En los próximos días, la Municipalidad de Villa Regina recibirá la totalidad del equipamiento para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en los basurales y el equipamiento para potenciar la clasificación y separación de los mismos, además de dotar de infraestructura necesaria para la mejora de las condiciones laborales de los recicladores urbanos.
La semana pasada arribó uno de los camiones que se suma a la excavadora y el autoelevador eléctrico que habían llegado días atrás. En tanto, la primera tanda llegó en diciembre e incluye: una trituradora de vidrio, una guillotina de neumáticos, 10 puntos verdes móviles de arrastre, chipeadora de ramas y un carrito recolector para recicladores urbanos.
Próximamente se completará el equipamiento con el camión restante.
“Esto es el producto, en principio, de una firme política ambiental y del trabajo y las gestiones realizadas por el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel junto al gobierno provincial ante Nación, que derivó en la firma del convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación”, destacó el Intendente Marcelo Orazi.
Recordemos que Villa Regina es uno de los 55 municipios del país en acceder a este equipamiento y el único en Río Negro.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que comienza la preinscripción para el ‘Nivel 2: Bartender Avanzado’ del programa de capacitaciones ‘Sabores del Valle’. La información está disponible en la página web de la Municipalidad sección APRENDER en el siguiente link: https://aprender.villaregina.gob.ar/courses/sabores-del-valle-cocteleria-y-bartender/ La presente edición tiene una duración de 2 meses…
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El descontento: he allí la fuerza histórica afectiva capaz de hacer que se bifurque el curso de la cosas. Frédéric Lordon Hasta ahora no he escuchado que un gobierno decrete un día para parar un poco y animarse a ponerse en el lugar de la gente; o inclusive, se haga un paro a sí mismo…
Un hombre cercano a Daniel Angelici quedará al frente de la comisión que frena o impulsa la destitución de jueces federales y nacionales.
Alberto Maques reemplazará a Luis Juez en la presidencia de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
Maques llegó al Consejo en representación de los abogados. Fue suplente de Miguel Piedecasas en la lista de 2022 que integró a la UCR, al PRO y a la Coalición Cívica. Mientras que en segundo lugar el PRO postuló a Jimena de la Torre, la elección del primer puesto fue más compleja.
Como no había acuerdo en el radicalismo entre la corriente que lideraban Ernesto Sanz y Gerardo Morales con la de Daniel Angelici y Emiliano Yacobitti, las dos líneas internas se repartieron el mandato.
Angelici impulsaba a Carlos Matterson, que ya había sido consejero y además era abogado del Tano. Carrió no logró poner ningún candidato, pero sí vetar a Matterson. Por eso, Maques quedó como suplente e ingresó en 2024 tras la renuncia de Piedecasas.
Maques Es un tipo del sistema, del statu quo. No tiene quilombos y vuela por abajo del radar.
La Comisión de Acusación está integrada por Maques, Juez, Álvaro González, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y César Grau. Grau entró como suplente por el fallecimiento de Héctor Recalde y además preside la Comisión de Disciplina.
Alberto Maques.
A pesar de su integración, los votos de la Comisión de Acusación no tienen un comportamiento partidario y no es imposible la conformación de mayorías. Un dato importante es que la comisión no cuenta con ningún magistrado entre sus integrantes.
El peronismo tiene a tres de los seis miembros, y los otros tres no siempre votan alineados. Maques parte en desventaja para lograr mayorías, pero tiene el poder de dilatar el tratamiento de expedientes.
Las denuncias que debe abordar la Comisión de Acusación incluyen a varios pesos pesados. Sandra Arroyo Salgado, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, María Capuchetti, Federico Villena y Alfredo López son algunos de los magistrados que tienen expedientes en el Consejo. También Patricio Marianello, el juez que frenó la difusión de los audios de las coimas donde se acusaba a Karina Milei.
Las denuncias que debe abordar la Comisión de Acusación incluyen a varios pesos pesados. Sandra Arroyo Salgado, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, María Capuchetti, Federico Villena y Alfredo López son algunos de los magistrados que tienen expedientes en el Consejo.
Si un expediente pasa el filtro de la comisión, el juez debe ser sometido a un jury. Entre 1999 y 2022 tan solo fueron destituídos 18 jueces de los 26 que fueron acusados según un estudio de la Universidad Austral.
De origen radical, en 2018 Maques fue elegido presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad tras un acuerdo entre Daniel Angelici y Jorge Rizzo, que luego se distanciarían. En 2020, Maques fue reelecto y permaneció a la cabeza del consejo porteño hasta 2022.
Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue vicepresidente de la Corporación Puerto Madero. En 2017 desembarcó como síndico de Ceamse mientras el Chiqui Tapia era vice del organismo.
