Primera reunión intersectorial para el abordaje de adicciones

Primera reunión intersectorial para el abordaje de adicciones

Primera reunión intersectorial para el abordaje de adicciones

La Secretaría de Desarrollo Social  realizó la primera reunión interinstitucional convocada desde la Municipalidad de Villa Regina, con el propósito de informar respecto  al convenio firmado con APASA,  (Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones), para la implementación de un espacio de Abordaje Integral de las Adicciones. El mismo se enmarca en el Programa C.R.A.I.A (Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de las Adicciones).

Estuvieron presentes referentes de: la Secretaria de Igualdad de Género; SENAF (Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia); Fundación Vida en Familia; “El Buen Pastor” Director del Hospital de Villa Regina, y equipo de Salud Mental del mismo,  la Secretaria de Desarrollo Social y la Directora de Promoción Social, responsables del dispositivo municipal.

Durante el transcurso de la reunión además de informar respecto al funcionamiento del espacio, y a las características de los CRAIA, se abordaron diversos temas, entre ellos, Encuadre legal de Salud mental,  Marcos Teóricos de intervención, funciones del equipo de salud mental comunitaria, abordaje integral, estrategias de trabajo, importancia de la coordinación y articulación interinstitucional, confidencialidad de las situaciones, importancia de los dispositivos grupales, Dispositivos de salud, Programa de Preventores juveniles, modos de intervención desde los espacios no gubernamentales.

Asimismo los referentes de las distintas instituciones coincidieron en resaltar la  importancia de continuar con estos encuentros de manera mensual, en pos del sostenimiento de la articulación,   la comunicación y la promoción del trabajo en  red.

La Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra agradeció la participación de los referentes de las instituciones convocadas y reitero la preocupación por la situación actual de la ciudad de Villa Regina en cuanto al consumo problemático de sustancias, y la importancia del convenio firmado entre el Municipio y APASA.

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    La Legislatura de Córdoba volvió a quedar en el centro de un escándalo por una denuncia vinculada con delitos contra la integridad sexual. El protagonista es Omar «Manotas» Ludueña, un empleado de planta permanente que tiene una extensa trayectoria de militancia junto a Rodrigo de Loredo.

    Ludueña fue denunciado por una mujer que asegura haber sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. Según la denuncia difundida públicamente, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía entre 3 y 14 años. La causa tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2° Turno.

    El caso adquiere una dimensión política por la trayectoria del empleado dentro de la Unicameral. Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR, como contratado bajo la modalidad de Asistente Legislativo. Posteriormente pasó a formar parte de la planta permanente. 

    Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

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    La documentación administrativa de la Legislatura confirma, además, que Ludueña figura entre los empleados del cuerpo legislativo. Un listado oficial de personal de la Unicameral lo registra como Auxiliar Principal.

    Pero hay otro dato que resulta relevante: el 1° de febrero de 2024, la dirección de Capital Humano de la Legislatura le confirmó a «Manotas» que su nuevo destino sería la oficina Alejandra Ferrero, una de las espadas de De Loredo, «cumpliendo funciones de apoyo a las actividades que se desarrollan en la misma». 

    El denunciado Omar «Manotas» Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR. Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

    La nota lleva la firma de la propia Ferrero como responsable de la oficina de destino. El 8 de septiembre pasado, luego de que se hiciera pública la acusación a Ludueña, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que «arbitre las medidas para el apartamiento de las funciones» de Ludueña. 

    El bloque de Hacemos Unidos, que viene de atravesar la crisis de «Cañito» Flores, presentó un pedido de informes en el que deja expuesto que Ludueña habría trabajado de manera ininterrumpida para legisladores de la UCR durante años y habría desarrollado también actividad política vinculada con ese espacio. 

    La diputada radical Alejandra Ferrero.

    Efectivamente, «Manotas» es un reconocido militante de la seccional Cuarta de la ciudad de Córdoba. El pedido de informes del oficialismo dejará expuesto cuándo ingresó Ludueña, quién solicitó su contratación, cómo fue su pase a planta permanente y todos los cambios registrados posteriormente. 

    Es un dardo directo a De Loredo, puesto que el denunciado habría sido contratado por él en 2011. El planteo tiene un componente político adicional: el peronismo pretende que los distintos bloques fijen posición frente al caso y recuerda los antecedentes recientes de pedidos de exclusión y cuestiones de privilegio presentados por situaciones de gravedad similar. 

    En principio, el peronismo buscará que se aplique la «jurisprudencia ‘Cañito’ Flores»: arrinconar a la radical Ferrero para que se tome licencia por haber cobijado en su oficina al denunciado. Como se recordará, Flores solicitó licencia y a las pocas horas renunció luego de que su exasesor José Villarreal fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual de menores.

    La concejala radical Elisa Caffaratti, que conoce a Ludueña por su trabajo territorial y que también está vinculada al espacio de De Loredo, dijo que tomó conocimiento de la denuncia a través de la propia denunciante y que realizó una presentación judicial para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

     

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