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PRIORIDADES Y PREEMINENCIAS

Cuando creíamos que la película había terminado con el rechazo al veto del Ejecutivo Municipal por parte del Concejo Deliberante, el intendente en comunicación con radio FM Luz se despacha diciendo “En definitiva entra en vigencia pero no entra en vigencia porque no hay nadie que controle”.

 A esa declaración hay que ligarla inmediatamente a lo que dice el Art. 1 de dicha ordenanza  y dejamos al descubierto el destino de este veloz rodaje. Facultase al Ejecutivo Municipal a requerir la colaboración de la Policía de RN por intermedio del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia,  y en consecuencia celebrar el correspondiente convenio para realizar el control de las personas que circulan por la vía pública a los fines dispuestos por el Art 1 del proyecto de ordenanza 15/20”.

 La ordenanza y su respectivo tratamiento terminaron por ser una película de comedia «slapstick», el clásico formato inglés. Una bufonada.

°°°

 Como conclusión (si es que la tiene), la ordenanza de la discordia entraría en vigencia el 1ro de mayo pero no entraría en vigencia porque no hay nadie que controle, el intendente no tiene intenciones de requerir que así sea y dejó en claro en más de una oportunidad que es de difícil aplicación.

 El tiempo y las energías mal gastadas no se recuperan. La ciudad necesita que el foco y el trabajo de los que dirigen estén en otro lugar. ¿Dónde? en cuestiones ligadas a la salud local y las consecuencias económicas de la pandemia en los sectores más vulnerables. No es el momento de imponer medidas innecesarias, prohibitivas, inaplicables, contradictorias y de tratamiento (una y otra vez) absurdamente apresurado.

 ¿Sesionar a menos de 24hs del veto del ejecutivo para aprobar una ley dentro del marco del asilamiento el mismo día que el presidente de la Nación se va a expresar sobre la siguiente fase de la cuarentena?

 Si el corazón de la ordenanza es bajar la circulación en la vía pública ¿Por qué coartar derechos que siguen machacando sobre los menos visibles, los más desprotegidos?. Si se puede ejercer primero el control en la circulación, principalmente vehicular en las arterias principales y entradas a la ciudad; luego hacer un análisis y actuar en función de esos resultados en vez de imponer una norma que no tiene sustento real anclado en nuestra ciudad.

En Regina hubo poco control hasta el momento, pero es algo que sí se puede aplicar. De hecho previo a la pandemia, los controles de tránsito con fines recaudatorios eran casi un exceso.

°°°

 El mal tratamiento al proyecto del bloque de JSRN dentro del CD y a su vez puertas adentro del partido, con 3 de sus 4 ediles votando en contra del veto de su intendente hicieron mucho ruido en un momento donde debiera primar la tranquilidad para así tomar las mejores decisiones. El mensaje de hoy en el mundo frente a la pandemia es de unidad. Sus acciones mostraron otra cara.  

 Lo que nos dejó el tratamiento del proyecto?

  1. Para qué sirvió todo esta peli? Para exponer al oficialismo local en el momento menos adecuado. Rupturas y falta de consenso interno.
  2. Le sirve a la sociedad la ordenanza? NO. Con control vehicular alcanza para bajar la circulación. Y nuestro foco de contagio está siendo en las instituciones de salud.
  3. Por qué el bloque oficialista no fue funcional al ejecutivo? Por lucha de egos.
  4. Existe otra posibilidad? Siempre. Negociados entre bloques. El famoso dame que te doy.
  5. Bancó la parada la concejal reginense más joven? Si. Tuvo cordura y firmeza en su análisis, que luego fue sostenido mediante la decisión del intendente.
  6. Y los comerciantes? Pierden otra vez. Especialmente los pequeños. Abajo por goloeada.
  7. Cómo queda parado Marcelo Orazi? Mal, si bien el veto mostró fortaleza ya que 3 de sus concejales la habían aprobado y no dudo en sostener la idea que tuvo desde un comienzo (“no resulta de fácil aplicación y control” dijo hace 7 días), el rechazo de su bloque al veto lo expone frente a la sociedad.
  8. Quién manda entonces? No es comparativo, más bien el punto está en los procesos. Los organismos unicamerales brindan la posibilidad tanto de sancionar leyes beneficiosas para la sociedad como de conceder deseos políticos personales que pueden estar atados a un sinfín de sensaciones, como es este caso.
  9. Quién ganó ayer? El bloque opositor, claro. Se aprobó su proyecto inaplicable y resquebrajo bases del otro lado.
  10. Y entonces en qué quedamos? En que Villa Regina hoy cuenta con una sola anestesista para toda la ciudad que deberá hacer guardias de 24×7 ¿Por cuántos días?. Un solo profesional para una tarea más esencial que nunca frente a más de 40 mil personas.

Entonces me pregunto, y te pregunto. En este contexto ¿Tan necesario era darle tanta rosca a una ordenanza innecesaria?.

