Río Negro adhiere al Plan Nacional «Argentina Construye»

Mediante un encuentro virtual con Nación, la provincia de Río Negro adhirió al convenio marco del plan de obras, vivienda e infraestructura de emergencia «Argentina Construye«.

La gobernadora Arabela Carreras, en comunicación con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, acordó suscribir al plan de contingencia presentado, el cual inyectará 28.000 millones de pesos a todo el territorio nacional y generará miles de puestos de trabajo.

Entre los distintos ejes del programa “Argentina Construye”, se proponen líneas para la construcción de viviendas, refacción de unidades habitacionales, subsidios para la compra de materiales, fabricación de núcleos sanitarios, dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia y generación de lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas, como también líneas para la conexión a redes formales de cloacas y gas.

750.000
nuevos puestos de trabajo en todo el país.
$28.000 millones
inversión para dinamizar la construcción y levantar la economía.

Al respecto, la mandataria destacó la importancia de estos lineamientos que traerán respuesta a la necesidad de vivienda de muchas familias, proveerán de espacios adecuados para enfrentar la emergencia sanitaria, y brindará la oportunidad “a tantos vecinos, por ejemplo, de la Región Sur, que podrán mediante esta propuesta conectarse en un menor tiempo al gasoducto que se está construyendo”.

Por otro lado, la ministra Bielsa presentó a Carreras el programa “Argentina Construye Solidaria”. Se trata de un Plan Federal de Inversión Pública que posibilitará que distintas instituciones de la comunidad (ONGs, fundaciones, cooperativas, mutuales, etcétera), se inscriban a través de la web y puedan obtener una tarjeta para la compra de materiales destinados a la refacción de los espacios físicos.

En la ocasión, la gobernadora junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos, detallaron los protocolos que se llevan adelante en la obra pública provincial en el marco de la pandemia, cuidando de todos los trabajadores y sus familias.

¿Qué es Argentina Construye?

Argentina Construye es un programa federal de inversión pública que llevará adelante el Estado Nacional, para generar 750.000 puestos nuevos de trabajo, con una inversión de 28.000 millones de pesos. Las obras serán articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad.

El programa está diseñado para responder ante la emergencia, atendiendo los déficits de vivienda, de infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano. Permitirá dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas a la construcción, para que miles de argentinos y argentinas puedan volver a trabajar rápidamente.

El Estado presente para mejorar el hábitat y generar empleo junto a las comunidades locales

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pone en marcha este plan en articulación con pymes, cooperativas, gremios, empresas de servicios públicos, gobiernos locales, mutuales, trabajadores independientes y autoconstrucción.

El trabajo en conjunto permitirá la construcción de 5.500 nuevas viviendas que se suman a las 30 mil en las que el ministerio ya viene trabajando, la refacción de 42.900 unidades habitacionales, la entrega de 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales, la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios, la dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia y la generación de 2.000 lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas.

De esta manera, se brinda una perspectiva federal a la problemática de acceso a la vivienda, revalorizando la tarea de las organizaciones barriales, y brindando dos beneficios inmediatos a través de la construcción de viviendas e infraestructura pública: empleo genuino para quienes construyen y un hogar digno para quienes las habitarán.

Construcción, ampliación y refacción de viviendas

Este eje incluye la construcción de 1.500 viviendas en barrios de todo el país, a construirse junto a Pymes, cooperativas, sindicatos y gobiernos locales. Contempla también el otorgamiento de créditos para compra de materiales, previendo una intervención en aproximadamente 30.000 viviendas. Asimismo, se incluyen los lotes con servicios aptos para la construcción de viviendas para sectores medios y populares. Estas líneas generarán más de 310.000 puestos de trabajo para reactivar la economía mediante la construcción.

Créditos y subsidios para la compra de materiales

Se brindarán 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales y equipamiento. Esta iniciativa sumará 78.000 nuevos empleos para trabajadores de la construcción e industrias relacionadas a la construcción.

Refacción y dotación de núcleos sanitarios

Este eje se compone por las líneas de infraestructura sanitaria y conexión a redes formales, créditos para ampliación de viviendas en sectores medios y populares, la línea refacción con créditos para mejorar las condiciones habitacionales en sectores medios y populares y microcréditos para instalación domiciliaria de gas de red en hogares. Se llevarán adelante más de 115.000 obras, que agilizarán el sector de la construcción con la creación de miles de empleos genuinos.

Equipamiento público

El eje de equipamiento público atiende directamente al contexto de emergencia con la construcción de 30 equipamientos aptos para múltiples propósitos durante la emergencia y su salida. A su vez, garantiza 2.500 conexiones de electricidad, gas, agua y red cloacal asegurando condiciones dignas de higiene en los lugares a intervenir.

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    En medio del escándalo $LIBRA el gobierno lanza un plan contra el fraude digital

     

    El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..

    La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.

    Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo

    El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.

    En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.

    El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.

    Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas

    Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.

    El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.

    En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.

    El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.

    Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas

    El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.

    Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.

    La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.

    La expansión de la seguridad digital

    El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.

    En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.

    El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.

    ¿Puede usarse políticamente?

    La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.

    Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.

    En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.

    Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.

    Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.

     

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