Presentan en Neuquén y Fiske Menuco un Manual Anti-represivo

 

El Directorio de GeoPark Limited (NYSE: GPRK) rechazó por unanimidad una oferta no solicitada de adquisición presentada por Parex Resources Inc., que proponía la compra de la compañía mediante una transacción totalmente en efectivo por US$ 9 por acción. La propuesta fue recibida el 4 de septiembre de 2025, antes del anuncio de la adquisición de activos estratégicos en Vaca Muerta, y se mantuvo bajo estricta confidencialidad hasta su evaluación final.

Tras un proceso de análisis con asesores financieros y legales independientes, el Directorio concluyó que la oferta subvaloraba significativamente a la compañía, no reflejaba su potencial de crecimiento ni reconocía el valor de su portafolio diversificado en América Latina.

Expansión y solidez operativa

GeoPark reafirmó su compromiso con su plan estratégico de expansión basado en una estructura operativa y financiera sólida. La compañía recordó su historial de éxito en el bloque Llanos 34 de Colombia, donde ha descubierto más de 200 millones de barriles y consolidado una plataforma de generación de flujo de caja estable.

De acuerdo con las proyecciones presentadas durante el Investor Day 2025, GeoPark prevé un incremento del 46% en su producción y un aumento del 70% en su EBITDA ajustado hacia 2028, impulsado por su presencia creciente en la Cuenca Neuquina.

El valor estratégico de Vaca Muerta

El Directorio subrayó que la oferta de Parex no valoraba adecuadamente los activos recientemente incorporados en la formación Vaca Muerta, que aportan 60 millones de barriles de recursos recuperables y amplían la vida útil de las reservas de la empresa a casi una década.

La operación en Argentina contempla el desarrollo de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, con una proyección de 20.000 barriles equivalentes diarios de nueva producción durante los próximos tres años. Este crecimiento posiciona a GeoPark como un nuevo jugador relevante dentro del sector no convencional argentino, con sinergias operativas y tecnológicas entre sus operaciones en Colombia y la Patagonia.

Confianza en la estrategia de largo plazo

El CEO de la compañía, Felipe Bayón, expresó que GeoPark mantiene plena confianza en su equipo, su estrategia de crecimiento disciplinado y su capacidad para generar valor sostenible a largo plazo. “Continuaremos ejecutando nuestro plan de expansión sobre una base sólida en Colombia y una nueva plataforma en Argentina”, aseguró.

La empresa confirmó que seguirá evaluando oportunidades estratégicas que reflejen de manera justa su valor y su potencial futuro, siempre dentro de un marco de disciplina financiera y responsabilidad con los accionistas.

GeoPark informó además que Goldman Sachs actúa como asesor financiero de la compañía, mientras que Davis Polk & Wardwell LLP y Conyers se desempeñan como asesores legales en el proceso.

Con esta decisión, la compañía reafirma su independencia, su confianza en los activos adquiridos en Vaca Muerta y su compromiso de fortalecer su posición como una de las principales productoras independientes de petróleo y gas de América Latina.

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El gobernador Rolando Figueroa se reunió este martes en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Entre otros temas, dialogaron sobre el trabajo que se viene realizando para aumentar la producción de Vaca Muerta, las obras que son necesarias para fortalecer el desarrollo de las inversiones y la infraestructura que hace falta para resguardar la sustentabilidad social en la provincia.

“Seguimos fortaleciendo el modelo neuquino”, aseguró el gobernador luego del encuentro y agregó: “Estamos enfocados en avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia, pensando en el post Vaca Muerta y en la consolidación de un modelo neuquino basado en el bienestar y las oportunidades para nuestra gente”.

La reunión se da en un contexto de crecimiento de la producción de gas y petróleo en la provincia y de expansión de las inversiones en Vaca Muerta. Las exportaciones de los hidrocarburos neuquinos aportan al ingreso de divisas para el país y a posibilitar un superávit comercial favorable en materia hidrocarburífera, con más de 5.000 millones de dólares favorables en lo que va del año.