Portada: Germán Busin

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    Petri y FAdeA, otra bomba de corrupción libertaria: contratos irregulares, retiros en efectivo y amedrentamiento interno

     

    El gobierno libertario no para de generar escándalos de corrupción.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El escándalo que sacude a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) expone irregularidades graves en la gestión de Luis Petri y deja al desnudo las contradicciones de la narrativa de austeridad del gobierno de Javier Milei. Contratos firmados sin aval del directorio, filmaciones de retiros de dinero en efectivo y represalias contra denunciantes configuran un cuadro que compromete a funcionarios y pone en tensión la credibilidad oficial.

    Denuncias internas que destaparon el caso

    El conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando técnicos de FAdeA presentaron denuncias internas ante la gerencia de Asuntos Legales, Ética y Compliance, dirigida por Julia Enríquez. Los expedientes 1/2025 y 2/2025 dieron inicio a una investigación sobre pagos indebidos y la renegociación de contratos con empresas privadas.

    El presidente de FAdeA, Julio Manco, asumió en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla. Con antecedentes en HSBC, en la gestión de Mauricio Macri y luego en la órbita de Milei, Manco impulsó un giro en la conducción: menos controles, más discrecionalidad y una relación relajada con los mecanismos de aprobación institucional.


    Contratos favorecedores y firmas irregulares

    El primer alerta. señalan desde EnOrsai, se produjo con la renegociación de un contrato con Alta Aviación. Los términos originales, que establecían un alquiler de hangar por 10.000 dólares mensuales y 45 dólares por hora técnica, fueron modificados unilateralmente por Manco:

    • Alquiler reducido en un 80%
    • Hora técnica bajada a 25 dólares
    • Seis meses de gracia otorgados

    El documento fue firmado únicamente por Manco, sin pasar por el directorio integrado por Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza, lo que en la administración pública representa una forma deliberada de eludir controles y revisiones jurídicas.


    Retiros de efectivo y evidencia filmada

    La situación escaló cuando se difundió la filmación de una secretaria vinculada al gerente comercial Pablo Salort retirando 10.000 dólares en efectivo de las oficinas de Alta Aviación. El pedido inicial era de 30.000 dólares, pero solo se entregó un tercio.

    La grabación mostró que la operación no estaba vinculada a ningún trámite oficial y que la secretaria trabajaba como auxiliar privada de Salort, sin relación institucional con FAdeA. Salort renunció tras la difusión, un gesto que los denunciantes interpretaron como un intento de cortar la cadena de responsabilidades más que una admisión de culpa.


    Patrón de irregularidades y represalias

    El retiro de los dólares no fue un hecho aislado. La investigación interna reveló un patrón de operaciones irregulares: contratos con beneficios desproporcionados para empresas privadas, movimientos administrativos opacos y solicitudes de dinero en efectivo fuera de los canales oficiales.

    Entre los denunciantes más activos se destacó Juan Ronco, del área de Ventas y Compras, quien detectó inconsistencias en acuerdos con Alta Aviación y Hangar Uno, beneficiarias recurrentes de decisiones sospechosas.

    La reacción de Manco frente a quienes denunciaron las irregularidades incluyó intentos de despido y amedrentamiento, frenados por Enríquez, quien preservó las pruebas y elevó la documentación a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, dirigida por Martín Camps.


    Investigación oficial y repercusión mediática

    El 23 de septiembre de 2025, FAdeA remitió toda la documentación a la OA, que abrió la investigación preliminar SISA Nº 23.563. El 14 de noviembre, la Oficina confirmó la apertura formal del expediente, manteniéndolo bajo reserva.

    El caso se hizo público el 21 de noviembre, cuando los medios difundieron los detalles más sensibles: filmaciones, renegociaciones sospechosas, intentos de despidos y tensiones internas. Esto generó una alerta política directa sobre el ministro de Defensa, Luis Petri, cuyo manejo del área ya había sido cuestionado por episodios previos como irregularidades en contrataciones por 50.000 millones de pesos y un allanamiento frustrado en IOSFA.


    Contexto más amplio: corrupción estructural

    El escándalo FAdeA no es un hecho aislado: se enmarca en un patrón de irregularidades en el Ministerio de Defensa, que incluye venta irregular de terrenos, maniobras dudosas en IOSFA, falta de transparencia en el uso de fondos y auditorías que revelaron deudas y faltantes.

    La narrativa oficial del “Estado profesionalizado y eficiente” que el gobierno de Milei intenta instalar se desarma ante estos hechos, que muestran un sistema permeado por intereses privados, discrecionalidad y prácticas incompatibles con la austeridad pública.


    Impacto político y conclusiones

    El escándalo tiene un doble efecto:

    1. Compromete la continuidad de Luis Petri, uno de los ministros más expuestos del gabinete.
    2. Refuerza la percepción de que el ajuste libertario no eliminó la corrupción, sino que abrió nuevos flancos al reducir controles, desfinanciar áreas críticas y concentrar decisiones en pocos funcionarios.

    Como señaló un experto en gestión pública consultado por Noticias La Insuperable, “la corrupción no desaparece por decreto; requiere controles reales, transparencia y funcionarios calificados”.

    El caso FAdeA demuestra que el ajuste sin institucionalidad genera más discrecionalidad, más opacidad y más oportunidades para la corrupción, y que el gobierno de Javier Milei, lejos de erradicar estas prácticas, comienza a ser señalado como su principal garante.

     

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