Río Negro adhiere al Plan Nacional «Argentina Construye»

Mediante un encuentro virtual con Nación, la provincia de Río Negro adhirió al convenio marco del plan de obras, vivienda e infraestructura de emergencia «Argentina Construye«.

La gobernadora Arabela Carreras, en comunicación con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, acordó suscribir al plan de contingencia presentado, el cual inyectará 28.000 millones de pesos a todo el territorio nacional y generará miles de puestos de trabajo.

Entre los distintos ejes del programa “Argentina Construye”, se proponen líneas para la construcción de viviendas, refacción de unidades habitacionales, subsidios para la compra de materiales, fabricación de núcleos sanitarios, dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia y generación de lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas, como también líneas para la conexión a redes formales de cloacas y gas.

750.000
nuevos puestos de trabajo en todo el país.
$28.000 millones
inversión para dinamizar la construcción y levantar la economía.

Al respecto, la mandataria destacó la importancia de estos lineamientos que traerán respuesta a la necesidad de vivienda de muchas familias, proveerán de espacios adecuados para enfrentar la emergencia sanitaria, y brindará la oportunidad “a tantos vecinos, por ejemplo, de la Región Sur, que podrán mediante esta propuesta conectarse en un menor tiempo al gasoducto que se está construyendo”.

Por otro lado, la ministra Bielsa presentó a Carreras el programa “Argentina Construye Solidaria”. Se trata de un Plan Federal de Inversión Pública que posibilitará que distintas instituciones de la comunidad (ONGs, fundaciones, cooperativas, mutuales, etcétera), se inscriban a través de la web y puedan obtener una tarjeta para la compra de materiales destinados a la refacción de los espacios físicos.

En la ocasión, la gobernadora junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos, detallaron los protocolos que se llevan adelante en la obra pública provincial en el marco de la pandemia, cuidando de todos los trabajadores y sus familias.

¿Qué es Argentina Construye?

Argentina Construye es un programa federal de inversión pública que llevará adelante el Estado Nacional, para generar 750.000 puestos nuevos de trabajo, con una inversión de 28.000 millones de pesos. Las obras serán articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad.

El programa está diseñado para responder ante la emergencia, atendiendo los déficits de vivienda, de infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano. Permitirá dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas a la construcción, para que miles de argentinos y argentinas puedan volver a trabajar rápidamente.

El Estado presente para mejorar el hábitat y generar empleo junto a las comunidades locales

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pone en marcha este plan en articulación con pymes, cooperativas, gremios, empresas de servicios públicos, gobiernos locales, mutuales, trabajadores independientes y autoconstrucción.

El trabajo en conjunto permitirá la construcción de 5.500 nuevas viviendas que se suman a las 30 mil en las que el ministerio ya viene trabajando, la refacción de 42.900 unidades habitacionales, la entrega de 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales, la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios, la dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia y la generación de 2.000 lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas.

De esta manera, se brinda una perspectiva federal a la problemática de acceso a la vivienda, revalorizando la tarea de las organizaciones barriales, y brindando dos beneficios inmediatos a través de la construcción de viviendas e infraestructura pública: empleo genuino para quienes construyen y un hogar digno para quienes las habitarán.

Construcción, ampliación y refacción de viviendas

Este eje incluye la construcción de 1.500 viviendas en barrios de todo el país, a construirse junto a Pymes, cooperativas, sindicatos y gobiernos locales. Contempla también el otorgamiento de créditos para compra de materiales, previendo una intervención en aproximadamente 30.000 viviendas. Asimismo, se incluyen los lotes con servicios aptos para la construcción de viviendas para sectores medios y populares. Estas líneas generarán más de 310.000 puestos de trabajo para reactivar la economía mediante la construcción.

Créditos y subsidios para la compra de materiales

Se brindarán 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales y equipamiento. Esta iniciativa sumará 78.000 nuevos empleos para trabajadores de la construcción e industrias relacionadas a la construcción.

