PorMunicipalidad Villa Regina
Publicada el
La Municipalidad de Villa Regina informa que, de acuerdo a lo comunicado desde el Movimiento Evita, quedan sin efecto los turnos otorgados para mañana sábado para la atención oftalmológica y odontológica de los camiones sanitarios.
Según se indicó, la suspensión de la campaña de salud comunitaria se debe a las medidas de restricción de circulación que comenzarán a regir a partir de mañana.
Todo se conjugó para que sea una noche ideal la tercera y última fecha del Campeonato Nocturno de Karting 2020. Una noche de clima más que ideal, impresionante marco de público, el gran poder en convocatoria de pilotos mostrado y las excelentes competencias que en pista se generaron; dejó en los asistentes una gigantesca expectativa…
En tiempos de crisis económica el argentino sabe buscar opciones que colaboren con el cuidado de la economía intrafamiliar. Los vaivenes económicos a lo largo de la historia del país conformaron al sujeto argentino como un eximio buscador de variables que colaboren con el ineludible ajuste doméstico que lo lleve a llegar a fin de…
La reforma impulsada por el Gobierno nacional presenta al practicaje como un servicio costoso que debe abrirse a la competencia. Sin embargo, detrás de esa definición existe una profesión altamente especializada, indispensable para el funcionamiento de los puertos de todo el mundo y cuya desregulación genera preocupación entre especialistas en navegación. Cómo opera realmente el sistema, por qué ningún capitán puede reemplazar fácilmente a un práctico y qué riesgos plantea el Decreto 690/2026 para el principal complejo exportador argentino.
Por Tomás Palazzo para NLI
Durante los últimos días, millones de argentinos escucharon por primera vez hablar de los prácticos de puerto. El conflicto desatado tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, derivó en una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de buques en buena parte del sistema portuario nacional. Sin embargo, la cobertura mediática se concentró casi exclusivamente en el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales del sector, dejando de lado una pregunta mucho más importante: ¿qué hace realmente un práctico y por qué prácticamente todos los países marítimos del mundo consideran indispensable su trabajo? La respuesta permite comprender que la discusión excede ampliamente una cuestión gremial o tarifaria y se introduce en un terreno mucho más sensible: la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el funcionamiento del comercio exterior de un país cuya economía depende, en gran medida, de las exportaciones que salen por la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La lógica con la que el Gobierno abordó esta reforma no es nueva. Desde su llegada al poder, Milei y Sturzenegger vienen impulsando una profunda desregulación de múltiples actividades bajo una misma premisa: cuando existen pocos oferentes, la competencia es insuficiente y los precios son elevados, el Estado debe eliminar restricciones para permitir el ingreso de nuevos actores. Esa mirada puede resultar razonable cuando se trata de mercados comerciales tradicionales. Sin embargo, comienza a mostrar importantes limitaciones cuando se traslada mecánicamente a actividades cuya principal función no es competir por precio sino minimizar riesgos que pueden generar consecuencias económicas, humanas y ambientales de enorme magnitud. El practicaje pertenece precisamente a esa categoría.
Para comprender la dimensión del problema conviene imaginar el recorrido que realiza un buque cerealero que parte desde China o Europa con destino al complejo agroexportador del Gran Rosario. Luego de atravesar océanos durante varias semanas, la embarcación arriba al Río de la Plata y debe internarse en uno de los sistemas fluviales más complejos del planeta. A diferencia de lo que ocurre en alta mar, donde los grandes buques disponen de enormes márgenes para maniobrar, los canales navegables argentinos presentan profundidades limitadas, curvas pronunciadas, bancos de arena que cambian constantemente, fuertes corrientes, variaciones provocadas por crecientes o bajantes extraordinarias y un intenso tráfico de otras embarcaciones comerciales. Navegar por ese corredor exige un conocimiento extremadamente específico que ningún capitán extranjero puede adquirir durante un viaje ocasional.