«Es un tipo del sistema, del statu quo. No tiene quilombos y vuela por abajo del radar», lo definió un hombre de la justicia federal.
La modificación profunda que dispuso Milei a través de un DNU del sistema de inteligencia produjo un fuerte impacto por dar facultades históricamente prohibidas para evitar el espionaje interno. La mayor polémica la generó la posibilidad de detenciones concretadas sin control judicial por agentes de inteligencia.
Alberto Binder es especialista en sistemas penales, docente de múltiples posgrados por toda América Latina y presidente del Instituto de Estudios Sociales y Penales (Inecip) alude a una relación histórica entre servicios, política y mundo judicial.
«La nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades», enfatiza.
-¿Milei crea su policía secreta con este decreto de la SIDE, como denuncia el kirchnerismo? ¿Por qué el Poder Judicial no se ha pronunciado?
-La Constitución dice claramente que el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones legislativas, leyes, y la Corte Suprema deja hacer esto sin ningún tipo de problema.
Lo que me interesa destacar es que este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos. Son la ley de Defensa Nacional, con este cambio que se hizo de abandonar la conducción civil por la conducción militar. La Ley de Seguridad Interior, con el reformateo de las fuerzas de Seguridad, y la Ley de Inteligencia. Esas eran las tres leyes centrales de la tradición democrática y costaron mucho.
Este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos, como son las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, que son las bases de la recuperación democrática.
Son las bases de la recuperación democrática las que se están modificando con esto que sacan. La discusión primordial es que este último decreto, a diferencia del de la mitad del año pasado, está hecho por gente que conoce más el sistema. Su punto más importante es que restablece un modelo muy negativo para la democracia, que es en realidad el modelo menemista. Y es el modelo Stiuso.
¿Qué es el modelo menemista?
Nos empezamos a preocupar de un modo especial de la Inteligencia después del atentado del AMIA. Entonces era jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y con él la Inteligencia empieza a avanzar fuertemente sobre las facultades de investigación, con nuevas ambigüedades y finalidades sobre la criminalidad organizada. Antonio «Jaime» Stiuso nunca fue director del sistema de inteligencia sino que siempre fue director de contrainteligencia, para utilizar métodos que se acercan a la actividad policial.
-La contrainteligencia para definirla es la actividad que se hace sobre los que realizan inteligencia sobre las instituciones u objetivos nacionales, ¿está bien?
-Claro, esa es la definición clásica de contrainteligencia, que existe para defendernos de los otros servicios de inteligencia, los que atacan nuestros sistemas de inteligencia. Para volver a Stiuso, su modelo es el de una SIDE que avanza sobre las investigaciones criminales, que empieza a ser el gran actor encubierto del Poder Judicial Federal, es el que distorsiona y pervierte Comodoro Py.
Es el creador de personas como Oyarbide y un poder que se preocupa por nombrar jueces federales. Toda la lógica de este modelo de Justicia Federal es lo que ahora está estallando. Porque hay que conectar este mundo de la Justicia Federal con la llegada del sistema acusatorio donde los actos judiciales empiezan a ser más transparentes. Eso produce una tremenda resistencia con tres intentos postergados de implementar el juicio oral que Comodoro Py no quiere y es ahí donde hay que leer la aparición de este decreto.
Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia.
Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor, pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia. Y que se vio con mucha claridad en el último tiempo en la Justicia Federal de Rosario donde quedan expuestas las influencias de este mundo sobre dos jueces acusados de delitos.
-¿Cuál debe ser la tarea de inteligencia legítima en un orden jurídico democrático?
-La tarea de inteligencia legítima es generar información de calidad para toma de decisiones de política muy delicadas. El mundo es complejo. Tenemos amenazas en el espacio ciber, zonas grises entre negocios lícitos y capitales que viven del narcotráfico.
Un país para tomar decisiones necesita no solo saber cómo se mueven las organizaciones criminales. También conocer cómo se está moviendo China, como van a ser sus relaciones con Estados Unidos o con Rusia, cómo va a jugar la India, cómo juegan nuestros vecinos.
Conocer todo eso depende de inteligencia nacional y sirve para toma de decisiones estratégicas del país, de sus relaciones exteriores, del descubrimiento de amenazas. Para eso es clave la recolección de información y su análisis. Y esto debe ser hecho por grupos de especialistas que sean confiables.
-¿Y ese trabajo de búsqueda de información se puede autonomizar del pedido de un fiscal y de una orden judicial?
-Hay que distinguir. La inteligencia nacional no tiene nada que ver con una investigación criminal en principio. La inteligencia nacional clásica, la que necesita el país, tiene que ver con informes que recibe el presidente o los ministros para la toma de decisiones. Esas decisiones tienen que ser tomadas con el mayor nivel de información posible.
