Prorrogan el cordón sanitario en Choele hasta el 6 de mayo

Por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, el Ministerio de Salud de Río Negro resolvió hoy prorrogar el cordón sanitario en Choele Choel, a partir de las 8 del día 29 de abril y hasta las 24 horas del 6 de mayo.

Se trata de una medida preventiva, excepcional y temporaria, que contempla la restricción del ingreso y egreso a la localidad a toda persona, incluida la totalidad de los supuestos previstos en las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio, determinadas en el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

Solamente se exceptúa al personal de seguridad, de salud y aquellos que brindan servicios municipales esenciales. Se autoriza la circulación interna de aquellos trabajadores afectados a los medios de comunicación locales, a los fines de mantener debidamente informada a la población.

Se trata de una medida preventiva a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19, dispuesta a partir de la vigilancia epidemiológica en Choele Choel, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación en coordinación con el Ministerio de Salud de Río Negro.

Se habilita de manera excepcional a los traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y productos de primera necesidad, desde las 9 hasta las 15, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona por grupo familiar. Los comercios de abastecimiento a la población podrán abrir sus puertas en dicho horario.

En los horarios establecidos, sólo podrán circular los días lunes, miércoles y viernes aquellos ciudadanos cuyo documento de identidad finalice en número impar, en tanto que aquellos terminados en número par sólo podrán hacerlo los días martes, jueves y sábado. Los días domingo no podrá existir circulación de vehículos y personas.

En tanto, los vehículos particulares autorizados para el aprovisionamiento de mínima sólo podrán hacerlo con una persona por unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo ante el COVID-19. No se permitirá la circulación con menores de edad, salvo que la misma tenga relación con una emergencia sanitaria. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos que prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

Por otra parte, se establece el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso directo a la Ruta Nacional N° 22 y Ruta Provincial N° 250; y/o aquellos accesos alternativos a la localidad; mediante vallas o cintas de seguridad, dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

Además se establece el cierre y fajado de los espacios públicos, entre ellos parques, plazas, predios deportivos y espacios recreativos.

Los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de ocupación haya alcanzado el 50% del ideal del local comercial. Asimismo deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los locales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico, plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Los comercios que no cumplan los horarios de apertura y cierre establecidos, serán sancionados con la clausura.

En tanto, se dispondrán controles retén a los fines de la restricción de ingreso a la localidad, los que deberán situarse a una distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Por otra parte, queda prohibida la circulación interna en el ejido urbano de la localidad de camiones de abastecimiento de mercadería. En los casos de abastecimiento y/o prestación de servicios que resulten indispensables para la localidad deberán ser recepcionados por personal municipal en las áreas de control retén establecidos en los ingresos a la localidad, que oficiarán como punto de encuentro y recepción para la mercadería. Allí deberá procederse a la desinfección y trasbordo de la mercadería o elementos que se trate. De la misma manera se procederá con cualquier tipo de envase retornable de cualquier producto.

Finalmente, a partir de las 8 del 22 de abril, como medida excepcional, el traslado de los comerciantes se realizará con un permiso especial otorgado por autoridad municipal, pudiendo efectuarse en vehículos particulares, los cuales deberán aproximarse hasta el retén de control en el ingreso a la localidad, a los efectos de realizar el trasbordo de mercaderías para provisión y abastecimiento de los locales comerciales. A tal efecto, el traslado de los comerciantes deberá realizarse en la franja horaria comprendida entre la 9 y las 15.

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  • Suena el nombre de Santiago Pérez Teruel como el candidato de Kicillof para juez de la Corte

     

    El nombre de Santiago Pérez Teruel empezó a sonar fuerte como candidato de Axel Kicillof para ocupar un sillón de la Corte bonaerense. El propio gobernador lo habría planteado hace semanas en algunas reuniones informales donde se empezó a conversar el tema.

    Pérez Teruel es un incondicional de Kicillof y forma parte del escaso grupo de funcionarios considerados «puros». Conoció a Kicillof en 2010 y unos años más tarde cuando fue subdirector general de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía y después ascendió a director.

    En 2015, tras el triunfo de Mauricio Macri, una parte importante del grupo chico del ahora gobernador se refugió en cátedras de la recién creada Universidad de José C. Paz. Pérez Teruel fue uno de ellos.

