puerta a que controles a hinchas incluyan también verificaciones sobre documentación migratoria.


    La continuidad del modelo Bullrich

    La resolución no surge en el vacío: forma parte de una continuidad del modelo de seguridad impulsado por Patricia Bullrich, que durante su gestión había instalado una lógica de fuerte intervención preventiva.

    Entre esas políticas se destacaron:

    • Tribuna Segura, sistema de control de antecedentes para ingresar a estadios
    • ampliación del derecho de admisión
    • protocolos que reforzaban el poder operativo de las fuerzas federales

    La nueva resolución profundiza ese enfoque, pero con una diferencia clave: lleva el control policial fuera del estadio y lo traslada a la circulación en rutas y transportes.


    La zona gris de los derechos

    Juristas consultados señalan que el problema principal no es el objetivo de la norma —prevenir violencia— sino la amplitud del criterio policial que habilita.

    La resolución permite controles cuando exista “presunción de condición de parcialidad”, una fórmula muy abierta que podría incluir situaciones como:

    • llevar camiseta de un club
    • viajar en grupo
    • estar en un colectivo identificado con hinchas

    Ese criterio podría tensionar principios constitucionales como:

    • la libertad de circulación
    • la presunción de inocencia
    • la prohibición de discriminación

    También genera debate el punto que permite retener objetos legales por mera sospecha de uso indebido.


    Seguridad preventiva o expansión del poder policial

    Desde el gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la violencia en el fútbol y desarticular movimientos de barras antes de los partidos. Pero críticos de la resolución advierten que se trata de una expansión significativa del poder policial preventivo, que otorga a las fuerzas federales facultades amplias para controlar ciudadanos que no han cometido ningún delito.

    El verdadero impacto de la medida, coinciden especialistas, dependerá menos de la letra de la resolución que de cómo se aplique en la práctica. Si se utiliza para desarticular barras violentas, podría ser una herramienta útil. Si se aplica de forma indiscriminada, advierten, puede convertirse en un mecanismo de control masivo.

     

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