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El Consejo de Mayo empezó a circular el proyecto de Reforma Laboral que Javier Milei presentará formalmente en los próximos días, en una apuesta por reducir el poder de fuego de los sindicatos y fortalecer a los empresarios ante las viejas garantías de la Ley de Contrato de Trabajo. Fuentes al tanto de las conversaciones comentaron que la letra de la ley termina con la ultractividad y crea un Fondo de Asistencia Laboral para eludir el peso disuasorio de las indemnizaciones.

LPO accedió al texto que los miembros del consejo discutieron y que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicaría a los legisladores de La Libertad Avanza el 9 de diciembre, antes de que inicie su tratamiento parlamentario. La filtración se produjo después que la Casa Rosada le compartiera el PDF de la ley a Patricia Bullrich, por tener un lugar en la mesa política del gobierno pero, además, por ser la jefa del bloque libertario en el Senado.

Al cierre de esta nota, todavía era una incógnita si la ex ministra terminó reenviando inegnua e indiscriminadamente el documento por WhatsApp o si lo hizo a propósito. Igual que ante la revelación de LPO sobre el proyecto de Libertad Educativa, una situación que sacudió la modorra del Consejo de Mayo, Milei enfureció por la aparición de fragmentos de su «modernización laboral» hasta en Twitter.

Cuando se filtró el proyecto de Paolo Rocca y Carlos Torrendell, la senadora Carolina Losada llegó a transmitir ante la prensa el malestar que causó al interior del oficialismo y los miembros del consejo, integrado por ella misma en representación de la Cámara Alta, Cristian Ritondo por Diputados, Alfredo Cornejo por los gobernadores, Martín Rapallini por la UIA y Gerardo Martínez por la CGT.

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El gobierno mantenía guardado el proyecto para no activar las alertas de los dirigentes gremiales y la oposición. Por esa razón, instruyó a sus diputados y senadores que no hablaran de lo que se conversaba en el Consejo de Mayo, pero Bullrich estropeó sus planes.  

Como sea, el artículo 58 del proyecto establece la creación de «los Fondos de Asistencia Laboral, destinados exclusivamente a coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos» contemplados en las reglamentaciones de «las indemnizaciones reparadoras de preaviso, integración y despido, previstas en los estatutos profesionales, por parte de los empleadores del Sector Privado». 

Si bien se aclara que «este régimen no modifica, sustituye ni altera el régimen indemnizatorio vigente», el artículo 59 plantea que «cada empleador deberá conformar una cuenta como un patrimonio separado, de afectación específica, independiente e inembargable, en uno de los fondos administrados por una de las entidades habilitadas a tal fin por la Comisión Nacional de Valores, a elección del empleador».

Es una incógnita si Bullrich terminó reenviando inegnua e indiscriminadamente el proyecto por WhatsApp o si lo hizo a propósito. Igual que ante la revelación de LPO sobre el proyecto de Libertad Educativa, Milei enfureció por la aparición de fragmentos de su ‘modernización laboral’ hasta en Twitter.

El borrador del texto fija la contribución mensual obligatoria en un 3 por ciento de la masa salarial que se toman como «base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador».

Otro punto conflictivo del proyecto es el que busca la declaración de una serie de rubros como servicios esenciales, para limitar el derecho a huelga. El caso más sensible sería el de los docentes: el artículo 88 dice que «en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal». En el inciso «f» postula como servicio esencial «el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial».

Julio Cordero, secretario de Trabajo.

Para colmo, crea una comisión de garantías compuesta por 5 miembros «de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o del derecho constitucional y destacada trayectoria», para «calificar como servicio esencial o servicio de importancia trascendental una actividad no incluida en las enumeraciones» contempladas en la norma.

Por otro lado, el Consejo de Mayo, donde paradójicamente tiene una silla el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, redactó el artículo 111 derogando la ultractividad. «Una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue», dice, y continúa: «El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes». De esta manera, se caerían en la práctica todos los convenios.

Un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior.

Pero lo más alarmante para las centrales obreras es la primacía que otorgra el proyecto a los convenios de ámbito menor sobre los de ámbito mayor. Esto es lo que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió cuando se presentó en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y deslizó que sería mejor que hubiera convenios por región y por empresa. «Los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor», indica el artículo 114, mientras que el 115 agrega: «Un convenio de ámbito menor prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior».

El proyecto también apunta a limitar el desarrollo de asambleas en los espacios laborales. «En caso de celebrarse una asamblea dentro o fuera del establecimiento del empleador, deberá contarse con autorización previa», establece el artículo 117.

Las Direcciones de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Regina invitan a los interesados a participar con un stand o espacio en el patio gastronómico durante el festival ‘Tinta Urbana’ que se desarrollará los días 8 y 9 de octubre. Los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Turismo y recibir las…

El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.

La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.

PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.

En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.

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Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».

El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.

Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.

Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.

Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.

Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.

Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.

Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.

Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.

Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.