    En 2019, cuando Kicillof llegó a la provincia lo designó al frente de la Asesoría de Gobierno. Allí coordina todo el asesoramiento jurídico de la administración pública bonaerense y lidera un equipo de 300 personas que analizan las juridicidad de cada uno de los actos que hace el gobernador. Son unos 70.000 expedientes por año.

    Kicillof habilita una negociación por la Suprema Corte y le daría un juez a los libertarios

    En los últimos meses estuvo al frente del convenio que el gobierno provincial firmó con la AFA para que la selección de fútbol pueda utilizar el Estadio Único de La Plata.

    También trabajó en el reordenamiento de la feria La Salada donde coordinó con la Justicia Federal el fin de la intervención. Teruel coordinó el despliegue de las fuerzas provinciales para asegurar la seguridad en el predio de Lomas, como también avanzar en un censo a los feriantes y sumar Cuenta DNI en cada uno de los puestos.

    Santiago Pérez Teruel.

    «La Suprema Corte es un tribunal político que garantizan el cumplimiento de la legalidad», dijo Pérez Teruel en septiembre en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco. «Es muy importante que los candidatos sean idóneos, pero también que lleguen con un fuerte consenso político», agregó.

    En esa entrevista fue consultado sobre si podría ser uno de los candidatos. «Yo formo parte de un espacio y me siento útil donde estoy. No me desvela (ser candidato a la Corte) y creo que hay compañeros muy preparados para esos cargos», dijo en respuesta con formalidad extrema.

    Pérez Teruel es especialista en Abogacía del Estado y no cuenta con una carrera judicial. Pero ya él mismo lo dejó claro: la Suprema Corte bonaerense es un tribunal político.

    De confirmarse su designación será el segundo funcionario de Kicillof que quedará en la provincia con un cargo de por vida. El primero fue Federico Thea -otro joven funcionario del grupo chico del gobernador- que pasó a presidir el Tribunal de Cuentas.

    Aunque meses atrás desde Casa de Gobierno sostenían que la candidata iba a ser una mujer, una eventual designación de Pérez Teruel tendría como objetivo dejar a incondicionales del gobernador en los resortes más importantes del Estado bonaerense durante años.

    Federico Thea.

    LPO adelantó la semana pasada que Kicillof dio la orden de iniciar una demorada negociación para ocupar los cuatro asientos vacantes de la Corte. El Máximo Tribunal bonaerense funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.

    Hasta ahora el gobernador se negaba a abrir esa negociación, pero en los últimos días trascendió que la jueza Hilda Kogan habría adelantado al gobierno sus intenciones de tramitar su jubilación.

    A Kogan le tocó estar al frente de la elección desdoblada de septiembre. Ocurre que la presidencia de la Suprema Corte es anual y rotativa, y quien ostenta la presidencia de la Corte queda como presidente de la Junta Electoral bonaerense. Allí estaba Kogan cuando Kicillof desdobló la elección provincial y por tanto fue la principal responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo días después.

    Quienes siguen el tema aseguran que será una negociación larga y que excederá por lejos los tiempos del presupuesto. En los primeros borradores los tres sectores mayoritarios del peronismo (axelismo, kirchnerismo y massismo) se quedarán con un asiento cada uno, el cuarto quedará para La Libertad Avanza.

    Los libertarios serán la segunda minoría en la Legislatura y tendrán la llave para la mayoría calificada (los dos tercios). LPO adelantó en septiembre el poder que consolidó Sebastián Pareja al tener los mejores lugares en las listas de la elección desdoblada. Serán unos 20 legisladores propios, que más allá del paraguas de La Libertad Avanza, responderán a su jefe más cercano: Pareja.

     

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  • El Consejo de la Magistratura inicia el proceso para destituir al juez Salmain

     

    El juez federal de Rosario Gastón Salmain camina en la cornisa. Al llamado para ser imputado la semana próxima por una maniobra por diez millones de dólares se sumó la decisión del Consejo de la Magistratura de girar denuncias en su contra a la Comisión de Acusación de la entidad. Eso supone iniciar el camino que puede terminar en su destitución.

    De modo unánime, la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles que se analice en la comisión de Acusación que preside el senador Luis Juez la medida cautelar que Salmain firmó en 2023 en favor del fideicomiso Attila, en la que ordenó al Banco Central de la República Argentina vender 10 millones de dólares al cambio oficial al financista que controlaba ese fondo, cuando regía el cepo bancario.

