La crisis en Granja Tres Arroyos (GTA) se expande sobre diversas plantas y unidades productivas de la principal avícola del país.
Como contó LPO, la semana pasada los trabajadores de la planta de Pilar fueron notificados de la parálisis productiva durante todo agosto, suspensión que implica que percibirán el 65% del salario. Eso, en un contexto de atrasos salariales y del aguinaldo.
Lo mismo que en las plantas de la ex Cresta Roja en Ezeiza y Esteban Echeverría que posee Wade, firma controlada por el grupo GTA.
Ahora, GTA decidió estirar por otras dos semanas el freno productivo que se arrastra desde mediados de julio en Avex, avícola que integra el grupo GTA y que tiene su planta en Río Cuarto, Córdoba.
Ahí, son 350 los trabajadores afectados, que en los últimos días denunciaron deudas salariales. Al momento, solo les pagaron el 40% de su sueldo de mayo, por lo que les adeudan el 60% restante de ese mes, todo junio, el aguinaldo y julio.
La escalada conflictiva se había iniciado en mayo, cuando GTA cerró por tiempo indeterminado lu planta La China en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa enfrenta un proceso de reestructuración de deuda por más de USD 350 millones.
En el sector detallaron que, durante los últimos años, GTA encaró una ambiciosa estrategia de crecimiento, incorporando nuevas plantas y ampliando fuerte su capacidad productiva con la adquisición de WADE (ex Cresta Roja) y AVEX.
En Brandsen, la empresa tuvo que vender alrededor de 550 vacas para pagar los salarios, lo que implicó en una drástica reducción del tambo, que quedó con cerca de 150 vacas preñadas y con terneros de corta edad.
Pero con esa expansión -sostienen- aparecieron dificultades de liquidez, tensiones financieras y la necesidad de iniciar un proceso de reorganización que golpea a distintas plantas del grupo.
Además de sus plantas avícolas, GTA posee el tambo «Doña Carolina» en Brandsen, que también registra problemas.
Trabajadores de ese establecimiento revelaron a InfoBrandsen revelaron que la actividad se encuentra reducida a partir de una situación económica delicada, que implicó que la empresa tenga que vender alrededor de 550 vacas para pagar los salarios, lo que implicó en una drástica reducción del tambo, que quedó con cerca de 150 vacas preñadas y con terneros de corta edad.
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La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
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