Sebastián Pareja afirmó que La Libertad Avanza tiene como objetivo eliminar el Senado bonaerense para convertir a la Legislatura de la provincia en unicameral. «Estamos cansados de sostener bancas y contratos políticos mientras el Estado provincial abandona sus funciones esenciales», dijo el diputado que cuenta en la Legislatura con 10 senadores y 20 diputados.
Pareja retoma una versión periodística publicada el fin de semana que afirmó que el peronismo en la provincia trabaja en un proyecto para ampliar la cantidad de senadores y diputados bonaerenses.
«Mientras colapsan la salud, la educación y la seguridad, al kirchnerismo no se le ocurre mejor idea que proponer un aumento de la cantidad de legisladores en ambas cámaras», dijo en un posteo publicado en las redes.
Esos trascendidos fueron negados de manera enfática tanto por los bloques de Fuerza Patria como desde el gobierno de Axel Kicillof.
La propuesta de Pareja tiene el tono y la impronta libertaria. Sin embargo, es un tema que se discute hace varios años en la provincia. Unas 15 provincias más la Ciudad de Buenos Aires cuentan con sistema unicameral. Incluso varias provincias pasaron de un sistema bicameral a un cámara única. Córdoba y Tucumán son dos ejemplos.
El problema para avanzar con la iniciativa es que se requieren consensos, algo en que ni el peronismo ni los libertarios están dispuestos a trabajar. La actividad legislativa tanto en el Senado como Diputados es mínima producto de la falta de acuerdos y de las internas en los bloques mayoritarios: Fuerza Patria y La Libertad Avanza.
Para pasar a una Legislatura unicameral hace falta una reforma de la Constitución bonaerense. Eso se puede lograr de dos maneras: una convención constituyente o un proyecto de ley aprobado por dos tercios refrendado por los bonaerenses en una consulta popular.
Uno de los proyectos ingresados en los últimos meses fue redactado por el diputado de Bahía Blanca, Héctor Gay. En el texto propone la creación de una Convención Reformadora que trabajará durante 120 días reordenar, correlacionar, y enumerar el articulado de la Constitución bonaerense para convertir a la Legislatura en unicameral.
Para muchos medios, hoy, no hay otra posibilidad en el horizonte de producción que analizar el «discursito» del presidente. Hablarán de la inexistencia de la autocrítica, la reducción de los ministerios, la falta de precisiones, a quien fue dirigido el mensaje, la inentendible «retención» a las exportaciones con un número fijo (3/4) frente a cada…
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En el plazo de unos pocos días, más de cincuenta mil personas cruzaron la frontera de Marruecos hacia el enclave-ciudad-española de Ceuta. Un joven de 21 años de origen libanés fue abatido por la policía alemana al día siguiente de atentar con una furgoneta contra la Marcha del Orgullo en el Tiergarten de Berlín, matando a una mujer y dejando 29 personas heridas. En Argentina, el Gobierno libertario publicó un decreto para impedir la entrada al país y expulsar a los extranjeros que “agravien al pueblo argentino”. Ninguno de estos episodios admite una única explicación. Sin embargo, los tres forman parte de una misma mutación de la racionalidad política contemporánea, que toma poblaciones vulnerables como fichas del tablero político, ejércitos de reserva despojados ya no solo de empleo, sino también de cualquier derecho.
Las imágenes de Ceuta muestran masas de cuerpos corriendo entre los espigones fronterizos, miles de personas cruzando a nado el espigón del Tarajal, agentes de la Guardia Civil rescatando criaturas mientras se ahogaban, el despliegue militar en las playas fronterizas, hombres marroquíes rompiendo o escalando las verjas y un montón de gente desesperada. Son imágenes que condensan décadas de asimetrías, acuerdos migratorios y tensiones diplomáticas. En la escena de Berlín, en cambio, la mayoría celebraba una fiesta callejera que abraza la diversidad sexual. El atacante, radicalizado pero formalmente integrado, estaba en la mira de las autoridades. Los servicios de inteligencia lo habían clasificado como “orientado a la violencia”, pero no tenían ningún asidero legal para restarle libertades. Dos episodios muy distintos de la multitud, la vulnerabilidad y las diferencias insalvables que trazan los itinerarios de un viejo continente que ve cómo se desfiguran los marcos con los que las democracias liberales suelen narrar la migración. La proximidad de estos dos casos en tiempo y espacio vuelve visible la dificultad de encontrar un lenguaje capaz de pensar las transformaciones recientes de la migración sin reducirlas a la alternativa entre el humanitarismo y la seguridad.
