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Prohibición de estacionamiento

Durante este martes, el personal del área de mantenimiento de la Dirección de Tránsito y Protección Civil comenzó con las tareas de pintado de color amarillo del cordón cuneta ubicado sobre la margen norte de calle Juan Bautista Alberdi entre Villarino y Juan XXIII. En ese sector estará prohibido el estacionamiento de acuerdo a lo establecido en la ordenanza municipal N° 098/20.

También se colocará cartelería alusiva a dicha disposición.

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  • Quebró la empresa que hacía los postres Shimmy de Sancor y echaron a 400 trabajadores

     

    Tras un largo letargo y en medio de la profunda crisis que golpea a la industria láctea, la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa que producía los postres, flanes y yogures de Sancor.

    La liquidación final de esta empresa láctea formaliza el despido de casi 400 trabajadores, distribuidos entre las plantas que la firma tenía en Lincoln (Provincia de Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba).

    También en las últimas horas, el magistrado Federico Güerri, subrogante del Juzgado Comercial 29 donde tramita la quiebra, aprobó el retiro de maquinarias que otras empresas habían otorgado a ARSA mediante diversos contratos.

    Uno de los casos más salientes del expediente al que tuvo acceso LPO es el de Tetra Pak, que reclamó una deuda que supera los 110 mil dólares por el alquiler impago por parte de ARSA de numerosas máquinas, desde envasadoras y aplicadora de tapas, hasta embandejadora de envases, entre otras.

    En tanto, en los últimos días, los trabajadores despedidos iniciaron una seguidilla presentaciones de Pronto Pago Laboral Colectivo en la Justicia. El reclamo incluye indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.

    El juez ya aprobó el retiro de máquinas. Por caso, Tetra Pak tenía en las plantas de ARSA 12 máquinas y denunció deudas en dólares por el alquiler de esos equipos 

    «El instituto de pronto pago actúa como tutela de urgencia destinada a mitigar el estado de vulnerabilidad en que han quedado los operarios», señala una de las presentaciones a las que accedió LPO.

    ARSA contaba con una red logística de 165 distribuidores y el abastecimiento semanal de 70 mil comercios en todo el país. La crisis que arrastraba desde 2023 se profundizó en un contexto de sobreoferta, restricciones a las exportaciones y desequilibrios en la cadena de pagos.

    En su epílogo, ARSA estaba bajo el control empresarios venezonalos que manejaban también la láctea La Suipachense por intermedio de Marelac S.A. Antes, la admistración pasó por el Grupo Vicentín.

     La quiebra de ARSA se da en un contexto crítico del sector, que también se refleja en la empresa láctea Verónica, donde hay reclamos de salarios adeudados desde diciembre y denuncias de un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo. 

    En 2024, se abrió un concurso de acreedores que resultó fallido y, a pesar de versiones de compra por parte de actores fuertes del sector, lo cierto es que nadie se ofreció para el salvataje y hacerse cargo de la producción.

    La quiebra de ARSA se da en un panorama crítico de la industria láctea que también impacta en otras firmas fuertes del sector, como Verónica, donde trabajadores de las plantas de Clason, Suardi y Lehmann en Santa Fe reclaman salarios adeudados desde diciembre y denuncian un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo.

     

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  • La CGT y los empresarios quieren postergar la reforma laboral para marzo

     

    Las asociaciones patronales y la CGT llegaron a una coincidencia inesperada: lo ideal sería que la reforma laboral pase para marzo, para poder tratarla con tranquilidad en las sesiones ordinarias del Congreso. Son demasiados los puntos importantes que siguen en el aire.

    El titular de la CAME, Ricardo Diab, reclamó la semana pasada al gobierno modificaciones nada menos que en uno de los artículos que definen el espíritu del proyecto, el de la ultraactividad de los convenios colectivos.

    Explicó que la eliminación de esa cláusula implicaría «la caída de los convenios laborales y empezar de nuevo a reformularlos» para que «después, lógicamente, el Estado lo homologue o no». «Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo», argumentó.

    Diab comentó en ese reportaje que también reclamaban cambios al gobierno en otros cinco artículos de la ley y que esperaban respuesta sobre esas solicitudes.

    Fuentes de la CGT deslizaron a LPO que esos pedidos de los empresarios podrían colocarlos en la misma senda, en la búsqueda de posponer el debate de la reforma para las sesiones ordinarias. Para las patronales, dicen en Azopardo, no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma porque desataría una ola de litigios judiciales.

    Caputo le avisó a Patricia que no piensa quitar el capítulo de Ganancias de la reforma laboral

    En efecto, los sindicalistas y los opositores del Congreso ya se preparan para impugnar en la Justicia los aspectos más polémicos d ela reforma y por esto Patricia Bullrich se jactó ante los senadores que el Gobierno ya tenía el compromiso de «los camariatas» del fuero laboral, que rechazarán las impugnaciones a la norma.

