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Primera reunión intersectorial para el abordaje de adicciones

La Secretaría de Desarrollo Social  realizó la primera reunión interinstitucional convocada desde la Municipalidad de Villa Regina, con el propósito de informar respecto  al convenio firmado con APASA,  (Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones), para la implementación de un espacio de Abordaje Integral de las Adicciones. El mismo se enmarca en el Programa C.R.A.I.A (Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de las Adicciones).

Estuvieron presentes referentes de: la Secretaria de Igualdad de Género; SENAF (Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia); Fundación Vida en Familia; “El Buen Pastor” Director del Hospital de Villa Regina, y equipo de Salud Mental del mismo,  la Secretaria de Desarrollo Social y la Directora de Promoción Social, responsables del dispositivo municipal.

Durante el transcurso de la reunión además de informar respecto al funcionamiento del espacio, y a las características de los CRAIA, se abordaron diversos temas, entre ellos, Encuadre legal de Salud mental,  Marcos Teóricos de intervención, funciones del equipo de salud mental comunitaria, abordaje integral, estrategias de trabajo, importancia de la coordinación y articulación interinstitucional, confidencialidad de las situaciones, importancia de los dispositivos grupales, Dispositivos de salud, Programa de Preventores juveniles, modos de intervención desde los espacios no gubernamentales.

Asimismo los referentes de las distintas instituciones coincidieron en resaltar la  importancia de continuar con estos encuentros de manera mensual, en pos del sostenimiento de la articulación,   la comunicación y la promoción del trabajo en  red.

La Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra agradeció la participación de los referentes de las instituciones convocadas y reitero la preocupación por la situación actual de la ciudad de Villa Regina en cuanto al consumo problemático de sustancias, y la importancia del convenio firmado entre el Municipio y APASA.

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    Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico

     

    El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.

    Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

    El ajuste llega a quienes más dependen del Estado

    El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.

    Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.

    El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.

    La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer

    En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.

    La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente

    La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.

    Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.

    La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

    Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales

    Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.

    Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.

    La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.

     

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  • El Consejo dejó al juez federal Salmain al borde del Juicio político y si lo suspenden puede quedar preso

     

    El juez federal de Rosario Gastón Salmain entró en un laberinto de difícil salida. Este jueves la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura impulsó por unanimidad de sus siete miembros que dos de los hechos que se le reprochan sean analizados por el plenario de veinte miembros del órgano que evalúa jueces, lo que lo deja en la orilla de la suspensión para un juicio político. La sola suspensión podría activar la prisión preventiva de Salmain en un caso donde está procesado por pedir un soborno, que solo no se aplicó porque lo amparan sus fueros como magistrado.

    Los hechos por los que Salmain está en la mira del Consejo son dos. Uno es la causa penal por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso Attilla a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.

    El segundo hecho es el que más ruido causó desde que se escuchó el descargo del juez la semana pasada. Es porque omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente. Ocho días atrás, ante una consulta del consejero y senador nacional Luis Juez, que le preguntó porqué escamoteó eso, Salmain dijo que no lo mencionó porque no se lo habían preguntado.

    Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado 

    Esa respuesta, que fue un latiguillo en redes durante días, la recogió Juez este miércoles antes de votar para impulsar el jury. No lo perdonó y habló bien en criollo. «El nunca dijo que había sido funcionario judicial y, cuando concursó, que había sido expulsado de la Justicia por un hecho gravísimo. A ver si podemos lograr que los jueces que van a venir a rendir ac{a entiendan lo que es la categoría de juez. ¿Va a ser juez federal hasta los 75 años y vas a hacer eso, hermano? Lo que tenés que hacer es decir siempre la verdad».

    El argumento de Salmain es que el reglamento del concurso vigente pide reseñar los antecedentes del concursante en los últimos diez años. Y a Salmain la Corte lo echó por coimero hace veinticuatro.

    Antes de la sesión de este miércoles, Salmain intentó un recurso a través de un abogado para que Juez no pudiera votar por mérito para ser recusado y que el expediente disciplinario se declarara nulo. No tuvo eco en ningún consejero.

    La sesión siguió entonces adelante y el recusado tuvo su oportunidad. Suena tautológico, pero Juez despellejó al juez. «Después le exigimos al ciudadano común condiciones que no estamos dispuestos a cumplir cuando somos jueces», dijo. Siguió señalando que el sospechado hizo reproches sobre la cantidad de gente que a su criterio los fiscales que lo investigan deberían haber citado en su mismo caso y no lo hicieron. «Esta es la forma en que se defienden los delincuentes. Se defienden acusando a otros». Dijo por último que se imaginaba salir airoso si él fuera imputado en un caso e, indagado por su delito, le dijera a cualquier juez que no había hablado de eso «porque no me preguntó».

    «El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por la continuidad del salario y su cargo que defender su honor», dijo el senador cordobés. «Lo escuché con oído entrenado como abogado, hace 40 años que ejerzo la profesión, fue una defensa espantosa. Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la Justicia Federal de Rosario para ponerlo en este lugar procesal. Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios, picardías o chicanas. Que vaya al jury para que podamos evaluar su conducta». Lo señalaba porque la defensa de Salmain intentó en reiteradas ocasiones, sin lograrlo, recusar a los jueces que actuaron en sus causas y también apartar a los fiscales.