Es justamente allí donde aparece la figura del práctico. Contrariamente a la imagen simplificada que suele difundirse, no se trata de un acompañante ni de un asesor administrativo. El práctico es un capitán de ultramar especialmente habilitado para conducir técnicamente la navegación dentro de una jurisdicción determinada, aportando un conocimiento local que no figura en ninguna carta náutica ni puede ser reemplazado por la tecnología satelital. Su trabajo comienza incluso antes de subir al barco. Debe analizar el estado del río, la profundidad disponible, el tránsito existente, las condiciones meteorológicas, el comportamiento de los remolcadores y la situación operativa del puerto de destino. Una vez a bordo, coordina cada maniobra junto al capitán, indicando velocidades, puntos de giro, utilización de remolcadores, cruces con otros buques y márgenes de seguridad para evitar encallamientos o colisiones.
En términos jurídicos, el capitán nunca deja de ser la máxima autoridad del barco. Sin embargo, en la práctica sigue las indicaciones del práctico porque sabe que ese profesional posee un conocimiento imposible de improvisar. La experiencia internacional demuestra que un capitán puede haber navegado durante treinta años por todos los océanos del mundo y, aun así, desconocer completamente las particularidades de un canal determinado. Los ríos cambian permanentemente. Una creciente puede modificar un banco de arena en cuestión de días; una bajante histórica puede alterar profundidades que durante años fueron seguras; una obra de dragado puede generar nuevas condiciones de navegación. Ese conocimiento dinámico sólo puede obtenerse mediante años de trabajo cotidiano en una misma zona.
Esta característica explica también por qué el acceso a la profesión está tan regulado en todo el mundo. Para convertirse en práctico no alcanza con obtener un título universitario ni con aprobar un examen teórico. El aspirante debe haber desarrollado previamente una extensa carrera como oficial y capitán de buques de gran porte, acreditar miles de horas efectivas de navegación, superar exigentes evaluaciones técnicas y realizar un prolongado período de entrenamiento específico sobre la jurisdicción donde pretende trabajar. Cada habilitación corresponde exclusivamente a una zona determinada. Un práctico autorizado para operar en Bahía Blanca no puede trasladarse automáticamente a Rosario. Del mismo modo, quien conoce cada recodo del Paraná no necesariamente está capacitado para ingresar a Ushuaia o al puerto de Buenos Aires. La profesión se construye sobre el conocimiento local acumulado durante años y no sobre una licencia genérica para navegar.
Este aspecto suele ser omitido cuando se habla de «abrir el mercado». La discusión no gira alrededor de una matrícula que el Estado entrega arbitrariamente a un grupo reducido de personas. Lo que limita naturalmente el número de prácticos es la enorme cantidad de años de formación necesarios para alcanzar el nivel de experiencia requerido. No existe una universidad que gradúe prácticos en cuatro o cinco años. La profesión constituye el último escalón de una carrera marítima extremadamente extensa, donde la experiencia vale tanto como el conocimiento académico.
La propia historia de la navegación ayuda a comprender por qué esta función sobrevivió prácticamente intacta durante siglos. Desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano existían navegantes especializados en conducir embarcaciones hacia puertos peligrosos o atravesar estrechos particularmente complejos. Con el desarrollo del comercio internacional, esa práctica fue institucionalizándose hasta transformarse en una profesión reconocida por todos los Estados marítimos modernos. Hoy, la Organización Marítima Internacional considera al practicaje uno de los componentes esenciales de la seguridad de la navegación, aunque deja la regulación concreta en manos de cada país. Lejos de desaparecer por efecto de la tecnología, el practicaje ganó importancia a medida que crecieron las dimensiones de los buques y aumentó el volumen del comercio mundial.
Por esa razón resulta llamativo que la discusión pública argentina haya sido presentada como si el practicaje constituyera una rareza corporativa propia del país. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Estados Unidos mantiene uno de los sistemas de practicaje más estrictamente regulados del planeta, administrado por cada Estado bajo supervisión de la Guardia Costera. Canadá organiza el servicio mediante corporaciones públicas regionales. Reino Unido delega la administración en autoridades portuarias especialmente habilitadas. Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica, Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, Brasil y Uruguay también exigen la presencia obligatoria de prácticos locales para la mayoría de los grandes buques que ingresan a sus puertos. Cambian los modelos administrativos, los mecanismos de contratación y las formas de fijar honorarios, pero prácticamente ningún país desarrollado considera que la navegación en zonas críticas pueda quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado.