    Para las asociaciones empresarias no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma laboral porque desataría una ola de litigios judiciales.

    La opción de llevar la discusión a las sesiones ordinarias no es descabellada para los dirigentes gremiales porque, según deslizó un senador peronista, «admiten que hay cosas que se podrían conversar con el Gobierno». Pero, además, los senadores dialoguistas tampoco se sienten cómodos con el apresuramiento de Patricia Bullrich por darle media sanción al proyecto la semana que viene.

    El secretario de Trabajo, Julio Cordero.

    Una senadora dialoguista anticipó a LPO que no estará este martes en la reunión con la jefa de bloque libertario y los presidentes de las bancadas aliadas. «Ya hicimos nuestros planteos para los cambios y hasta que no nos respondan no vamos a ir», hizo saber a sus interlocutores.

    El itinerario que fijó Bullrich parece demasiado ajustado: este martes la esperan sus pares del Senado, a excepción de los líderes de los bloques peronistas, en las oficinas de la UCR para que conteste si Diego Santilli y Luis Toto Caputo aceptan las modificaciones formuladas. Y para el miércoles, la exministra de Seguridad deberá llevar el saldo de su conversación con los senadores a la mesa política del gobierno.

    Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo.

    Los gobernadores, por su parte, tienen reservada la sala del CFI también el miércoles. El peronismo espera el resultado de ese encuentro para saber cuántas voluntades puede juntar en recinto para frenar la reforma o, en todo caso, si cuenta con fuerza suficiente para retacear el quórum.

    José Mayans cuenta con un piso de 28 legisladores, si todos están alineados en medio de tensiones y diferencias internas cada vez más agudas, y solo puede bloquear las intenciones del oficialismo si se pliegan los senadores que responden a los gobernadores.

    El formoseño habría sido claro con los enviados de los gobernadores que se acercaron para pedirle ayuda por la emergencia ígnea en la Patagonia. «Ustedes vienen a pedir solidaridad para conseguir 20 mil millones por los incendios pero le regalan a Milei 12 mil millones con la reforma laboral», habría respondido.

    Como sea, también hay legisladores del oficialismo que observan con preocupación la reforma laboral, por sus inconsistencias técnicas y la debilidad con que nacería si se promulga sin un debate profundo entre los sindicatos y las patronales. 

     

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  • Los alquileres subieron por encima de la inflación en el AMBA y se profundiza la crisis habitacional

     

    El aumento de los alquileres por encima de la inflación en la Ciudad y el Conurbano agudizan la crisis habitacional y comienza a incidir en el nivel de demanda. Eso, en un contexto donde más de 200 mil inmuebles permanecen ociosos.

    Según un reciente informe de Reporte Inmobiliario, el alquiler de departamentos en el Gran Buenos Aires registró aumentos que superaron el 50% en 2025, muy por encima del 31,5% de inflación anual que midió el Indec.

    En zona norte se registran los valores más exorbitantes (alquileres que, en algunos casos superan los 2 millones) y en el sur del conurbano los más bajos aunque, en términos comparativos, sufren un ritmo de incremento similar.

    Así, los departamentos de dos ambientes subieron un promedio del 52% interanual, mientras que los de tres ambientes un 51,6%.

    Según el Colegio de Martilleros bonaerense, alquilar demanda más del 36% del salario. Eso, sostiene la entidad, «ubica a gran parte de los inquilinos en el límite del umbral de asequibilidad recomendado internacionalmente». 

    Esa presión sobre la economía familiar se refleja en un informe publicado por el Colegio de Martilleros bonaerense y la Universidad del Noroeste bonaerense (UNNOBA) durante el último trimestre de 2025.

    En ese estudio al que tuvo acceso LPO, se expuso que el valor promedio de un alquiler equivale al 36% del salario formal.

    Según la entidad, ese dato «ubica a gran parte de los inquilinos en el límite del umbral de asequibilidad recomendado internacionalmente».

    Se duplicó la oferta de alquileres, pero los precios subieron 100% más que la inflación

    En la Ciudad, en tanto, los alquileres aumentaron 32% durante el cuarto trimestre de 2025, según la Dirección de Estadística porteña. En promedio, los monoambientes se acercan a los 500 mil pesos, mientras que un tres ambientes supera el millón.

    Los monoambientes son los que registran mayor demanda (muchos universitarios que llegan a la Ciudad) por lo que son los que sufrieron el mayor aumento interanual, del 34,1%.

    Como contraparte, estudios recientes, como el de Tejido Urbano, expone que cuatro de cada diez jóvenes no logran irse de la casa de sus padres.

    Para alquilar en la Ciudad, especialistas coincideen en que el mayor peso está en el costo de las expensas, que promedian los 250 mil pesos mensuales. 

     

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