Durante este martes, el personal del área de mantenimiento de la Dirección de Tránsito y Protección Civil comenzó con las tareas de pintado de color amarillo del cordón cuneta ubicado sobre la margen norte de calle Juan Bautista Alberdi entre Villarino y Juan XXIII. En ese sector estará prohibido el estacionamiento de acuerdo a lo establecido en la ordenanza municipal N° 098/20.
También se colocará cartelería alusiva a dicha disposición.
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La paralización de la modernización del Tanque Argentino Mediano y la compra de vehículos Stryker usados a Estados Unidos no es un hecho aislado: es una definición política que resigna industria nacional, transferencia tecnológica y autonomía estratégica en nombre del alineamiento automático con Washington.
Por la Redacción de NLI
La política de Defensa del gobierno de Milei volvió a encender alarmas. Mientras se congela el desarrollo y la actualización del histórico Tanque Argentino Mediano (TAM), se avanza en la adquisición de blindados Stryker usados provenientes del Ejército de Estados Unidos. La ecuación es simple y preocupante: menos industria nacional, menos trabajo argentino y más dependencia externa.
El TAM no es un simple vehículo militar, señala el periodista Walter Onorato. Es uno de los desarrollos más emblemáticos de la industria de defensa argentina, fruto de un esquema mixto que combinó ingeniería local con aportes tecnológicos extranjeros, permitiendo durante décadas sostener capacidades propias de producción, mantenimiento y modernización. La actualización del sistema no sólo implicaba mejorar la flota, sino preservar conocimiento acumulado y una cadena industrial estratégica.
Sin embargo, bajo la actual gestión, ese proceso quedó virtualmente paralizado. Las restricciones presupuestarias y administrativas impactaron de lleno en la operatividad: incluso la compra de insumos básicos para mantenimiento se vio afectada, dejando unidades fuera de servicio. No fue la obsolescencia lo que frenó al TAM, sino decisiones políticas concretas.
En paralelo, el entonces ministro de Defensa Luis Petri firmó una carta de intención para adquirir vehículos Stryker a Estados Unidos. El anuncio, realizado en el Pentágono, dejó en evidencia que la operación excede lo técnico y se inscribe en un alineamiento geopolítico explícito.
Los Stryker son vehículos diseñados para transporte de tropas y operaciones de movilidad táctica. No reemplazan al TAM, no cumplen la misma función y, además, llegan usados, con menor vida útil y mayores costos de mantenimiento. Según trascendió, la operación implicó alrededor de 100 millones de dólares por 27 unidades, una cifra significativa si se considera que se trata de material ya utilizado en conflictos como Irak y Afganistán.
El contraste con otras alternativas regionales resulta elocuente. El blindado Guaraní, desarrollado en Brasil, ofrecía unidades nuevas, posibilidad de transferencia tecnológica y participación de componentes argentinos en su fabricación. Además de resultar más conveniente desde el punto de vista industrial, fortalecía la integración regional. Aun así, fue descartado.
Como señala Walter Onorato en EnOrsai, la decisión de abandonar la modernización del TAM y optar por Stryker usados implica resignar una cadena industrial propia y profundizar la dependencia externa, incluso pagando más por menos. No se trata solamente de una compra militar: es un modelo de país.
La llegada de las primeras unidades fue presentada como un avance en la modernización del Ejército. Sin embargo, los límites son claros: no son anfibios —una característica clave en un país atravesado por ríos—, no generan producción local y no transfieren tecnología. La supuesta modernización no impacta en la industria argentina ni fortalece capacidades estratégicas propias.
La paradoja es evidente. Mientras se justifica el ajuste con el argumento de la austeridad, se desmantela un proyecto nacional y se desembolsan millones de dólares en equipamiento usado importado. El recorte cae sobre la producción argentina; la billetera se abre para compras externas alineadas con la agenda de Washington.
Este episodio se inscribe en un marco más amplio que incluye la compra de aviones F-16 y el acercamiento a la OTAN. La defensa deja de pensarse como política de Estado con perspectiva soberana y pasa a funcionar como señal ideológica de alineamiento automático.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué autonomía estratégica puede sostener un país que abandona sus propios desarrollos para depender de material usado importado?
Lo que está en juego no es solamente un sistema de armas. Es el modelo de desarrollo. Y en ese terreno, el gobierno de Milei vuelve a elegir dependencia antes que soberanía.
Acompañado por el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena firmó la resolución que designa a 70 escribanos de la provincia de Buenos Aires en el marco de un nuevo concurso para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales.
Luego de 11 años, la provincia de Buenos Aires avanzó en la designación de Titularidades de Registros Notariales, una política fundamental para democratizar la función notarial.
Finalizado este proceso se comenzará a trabajar inmediatamente en el nuevo proceso concursal para regularizar definitivamente la situación en toda la provincia.
Guillermo Longhi y Juan Martín Mena.
Las designaciones corresponden a los distritos de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Dolores, Escobar, Esteban Echeverria, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodriguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos, Vicente López.
El último concurso para la designación de notarios se había realizado en el año 2012, y finalizado su sustanciación con la firma de la resolución ministerial en el año 2015.
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