Para decidir cómo se va a manejar o que riesgos tienen las relaciones con Estados Unidos, cuál va a ser la política energética hacia China, o descubrir cuáles son las nuevas amenazas de la tecnología en los sistemas informáticos. Todo eso es información que se desarrolla en algo que se conocen como alertas primarias o alertas tempranas. Cuantas más alertas se hacen, mejor funciona un sistema de inteligencia.
La investigación criminal, la entrada judicial, es cuando ya la inteligencia fracasó. La persecución de un caso de terrorismo la tienen que hacer las policías especializadas en terrorismo, para la prevención de que en la Triple Frontera se estén instalando células de Hezbolá, o del Comando Vermelho o el PCC. Para eso necesito información, con la máxima anticipación posible, sobre si los planes de esas organizaciones son tratar de ingresar a la Argentina.
Porque en base a esa información hay organismos especializados de prevención, fuerzas de seguridad, que sirven para, a partir de ahí, desarrollar inteligencia. La búsqueda de información de inteligencia nacional no precisa de órdenes judiciales. Cuando ya hay una investigación criminal concreta hacia un grupo específico, entonces sí.
-¿Es posible una profesionalización de la Inteligencia en la actual SIDE?
-Bueno, el modelo anterior, que se intenta rearmar, impidió que se desarrollara el sistema acusatorio, y esto yo se lo escuché a ministros de la época de Cristina, e imposibilitó que se desarrollara una policía de investigaciones. Estuvimos hablando durante 15 años que necesitábamos un FBI y no lo podemos crear.
Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes en un decreto anterior el propio Milei, pero era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.
Porque el que había ocupado ese lugar era la dirección de competencia de inteligencia. Si miramos el narcotráfico hoy la inteligencia nacional es un sinsentido. No hay plan, no hay objetivos, no se hace funcionar coordinadamente a fuerzas de seguridad federales y provinciales, o a los fiscales de un lado y de otro. Ese modelo deriva necesariamente en un sistema privado de negocios.
La expresión y la debacle de ese modelo está en la figura de operadores territoriales que se van autonomizando como (Marcelo) D’Alessio. Y luego un sector de la Justicia Federal, que como nunca en la historia, lo vemos ahora, tiene niveles de corrupción altísimos. En Corrientes, en Rosario, en Mendoza, esto antes no había ocurrido.
Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que viene probablemente de esa época, pero que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes, el decreto anterior, el propio Milei, era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.
-¿Qué le parece lo más disruptivo y lo más preocupante?
-En la exposición de motivos el decreto dice que se busca coordinar la nueva función de la Policía Federal, lo que es relativamente falso, y que hay que corregir los problemas de la Agencia de Seguridad y de Ciberseguridad, cosas que parecen más razonables. Pero el centro del decreto es poner el funcionamiento de la inteligencia no en el análisis y en la producción de información, sino en la contrainteligencia.
Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia.
¿Y eso qué significa? La contrainteligencia, aún en un sistema democrático correcto, tiene una metodología que se acerca a lo policial. Es normal que eso implique hacer investigaciones. Ahora, ¿qué hicieron? Cambiaron la definición de contrainteligencia, porque ahora contrainteligencia no es solamente defenderte del accionar de otros grupos que están tratando de pervertir o de sacarte información de tu propio sistema de inteligencia, sino que pusieron como esencial una metodología policial, más que una metodología de inteligencia y de análisis de información.
-¿Y qué es lo crítico de eso?
-Que el eje deja de ser el análisis y la alerta temprana para centrarse en la investigación de tipo policial, que por otra parte se vuelve permanente y que permite meter a agentes encubiertos en la dinámica del narcotráfico, como en la época de Lauchón Viale con Stiusso (NE: Pedro Tomás Viale fue un ex agente de la SIDE cercano a Stiuso, asesinado a balazos por el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense en su casa de La Reja en 2013).
Para mí el mayor peligro está en que esta nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades. Veamos cómo a través de (el ex juez federal de Rosario Marcelo) Bailaque actuaba un ex agente informal de inteligencia (Santiago Busaniche), instituciones empresarias, el juego ilegal, todo un juego complejo que está en Rosario.
-Bailaque es un ex juez acusado de una extorsión digitada por un lobista, que es Santiago Busaniche, conectado con Héctor Marchi, que era el administrador general de la Corte Suprema. Hay también un juez civil que es Gastón Salmain que es designado de una manera sorprendente y está hoy imputado en una causa penal junto a Busaniche. Es decir, hay un vínculo entre presuntos servicios de inteligencia y magistratura que se está viendo en audiencias judiciales.
