La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 8/2021 para la provisión de materiales, equipos, mano de obra y proyecto ejecutivo para la obra de un tramo del kilómetro N° 8, conocido como Kilómetro de Nardini. Concretamente es el tramo comprendido entre calles rurales N° 3 y 7.
El presupuesto oficial es de $29.040.000 y el plazo de ejecución de la obra es de dos meses.
La apertura de las propuestas será el 13 de enero de 2022 a las 10 horas en la Oficina de Compras. El valor del pliego es de $75.000. Para adquisición de pliegos y consultas, las empresas interesadas deberán dirigirse a la Oficina de Compras.
Fruto de las gestiones del Intendente Orazi en Provincia
La obra es producto de las gestiones del Intendente Marcelo Orazi ante el gobierno provincial. Recordemos que en junio pasado Orazi se reunió en Viedma con el Ministro de Obras y Servicios Públicos Carlos Valeri con quien acordó la repavimentación de tramos de tres estratégicas calles rurales: además del Kilómetro de Nardini, la calle Juan XXIII y de la calle rural 5, continuidad del sector conocido como ‘Curva del chancho’.
La que se pone en marcha ahora es la primera de tres licitaciones.
La obra se realizará mediante el sistema de obra delegada, es decir, la Provincia aporta el financiamiento y el municipio administra los fondos.
Todo indica que la novela de la planta nuclear en Río Negro llegó a su final. La reunión que tuvo el presidente Mauricio Macri, durante sus vacaciones de verano en Villa La Angostura, con el gobernador Alberto Weretilneck terminó por hacerlo desistir de emplazar la planta en la provincia patagónica. El mandatario nacional esperaba mayor…
Estados Unidos lanzó ataques militares contra Irán después que el ejército de ese país derribara un helicóptero de ataque Apache en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central en un comunicado.
Las fuerzas estadounidenses «comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 5 p.m. (21:00 GMT), por orden del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos», señaló una publicación oficial en X . «La misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní», añadió el Comando Central.
Por su parte, la radiodifusora estatal de Irán afirmó que los ataques estadounidenses en el sur del país alcanzaron dos reservorios de agua.
Los ataques cortaron el suministro de agua en el distrito de Bamani, cerca de la ciudad sureña iraní de Sirik, informó la Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) este martes.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que ningún ataque de Estados Unidos quedará «sin respuesta» después de que EE.UU. lanzara una nueva ola de ataques de represalia contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar.
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief%u2019s direction, in response to yesterday%u2019s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian%u2026
«A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, EE.UU. optó por poner a prueba nuestra determinación. Nuestras poderosas fuerzas armadas no dejarán ningún ataque o amenaza sin respuesta. Dejen nuestra región si quieren estar seguros», advirtió el ministro de Relaciones Exteriores.
La declaración llegó después de que EE.UU. llevara a cabo ataques iniciales dirigidos a sistemas de defensa aérea y radar iraníes alrededor del estrecho de Ormuz, informaron dos fuentes citadas por CNN.
Como respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra objetivos estadounidenses en la región. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó el lanzamiento de misiles y drones a través de un mensaje en Telegram publicado en la madrugada del miércoles, hora local.
Los ataques de CENTCOM, ejecutados a las 17.00 horas del este (23.00 horas peninsulares), fueron descritos por el mando militar estadounidense como «una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada».
El gran basural textil del desierto de Atacama ayer se incendió, miles y miles de toneladas de ropa incineradas con un alto costo ambiental, aún se desconoce el causante del mismo. El desierto de Atacama se convirtió en los últimos años en el mayor receptor de las casi 60.000 toneladas de ropa que importa Chile…
El Gobierno nacional reglamentó una nueva modificación en el Impuesto a las Ganancias que, bajo el argumento de incentivar la oferta de viviendas en alquiler, elimina la carga tributaria sobre los ingresos obtenidos por locaciones destinadas a vivienda. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 406/2026 y, aunque fue presentada como un estímulo para el mercado inmobiliario, abre un fuerte debate político y económico: la norma no establece límites de patrimonio, cantidad de inmuebles ni niveles de ingresos para acceder al beneficio, por lo que alcanza tanto a pequeños propietarios como a grandes rentistas con decenas de unidades alquiladas.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión aparece en un contexto particularmente sensible. Mientras Milei sostiene una política de ajuste sobre el gasto público, con recortes que impactan en universidades, investigación científica, programas sociales y jubilaciones, el Estado renuncia a una porción de la recaudación proveniente de quienes obtienen ingresos por alquileres de vivienda. La contradicción no pasó inadvertida para especialistas y referentes opositores, que ven en la medida una nueva señal de la orientación económica del Gobierno.