Refacción y dotación de núcleos sanitarios

Este eje se compone por las líneas de infraestructura sanitaria y conexión a redes formales, créditos para ampliación de viviendas en sectores medios y populares, la línea refacción con créditos para mejorar las condiciones habitacionales en sectores medios y populares y microcréditos para instalación domiciliaria de gas de red en hogares. Se llevarán adelante más de 115.000 obras, que agilizarán el sector de la construcción con la creación de miles de empleos genuinos.

Equipamiento público

El eje de equipamiento público atiende directamente al contexto de emergencia con la construcción de 30 equipamientos aptos para múltiples propósitos durante la emergencia y su salida. A su vez, garantiza 2.500 conexiones de electricidad, gas, agua y red cloacal asegurando condiciones dignas de higiene en los lugares a intervenir.

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  • El sobrino de 24 años de Lule y Martín Menem sacó un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos

     

    Federico Sharif Menem obtuvo un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos. El joven es sobrino de Martín y Lule Menem, tiene 24 años y tuvo su primer trabajo en blanco en 2024. Además, a un dirigente libertario de Córdoba la banca estatal le dio un préstamo que superaba 52 veces su capacidad crediticia.

    El escándalo por los generosos préstamos que otorgó el Nación sigue escalando. A los créditos que consiguieron los funcionarios Felipe Núñez, Federico Furiase y Juan Pablo Carreira y los diputados Alejandro Bogiovanni y Agustín Campero, se suma un miembro de la familia Menem.

    El joven ingresó al Congreso en 2024 en lo que fue su primer trabajo registrado. Es secretario y mano derecha de su tío Martín Menem y maneja las contrataciones de la Cámara de Diputados. En el Congreso aserguran que Sharif se mueve en un auto con chofer, aunque sus allegados lo niegan. Adeamás lidera la juventud libertaria por decisión de Karina.

    Llegó al congreso con un salario de 2 millones de pesos en enero de 2024. A pesar del ajuste en los salarios estatales logró un préstamo de 357 millones de pesos del Banco Nación. Antes había trabajado en una empresa familiar de software.

    Los Menem se quedan con una licitación de 4.000 millones del Banco Nación

    En los últimos días se conoció que hubo decenas de beneficiarios con préstamos del Nación en todo el país. Según publicó Jornada Política, el yerno del número dos del PAMI en Córdoba logró un préstamo de 250 millones de pesos.

    En ese momento, su capacidad crediticia alcanzaba para 4, 8 millones de pesos, 52 veces menos de lo que obtuvo.

    En esa línea se inscribe el caso de Felipe Núñez, muy cercano a Toto Caputo y director del BICE.

    En su declaración jurada de 2024, entre bienes, acciones, plazos fijos y dinero en efectivo, Núñez sumaba menos de 20 millones de pesos y 18 mil dólares. Su alta en AFIP corresponde a junio de 2024, momento en que ingresó a trabajar para el Estado. De todas formas logró que el Nación le prestara 370 millones de pesos.

    Los Menem ya estaban envueltos en un escándalo con el Banco Nación luego de la preadjudicación de un contrato por más de $3.900 millones para la empresa de seguridad Tech Security, propiedad de Fernando y Adrián, los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados.

     

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  • Conmoción en la justicia: Piden que declare en una causa de corrupción el ex administrador de la Corte Suprema

     

    Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.

    El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.

    Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.

    Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.

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    Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.

    En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.

    Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.

    El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.

    En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.

    Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias

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    Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.

    Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo. 

    Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.

    Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.

    Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.

    El empresario Fernando Whpei.

    Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.

    Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».

    Whpei y Vaudagna aceptaron sus delitos y dejaron en la cuerda floja a Bailaque y Busaniche

    Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.

    Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.

    Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.

    Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.

    El ex juez federal, Marcelo Bailaque.

    Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.

    Procesan al juez Salmain por una coima: le prohíben salir del país y lo embargan por USD 200 mil

    Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.

    El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.

     

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