El Decreto 690/2026 modifica profundamente ese esquema en la Argentina. Bajo el argumento de reducir costos logísticos y fomentar la competencia, elimina diversas restricciones para el acceso a la actividad, habilita un registro abierto, modifica el sistema tarifario, permite nuevas modalidades de contratación y flexibiliza determinados supuestos en los que algunos capitanes podrían quedar exceptuados de contratar un práctico. Para el Gobierno, estas medidas terminarán con un sistema que considera cerrado y excesivamente costoso para el comercio exterior. Desde la perspectiva oficial, el practicaje constituye un servicio económico que debe funcionar bajo las mismas reglas de competencia que cualquier otro mercado.
Sin embargo, allí aparece el núcleo de la controversia. Quienes cuestionan la reforma sostienen que el análisis de Sturzenegger parte de una premisa equivocada: considerar al practicaje exclusivamente como un costo logístico. En realidad, afirman, se trata de un sistema de gestión del riesgo. El honorario que percibe un práctico representa una fracción mínima del valor transportado por un buque cerealero o petrolero. En cambio, el costo potencial de un accidente puede ascender a cientos de millones de dólares si un barco bloquea un canal estratégico, produce un derrame de hidrocarburos o interrumpe durante semanas el funcionamiento de la principal vía exportadora del país. La ecuación económica, sostienen los especialistas, no debería medirse únicamente por el precio del servicio sino por el enorme volumen de pérdidas que contribuye a evitar.
La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el peso que la Hidrovía tiene sobre la economía argentina. Por ese corredor sale la inmensa mayoría de las exportaciones agroindustriales, principal fuente de ingreso de divisas para el país. Cada demora en la operatoria portuaria repercute sobre contratos internacionales, cronogramas logísticos, costos de flete y disponibilidad de dólares. En otras palabras, el funcionamiento del practicaje no sólo interesa a quienes trabajan en los puertos; constituye una pieza esencial de un sistema del que depende buena parte de la estabilidad económica nacional.
Quizás el aspecto más preocupante del debate sea que la discusión pública terminó reducida a una confrontación entre el Gobierno y un supuesto «privilegio corporativo», sin que prácticamente nadie explicara cuál es la función concreta que cumplen estos profesionales. Cuando una actividad permanece invisible durante décadas suele ser porque funciona correctamente. Recién adquiere notoriedad cuando deja de hacerlo. Eso ocurrió con los prácticos. Millones de argentinos descubrieron su existencia únicamente cuando los puertos comenzaron a paralizarse. Pero la verdadera importancia de esta profesión no reside en la medida de fuerza sino en el hecho de que, durante décadas, permitió que miles de buques ingresaran y salieran de los puertos argentinos sin que la mayoría de la sociedad siquiera advirtiera su presencia.
La reforma impulsada por Federico Sturzenegger plantea, en definitiva, una discusión que excede largamente el practicaje. Lo que está en juego es si todas las actividades pueden analizarse exclusivamente desde la óptica de la competencia y la reducción de costos o si existen funciones estratégicas donde la prioridad debe seguir siendo la seguridad, la experiencia profesional y la protección de intereses nacionales permanentes. La respuesta no sólo definirá el futuro de una profesión centenaria. También permitirá saber hasta dónde puede llegar una política de desregulación cuando se aplica sobre uno de los engranajes más delicados del comercio exterior argentino.