Ceuta y Berlín muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos.
Como era previsible, las dos noticias fueron absorbidas de inmediato por la lógica de la polarización. De un lado, aparecieron voces que denunciaban la xenofobia latente en toda llamada a reforzar fronteras y mezclar islamismo con fundamentalismo. Del otro, señalaron la ingenuidad de las políticas de acogida y la incapacidad estatal para proteger a sus ciudadanos de bien. El debate se organizó, una vez más, alrededor de la oposición entre la custodia de la nación y la defensa irrestricta de la diversidad. Esa dicotomía tiene una eficacia política inmediata, porque ordena el campo, pero también tiene un costo analítico severo. Impide advertir un cambio más profundo en la manera en que la figura del migrante circula por el espacio público contemporáneo.
Lo verdaderamente nuevo, de todas maneras, no está en los argumentos (archiconocidos, por otra parte), sino en la transformación que permanece oculta cuando nos limitamos a tomar partido. Ceuta y Berlín son acontecimientos que desbordan tanto el relato humanitario como el relato securitario. Ambos muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos. La dicotomía entre puertas abiertas y puertas cerradas supone que la migración es un fenómeno que se puede aceptar o rechazar. Pero lo que estas escenas sugieren es que la migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio. El problema no se reduce, por lo tanto, a un hecho demográfico. La transformación de la figura del migrante es una pieza central de la racionalidad política actual.
Geopolítica de la vulnerabilidad
Durante buena parte del siglo XX, las masas migrantes habían sido pensadas como trabajadores, como refugiados o como víctimas de persecuciones. Hoy, sin dejar de ser ninguna de esas cosas, se han convertido además en un instrumento de presión interestatal y en un soporte simbólico para nuevas formas de autoridad (¿o autoritarismo?). Esa mutación es algo que exige ser pensado.
En Ceuta, el protagonista de la noticia no era el migrante individual con su historia y sus motivos, sino la frontera como instrumento diplomático. El gobierno marroquí, según lo que dijeron prácticamente todos los análisis, relajó los controles como respuesta a una decisión del Tribunal Supremo español que limitaba las devoluciones “en caliente” (sin procedimientos formales de identificación y expulsión). Más de sesenta mil personas se convirtieron, en cuestión de horas, en una señal enviada de una capital a otra. La movilidad humana funcionó como un mensaje que no necesitaba ser formulado explícitamente. Las personas concretas quedaron subsumidas en una función geopolítica que las excedía por completo.
La migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio.
En Berlín, el protagonista tampoco fue el atacante en su singularidad, sino el fracaso de ciertas categorías con las que Europa en general y Alemania en particular habían intentado pensar la integración. El episodio hizo visible una tensión que los discursos oficiales habían mantenido en un discreto segundo plano: la coexistencia, dentro del mismo espacio jurídico, de marcos normativos profundamente incompatibles.
Ambos casos expresan una misma reorganización simbólica (y no solo) del campo político que va desde el lenguaje de la geopolítica y la presión migratoria hasta el lenguaje de la seguridad interior y el conflicto de valores. Tanto en Berlín como en Ceuta, el migrante pasó a convertirse en operador político, como instrumento de negociación entre Estados o detonante de una reconfiguración discursiva que ya no opone simplemente izquierda y derecha, sino que atraviesa y reorganiza ambos campos.