-Bueno, es el mundo oscuro en el cual participaban jueces, empresarios, agentes de inteligencia. Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia.
Veamos qué pasa hoy con todo este tema de la AFA y el Chiqui Tapia. ¿Cómo puede ser que tengamos jueces metidos en todo el sistema disciplinario del AFA? Está un juez que es Barroetaveña que está en la Casación Federal, está en el Tribunal Disciplinario de la AFA, está en el Consejo de la Magistratura.
Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia.
Lo que yo interpreto es que ese modelo se estaba cayendo. Entonces el decreto viene a reconfigurar eso, donde la inteligencia es el centro de administración y de juego de estas ilegalidades para mantener el control.
¿Por qué? Porque la Justicia Federal está cambiando, porque la Policía Federal está cambiando, porque los servicios de inteligencia del mundo están cambiando. Con el decreto se están aggiornando normativamente para reconfigurar la vieja lógica.
Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia, de conocimiento de las amenazas complejas que hoy existen y de la necesidad de inserción estratégica de Argentina en el mundo.
-¿Precisamente, qué opina de las dificultades del progresismo para hacer una transformación de la estructura de inteligencia argentina?
-El modelo Stiuso se crea en el menemismo, pero es sostenido firmemente por el kirchnerismo. Con una mano firme como la de Néstor Kirchner, se había armonizado a los intereses del gobierno de entonces, que lo dejó crecer. Cristina, yo creo que en determinado momento, pierde el control. Pero tampoco se anima a destruirlo, no puede cambiarlo. Ahí se dan las reformas del 2015, cuando entra Parrilli, entra Mena, en Inteligencia. Son enmiendas que no se animan a modificar totalmente lo que había. No digo que hacerlo es soplar y hacer botellas pero lo que pretendieron, muy al estilo del kichnerismo, fue generar un mecanismo de control del sistema viejo, que no terminaron de controlar. Se quedaron a mitad de camino, no tuvieron audacia ni intención para un cambio fundamental.
En el gobierno de Fernández estuvimos insistiendo que había que intervenir y reformatear todo el sistema de inteligencia, y había que cortar los vínculos con la justicia penal y también se quedaron a mitad de camino. Después aparece otro grupo dentro del kirchnerismo, cuyas figuras son Moreau y Tailhade, que otra vez pretenden hacer lo mismo, que es jugar ese juego.
Históricamente, aunque yo creo que ha ido perdiendo peso, el nosiglismo siempre mantuvo algún sector en los servicios, pero ese sector se está yendo, porque hay gente que se está volviendo vieja. Milani trató de manejar el sistema de inteligencia militar sin éxito. Y Macri tampoco pudo, intentó hacerlo con Angelici y no pudo. Con lo cual, el sistema se fue degradando y desorganizando.
Hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar este mundo. Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.
Porque hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar ese mundo.Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.
-¿Usted cree, como ha dicho Agustín Rossi, que esta reforma también sustituye la inteligencia del Ministerio de Defensa para derivarla directamente a las Fuerzas Armadas?
-Eso fue parte de la modificación de la ley de Defensa. La ley de Defensa de la Democracia estaba basada en la idea de profesionalización de las Fuerzas Armadas, y eso se fue logrando a medias. El nombramiento del actual ministro de Defensa es la modificación de eso, sin hacer mucho bombo y ocultando el problema más grave que nosotros tenemos, que es la obsolescencia profunda de nuestras Fuerzas Armadas.
Al ver por televisión lo de Venezuela notamos cómo cambió la defensa y los conflictos por esto que se llama la guerra híbrida. Hoy día la guerra es básicamente tecnología, inteligencia, drones y análisis digital. Nosotros estamos desfasados, nuestras Fuerzas Armadas sirven para poco.
-¿Qué futuro estima tendrá el decreto tras la intervención del Congreso?
-Tengo sospechas de que hay sectores políticos mucho más interesados en tener algún vínculo con esta nueva central de administración de ilegalidades, que con tirarla abajo. Pero la que debería tirar todo esto abajo de un plomazo, y tiene las facultades para hacerlo, es la Corte Suprema. Pero, bueno, sus ministros están callados.
Hay que empezar a dar una discusión de fondo. Tenemos que discutir el modelo de inteligencia para la nueva etapa de la democracia. Tenemos que discutir el nuevo modelo de defensa y de fuerzas armadas para la nueva democracia, así como tenemos que discutir el modelo policial. Esas son las tres grandes discusiones que tenemos por delante.
Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.
Por Alcides Blanco para NLI
Una superstición que llegó al Boletín Oficial
Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.
Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.
De la leyenda al Estado
Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.
El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.
Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.
Del mito rural al Congreso Nacional
Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.
En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.
En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.
Una rareza jurídica con raíz popular
Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.
Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.
Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.
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