Durante este martes, el personal del área de mantenimiento de la Dirección de Tránsito y Protección Civil comenzó con las tareas de pintado de color amarillo del cordón cuneta ubicado sobre la margen norte de calle Juan Bautista Alberdi entre Villarino y Juan XXIII. En ese sector estará prohibido el estacionamiento de acuerdo a lo establecido en la ordenanza municipal N° 098/20.
También se colocará cartelería alusiva a dicha disposición.
El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.
La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.
Menos Estado, más castigo
Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.
La derogación implica un cambio de paradigma: el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.
En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.
Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie
Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.
El capítulo contemplaba:
Diferencias de escala
Modalidades productivas específicas
Volúmenes reducidos
Condiciones territoriales y sociales propias
Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.
El resultado es previsible: más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.
Modernización sin reemplazo
La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular: no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.
No hay:
Nuevo régimen para agricultura familiar
Nuevo esquema de asesoramiento digital
Nuevas herramientas de acompañamiento técnico
Solo hay vacío normativo.
Responsabilidad individual y retirada estatal
La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.
El mensaje es claro: cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.
Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.
Una decisión técnica con consecuencias políticas
Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida: debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.
No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.
Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante reparaciones y actualizaciones en semáforos y señalización vial en la ciudad. En este sentido, se procedió a cambiar el controlador semafórico en la Avenida Cipolletti, Pioneros y Juan XXIII que había sufrido una rotura producto de un acto vandálico. Además…
La venta Santiago Ascacíbar, capitán y alma de Estudiantes, a Boca Juniors generó un terremoto en La Plata. La maniobra golpeó a los hinchas del Pincha: no solo el delantero prefirió dejar el equipo para marchar al club de sus sueños, sino que además blanqueó la debilidad financiera de la institución que dirige Juan Sebastián Verón.
«Teníamos una necesidad concreta de vender y de bajar el presupuesto y dentro de los candidatos a venderse estaba Santiago», dijo Agustín Alayes, el secretario técnico de Estudiantes. La gestión de Verón se vio obligada a dar explicaciones por la salida de Ascacíbar.
La operación se cerró en USD 4.450.000 e incluye el préstamo por un año a Estudiantes de Brian Aguirre con opción de extenderlo a seis meses más. Alayes explicó que Boca se hará cargo del salario completo del delantero durante su estadía en La Plata, lo que representa un alivio económico para Estudiantes en el corto plazo.
Pero el trasfondo político de la venta de Ascacíbar hay que rastrearlo en la aventura de Verón con Foster Gillett. El presidente de Estudiantes se entusiasmó con la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas impulsadas -sin éxito- por el gobierno de Javier Milei.
Si bien Verón nunca habló de SADs para Estudiantes, lo cierto es que abrió la puerta a ese formato planteando un esquema mixto que posibilitaba la inversión en el fútbol sin dejar de ser una asociación civil.
Estudiantes aceptó un préstamo de USD 10 millones de Foster, que debía servir para que el club pueda afrontar gastos del mercado de pases además de pagar algunas deudas. Producto de esa deuda, Estudiantes presentó el año pasado un balance deficitario por primera vez en años.
En ese momento aparece la figura del millonario Gillett, quien vio en la postura de Verón una llave para ingresar al negocio. Los libertarios hicieron lobby y operaron abiertamente con influencias y recursos. Por caso, la diputada Juliana Santillán y su novio Guillermo Tofoni, fueron los principales impulsores.
Santiago Ascacíbar.
Tofoni es un empresario que está enfrentado con Tapia por los derechos comerciales de los partidos amistosos de selección de Messi. Las fotos de Gillett con Santillán y Tofoni circularon en las redes. Sin reparos, el millonario norteamericano posó en varias fotos sosteniendo un cuadro con el retrato de Milei.
Con esos operadores como intermediarios, Verón firmó con Foster un preacuerdo que suponía para Estudiantes una inyección de dinero inicial de USD 150 millones que podría ir creciendo con el correr del tiempo.
Todo salió mal en esa alianza. Aunque Verón no lo reconoce, el acuerdo con Gillett fue un fracaso y lo que parecía ser un camino fácil para financiar jugadores terminó en un escándalo. La llegada de Cristian Medina quedó a mitad de camino. Gillett debía desembolsar USD 10 millones, pero cuando había que depositar el dinero desapareció para volver meses después y transferir esos millones en cuotas.
En tanto, como parte del acuerdo, Estudiantes aceptó un préstamo de USD 10 millones de Foster, con una tasa muy baja de interés, que debía servir para que el club pueda afrontar gastos del mercado de pases además de pagar algunas deudas.
La semana pasada, Verón concretó la venta de Román Gómez al Bahía de Brasil. La transferencia superó los USD 3 millones. También se desprenderá del colombiano Edwuin Cetré que está a punto de pasar al Athletico Paranaense en una operación que rondará los USD 6 millones.
Producto de esa deuda, Estudiantes presentó el año pasado un balance deficitario por primera vez en años. Eso es lo que busca recomponer ahora Verón con la venta de Ascacíbar y otros jugadores.
La semana pasada, por caso, concretó la venta de Román Gómez al Bahía de Brasil. La transferencia superó los USD 3 millones, incluyó un contrato por 5 años y un porcentaje de futura venta.
También se desprenderá del colombiano Edwuin Cetré que está a punto de pasar al Athletico Paranaense en una operación que rondará los USD 6 millones. Estudiantes tiene el 50% del pase del delantero, mientras que la otra mitad le corresponde a Independiente Medellín.
El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la puesta en marcha del programa ‘Construyendo puentes, desafíos de verano’ que lleva adelante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro en forma articulada con los distintos Municipios. Este programa tiene como objetivo establecer puentes de revinculación social para jóvenes que no se han…
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