Para entender la profundidad de este desplazamiento conviene abrir el foco histórico. Lo ocurrido en Ceuta no es una excepción. En 2021, el mismo gobierno marroquí permitió la entrada masiva de miles de personas al enclave español tras un desacuerdo diplomático vinculado al Sahara Occidental. En aquella ocasión, igual que en esta, el movimiento migratorio se usó para agitar una negociación que hasta entonces transcurría por los canales oficiales. La repetición del procedimiento indica que no estamos ante una estrategia puntual, sino ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior. Ese mismo año, el caso de Bielorrusia reforzó esa impresión. Durante varios meses, el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de miles de migrantes, principalmente de Oriente Medio, hasta la frontera con Polonia, Lituania y Letonia. Ahí también las imágenes de personas atrapadas en un bosque helado entre alambradas y uniformes militares dieron la vuelta al mundo. La Unión Europea denunció lo que calificó como un ataque híbrido que se apoyaba en la instrumentalización deliberada de seres humanos con fines geopolíticos. En ese caso, como en Ceuta, la movilidad de miles de personas era administrada como un recurso para desestabilizar al adversario. Y el problema humanitario era más una consecuencia. Turquía, por su parte, ya había mostrado la eficacia del mecanismo en 2016, cuando la UE firmó un acuerdo con Ankara para que contuviera los flujos migratorios hacia Grecia a cambio de miles de millones de euros y concesiones políticas. En 2020, cuando las tensiones entre Turquía y la UE se intensificaron, el presidente Recep Tayyip Erdoğan abrió brevemente esa frontera y centenares de personas se dirigieron hacia Europa como tierra prometida, cayendo en la misma trampa. La movilidad no era el efecto colateral de una guerra o un desastre ecológico, sino una palanca que se accionaba de forma calculada, un instrumento de presión que atrapaba a las personas entre la indolencia y la indiferencia. La lógica no se limita al vecindario europeo ni a los países que “producen” migrantes. En Estados Unidos, Donald Trump convirtió al “extranjero” en un eje privilegiado para reorganizar el debate sobre soberanía, seguridad y autoridad estatal. Sus maniobras para controlar la frontera con México la volvieron un escenario privilegiado para narrar una idea de nación.
Sumados, todos estos casos empiezan a configurar un catálogo relativamente estable. Distintos gobiernos, con regímenes políticos y orientaciones ideológicas diferentes, descubren que la administración de poblaciones desplazadas puede rendir beneficios hacia adentro y hacia afuera de las fronteras. Por supuesto, los migrantes tienen agencia y motivos propios, pero sus movimientos se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.
Estamos ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior.
¿Qué es lo que hizo que la circulación de personas adquiriese semejante valor táctico y tan poco valor humano? Más allá de las asimetrías económicas y los conflictos armados, se puede pensar que cuando la UE convirtió el control migratorio en una prioridad política de primer orden, otorgó involuntariamente a sus vecinos un nuevo recurso de negociación: la amenaza de dejar pasar y la promesa de contener.
Es muy útil recuperar, con todas las precauciones necesarias, una vieja categoría de la tradición crítica: el ejército industrial de reserva. Marx describió con ese concepto la masa de trabajadores desempleados que el capitalismo mantenía disponibles para presionar a la baja los salarios y disciplinar a la clase obrera activa. Con eso develó que esa población “excedente” no era un accidente del sistema, sino un componente estructural en su funcionamiento que era medido en términos principalmente económicos. Hoy, el migrante sigue siendo, en muchos contextos, mano de obra precarizada que engrosa los márgenes del mercado laboral. Pero esa condición económica ya no agota su función política. Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso, ya que el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia (efectiva o virtual) ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública.
Los movimientos migrantes se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.
Ya no se trata solo de un excedente laboral que regula el mercado de trabajo, como planteó Marx, sino de una masa de seres humanos “sobrantes” que regula relaciones de fuerza en el escenario internacional; cuerpos cuya vulnerabilidad puede ser administrada (y exhibida) según las circunstancias. No hay nada particularmente novedoso en el uso político de las migraciones. El siglo XX ya ofrece innumerables ejemplos de desplazamientos forzados, expulsiones masivas e instrumentalización de poblaciones enteras con fines militares, diplomáticos o económicos. La novedad parece residir en que hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad. Funciona como un fenómeno capaz de disciplinar el conjunto del debate público.