    El diputado nacional Rodolfo Tailhade impulsó el dictamen que manda los antecedentes de Salmain al plenario del Consejo para decidir el jury. No estuvo de acuerdo en que se lo reproche por haber obviado que lo dejaron cesante por pedir una coima, porque efectivamente el reglamento de concurso no exige dar cuenta de antecedentes que excedan los diez años a la fecha de esa compulsa. Y sostuvo que el juez hizo una defensa técnica acorde cuando compareció, que deben analizarse en el jury. Pero alertó que Salmain tiene procesamiento confirmado por corrupción y sigue en su cargo.

    «Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, es una situación inverosímil», observó Tailhade.

    Procesan al juez Salmain por una coima: le prohíben salir del país y lo embargan por USD 200 mil

    El consejero César Grau dijo que si estuviera vigente el reglamento de concursos que postulan ahora desde la Corte Suprema el artilugio atribuido a Salmain no habría prosperado y nunca habría llegado a juez. ¿Por qué? Porque se establece la conformación de un legajo digital único, unificado, público, transparente y permanente», afirmó Grau. «El sistema actual se basa en la buena fe, es una declaración jurada. Entonces, si miente el postulante, ¿qué pasa?» La respuesta que sugería es que un aspirante con un gravísimo antecedente irregular, como pasó con Salmain, puede llegar a juez. «La casta en algún momento tiene que perder», dijo.

    Salmain está actualmente procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. El plenario del Consejo sesionará sin fecha definida pero en breve para considerar si lo lleva a juicio político, lo que podría definirse con trece de los veinte votos. En caso de suspensión los jueces a cargo del caso en Rosario tendrán que decidir si tornan efectiva la prisión preventiva que le dictaron y que su inmunidad como magistrado dejó en suspenso.

     

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  • El 15 de octubre atenderá la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro

    A partir de octubre, la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro atenderá en Villa Regina en un espacio cedido por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. La atención comenzará el viernes 15 de octubre en el horario de 9 a 12 y se repetirá el tercer viernes de cada mes. Para ello…

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    Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto. De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante…

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  • Denuncian que subió 23% la demanda en los hospitales públicos de la provincia

     

    Los médicos de la provincia de Buenos Aires denunciaron que, frente a la crisis económica, el crecimiento del desempleo y el recorte de programas nacionales de salud, la demanda en los hospitales públicos bonaerenses creció un 23%.

    Se trata de una problemática que, desde la asunción de Javier Milei al Gobierno, numerosos intendentes vienen advirtiendo con preocupación, ya que muchos municipios son los que se hacen cargo de financiar el sistema de salud local.

    Ante un permanente crecimiento de esa demanda, en el gremio bonaerense de los profesionales de la salud, Cicop, salieron a advertir que el sistema está «saturado», con equipos sobrecargados y recursos insuficientes para capear ese incremento.

    «A eso se suma una situación interna cada vez más grave: un deterioro salarial inaudito, con falta de respuestas paritarias y aumento de la conflictividad en la atención», dijo el titular del Cicop y de la Federación Nacional, Fesintras, Pablo Maciel.

    Y graficó: «La crisis económica, el desempleo, el cierre prácticamente del Remediar, la quiebra de obras sociales y la situación dramática del Pami empujan a miles de personas al sistema público para resolver desde consultas hasta cirugías».

    El titular de Cicop y Fesintras, Pablo Maciel.

    Para los médicos, uno de los puntos más sensibles del ajuste es el vaciamiento del Plan Remediar, que durante más de 20 años garantizó medicamentos esenciales a 20 millones de personas a través de 8.000 centros de salud de todo el país.

    «El impacto es inmediato y grave: pacientes con enfermedades crónicas, autoinmunes o inflamatorias están descontinuando tratamientos porque no pueden costearlos, lo que genera complicaciones severas y, en los casos más extremos, muertes evitables», señalaron los médicos de Fesintras.

    Los hospitales municipales ya gastaron el presupuesto anual y la situación es dramática

    En esa línea, indicaron que, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias de recursos nacionales al Pami registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 comparado al mismo período de 2025.

    Eso tiene su correlato en la caída de prestaciones, demoras en la atención, problemas en acceder a medicamentos y deuda con prestadores, médicos de cabecera y odontólogos que ponen en jaque la operatividad del sistema.

    Frente a eso, el titular de la Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce de Florencio Varela, Damián Zamorano, expuso que en ese centro de alta complejidad «la lógica de privatización y mercantilización ya está sucediendo, mediante políticas de productividad que incrementan la atención y profundizan la sobrecarga laboral del personal de salud».

    Las transferencias de recursos nacionales al Pami registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 comparado al mismo período de 2025. 

    En ese contexto, Fesintras promueve un paro nacional de salud con movilizaciones en todo el país para este miércoles 20 de mayo. La marcha central llevará el reclamo a la puerta del Ministerio de Salud nacional que conduce Mario Lugones. De ahí, la columna marchará hacia Plaza de Mayo.

    Como antesala a esa movilización, Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes a una reunión en Gobernación el martes, para abordar el impacto del ajuste nacional en Salud. Ahí se prevé que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak informe el estado de situación con datos comparativos y se firme un documento en reclamo de recursos adeudados por parte de Nación. 

     

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