Acuerdo con las operadoras por el bypass de Añelo

En la sesión de este miércoles en la Legislatura del Neuquén, tomará estado parlamentario el proyecto de ley para ratificar el acuerdo con las operadoras del sector hidrocarburífero para la pavimentación de 51 kilómetros del bypass de Añelo, conectando las Rutas Provinciales 8 y 17.

El proyecto de ley lleva la firma del gobernador, Rolando Figueroa, y prevé la autorización al ministerio de Infraestructura, a llevar adelante los actos necesarios a los efectos de adherir, en carácter de Fideicomisario, al Fideicomiso By Pass de Añelo, instrumentado mediante un contrato firmado el 19 de junio de 2025 por las empresas YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Phoenix Global Resources, y Total Austral, en su carácter de Fiduciantes; y TMF Trust Company, en su carácter de fiduciario.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo Provincial recibirá la obra concluida en carácter de Donación con Cargo.

La iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo lleve adelante los actos necesarios para someter las rutas 8 y 17 a un régimen de peajes, y podrás adoptar medidas administrativas a los efectos de derivar la totalidad del tránsito pesado de la zona por las rutas que formarán el bypass. También faculta a las Dirección Provincial de Vialidad a llevar adelante la operación vial de las rutas que serán asfaltadas, incluida la administración del peaje.

Como fue expresado oportunamente, en varias ocasiones, los vehículos livianos y patentados en la provincia de Neuquén no pagarán peaje. Y habrá tarifas diferenciales para vehículos pesados patentados en la provincia. Se prevén multas severas para quienes circulen con sobrepeso.

Producción de petróleo en aumento

La producción de petróleo en septiembre de 2025 alcanzó los 566.967 barriles diarios, estableciendo una nueva marca histórica para la provincia del Neuquén. Este valor representa un incremento del 3,5% respecto de agosto y un aumento interanual del 26,87% en comparación con septiembre de 2024.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la producción es 22,88% superior a la registrada en el mismo período del año anterior.

En cuanto al gas, la producción de septiembre de 2025 fue de 95,71 millones de metros cúbicos diarios, lo que representa una disminución del 15,4% respecto del mes anterior y una variación interanual negativa del 7,72% en comparación con septiembre de 2024.

No obstante, la producción acumulada de gas entre enero y septiembre de 2025 se mantiene 2,16% por encima del mismo período de 2024.

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Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

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Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

 

 

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria y, como cada año, una vez más diversas organizaciones realizarán una jornada político cultural en la Estación Darío y Maxi este miércoles 25 de junio de 16 a 21.30, al cumplirse 23 años de la Masacre de Avellaneda, en la que, el 26 de junio de 2002 los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense, que ese día actuó bajo las órdenes del ex presidente Eduardo Duhalde. Una vez más, se seguirá reclamando juicio y castigo a los responsables políticos. Habrá paneles de debate, una asamblea transfeminista, olla popular, muraleadas, intervenciones culturales, feria autogestiva, muestra fotográfica, música en vivo y una transmisión en vivo de medios alternativos. Enterate de la grilla de actividades. Por ANRed.

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Compartimos la grilla de actividades

MIÉRCOLES 25 DE JUNIO: JORNADA CULTURAL EN LA ESTACIÓN DARÍO Y MAXI

16 HS: Apertura de las actividades.

16HS Anfiteatro de la Estación.

PANEL. Bloque 1: Criminalización de la protesta (La Ciega, Archivo Popular de la memoria, Polo Obrero, La Retaguardia).

PANEL. Bloque 2: La lucha sigue: Nuevas formas de resistencia. Anfiteatro de la Estación (Coordinadora de Jubiladxs, FPDS, El Orejano, FPDS CP, Coordinadora por el Cambio Social, Testimonio por Palestina, Trabajadorxs Hospital Garrahan, Asamblea por el Agua de Mendoza).

16 HS Salida de la Estación.Asamblea Transfeminista Plurinacional Piquetera.

16 HS:Patio y salida de la Estación.Comienzo de Corredor gráfico y Muraleadas.

17 HS:EscenarioTocarán: La Delio Valdez, Quinteto Negro La Boca, Javier Ortega y DJ Pharuk, Les Ñeris, Presidentes Muertos, Norma Aguirre-La Ferni-Mario Tassa.