La analogía con el ejército de reserva es estructural, porque así como la existencia de población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias. Es un principio alrededor del cual se ordenan conflictos que lo exceden ampliamente. La consecuencia de ese desplazamiento es profunda. El cuerpo migrante pasa a valer por sus efectos políticos, por la capacidad de alterar agendas mediáticas y cálculos electorales. Los Estados hoy pueden tratar a las personas como fichas de negociación, tomando prestados recursos del lenguaje humanitario que se mantienen en la superficie mientras la gramática profunda es la de la instrumentalización.
Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso: el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública.
En Berlín, desde esta perspectiva, el conflicto que se desató después del atentado no enfrenta simplemente a quienes quieren cerrar las fronteras con quienes quieren abrirlas. Lo que emerge es una tensión entre distintos principios normativos que conviven dentro del mismo edificio liberal. Por un lado, el principio de protección de las minorías sexuales, que exige perseguir y condenar el odio homofóbico. Por otro, el principio de no discriminación, que obliga a no estigmatizar a toda una comunidad religiosa por el acto de algunos individuos. Ambos principios son legítimos, pero su articulación se vuelve extremadamente difícil en un clima de miedo y polarización. Esta tensión constituye uno de los principales combustibles del crecimiento de las nuevas derechas europeas. No necesitan demostrar que todos los inmigrantes son peligrosos; alcanza con instalar la idea de que el Estado no es capaz de distinguir entre quienes representan un riesgo y quienes no (o que cuando lo hace es demasiado tarde), de que los derechos de las minorías atentan contra la seguridad nacional. La extrema derecha capitaliza la sensación de que el control se ha perdido y de que las élites políticas lo ocultan por razones ideológicas o por conveniencia.
La migración de una gramática
El Cono Sur merece particular atención precisamente porque parece situarse en las antípodas del caso europeo, pero replica su gramática. A fines de julio, el gobierno de Javier Milei publicó un decreto que amplía las facultades del Estado para expulsar a migrantes que atenten contra el orden público, incluyendo causales vinculadas a manifestaciones orales o escritas. Argentina no presenta ni de lejos una crisis migratoria comparable a la europea. La migración regional, legal prácticamente en su totalidad, proveniente de países limítrofes, es un fenómeno consolidado desde hace décadas que no ha generado tensiones culturales significativas ni desafíos de integración equiparables a los del Mediterráneo. Los índices de delincuencia de la población migrante no difieren de los de la población nativa. No hay atentados ni conflictos lingüísticos que cuestionen la soberanía estatal. Cualquier comparación con Ceuta o Berlín sería híper forzada.
¿Por qué, entonces, el presidente argentino adopta un lenguaje político tan parecido al que utilizan las derechas europeas para hablar de la migración? Las respuestas no están en los hechos o los datos, sino en la identificación con una forma de construir el conflicto político. Lo que revela el DNU libertario es la voluntad de inscribir al país en las conversaciones del Norte global. La idea de que ciertos migrantes representan una amenaza para la comunidad nacional y que el Estado debe tener la capacidad de expulsarlos con rapidez es un tópico central del repertorio de las nuevas derechas globales, verosímil dentro de un relato más amplio sobre la decadencia y la necesidad de restaurar una autoridad centralizada.
Hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad.
El decreto introduce criterios que atañen a la relación simbólica del migrante con la nación. Se trata de habilitar la promesa de la expulsión como atributo de fuerza. La frontera se desplaza desde la conducta hacia la opinión, como marca la rítmica actual. Permanecer en el territorio deja de ser un derecho que se pierde por infringir la ley penal y empieza a ser una concesión que puede revocarse por no compartir los valores que un gobierno define como propios.
El migrante, incluso en contextos donde su presencia no supone ningún problema social significativo, funciona como un objeto privilegiado para reorganizar los imaginarios sobre soberanía, comunidad y autoridad. A través de su figura se vuelve a discutir qué es la nación y quién tiene derecho a definirla. Más que un conflicto entre nativos y extranjeros, la operación usa al migrante para reconfigurar el vínculo entre el Estado y el conjunto de la población, en la medida que envíe un mensaje general sobre hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno en nombre del orden.