En el marco del PARO Y MOVILIZACIÓN por el #8M en Villa Regina, Socorro Rosa brindó un taller destinado a conocer en detalle los avances y problemáticas actuales sobre la aplicación de la IVE/ILE en nuestro país y en la región. A continuación, compartimos los datos obtenidos por Socorristas en Red a un año de…
El Intendente Marcelo Orazi participó este martes de la entrega de insumos a establecimientos educativos de la ciudad que fueron adquiridos a partir del convenio que la Municipalidad firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. En este caso, la Escuela Primaria N° 257 y la Escuela N° 143 recibieron una…
En el plazo de unos pocos días, más de cincuenta mil personas cruzaron la frontera de Marruecos hacia el enclave-ciudad-española de Ceuta. Un joven de 21 años de origen libanés fue abatido por la policía alemana al día siguiente de atentar con una furgoneta contra la Marcha del Orgullo en el Tiergarten de Berlín, matando a una mujer y dejando 29 personas heridas. En Argentina, el Gobierno libertario publicó un decreto para impedir la entrada al país y expulsar a los extranjeros que “agravien al pueblo argentino”. Ninguno de estos episodios admite una única explicación. Sin embargo, los tres forman parte de una misma mutación de la racionalidad política contemporánea, que toma poblaciones vulnerables como fichas del tablero político, ejércitos de reserva despojados ya no solo de empleo, sino también de cualquier derecho.
Las imágenes de Ceuta muestran masas de cuerpos corriendo entre los espigones fronterizos, miles de personas cruzando a nado el espigón del Tarajal, agentes de la Guardia Civil rescatando criaturas mientras se ahogaban, el despliegue militar en las playas fronterizas, hombres marroquíes rompiendo o escalando las verjas y un montón de gente desesperada. Son imágenes que condensan décadas de asimetrías, acuerdos migratorios y tensiones diplomáticas. En la escena de Berlín, en cambio, la mayoría celebraba una fiesta callejera que abraza la diversidad sexual. El atacante, radicalizado pero formalmente integrado, estaba en la mira de las autoridades. Los servicios de inteligencia lo habían clasificado como “orientado a la violencia”, pero no tenían ningún asidero legal para restarle libertades. Dos episodios muy distintos de la multitud, la vulnerabilidad y las diferencias insalvables que trazan los itinerarios de un viejo continente que ve cómo se desfiguran los marcos con los que las democracias liberales suelen narrar la migración. La proximidad de estos dos casos en tiempo y espacio vuelve visible la dificultad de encontrar un lenguaje capaz de pensar las transformaciones recientes de la migración sin reducirlas a la alternativa entre el humanitarismo y la seguridad.
Ceuta y Berlín muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos.
Como era previsible, las dos noticias fueron absorbidas de inmediato por la lógica de la polarización. De un lado, aparecieron voces que denunciaban la xenofobia latente en toda llamada a reforzar fronteras y mezclar islamismo con fundamentalismo. Del otro, señalaron la ingenuidad de las políticas de acogida y la incapacidad estatal para proteger a sus ciudadanos de bien. El debate se organizó, una vez más, alrededor de la oposición entre la custodia de la nación y la defensa irrestricta de la diversidad. Esa dicotomía tiene una eficacia política inmediata, porque ordena el campo, pero también tiene un costo analítico severo. Impide advertir un cambio más profundo en la manera en que la figura del migrante circula por el espacio público contemporáneo.
Lo verdaderamente nuevo, de todas maneras, no está en los argumentos (archiconocidos, por otra parte), sino en la transformación que permanece oculta cuando nos limitamos a tomar partido. Ceuta y Berlín son acontecimientos que desbordan tanto el relato humanitario como el relato securitario. Ambos muestran que la figura del migrante ya no ocupa un lugar fijo en los debates políticos, sino que su halo se ha vuelto móvil, plástico, disponible para usos estratégicos muy distintos. La dicotomía entre puertas abiertas y puertas cerradas supone que la migración es un fenómeno que se puede aceptar o rechazar. Pero lo que estas escenas sugieren es que la migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio. El problema no se reduce, por lo tanto, a un hecho demográfico. La transformación de la figura del migrante es una pieza central de la racionalidad política actual.
Durante buena parte del siglo XX, las masas migrantes habían sido pensadas como trabajadores, como refugiados o como víctimas de persecuciones. Hoy, sin dejar de ser ninguna de esas cosas, se han convertido además en un instrumento de presión interestatal y en un soporte simbólico para nuevas formas de autoridad (¿o autoritarismo?). Esa mutación es algo que exige ser pensado.
