Fuerte jugada de Villarruel para que Sagasti pueda votar contra la ley de tierras de Milei

Fuerte jugada de Villarruel para que Sagasti pueda votar contra la ley de tierras de Milei

 

Victoria Villarruel le concedió a Anabel Fernández Sagasti la posibilidad de votar en la sesión de este jueves, cuando se trate la ley de tierras, a través de medios telemáticos y garantizó un voto más a la oposición contra la iniciativa de Federico Sturzenegger. El decreto de la presidenta del Senado es un misilazo para Javier Milei, que puede sufrir una dura derrota si fracasa por cuarta vez el bloque oficialista en su intento por debatir el dictamen de inviolabilidad de la propiedad privada.

Fuentes del peronismo comentaron a LPO que la Vicepresidenta «fue muy empática» cuando la senadora mendocina le comunicó su situación, con 32 semanas de embarazo y la prescripción médica de no viajar desde su provincia natal hasta la Capital Federal.

Sin embargo, Villarruel decretó la autorización «ad referéndum del Senado» para que la senadora «pueda participar de manera remota o virtual, con voz y voto, mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente». Es decir, la habilitación de la Vice deberá ser sometida a consideración de todos los bloques en recinto, aunque se supone que no debería ser rechazada.

La definición es un condimento más en la pelea de la Casa Rosada con Villarruel, que mostró con esta maniobra su autonomía para manejarse según el reglamento pese a que su aplicación complique la media sanción de un proyecto del oficialismo. «Coquetea con el peronismo y encima defiende la democracia», dijo una fuente parlamentaria.

Mayra salió a defender a Sagasti, pero no tuvo éxito: «decile que renuncie, vale la pena»

Además, la jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei, respectivamente.

El antecedente más parecido al de Fernández Sagasti es el caso de la diputada Blanca Osuna, quien votó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020, desde una sala de internación en la que atravesaba cuidados médicos por el COVID19.

La jugada le da a Villarruel una dosis de fortaleza en medio de los ataques de Patricia Bullrich y Diego Santilli, que pidieron su renuncia por la resistencia de la Vicepresidenta a votar la ley de tierras tras el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial y hacerse eco por Twitter de comentarios que cuestionan la salud mental de Javier Milei.

De hecho, Villarruel apeló como argumento al fallo de la Corte Suprema ante el pedido de Cristina Kirchner a los jueces de una «acción declarativa de certeza», también durante la pandemia y para el funcionamiento de la Cámara Alta por medios virtuales. Allí los magistrados entendieron que «ninguna cláusula constitucional veta la posibilidad de que las cámaras se reúnan, deliberen y voten de forma remota» y que «el Senado cuenta con todas las atribuciones para interpretar su reglamento en cuanto al modo remoto o virtual de sesionar, en ejercicio de la autonomía normativa que le confiere el artículo 66 de la Constitución».

La Vicepresidenta también consideró en su disposición que la senadora mendocina «no pretende interrumpir ni dejar de ejercer sus funciones sino continuar desempeñándolas».

Desde el peronismo, aclararon que la aprobación de la participación de Fernández Sagasti de forma remota «no necesita sumarse al temario, como las renuncias de senadores o licencias» y explicaron que «la mayoría que hace falta es de la mitad más uno».

 

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  • Milei y Lemoine respaldaron a Cerimedo y hay desconcierto entre los libertarios

     

     Javier Milei salió a defender a Fernando Cerimedo, preso tras el intento de asesinato de una ex pareja suya, y hay desconcierto entre los libertarios. La mujer atacada había dicho que el consultor fue parte del esquema de difusión de los audios de las coimas en Discapacidad.

    El presidente se subió a un tweet de Lilia Lemoine, donde se burlaba y ponía en duda que Nadia Beller hubiera sufrido un intento de asesinato.

    Según el parte médico difundido en Bolivia, Beller llegó al hospital con «heridas múltiples por proyectil de arma de fuego, con compromiso de mama derecha, brazo derecho y cuello y hombro izquierdo; una fractura expuesta conminuta de húmero derecho; y una herida supraclavicular izquierda sin evidencia radiográfica de compromiso óseo».