Así como la población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias.
Es posible observar la manera en que ciertos grupos adquieren un nuevo valor estratégico y, con eso, insistir en que no se trata de profetizar un futuro distópico ni de equiparar mecánicamente el siglo XXI con el XIX. Se trata de identificar un patrón emergente y un uso de las poblaciones migrantes como recurso político de primer orden cuya fragilidad es exactamente lo que lo habilita. La precariedad de esas vidas se convierte en poder, pero no para esas poblaciones (el mito del “empoderamiento” mostró su esterilidad), sino para quienes las administran.
Lo que asoma en los tres escenarios es una política que ya no quiere resolver problemas o mejorar la vida de las personas. El migrante, convertido en recurso estratégico, deja de ser sujeto de derecho para transformarse en un buen argumento para endurecer leyes o renegociar acuerdos. Hay millones de personas que dependen cada vez más de gobiernos que las usan como justificación para ampliar sus facultades. Quizá por eso, la frontera se instaló en el centro del lenguaje con que el poder se narra a sí mismo.
En la campaña electoral de 2023, los gritos vehementes de Javier Milei denunciando el “zurdaje comunista” generaron incredulidad y hasta risas. ¿A quién le hablaba?, ¿a quién convocaba con ese discurso antiguo? pensamos muchos. Un asombro similar produjeron las declaraciones de Donald Trump, que en 2019 denunció el “Green New Deal” (la propuesta de un nuevo acuerdo ecologista) como “un Caballo de Troya para el socialismo en Estados Unidos”. Más lejano aun pudo parecer el lema “Comunismo o libertad” usado en la campaña electoral de 2021 por Isabel Díaz Ayuso, la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y desde luego, está el caso de Jair Bolsonaro, uno de los pioneros en reavivar la tradición anticomunista. Hasta hace poco tiempo, en su dispersión y heterogeneidad estas menciones podían parecer trasnochadas o anacrónicas, dada la desaparición del horizonte del comunismo soviético. Sin embargo, esos candidatos han llegado al poder. Entonces: ¿trasnochados ellos o ingenuos nosotros?
Estos líderes forman parte de una lista más larga de quienes, con mayor o menor vehemencia, reclaman contra la conspiración comunista, socialista o colectivista que aqueja al mundo. De la ecología a las políticas de género, de los impuestos al cuidado humanitario de inmigrantes, o la educación sexual, hoy muchas de las causas y valores de la renovación de la cultura democrática de las últimas décadas han sido tachados de comunistas, como un avance totalitario y opresor. En el caso de los sectores ultraliberales, la educación y la salud públicas –y todas las políticas redistributivas o progresivas– son consideradas nuevas formas de comunismo. Así, la gran familia de las nuevas derechas parece estar viviendo otra vez la Guerra Fría, más cerca del delirio paranoide que de algún enfrentamiento real con opciones anticapitalistas.
¿Anacrónico?
El primer dato a considerar es que el anticomunismo de estos líderes no es una novedad; tiene una larga historia de persecución política y pensamiento conspirativo que atraviesa todo el siglo XX de Occidente y que se remonta incluso a décadas anteriores a la Guerra Fría, al menos hasta la Revolución Rusa de 1917. Lo mismo sucede con la historia de estas derechas: la novedad que representan tiene profundas raíces en la historia del conservadurismo y el nacionalismo de cada país y a escala global (1). Por tanto, el anticomunismo es tan antiguo como la historia de las derechas que hoy tratamos de entender. Pero esto no significa que el fenómeno actual sea la mera continuidad de ese pasado o que pueda pensarse como la simple reverberación del fascismo de entreguerras. Hay en las derechas radicales una novedad indiscutible en la manera en que disputan sus intereses bajo el juego político de la democracia liberal, al mismo tiempo que la socavan por dentro, tal como han señalado agudos observadores (2). ¿Cuál es la novedad de su anticomunismo? ¿Por qué y para qué movilizar imaginarios en apariencia old fashioned, especialmente para las jóvenes generaciones a las que se dirigen?