En Ceuta, el protagonista de la noticia no era el migrante individual con su historia y sus motivos, sino la frontera como instrumento diplomático. El gobierno marroquí, según lo que dijeron prácticamente todos los análisis, relajó los controles como respuesta a una decisión del Tribunal Supremo español que limitaba las devoluciones “en caliente” (sin procedimientos formales de identificación y expulsión). Más de sesenta mil personas se convirtieron, en cuestión de horas, en una señal enviada de una capital a otra. La movilidad humana funcionó como un mensaje que no necesitaba ser formulado explícitamente. Las personas concretas quedaron subsumidas en una función geopolítica que las excedía por completo.
La migración se ha convertido también en un lenguaje a través del cual los Estados y los movimientos políticos se disputan algo más que el control del territorio.
En Berlín, el protagonista tampoco fue el atacante en su singularidad, sino el fracaso de ciertas categorías con las que Europa en general y Alemania en particular habían intentado pensar la integración. El episodio hizo visible una tensión que los discursos oficiales habían mantenido en un discreto segundo plano: la coexistencia, dentro del mismo espacio jurídico, de marcos normativos profundamente incompatibles.
Ambos casos expresan una misma reorganización simbólica (y no solo) del campo político que va desde el lenguaje de la geopolítica y la presión migratoria hasta el lenguaje de la seguridad interior y el conflicto de valores. Tanto en Berlín como en Ceuta, el migrante pasó a convertirse en operador político, como instrumento de negociación entre Estados o detonante de una reconfiguración discursiva que ya no opone simplemente izquierda y derecha, sino que atraviesa y reorganiza ambos campos.
Para entender la profundidad de este desplazamiento conviene abrir el foco histórico. Lo ocurrido en Ceuta no es una excepción. En 2021, el mismo gobierno marroquí permitió la entrada masiva de miles de personas al enclave español tras un desacuerdo diplomático vinculado al Sahara Occidental. En aquella ocasión, igual que en esta, el movimiento migratorio se usó para agitar una negociación que hasta entonces transcurría por los canales oficiales. La repetición del procedimiento indica que no estamos ante una estrategia puntual, sino ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior. Ese mismo año, el caso de Bielorrusia reforzó esa impresión. Durante varios meses, el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada de miles de migrantes, principalmente de Oriente Medio, hasta la frontera con Polonia, Lituania y Letonia. Ahí también las imágenes de personas atrapadas en un bosque helado entre alambradas y uniformes militares dieron la vuelta al mundo. La Unión Europea denunció lo que calificó como un ataque híbrido que se apoyaba en la instrumentalización deliberada de seres humanos con fines geopolíticos. En ese caso, como en Ceuta, la movilidad de miles de personas era administrada como un recurso para desestabilizar al adversario. Y el problema humanitario era más una consecuencia. Turquía, por su parte, ya había mostrado la eficacia del mecanismo en 2016, cuando la UE firmó un acuerdo con Ankara para que contuviera los flujos migratorios hacia Grecia a cambio de miles de millones de euros y concesiones políticas. En 2020, cuando las tensiones entre Turquía y la UE se intensificaron, el presidente Recep Tayyip Erdoğan abrió brevemente esa frontera y centenares de personas se dirigieron hacia Europa como tierra prometida, cayendo en la misma trampa. La movilidad no era el efecto colateral de una guerra o un desastre ecológico, sino una palanca que se accionaba de forma calculada, un instrumento de presión que atrapaba a las personas entre la indolencia y la indiferencia. La lógica no se limita al vecindario europeo ni a los países que “producen” migrantes. En Estados Unidos, Donald Trump convirtió al “extranjero” en un eje privilegiado para reorganizar el debate sobre soberanía, seguridad y autoridad estatal. Sus maniobras para controlar la frontera con México la volvieron un escenario privilegiado para narrar una idea de nación.
