Río Negro adhiere al Plan Nacional «Argentina Construye»

Mediante un encuentro virtual con Nación, la provincia de Río Negro adhirió al convenio marco del plan de obras, vivienda e infraestructura de emergencia «Argentina Construye«.

La gobernadora Arabela Carreras, en comunicación con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, acordó suscribir al plan de contingencia presentado, el cual inyectará 28.000 millones de pesos a todo el territorio nacional y generará miles de puestos de trabajo.

Entre los distintos ejes del programa “Argentina Construye”, se proponen líneas para la construcción de viviendas, refacción de unidades habitacionales, subsidios para la compra de materiales, fabricación de núcleos sanitarios, dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia y generación de lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas, como también líneas para la conexión a redes formales de cloacas y gas.

750.000
nuevos puestos de trabajo en todo el país.
$28.000 millones
inversión para dinamizar la construcción y levantar la economía.

Al respecto, la mandataria destacó la importancia de estos lineamientos que traerán respuesta a la necesidad de vivienda de muchas familias, proveerán de espacios adecuados para enfrentar la emergencia sanitaria, y brindará la oportunidad “a tantos vecinos, por ejemplo, de la Región Sur, que podrán mediante esta propuesta conectarse en un menor tiempo al gasoducto que se está construyendo”.

Por otro lado, la ministra Bielsa presentó a Carreras el programa “Argentina Construye Solidaria”. Se trata de un Plan Federal de Inversión Pública que posibilitará que distintas instituciones de la comunidad (ONGs, fundaciones, cooperativas, mutuales, etcétera), se inscriban a través de la web y puedan obtener una tarjeta para la compra de materiales destinados a la refacción de los espacios físicos.

En la ocasión, la gobernadora junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri y la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos, detallaron los protocolos que se llevan adelante en la obra pública provincial en el marco de la pandemia, cuidando de todos los trabajadores y sus familias.

¿Qué es Argentina Construye?

Argentina Construye es un programa federal de inversión pública que llevará adelante el Estado Nacional, para generar 750.000 puestos nuevos de trabajo, con una inversión de 28.000 millones de pesos. Las obras serán articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad.

El programa está diseñado para responder ante la emergencia, atendiendo los déficits de vivienda, de infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano. Permitirá dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas a la construcción, para que miles de argentinos y argentinas puedan volver a trabajar rápidamente.

El Estado presente para mejorar el hábitat y generar empleo junto a las comunidades locales

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pone en marcha este plan en articulación con pymes, cooperativas, gremios, empresas de servicios públicos, gobiernos locales, mutuales, trabajadores independientes y autoconstrucción.

El trabajo en conjunto permitirá la construcción de 5.500 nuevas viviendas que se suman a las 30 mil en las que el ministerio ya viene trabajando, la refacción de 42.900 unidades habitacionales, la entrega de 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales, la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios, la dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia y la generación de 2.000 lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas.

De esta manera, se brinda una perspectiva federal a la problemática de acceso a la vivienda, revalorizando la tarea de las organizaciones barriales, y brindando dos beneficios inmediatos a través de la construcción de viviendas e infraestructura pública: empleo genuino para quienes construyen y un hogar digno para quienes las habitarán.

Construcción, ampliación y refacción de viviendas

Este eje incluye la construcción de 1.500 viviendas en barrios de todo el país, a construirse junto a Pymes, cooperativas, sindicatos y gobiernos locales. Contempla también el otorgamiento de créditos para compra de materiales, previendo una intervención en aproximadamente 30.000 viviendas. Asimismo, se incluyen los lotes con servicios aptos para la construcción de viviendas para sectores medios y populares. Estas líneas generarán más de 310.000 puestos de trabajo para reactivar la economía mediante la construcción.

Créditos y subsidios para la compra de materiales

Se brindarán 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales y equipamiento. Esta iniciativa sumará 78.000 nuevos empleos para trabajadores de la construcción e industrias relacionadas a la construcción.

Refacción y dotación de núcleos sanitarios

Este eje se compone por las líneas de infraestructura sanitaria y conexión a redes formales, créditos para ampliación de viviendas en sectores medios y populares, la línea refacción con créditos para mejorar las condiciones habitacionales en sectores medios y populares y microcréditos para instalación domiciliaria de gas de red en hogares. Se llevarán adelante más de 115.000 obras, que agilizarán el sector de la construcción con la creación de miles de empleos genuinos.

Equipamiento público

El eje de equipamiento público atiende directamente al contexto de emergencia con la construcción de 30 equipamientos aptos para múltiples propósitos durante la emergencia y su salida. A su vez, garantiza 2.500 conexiones de electricidad, gas, agua y red cloacal asegurando condiciones dignas de higiene en los lugares a intervenir.

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    Esta semana Argentina tuvo que importar electricidad desde Uruguay para evitar un colapso energético, por el pico de calor. Así lo publicaron distintos medios en el país vecino. 

    La decisión desnuda una falta de previsión -o negocio- que le cuesta carísimo al Estado argentino, porque se paga una fortuna por electricidad que Uruguay produce con el gas barato que exporta Argentina desde Vaca Muerta.

    El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW, sumando a la potencia transferida desde Brasil. Para dimensionarlo: ese volumen representa cerca de la mitad de la demanda uruguaya en ese momento. Es decir, el rescate energético implicó que el vecino país destinara una porción significativa de su propio consumo para sostener al sistema argentino. Y así lo cobró.

    La guerra dispara el precio del gas y las tarifas podrían duplicarse: los tres escenarios

    Un dato llamativo aparece cuando se miran los números locales. La demanda máxima del día apenas superó los 20.000 MW. Sin embargo, el sistema argentino tiene capacidad instalada para generar hasta 30.000 MW. No faltó capacidad instalada. Lo que falló fue la coordinación, el despacho y la previsión. Una estructura que, en el momento clave, no logró responder. El episodio ya es una constante en la actual administración.

    El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW. Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio.

    Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio. Esa electricidad, además, se genera, en parte con gas argentino.  

    El gas de Vaca Muerta se exporta a Uruguay, a través de acuerdos como el que mantiene Pan American Energy con la estatal uruguaya UTE,  precios cercanos a los 3,5 dólares por millón de BTU, por debajo de los casi 5 dólares que se pagan en el mercado doméstico. 

    Con ese insumo, la central térmica de Punta del Tigre produce electricidad que luego se vende de regreso a la Argentina a precios varias veces superiores. 

    La ecuación es difícil de justificar. Argentina exporta gas barato y reimporta energía eléctrica cara producida con ese mismo recurso. En los hechos, subsidia el insumo y paga el valor agregado. Una lógica invertida que se vuelve más visible en momentos de estrés del sistema. 

    En el trasfondo, el manejo del SADI vuelve a quedar bajo cuestionamiento. La previsión de la demanda, la disponibilidad efectiva de generación y la coordinación regional no lograron alinearse. No fue una falla estructural. Fue una secuencia de decisiones que derivó en una importación evitable. 

    «Hay que apurar la comisión de interconexión. Le vendemos gas barato de Vaca Muerta para que generen en Punta del Tigre y después nos venden la electricidad carísima. Es un cuadrilátero que ya pagamos», explicó a LPO una fuente del sector. 

     

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