Se suele decir que el anticomunismo es un discurso anacrónico, en un mundo donde, desde la caída del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la Unión Soviética (1991) el comunismo no existe más como opción política. Por esa razón, el componente antimarxista de las nuevas derechas suele ser relegado como un dato más de una retórica florida. Esta perspectiva tiende a descartar el problema, considerando como una mera estrategia discursiva al elemento ideológico que organizó buena parte del conflicto político del siglo XX. La dificultad reside en entender “comunismo” en términos geopolíticos literales, como si solo se refiriese al mundo soviético, a los partidos comunistas en Occidente o a la defensa de un modelo anticapitalista. Y tal vez ese no sea el ángulo más productivo para pensar el problema. La pregunta es, más bien, otra: ¿qué están diciendo cuando dicen “comunismo”, y qué potencial político tiene hoy volver a movilizar este término?
Feminismo, género, diversidades sexuales, raciales o religiosas, educación sexual, cambio climático, migraciones, islamismo, redistribución del ingreso, protección de las minorías y de los sectores sociales más vulnerables… La lista de ideas, proyectos o sujetos tachados de “marxismo cultural” o “socialismo” –según las declinaciones de cada profeta– muestran, de una punta a la otra del mapa global, que “comunismo” designa hoy los valores del llamado mundo “progresista” de las últimas décadas (“woke”, en su versión despectiva). En otros términos, el anticomunismo es una declinación a la antigua del actual antiprogresismo, con la diferencia de que hoy la disputa se produce dentro del capitalismo y con variaciones muy relativas. Sin embargo, en esas variaciones relativas, que parecen marginales dentro del capitalismo, se juega la vida de millones de personas. Al apelar a la potencia simbólica del término “marxista” o “comunista”, los líderes de derecha buscan recuperar la fuerza mayor de ese combate en el Occidente liberal (de todas maneras, la evocación no es igual en todos, y de hecho algunos líderes, como Marine Le Pen o Giorgia Meloni, no recurren tanto a la batería discursiva anticomunista). En cualquier caso, todos defienden el mismo sentido antiprogresista que los vehementes antimarxistas Santiago Abascal o Javier Milei.
Antiprogresismo
El segundo dato clave –ya muy conocido– es que el antiprogresismo es hoy el centro de la batalla cultural de las nuevas derechas globales, que en cada país adquiere sus propios contornos –antiperonista y ultraliberal en Argentina, islamobófico y antimigratorio en Europa o Estados Unidos–. Esa guerra cultural de la “internacional reaccionaria” parte del supuesto de que la izquierda, a pesar de su fracaso en la construcción del socialismo, se impuso en el terreno cultural. La verdadera lucha debería apuntar, para las fuerzas conservadoras, a la hegemonía del progresismo que destruye la sociedad occidental con su pensamiento “políticamente correcto” (3). Por eso mismo, se presentan como la rebelión contra un sistema que suponen conquistado y dominado por el progresismo y la izquierda. Por muy anacrónico que parezca, el anticomunismo es coherente y está en el corazón del proyecto ideológico de las nuevas derechas.
El anticomunismo propone respuestas fáciles en un mundo atravesado por miedos, incertidumbres y sentimientos de disolución social.
Una mención aparte merece el combate contra el feminismo y la “ideología de género”, combate que va más allá de sus élites dirigentes. ¿Por qué el feminismo y la diversidad sexual están en el centro de la disputa y de la denuncia anticomunista sobre el “marxismo cultural”? En la actual configuración de las democracias liberales, pocas cosas –o casi ninguna– representan una amenaza real al orden social. Sin embargo, el feminismo, en su impugnación antipatriarcal (que incluye el cuestionamiento del orden heterosexual como norma), conserva un poder subversivo y antisistema que no tiene ningún otro factor del progresismo actual (independientemente de las corrientes dentro del feminismo). Así, estas derechas, que se proclaman antisistema, luchan en realidad por la preservación de un orden social blanco, masculino y colonial que sienten socavado. Tal como lo hacía el anticomunismo del pasado, que veía el orden occidental en peligro e imaginaba conspiraciones paranoicas de la Casa Blanca a la Casa Rosada, de los hippies a las guerrillas, de las minifaldas al peronismo. Es aquí, en la lucha por la preservación del sistema, donde la impugnación de “marxista” o “comunista” aplicada al feminismo encuentra todas sus resonancias pasadas.
