PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina informa que, de acuerdo a lo comunicado desde el Movimiento Evita, quedan sin efecto los turnos otorgados para mañana sábado para la atención oftalmológica y odontológica de los camiones sanitarios.
Según se indicó, la suspensión de la campaña de salud comunitaria se debe a las medidas de restricción de circulación que comenzarán a regir a partir de mañana.
Axel Kicillof entró en por primera vez en lo que va de su gestión en una negociación real con los empleados públicos. Este jueves subió apenas un punto la oferta que la semana pasada habían rechazado docentes y estatales, y que había sido del 2% para el mes de febrero.
Desde el gobierno advirtieron a los gremios que la provincia no cuenta con un margen mayor para mejorar la oferta debido al «complejo contexto fiscal» que atraviesa. Por lo pronto, los sindicatos estatales UPCN, ATE y Fegeppba ya la rechazaron y argumentan que está por debajo de la inflación.
La negociación se da en un contexto complejo para los líderes gremiales. Roberto Baradel (Suteba) y Claudio Arévalo (ATE) fueron los primeros aliados de Kicillof en el arco gremial. El gobernador y los gremios mantuvieron una fuerte alianza en los últimos años sin ningún paro cuestiones salariales.
Sin embargo, desde el año pasado las bases sindicales comenzaron a exigir mejores aumentos y reniegan de ver a Baradel, Arévalo y Oscar de Isasi en la primera fila de todos los actos del gobernador.
El malestar de las bases con los dirigentes llegó a un punto que este año la negociación paritaria se realiza por conferencia virtual porque los gremialistas temen escraches en las oficinas del ministerio de Trabajo.
Roberto Baradel.
La oferta del gobierno está muy lejos de lo que las bases reclaman. Por caso, UPCN, ATE y Fegeppba la rechazaron de plano. Sin embargo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que comandan el Suteba de Baradel y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se llevaron la oferta para analizarla.
El gobierno afirmó que el mes pasado los estatales cobraron un 4,5% más que en diciembre, pero los gremios advierten que eso ocurre porque se otorgaron dos retroactivos por un total del 1,5% que ya no se cobran más. Por eso, ahora afirman que el aumento ofrecido hoy en realidad mantiene ese 1,5% y le suma un 1,5% más, por debajo de la inflación de enero que fue 2,9%.
Si la negociación se dilata, el gobierno de Kicillof podría aplicar el aumento ofrecido este miércoles sin el asentimiento de los gremios, para luego seguir negociando. En enero, la poderosa FEB ya habían rechazado el acuerdo (que se aceptó por mayoría de los gremios del Frente de Unidad Docente). En tanto, los judiciales firmado la oferta en disconformidad.
Kicillof necesita asegurar el inicio de clases en tiempo y forma para poder lanzarse a recorrer las provincias en clave electoral. Hasta ahora, el gobierno viene evitando que los gremios retrasen el inicio de clases, un conflicto recurrente durante las gestiones anteriores durante cada mes de marzo.
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Pese a estar bajo investigación judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntos retornos ilegales, el Gobierno volvió a habilitar a la droguería Suizo-Argentina para hacer negocios con el Estado. La empresa está en el centro del escándalo de la ANDIS y es señalada por un esquema de coimas que salpica de lleno al entorno más íntimo de Milei.
Por Tomás Palazzo para NLI
Mientras Milei repite su discurso contra “la casta” y promete transparencia, la realidad vuelve a mostrar otra cosa. El Estado nacional reactivó contrataciones con la droguería Suizo-Argentina S.A., una de las firmas más beneficiadas durante el actual gobierno y que se encuentra bajo investigación por una trama de sobreprecios, contratos amañados y presuntos retornos del 3% en el marco de las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La decisión de volver a contratar a la empresa se tomó cuando la causa judicial sigue abierta, los audios que dieron origen al escándalo no fueron desmentidos y las sospechas de corrupción alcanzan directamente a Karina Milei, hermana del Presidente y figura central del armado libertario.
La investigación judicial se inició a partir de audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describe con crudeza un esquema de contratación irregular con Suizo-Argentina. En esas grabaciones se habla de licitaciones armadas, sobreprecios sistemáticos y un retorno del 3% del monto de los contratos.
Según la denuncia, ese dinero habría sido canalizado hacia funcionarios y operadores políticos del oficialismo. El nombre de Karina Milei aparece mencionado como destinataria final de esos retornos, junto a otros integrantes del círculo de poder que rodea al Presidente.
Lejos de aclarar la situación, el Gobierno optó por no dar explicaciones públicas, desplazar silenciosamente a algunos funcionarios y, ahora, volver a habilitar a la empresa sospechada para seguir contratando con el Estado.
Los números son elocuentes. Más de 600 contratos firmados entre la ANDIS y Suizo-Argentina, por montos que superan los 55 mil millones de pesos, se encuentran bajo la lupa judicial. A eso se suman compras realizadas por otros organismos nacionales, como el Ministerio de Salud, el PAMI y obras sociales estatales.
Pese a este escenario, la droguería volvió a presentar ofertas en nuevas licitaciones, incluyendo provisión de insumos médicos de alta complejidad para hospitales públicos. En algunos casos, los procesos administrativos ya quedaron listos para adjudicar, como si la investigación en curso no existiera.
No hubo suspensión preventiva, ni inhabilitación, ni siquiera un gesto mínimo de prudencia institucional.
Otro dato que refuerza las sospechas es el crecimiento exponencial de los contratos de Suizo-Argentina desde la llegada de Milei al poder. En apenas un año, la facturación de la empresa con el Estado se multiplicó de manera abrupta, alcanzando cifras superiores a los 100 mil millones de pesos.
Este salto contrasta brutalmente con el ajuste que el propio Gobierno aplica sobre jubilaciones, prestaciones por discapacidad, salarios estatales y el sistema de salud pública. Mientras se recortan derechos, los negocios amigos siguen intactos.
La reapertura de las contrataciones con una empresa bajo investigación judicial deja en evidencia una doble vara escandalosa. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción, pero cuando las sospechas tocan a su propia familia, el discurso se desvanece.
No hay transparencia, no hay explicaciones y no hay sanciones. Hay continuidad de negocios, encubrimiento político y una sensación de impunidad que se profundiza.
Mientras la Justicia avanza a paso lento y el Gobierno hace equilibrio para despegarse del escándalo, los contratos siguen firmándose y el dinero público sigue fluyendo, incluso cuando las denuncias ya no son versiones periodísticas sino una causa judicial en marcha.
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