Sumados, todos estos casos empiezan a configurar un catálogo relativamente estable. Distintos gobiernos, con regímenes políticos y orientaciones ideológicas diferentes, descubren que la administración de poblaciones desplazadas puede rendir beneficios hacia adentro y hacia afuera de las fronteras. Por supuesto, los migrantes tienen agencia y motivos propios, pero sus movimientos se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.
Estamos ante la consolidación de un repertorio de acción estatal que utiliza el control selectivo de la movilidad como una herramienta de presión exterior.
¿Qué es lo que hizo que la circulación de personas adquiriese semejante valor táctico y tan poco valor humano? Más allá de las asimetrías económicas y los conflictos armados, se puede pensar que cuando la UE convirtió el control migratorio en una prioridad política de primer orden, otorgó involuntariamente a sus vecinos un nuevo recurso de negociación: la amenaza de dejar pasar y la promesa de contener.
Es muy útil recuperar, con todas las precauciones necesarias, una vieja categoría de la tradición crítica: el ejército industrial de reserva. Marx describió con ese concepto la masa de trabajadores desempleados que el capitalismo mantenía disponibles para presionar a la baja los salarios y disciplinar a la clase obrera activa. Con eso develó que esa población “excedente” no era un accidente del sistema, sino un componente estructural en su funcionamiento que era medido en términos principalmente económicos. Hoy, el migrante sigue siendo, en muchos contextos, mano de obra precarizada que engrosa los márgenes del mercado laboral. Pero esa condición económica ya no agota su función política. Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso, ya que el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia (efectiva o virtual) ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública.
Los movimientos migrantes se insertan en un entramado de tolerancias y bloqueos que los convierte en un recurso estratégico. La vulnerabilidad extrema se transforma en un activo para negociar.
Ya no se trata solo de un excedente laboral que regula el mercado de trabajo, como planteó Marx, sino de una masa de seres humanos “sobrantes” que regula relaciones de fuerza en el escenario internacional; cuerpos cuya vulnerabilidad puede ser administrada (y exhibida) según las circunstancias. No hay nada particularmente novedoso en el uso político de las migraciones. El siglo XX ya ofrece innumerables ejemplos de desplazamientos forzados, expulsiones masivas e instrumentalización de poblaciones enteras con fines militares, diplomáticos o económicos. La novedad parece residir en que hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad. Funciona como un fenómeno capaz de disciplinar el conjunto del debate público.
La analogía con el ejército de reserva es estructural, porque así como la existencia de población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias. Es un principio alrededor del cual se ordenan conflictos que lo exceden ampliamente. La consecuencia de ese desplazamiento es profunda. El cuerpo migrante pasa a valer por sus efectos políticos, por la capacidad de alterar agendas mediáticas y cálculos electorales. Los Estados hoy pueden tratar a las personas como fichas de negociación, tomando prestados recursos del lenguaje humanitario que se mantienen en la superficie mientras la gramática profunda es la de la instrumentalización.
Junto a su explotación como trabajador, emerge una nueva modalidad de uso: el migrante empieza a valer políticamente por la presión que su sola presencia ejerce sobre los sistemas de acogida y la opinión pública.
En Berlín, desde esta perspectiva, el conflicto que se desató después del atentado no enfrenta simplemente a quienes quieren cerrar las fronteras con quienes quieren abrirlas. Lo que emerge es una tensión entre distintos principios normativos que conviven dentro del mismo edificio liberal. Por un lado, el principio de protección de las minorías sexuales, que exige perseguir y condenar el odio homofóbico. Por otro, el principio de no discriminación, que obliga a no estigmatizar a toda una comunidad religiosa por el acto de algunos individuos. Ambos principios son legítimos, pero su articulación se vuelve extremadamente difícil en un clima de miedo y polarización. Esta tensión constituye uno de los principales combustibles del crecimiento de las nuevas derechas europeas. No necesitan demostrar que todos los inmigrantes son peligrosos; alcanza con instalar la idea de que el Estado no es capaz de distinguir entre quienes representan un riesgo y quienes no (o que cuando lo hace es demasiado tarde), de que los derechos de las minorías atentan contra la seguridad nacional. La extrema derecha capitaliza la sensación de que el control se ha perdido y de que las élites políticas lo ocultan por razones ideológicas o por conveniencia.