Si bien la batalla cultural antiprogresista unifica a las nuevas derechas radicales, sus diferencias no son menores, especialmente en cuestiones como la economía y el nacionalismo. Estas variaciones indican, también, que el florecimiento de fuerzas radicales de derecha debe ser explicado en función de procesos y tradiciones locales –y no meramente como una “ola global”–. Es aquí donde el anticomunismo de Milei adquiere su rasgo distintivo: no se trata de la impugnación de las agendas culturales del progresismo biempensante, sino de la destrucción de todo resabio de políticas orientadas a las grandes mayorías sociales entendidas como formas de estatismo y colectivismo. Se trata de la gestión desnuda en favor de los intereses del tecno-capitalismo concentrado internacional. Con ello, el neoliberalismo argentino –en la versión iracunda de Milei– retoma una larga tradición de nuestras derechas. Basta con evocar la última dictadura para constatar que las derechas fueron tan anticomunistas como neoliberales y autoritarias, y que su principal oponente fueron las políticas estatistas, keynesianas y redistributivas, en general asociadas al peronismo y al kirchnerismo. Desde luego, esto parece dejar a Milei lejos del proteccionismo de Trump, pero muy cerca de la defensa compartida del tecno-capitalismo. En todo caso, el anticomunismo neoliberal de Milei se alinea cómodamente con el de Bolsonaro o José Kast.
Dentro de estas variaciones nacionales, algunos argumentos de orden geopolítico explican los tópicos anticomunistas de manera más concreta, sin los efectos anacrónicos que parecen tener en boca de líderes como Milei. El caso más claro es Trump y su batalla por la supervivencia del poder imperial estadounidense frente a China. Ello le permite, sin excesivos retorcimientos históricos, identificar su enemigo en el “comunismo oriental”. De la misma manera, su electorado de origen latino vota entusiasta la condena a la “troika de la tiranía”, tal como la llamó su Consejero de Seguridad Nacional en 2018, John Bolton, a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por la misma razón estratégica pero en sentido inverso, en Hungría Viktor Orban dejó de lado su discurso anticomunista –que asociaba la Rusia de hoy con la Unión Soviética– para pasar a una cercanía más pragmática con Vladimir Putin.
Significante vacío
Volvamos a nuestras preguntas de partida: ¿por qué y para qué movilizar el imaginario anticomunista? Si, una vez más, dejamos de pensar el comunismo en términos literales, surge un último elemento clave: el potencial político-simbólico del discurso anticomunista en su larga historia. Con mayor o menor pregnancia según los países, “comunista” ha funcionado también como un potente significante vacío negativo, capaz de ser llenado con los más diversos contenidos y sujetos, como un otro absoluto, peligroso y amenazante. Tanto es así que Alice Weidel, la dirigente de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), puede permitirse decir que Adolf Hitler era un “comunista”.
La noción de significante vacío es particularmente útil para entender el peso del anticomunismo en Argentina, donde –salvo algunos momentos– no ha habido fuerzas de izquierda importantes, a diferencia de países como Brasil o Chile, donde el comunismo evoca miedos históricos bien reales. En Argentina “comunista” es, entonces, un sentido a ser llenado, que sirve para polarizar y designar un otro peligroso que pone en riesgo “nuestro” orden social y moral, nuestra comunidad. Es, por ello, un enemigo absoluto que debe ser eliminado (4). En la historia argentina, la denuncia del “peligro rojo” ha servido para generar miedos sociales y justificar la persecución de trabajadores, partidos de izquierda, peronistas y antiperonistas, mujeres, jóvenes, gays o artistas “transgresores”, cuyas prácticas, ideas o deseos parecían hacer tambalear el orden occidental y cristiano. Movilizado con fines instrumentales o con auténtica convicción ideológica, “comunista” o “marxista” ha funcionado en boca de las derechas como designación automática de un culpable de todos los males. Así, el anticomunismo finalmente propone certezas y respuestas fáciles en un mundo atravesado por miedos, incertidumbres y sentimientos de disolución social y amenaza sobre la comunidad de pertenencia. Esta potencia simbólica es la que sigue funcionando en el apelativo “comunista” aplicado en el presente. Por eso mismo, la pandemia de Covid –epítome máximo de la disolución final por venir– fue también un momento de renacimiento del anticomunismo.
