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PRIORIDADES Y PREEMINENCIAS

Cuando creíamos que la película había terminado con el rechazo al veto del Ejecutivo Municipal por parte del Concejo Deliberante, el intendente en comunicación con radio FM Luz se despacha diciendo “En definitiva entra en vigencia pero no entra en vigencia porque no hay nadie que controle”.

 A esa declaración hay que ligarla inmediatamente a lo que dice el Art. 1 de dicha ordenanza  y dejamos al descubierto el destino de este veloz rodaje. Facultase al Ejecutivo Municipal a requerir la colaboración de la Policía de RN por intermedio del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia,  y en consecuencia celebrar el correspondiente convenio para realizar el control de las personas que circulan por la vía pública a los fines dispuestos por el Art 1 del proyecto de ordenanza 15/20”.

 La ordenanza y su respectivo tratamiento terminaron por ser una película de comedia «slapstick», el clásico formato inglés. Una bufonada.

°°°

 Como conclusión (si es que la tiene), la ordenanza de la discordia entraría en vigencia el 1ro de mayo pero no entraría en vigencia porque no hay nadie que controle, el intendente no tiene intenciones de requerir que así sea y dejó en claro en más de una oportunidad que es de difícil aplicación.

 El tiempo y las energías mal gastadas no se recuperan. La ciudad necesita que el foco y el trabajo de los que dirigen estén en otro lugar. ¿Dónde? en cuestiones ligadas a la salud local y las consecuencias económicas de la pandemia en los sectores más vulnerables. No es el momento de imponer medidas innecesarias, prohibitivas, inaplicables, contradictorias y de tratamiento (una y otra vez) absurdamente apresurado.

 ¿Sesionar a menos de 24hs del veto del ejecutivo para aprobar una ley dentro del marco del asilamiento el mismo día que el presidente de la Nación se va a expresar sobre la siguiente fase de la cuarentena?

 Si el corazón de la ordenanza es bajar la circulación en la vía pública ¿Por qué coartar derechos que siguen machacando sobre los menos visibles, los más desprotegidos?. Si se puede ejercer primero el control en la circulación, principalmente vehicular en las arterias principales y entradas a la ciudad; luego hacer un análisis y actuar en función de esos resultados en vez de imponer una norma que no tiene sustento real anclado en nuestra ciudad.

En Regina hubo poco control hasta el momento, pero es algo que sí se puede aplicar. De hecho previo a la pandemia, los controles de tránsito con fines recaudatorios eran casi un exceso.

°°°

 El mal tratamiento al proyecto del bloque de JSRN dentro del CD y a su vez puertas adentro del partido, con 3 de sus 4 ediles votando en contra del veto de su intendente hicieron mucho ruido en un momento donde debiera primar la tranquilidad para así tomar las mejores decisiones. El mensaje de hoy en el mundo frente a la pandemia es de unidad. Sus acciones mostraron otra cara.  

 Lo que nos dejó el tratamiento del proyecto?

  1. Para qué sirvió todo esta peli? Para exponer al oficialismo local en el momento menos adecuado. Rupturas y falta de consenso interno.
  2. Le sirve a la sociedad la ordenanza? NO. Con control vehicular alcanza para bajar la circulación. Y nuestro foco de contagio está siendo en las instituciones de salud.
  3. Por qué el bloque oficialista no fue funcional al ejecutivo? Por lucha de egos.
  4. Existe otra posibilidad? Siempre. Negociados entre bloques. El famoso dame que te doy.
  5. Bancó la parada la concejal reginense más joven? Si. Tuvo cordura y firmeza en su análisis, que luego fue sostenido mediante la decisión del intendente.
  6. Y los comerciantes? Pierden otra vez. Especialmente los pequeños. Abajo por goloeada.
  7. Cómo queda parado Marcelo Orazi? Mal, si bien el veto mostró fortaleza ya que 3 de sus concejales la habían aprobado y no dudo en sostener la idea que tuvo desde un comienzo (“no resulta de fácil aplicación y control” dijo hace 7 días), el rechazo de su bloque al veto lo expone frente a la sociedad.
  8. Quién manda entonces? No es comparativo, más bien el punto está en los procesos. Los organismos unicamerales brindan la posibilidad tanto de sancionar leyes beneficiosas para la sociedad como de conceder deseos políticos personales que pueden estar atados a un sinfín de sensaciones, como es este caso.
  9. Quién ganó ayer? El bloque opositor, claro. Se aprobó su proyecto inaplicable y resquebrajo bases del otro lado.
  10. Y entonces en qué quedamos? En que Villa Regina hoy cuenta con una sola anestesista para toda la ciudad que deberá hacer guardias de 24×7 ¿Por cuántos días?. Un solo profesional para una tarea más esencial que nunca frente a más de 40 mil personas.

Entonces me pregunto, y te pregunto. En este contexto ¿Tan necesario era darle tanta rosca a una ordenanza innecesaria?.

Portada: Germán Busin

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    Dos años después, el Gobierno admite su inoperancia y vuelve a prorrogar un trámite que perjudica a embarazadas

     

    El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.

    La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.

    Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables

    La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen

    La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.

    En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.

    La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.

    Una excepción que amenaza con convertirse en regla

    Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.

    La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.

    Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.

     

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