Un beneficio sin límites patrimoniales
La reglamentación publicada en el Boletín Oficial establece que las rentas obtenidas por alquileres de inmuebles destinados a vivienda quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias. Lo llamativo es que el texto no diferencia entre escalas patrimoniales ni introduce topes que permitan distinguir entre un pequeño ahorrista y un gran propietario inmobiliario.
En términos prácticos, una persona que heredó un departamento y obtiene un ingreso complementario por su alquiler recibirá el mismo tratamiento fiscal que quien posee una cartera de decenas de inmuebles distribuidos en distintos puntos del país. La norma no fija un máximo de propiedades alcanzadas por la exención ni condiciona el beneficio al nivel de ingresos del contribuyente.
Ese aspecto es precisamente el que alimenta las críticas. Si el objetivo oficial era favorecer a pequeños propietarios o ampliar la oferta de viviendas para alquiler permanente, el decreto podría haber establecido mecanismos de segmentación. Sin embargo, la reglamentación optó por una exención amplia que también alcanza a quienes concentran una importante cantidad de activos inmobiliarios.
La promesa oficial y las dudas del mercado
La explicación del Gobierno se apoya en una idea que Milei y sus funcionarios vienen repitiendo desde el inicio de la gestión: reducir impuestos para generar incentivos económicos. Según esa lógica, al disminuir la carga tributaria sobre los propietarios habría más viviendas disponibles en el mercado formal de alquileres.
El problema es que esa relación está lejos de ser automática. Nada obliga a los propietarios a trasladar el beneficio fiscal a una reducción de los precios que pagan los inquilinos. Un dueño puede continuar cobrando exactamente el mismo alquiler y simplemente incrementar su rentabilidad gracias a la eliminación del impuesto.
La experiencia reciente del mercado inmobiliario argentino muestra además que los valores de los alquileres responden principalmente a factores como la inflación, la evolución de los salarios, la escasez de crédito hipotecario y las expectativas económicas generales. Por eso, numerosos analistas consideran que el alivio tributario podría terminar mejorando los ingresos de los propietarios sin generar un impacto significativo sobre el acceso a la vivienda.
Ajuste para unos, alivio para otros
La discusión adquiere una dimensión política inevitable. Desde que asumió, Milei justificó buena parte de sus decisiones más controvertidas en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Esa explicación fue utilizada para defender recortes presupuestarios, paralización de obras públicas, reducción de programas estatales y licuación de ingresos sociales.
Sin embargo, el nuevo decreto avanza en sentido contrario para un sector específico de la economía. Mientras el Gobierno sostiene que no hay margen para aumentar partidas destinadas a educación, ciencia o asistencia social, sí encuentra espacio fiscal para eximir de Ganancias a quienes obtienen rentas inmobiliarias.
La medida también incluye beneficios vinculados a determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles, reforzando una orientación que distintos economistas identifican como favorable a los sectores patrimonialmente más consolidados.
El debate recién comienza, pero el contenido de la norma deja pocas dudas sobre un aspecto central: lejos de tratarse exclusivamente de una ayuda para pequeños propietarios, la exención alcanza igualmente a quienes concentran una importante cantidad de viviendas y perciben ingresos millonarios por alquileres. En un país donde acceder a una vivienda propia resulta cada vez más difícil y donde millones de inquilinos destinan una porción creciente de sus ingresos al pago del alquiler, la decisión promete convertirse en uno de los nuevos focos de discusión sobre las prioridades económicas de la gestión de Milei.
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