Es entonces este gran poder performativo de la acusación de “comunista”, tan sedimentado históricamente en el mundo occidental, lo que permite que las nuevas derechas –herederas al fin y al cabo de largas tradiciones conservadoras– sigan utilizando el término para arremeter en su batalla cultural. Sin duda, la movilización antiprogresista ha logrado dar una nueva vida al “miedo rojo” para las generaciones desencantadas de nuestro tiempo.
1. Para el caso argentino, véase: Sergio Morresi y Martín Vicente, “Rayos en un cielo encapotado: la nueva derecha como una constante irregular en Argentina”, en Pablo Semán (coord.), Está entre nosotros, Buenos Aires, Siglo XXI, 2023. 2. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018; Steven Forti, Democracias en extinción, Barcelona, Akal, 2024. 3. Pablo Stefanoni, “Las mil mesetas de la reacción: mutaciones de las extremas derechas y guerras culturales del siglo XXI”, en J. A. Sanahuja y Pablo Stefanoni (eds.), Extremas derechas y democracia: perspectivas iberoamericanas, Madrid, Fundación Carolina, 2023. 4. Ernesto Bohoslavsky y Marina Franco, Fantasmas rojos. El anticomunismo en la Argentina del siglo XX, UNSAM, 2024.
El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las provincias argentinas llevaron adelante este lunes 4 de agosto, en la sede del organismo, el Encuentro Federal de Inversiones Logísticas para Puertos, una iniciativa que busca vincular a los puertos argentinos con oportunidades de financiamiento para el desarrollo de infraestructura, servicios y proyectos estratégicos del sector.
La jornada se enmarca en la Estrategia Federal Logística que el CFI y las provincias impulsan y, en particular, en el eje de infraestructura del Plan de Competitividad Portuaria (PCP), diseñado junto a las 11 provincias portuarias para reposicionar al transporte por agua como una alternativa logística competitiva.
Participaron del encuentro referentes de las 11 provincias portuarias, puertos públicos provinciales y puertos y operadores privados, entre ellos la Cámara de Puertos Privados y Comerciales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. También estuvieron presentes los organismos multilaterales de crédito Banco Mundial, BID, CAF, Fonplata, BCIE, IFC y BID Invest; representantes de las embajadas de Francia y de Países Bajos y de la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana; y, por el Gobierno nacional, el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia.
Durante la apertura, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló: «El CFI es la casa de las Provincias Argentinas. Para nosotros esta instancia es muy importante y se enmarca en la estrategia de trabajo que tiene más de cuatro años desarrollándose con todas las provincias del país». En esa línea, destacó el sentido del encuentro: «Nos parece central armar esta conversación y unir las posibles ventanillas de financiamiento con las necesidades de los proyectos puntuales que tenemos. En esta línea, el CFI ahí no solo oficia de puente entre actores, sino que también puede confeccionar los proyectos ejecutivos de obra que se necesiten para los puertos públicos».
La agenda incluyó las presentaciones de las provincias portuarias sobre el presente y las perspectivas de sus sistemas; un taller de financiamiento a cargo de los organismos de crédito, con foco en las alternativas disponibles, los requisitos de elegibilidad y los procesos de preparación y aprobación de proyectos; la presentación de casos de éxito en el acceso a financiamiento; y una instancia de matchmaking entre proyectos portuarios y organismos de financiamiento, con reuniones bilaterales para presentar iniciativas y recibir orientación específica.
De este modo, el CFI y las provincias avanzan en la consolidación de una estrategia logística integrada, con la visión de las provincias en el diseño, orientada a bajar los costos logísticos de las economías regionales y a fortalecer la competitividad de los sectores productivos
