Desde el jueves 6 de enero la Secretaría de Estado de Cultura llevará adelante una diversa agenda de actividades artísticas y culturales.
La agenda cultural se puso en marcha el jueves 6 de enero en Las Grutas y El Cóndor, y prevé durante la temporada diversas actividades en Bariloche, General Roca, Jacobacci, Río Colorado, Dina Huapi, El Bolsón, el Puerto de San Antonio Este, Allen, Playas Doradas, Cipolletti y Valcheta, entre otras.
La nutrida programación incluye presentación de espectáculos de música y danza de distintos estilos, narraciones de cuentos, talleres, slams y recitaciones de poesía, talleres de libro – álbum, obras de teatro y de títeres, proyección de películas con el Cine Móvil, actividades circenses, murgas y esculturas vivientes.
Los y las artistas rionegrinas que llevarán adelante estas actividades son artistas que se inscribieron a la convocatoria del Verano Cultural que se mantuvo abierta desde el 02 de noviembre al 02 de diciembre de 2021 con el fin de generar más oportunidades de trabajo para los hacedores y hacedoras culturales.
De los espectáculos musicales, participarán también artistas provenientes de distintos programas que lleva adelante la Secretaría de Estado de Cultura durante el año, tales como Rionegrinos en Concierto del programa “Más Cultura” y los talleres de Usinas Culturales.
El Verano Cultural tendrá su cierre con el festejo de Carnaval en Bariloche desde el 25 de febrero al 1° de marzo.
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Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.
Por Roque Pérez para NLI
Un caso que estalló dentro del propio organismo
La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.
El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.
Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.
La bronca de los trabajadores y los afiches que lo expusieron
La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.
La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.
Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.
El contexto del ajuste y el significado político del escándalo
El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.
En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.
El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.
De la polémica al ascenso
Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.
Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.
Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.
La “casta” que nunca desaparece
Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.
Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.
En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.
Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?
La esposa de Manuel Adorni trabaja con la empresa de la mano derecha de Karina Milei que busca quedarse con la concesión de Tecnópolis por los próximos 25 años.
LPO anticipó que el grupo Foggia, que puja por adjudicarse el predio, es una productora muy cercana a Karina Milei. Mara Gorini, mano derecha de la hermana presidencial, fue dueña de la empresa hasta que se la cedió a su pareja, Marcelo Dionisio.
Este medio explicó que la concesión de Tecnópolis estuvo teñida de irregularidades. El gobierno solo dio un mes para presentar los proyectos para un predio de 54 hectáreas y hubo sospechas de direccionamiento. El gobierno dio 20 días de prórroga para presentar los dossiers, pero, a pesar de los pedidos de varias productoras, decidió cerras las inscripciones el 9 de febrero.
Foggia se asoció con el grupo Werthein, una rama de la familia distanciada del ex canciller, que tiene en sus manos el control de DirecTV. Compiten contra La Nación y Fénix Entertainment de Marcelo Fígoli, el dueño de la oficialista Radio Rivadavia.
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