El Cono Sur merece particular atención precisamente porque parece situarse en las antípodas del caso europeo, pero replica su gramática. A fines de julio, el gobierno de Javier Milei publicó un decreto que amplía las facultades del Estado para expulsar a migrantes que atenten contra el orden público, incluyendo causales vinculadas a manifestaciones orales o escritas. Argentina no presenta ni de lejos una crisis migratoria comparable a la europea. La migración regional, legal prácticamente en su totalidad, proveniente de países limítrofes, es un fenómeno consolidado desde hace décadas que no ha generado tensiones culturales significativas ni desafíos de integración equiparables a los del Mediterráneo. Los índices de delincuencia de la población migrante no difieren de los de la población nativa. No hay atentados ni conflictos lingüísticos que cuestionen la soberanía estatal. Cualquier comparación con Ceuta o Berlín sería híper forzada.
¿Por qué, entonces, el presidente argentino adopta un lenguaje político tan parecido al que utilizan las derechas europeas para hablar de la migración? Las respuestas no están en los hechos o los datos, sino en la identificación con una forma de construir el conflicto político. Lo que revela el DNU libertario es la voluntad de inscribir al país en las conversaciones del Norte global. La idea de que ciertos migrantes representan una amenaza para la comunidad nacional y que el Estado debe tener la capacidad de expulsarlos con rapidez es un tópico central del repertorio de las nuevas derechas globales, verosímil dentro de un relato más amplio sobre la decadencia y la necesidad de restaurar una autoridad centralizada.
Hoy la migración es un dispositivo a través del cual se reorganizan discusiones mucho más amplias sobre soberanía, seguridad, ciudadanía e identidad.
El decreto introduce criterios que atañen a la relación simbólica del migrante con la nación. Se trata de habilitar la promesa de la expulsión como atributo de fuerza. La frontera se desplaza desde la conducta hacia la opinión, como marca la rítmica actual. Permanecer en el territorio deja de ser un derecho que se pierde por infringir la ley penal y empieza a ser una concesión que puede revocarse por no compartir los valores que un gobierno define como propios.
El migrante, incluso en contextos donde su presencia no supone ningún problema social significativo, funciona como un objeto privilegiado para reorganizar los imaginarios sobre soberanía, comunidad y autoridad. A través de su figura se vuelve a discutir qué es la nación y quién tiene derecho a definirla. Más que un conflicto entre nativos y extranjeros, la operación usa al migrante para reconfigurar el vínculo entre el Estado y el conjunto de la población, en la medida que envíe un mensaje general sobre hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno en nombre del orden.
Así como la población desocupada permitía reorganizar las relaciones entre capital y trabajo en favor de la burguesía, la centralidad política del migrante permite hoy reorganizar las fronteras de la comunidad nacional favoreciendo los discursos de las derechas identitarias.
Es posible observar la manera en que ciertos grupos adquieren un nuevo valor estratégico y, con eso, insistir en que no se trata de profetizar un futuro distópico ni de equiparar mecánicamente el siglo XXI con el XIX. Se trata de identificar un patrón emergente y un uso de las poblaciones migrantes como recurso político de primer orden cuya fragilidad es exactamente lo que lo habilita. La precariedad de esas vidas se convierte en poder, pero no para esas poblaciones (el mito del “empoderamiento” mostró su esterilidad), sino para quienes las administran.
Lo que asoma en los tres escenarios es una política que ya no quiere resolver problemas o mejorar la vida de las personas. El migrante, convertido en recurso estratégico, deja de ser sujeto de derecho para transformarse en un buen argumento para endurecer leyes o renegociar acuerdos. Hay millones de personas que dependen cada vez más de gobiernos que las usan como justificación para ampliar sus facultades. Quizá por eso, la frontera se instaló en el centro del lenguaje con que el poder se narra a sí mismo.
La entrada Un nuevo ejército de reserva se publicó primero en Revista Anfibia.