    Esa decisión de Salmain posibilitó a los controlantes del fondo obtener los diez millones de dólares al cambio oficial para pagar una deuda contraída en el exterior cuando la brecha con el valor de la divisa en el mercado informal era marcada. El financista que controlaba el fideicomiso es Fernando Whpei quien está implicado por una extorsión junto al ex juez federal Marcelo Bailaque.

    Whpei está llamado a indagatoria junto a Salmain en cinco días. El tercer convocado es el escribano santafesino Santiago Busaniche quien es lobista de la Justicia Federal y cercano a altos magistrados y servicios de inteligencia. A los tres los fiscales les endilgan haber armado una estrategia para que con la cautelar urgente se adquirieran dólares a precio oficial para transferirlos a la cuenta de un acreedor en el exterior.

    Los audios que revelan la presión de un lobista judicial para extorsionar a un agente bursátil de Rosario

    Los fiscales indican que, con el ardid, Busaniche se favoreció «por su aporte operativo» y Salmain por haber impulsado la medida como magistrado. Por esas acciones ambos solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia de cambio entre dólar oficial y blue lo que ascendía a unos 200 mil dólares. Esto supone para Salmain la imputación de cohecho pasivo agravado, vale decir cobrar un soborno por su gestión, agravado por ser magistrado y del delito de prevaricato, que significa impulsar una resolución que se sabe injusta. Salmain está citado para el martes que viene a audiencia de imputación.

    También hay un hecho penal conexo por abuso de autoridad en su juzgado por lo que hace diez días su despacho fue allanado y le quitaron su celular. Un mes antes, por la cautelar del fideicomiso, también habían allanado su domicilio y confiscado otro teléfono, un I-Phone 17. En las dos ocasiones Salmain se negó a entregar la clave de acceso.

    Le secuestran el celular al polémico juez Salmain de Rosario, que se negó a entregar la clave

    Asimismo, Salmain está denunciado por la diputada provincial Lionella Cattalini por un pedido de coimas para acumular expedientes sobre los que no tenía competencia e implicaban a una misma persona, el ex director regional de la AFIP Carlos Vaudagna. El ex funcionario, implicado en tres causas penales, sostuvo ahora como arrepentido que a través de un enviado Salmain le pidió 100 mil dólares para unificar en su juzgado distintas causas que lo involucraban. En su declaración Vaudagna involucró como participante de esta intriga ilícita a un abogado de un conocido estudio jurídico del centro de Rosario.

    Carlos Vaudagna

    Además de estas acciones que ya ponen a Salmain en el sendero del juicio político, y no meramente de sanciones administrativas, hay otras tres expedientes por delitos atribuidos a Salmain que seguirán en trámite en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que preside el consejero abogado César Grau.

    Uno de estos hechos es la omisión de haber informado, cuando concursó como juez, que la Corte Suprema de la Nación por unanimidad lo dejó cesante cuando era empleado de un juzgado laboral, acusado de haber ofrecido una coima para direccionar un expediente hacia el tribunal donde trabajaba, eludiendo el mecanismo de sorteo. El caso lo mantiene como instructora la consejera Alejandra Prevítola.

    Otro caso es la denuncia por haber generado un colapso en el ámbito civil de Rosario al excusarse masivamente de recibir expedientes jubilatorios cuando fiscales federales lo empezaron a investigar. Esto fue porque trascendió que Salmain había autorizado un record de embargos multimillonarios contra la Ansés por demandas previsionales lo que favorecía a determinados estudios jurídicos. La excusación de Salmain a tramitar expedientes jubilatorios produjo una congestión de causas que fue denunciada por su colega de fuero Natalia Martínez que recibió la avalancha de legajos que en el juzgado vecino se negaban a impulsar. Actúa como instructor el consejero juez Luis Lugones.

    También tiene Salmain un legajo en esta comisión por una denuncia de la tabacalera rosarina Bronway por parcialidad manifiesta en una causa en favor de Massalin Particulares. Salmain ordenó a la ex AFIP que no lo otorgue a Bronway las estampillas para la venta de cigarrillos lo que favoreció a su competidora y dejó en situación de cesantía a 260 trabajadores. Interviene como instructora la consejera María Inés Pilatti Vergara.

     

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