    Lemoine se lo tomó a broma: escribió que los sicarios que intentaron matar a la ex pareja de Cerimedo habían estudiado en la «academia para copitos ‘Montiel'» y fue retuiteada por Milei.

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    En paralelo y tras un debate, el bloque de diputados libertario había decidido no salir a bancar a Cerimedo. El problema no fue la acusación por intento de femicidio, sino que el consultor fuera parte del esquema para difundir los audios de las coimas en Discapacidad. Y los diputados se negaron a avalar esa supuesta deslealtad con los Milei.

    El presidente habría respaldado esa posición de forma tajante. Hubo desconcierto entre los integrantes del bloque libertario cuando Milei retuiteó la teoría conspirativa de Lemoine que deja bien parado a Cerimedo.

    Como contó LPO, Lemoine está en una posición delicada. Karina tomó distancia y peligra su reelección en Diputados. La maquilladora quedó en medio del enfrentamiento entre las Fuerzas del Cielo y los Menem, sin banca en ninguna de las dos facciones. Temerosa de perder su banca, Lemoine salió a sobreactuar karinismo tras años de jactarse de su llegada directa a Javier Milei.

     

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    Con modificaciones por decreto a la Ley de Migraciones, el gobierno de Milei profundiza su política de persecución contra los migrantes

     

    El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.

    Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI

    El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros

    Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.

    El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.

    Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación

    Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.

    El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.

    Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.

    La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.

    Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado

    El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.

    La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

    A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.

    Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei

    La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.

    Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.

     

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  • Michel propone un sistema de pagos sin comisiones que desafía a Galperín y tiene apoyo del PT de Lula

     

    El diputado nacional Guillermo Michel presentará la semana que viene un proyecto tendiente a crear una plataforma de pagos pública y universal que replique el modelo del sistema Pix de Brasil con el fin de que los comercios tengan una opción que no les cobre comisiones.

    La iniciativa, que recibió un fuerte respaldo de legisladores del PT de Lula Da Siva, pone en debate el actual sistema de pagos digitales en Argentina, donde diversas billeteras virtuales cobran fuertes comisiones en operaciones con tarjetas de crédito.

    Mercado Pago, la plataforma de pago del empresario predilecto de Javier Milei, Marcos Galperin, le descuenta a los comerciantes entre un 4 y un 8% por cada operación con tarjeta de crédito, una de las tasas más altas del universo de plataformas.

    En el caso de Nave, el ecosistema de cobros del Banco Galicia, las comisiones por operación varían en el caso de tarjeta de crédito de 4,9% a 5,79% + IVA.

    En el peronismo advierten que, mientras el gobierno libertario hace un ataque constante a las tasas que le cobra los municipios a los comercios, se mantiene en silencio frente a las ganancias que obtienen billeteras como Mercado Pago por esas comisiones.

    Pix es una plataforma creada por el Banco Central de Brasil que se convirtió en uno de los medios de pago más utilizados en el vecino país. Ya en la primera mitad de 2025, concentró más de la mitad de las transacciones y en mayo de 2026 se alcanzaron más de 7.000 millones de operaciones bajo esa modalidad.

    Se trata de una plataforma estatal integrada donde interactúan todos los bancos y proveedores de servicios financieros.

    La iniciativa del diputado entrerriano del Frente Renovador tiene como objetivo central reducir los costos que enfrentan comerciantes y prestadores de servicios al recibir pagos mediante diferentes plataformas.

    Denunciaron a Mercado Libre por usura y aseguran que cobra tasas 20 veces más altas que en Brasil

    «Lo que tenemos que hacer para tener Pix es ordenar los distintos mecanismos para abaratar los costos», dijo Michel ante la consulta de LPO.

    Al conocerse esa iniciativa, el diputado brasileño del PT Alencar Santana salió a manifestar el apoyo del gobierno de Lula: «Eso será algo muy bueno para Argentina, para Brasil y para la soberanía económica de nuestros países en América Latina», dijo.

    Y agregó: «A la mascota de Trump, Javier Milei, no le va a gustar, ¡pero eso es problema suyo».

    Santana puso a disposición de Michel los equipos en el Ministerio de Hacienda y también en el Banco Central de Brasil. El dIputado nacional por Entre Ríos ya había mantenido contactos con funcionarios de Lula por ese tema.

     

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