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Mandatarios provinciales denunciaron un fuerte desfinanciamiento de las provincias, cuestionaron el retiro del Estado nacional y anunciaron que avanzarán con una agenda parlamentaria común para frenar el ajuste territorial del Gobierno.

Por la Redacción de NLI

Seis gobernadores alineados en el peronismo difundieron este martes un documento conjunto en el que reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron que las provincias atraviesan un proceso creciente de desfinanciamiento por parte del Gobierno de Javier Milei.

El texto lleva las firmas de Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, quienes coincidieron en cuestionar de manera directa la orientación económica y fiscal del Ejecutivo nacional.

En el documento, los mandatarios subrayaron que el federalismo es uno de los pilares del sistema de gobierno argentino y advirtieron que su debilitamiento no es una cuestión abstracta, sino una política concreta que profundiza desigualdades territoriales y sociales. Para los gobernadores, sin un esquema de distribución equitativa de recursos, no hay desarrollo posible ni cohesión nacional.

Uno de los puntos más duros del texto apunta al retiro progresivo del Estado nacional de funciones esenciales. Según señalaron, las provincias debieron hacerse cargo “casi en soledad” de la prestación de servicios públicos indelegables, sin que esa transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por los recursos necesarios para sostenerlas.

A esa situación se suma, remarcaron, una larga lista de incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la paralización casi total de la obra pública en todo el país. Para los gobernadores, esta combinación no solo asfixia a las administraciones provinciales, sino que consolida un modelo de país cada vez más desigual, con regiones condenadas al atraso.

El documento también pone el foco en un dato estructural: desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación de las provincias en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%. En ese marco, alertaron que nuevas iniciativas oficiales, como la reforma laboral que impulsa el Gobierno, podrían agravar aún más el desfinanciamiento federal.

Agenda común en el Congreso

La posición conjunta fue consensuada en una reunión realizada en la Casa de la Provincia de La Pampa, donde los gobernadores coincidieron en que resulta imprescindible rediscutir el federalismo como una verdadera estrategia de desarrollo e inclusión, y no como una consigna vacía.

En ese sentido, anunciaron que avanzarán con una agenda política e institucional común en el Congreso Nacional, con el objetivo de construir mayorías legislativas que frenen el ajuste sobre las provincias. Según expresaron, buscarán acuerdos transversales, más allá de pertenencias partidarias, para defender el bienestar general.

Asimismo, anticiparon que respaldarán todas las iniciativas que fortalezcan la producción, el trabajo y la educación, y que rechazarán aquellas que impliquen quita de recursos o derechos a las provincias, en especial a los productores y trabajadores del interior del país.

“Estamos convencidos de que otra Argentina es posible”, afirmaron los mandatarios, y cerraron el documento con una definición política de fondo: sin federalismo real, sin igualdad de oportunidades y sin respeto por los derechos fundamentales, no hay democracia que se sostenga ni proyecto de país que incluya a todos.

Bajo el lenguaje técnico de la “interoperabilidad”, el Ministerio de Seguridad habilitó el acceso automático y en tiempo real a bases de datos sensibles. Sin debate público ni control parlamentario, la Resolución 1404/2025 profundiza una lógica de vigilancia permanente que concentra poder y erosiona garantías.

Por Roque Pérez para NLI

El backend del control

La Resolución 1404/2025, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada hoy en el Boletín Oficial, no crea una nueva base de datos ni anuncia cámaras adicionales. Hace algo más eficaz: automatiza y normaliza el acceso de las fuerzas federales al SIFCOP mediante APIs y servicios web, integrándolo a sus sistemas internos en tiempo real. En términos políticos, reduce fricciones para mirar y acelera la capacidad de actuar.

El SIFCOP reúne pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, búsquedas de personas, secuestros vehiculares y datos sobre documentos y armas. Hasta ahora, ese acceso exigía pasos y tiempos. Desde ahora, la consulta puede ser constante, silenciosa y transversal, sin que el ciudadano sepa cuándo ni por qué fue consultado.

De la excepción a la rutina

El problema no está solo en qué datos existen, sino en cómo se usan. La resolución convierte lo excepcional en cotidiano: consultas automáticas, cruces en segundo plano, alertas internas. La vigilancia deja de ser un acto puntual para convertirse en una función permanente del sistema. Así, el control se vuelve burocrático, técnico y difícil de impugnar.

Aunque el texto prohíbe usos ajenos a la seguridad pública y promete auditorías, la experiencia argentina demuestra que la trazabilidad no siempre implica sanción. Más usuarios, más credenciales y más integraciones significan más superficie de riesgo para filtraciones, abusos o “carpetazos” sin firma.

Sin contrapesos democráticos

Nada de esto pasó por el Congreso. No hubo debate público ni evaluación de impacto en derechos. La norma concentra poder informacional en la cartera de Seguridad, que decide quién accede, cómo y con qué límites, y además se reserva la facultad de dictar actos complementarios. El control judicial queda relegado a ver resultados (detenciones, procedimientos), no el uso cotidiano de los datos.

En términos institucionales, la resolución ensancha la discrecionalidad de las fuerzas federales y profundiza asimetrías con provincias y CABA, que dependen del acceso autorizado a un backend centralizado.

El Gran Hermano del siglo XXI

No es el ojo visible de la pantalla gigante. Es el Gran Hermano del backend: legal, eficiente, permanente. Como en 1984, el control no necesita mostrarse; alcanza con que funcione todo el tiempo. La certeza de que el Estado puede mirar, cruzar y actuar en tiempo real disciplina conductas y desplaza derechos, sin necesidad de anuncios grandilocuentes.

La Resolución 1404/2025 no es ilegal ni improvisada. Es peor: es prolija, técnica y silenciosa. Y en ese silencio administrativo se consolida una forma de vigilancia que avanza sin votos, sin debate y sin límites claros.