Primera reunión intersectorial para el abordaje de adicciones

El peronismo tucumano sigue atravesado por la disputa por el manejo de la Caja Popular de Ahorros (CPA), una fenomenal fuente de recursos que semanas atrás el gobernador Osvaldo Jaldo le quitó al diputado Carlos Cisneros. Ahora, el también dirigente de La Bancaria apuesta a convertir a la CPA en un banco, aunque ya no tiene el manejo de la entidad.

Cisneros anunció que «el Banco Central está a días o semanas de firmar una autorización para que el Banco Caja Popular pueda funcionar con absoluta normalidad». El diputado dijo que el proyecto fue impulsado por la desplazada gestión que le respondía políticamente, pero que lo hicieron por instrucción de Jaldo. 

Cisneros está peleado con Jaldo por lo que el anticipo del supuesto anuncio causó sorpresa en Tucumán. Fuentes del gobierno tucumano dijeron a LPO que no saben nada del tema y que es un asunto que corresponde a la Caja. Pero el tema es que la Caja está manejada por interventores designados por el propio Jaldo.

Guerra abierta en el peronismo tucumano: Jaldo le intervino la Caja a Cisneros

La Caja es una mega estructura que maneja los fondos del juego provincial y tiene entre sus finalidades la entrega créditos a empleados públicos, construcción de viviendas sociales, financiar la salud y el deporte. Pero en la realidad está lejos de eso. «No recuerdo que la Caja haya entregado una sola vivienda», dijo a LPO un dirigente tucumano. Lo mismo sucede con los créditos, abundan las quejas de trabajadores que no pudieron conseguir una ayuda.

La Caja está fundida, es imposible que el Banco Central apruebe convertirla en banco. Son años de desprolijidades, ni siquiera se sabe cuántos empleados tiene ni quiénes son. Imaginate si Milei le va a aprobar un banco a ellos.

En efecto, la Caja fue creada en 1915 para favorecer el crédito a los trabajadores e impulsar la construcción de viviendas sociales. Años más tarde fue la primera entidad del país en legalizar la quiniela. Es así un híbrido casi único en la Argentina que no es banco, pero supuestamente toma ahorros y da créditos y administra el juego.

En los hechos es una fenomenal caja política que desde los noventa maneja el

sindicato La Bancaria, que en Tucumán lidera Cisneros. El diputado nacional suele ser un aliado ineludible de los gobernadores peronistas, hasta que alguna disputa de poder los hace chocar. Una pelea similar a la que mantiene con Jaldo tuvo una década atrás con José Alperovich, que también le intervino la Caja. Con Juan Manzur logró convivir en paz.

Mientras en el gobierno tucumano hay cautela, en otros sectores del peronismo creen que  el anuncio de su próxima conversión a banco es «humo».

«La Caja está fundida, es imposible que el Banco Central apruebe convertirla en banco. Son años de desprolijidades, ni siquiera se sabe cuántos empleados tiene ni quiénes son. Imaginate si Milei le va a aprobar un banco a ellos», agregó la fuente.

Tras la intervención de la Caja y el inicio de auditorías del Tribunal de Cuentas de la provincia, empezaron a aparecer denuncias sobre los supuestos desmanejos. Días atrás, el TdC denunció que la Caja incumplió durante más de veinte años el aporte obligatorio del 1% para financiar el Fondo Provincial del Deporte. Algo similar habría pasado con el Sistema Provincial de Salud, al que habría aportado una ínfima parte de lo que correspondía por ley.

No recuerdo que la Caja haya entregado una sola vivienda.

También en estos días trascendió que el Banco Central le impuso tiempo atrás una multa de 108 millones de pesos a la Caja por haber operado al margen de la normativa nacional de manejo de fondos. Concretamente, la Caja no separó contablemente sus recursos propios de los depósitos captados del público, lo que impidió determinar con certeza el origen de los fondos destinados a préstamos.

Sin embargo, en la oposición denuncian que Jaldo no va a fondo con el tema: «Le sacó el manejo a Cisneros, pero no profundizó en el desastre, no están haciendo nada», dijo a LPO un dirigente importante de la oposición tucumana.

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Alejandro Monteoliva desmintió la primicia de LPO sobre el levantamiento de custodias a las entidades judías, pero desde la comunidad lo confirman y aseguran que hay templos que siguen sin la protección de la Policía Federal.

Este medio reveló que la ministra de Seguridad sacó la custodia de 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía y desató un conflicto con la DAIA. El traslado de los custodios se hizo con el pretexto de engrosar las filas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El DFI es el «FBI argentino» que impulsó Patricia Bullrich, la antecesora de la actual ministra.

«A las noticias falsas y la desinformación, les respondemos con la verdad. La custodia en los establecimientos de la comunidad judía no se redujo: fue reforzada y se mantiene activa», dijo Monteoliva mediante un comunicado de su ministerio.

La desmentida se choca con la realidad. Por caso, desde un templo de Once, que dejó de ser custodiado desde días atrás hasta el cierre de esta nota, se quejaron ante las autoridades nacionales en reiteradas ocasiones y no pudieron tener una respuesta de Monteoliva.

Fuentes de la DAIA dijeron a LPO que esa falla se debe a internas dentro de la propia Policía Federal. De hecho, hay una preocupación creciente en el gobierno porque Monteoliva no ejerce el mando real sobre la fuerza. Tampoco tiene ascendencia en las fuerzas Martín Ferlauto, el joven secretario de Seguridad Nacional.

Monteoliva levantó la custodia de los establecimientos judíos y abrió un conflicto con la DAIA

La ministra enfrenta un incipiente reclamo de parte de los efectivos que exigen una recomposición salarial como la que obtuvo Gendarmería durante la gestión de Patricia Bullrich, muy cercana a los gendarmes.

Monteoliva ya había padecido una situación similar en 2013 cuando fue ministra de Seguridad de Córdoba y tuvo que renunciar por el acuartelamiento de la policía. En ese momento fue considerada una de las responsables políticas del motín de la fuerza, que desembocó en muertos, heridos y saqueos.