18 HS: Hall de la EstaciónComienzo de Transmisión en vivo de Medios Alternativos. Antena Negra TV, FM La Tribu, Radio Zona Libre, La Chispa Prensa, Radionauta.

19 HS:Salida de la Estación.Olla Popular.

19:30:EscenarioActo Central junto a Familiares y Compas de Darío y Maxi, Organizaciones e invitadxs.

20:30:Escenario Homenaje a Vicente Zito Lema. Proyecciones de Daniel Malnati. Lecturas por Natalia Bericat.

21:30:Cierre de la Actividad.

23 Años. ¡Justicia por Darío y Maxi!

Memoria para luchar. Organización para vencer.

Las consignas de las jornadas serán #DarioyMaxi, #DarioyMaxipresentes, #MasacredeAvellaneda, #JunioArdeRojo y #EstacionDarioyMaxi.

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria

Darío Santillán (21 años, de Quilmes) y Maximiliano Kosteki (22 años, de Guernica) fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por policías durante una manifestación en el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense. Un crimen que la Policía Bonaerense y el gobierno el entonces presidente Eduardo Duhalde intentaron ocultar, tergiversando los hechos para eludir su responsabilidad material y política. Estos dos crímenes de Estado provocaron una crisis política que apresuró la salida del gobierno del presidente interino Duhalde, quien convocó a elecciones a Presidente para el año siguiente.

En todos estos años, la lucha popular por conseguir que se castigue a los culpables materiales y políticos no cesó. Hasta el momento, solo fueron condenados quienes ejecutaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: los exefectivos de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti (excomisario) y Alejandro Acosta (excabo), quienes fueron condenados a prisión perpetua.

Pero el año pasado, familiares y compañeros/as de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a la abogada querellante y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, realizaron una conferencia de prensa para «dar a conocer el repudio a la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal N°3, a cargo del Juez Martín Andrea García Díaz, que ordenó liberar al Cabo Alejandro Acosta, uno de los asesinos de Darío y Maxi«.

«En este contexto, el poder judicial avanza con la libertad de Acosta para dar un claro mensaje: la represión policial tiene impunidad gracias al aval judicial, político y mediático. Un pacto con aires a obediencia debida y punto final», denunciaron en ese momento.

En este marco, este miércoles 25 de junio volverán a reclamar contra la impunidad de los autores materiales de la masacre y seguirán reclamando juicio y castigo a los responsables políticos.

Porque junio siempre arde rojo en la memoria.

 

 

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo de Neuquén, Luciana Ortíz Luna, informó por AM Cumbre1400, el corte de rutas como medida preventiva por el desarrollo de fuertes tomentas de lluvia, viento y granizo.

En declaraciones en el programa Más vale tarde, la funcionaria se encontraba en Añelo coordinando acciones por la grave crecida del arroyo Carranza y adelantó que las alertas están relacionadas con tormentas en la zona entre Vaca Muerta y el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

No obstante, por la característica que tiene este tipo de tomentas convectivas, adelantó que otro frente se encuentra a media tarde de este lunes formándose en la zona de Piedra del Águila y Picún Leufú.

Desde la tarde de este lunes se encuentran cortadas las rutas 5 (altura arroyo Carranza), la 6 a la altura de Puesto Hernández y la 7, en la zona de Cortaderas. Todos estos sectores inhabilitados al tránsito se encuentran en la zona de la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Qué son las tormentas convectivas

Las tormentas convectivas son un fenómeno meteorológico local, intenso y de corta duración que se forma por la rápida ascensión de aire cálido y húmedo desde la superficie terrestre. Este proceso se conoce como convección y provoca el desarrollo de nubes de gran tamaño (cúmulos), que liberan fenómenos meteorológicos severos como lluvias intensas, granizo, fuertes vientos, rayos y, en casos extremos, tornados. 

Noticia en desarrollo.-

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El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en Argentina, en las que se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. El voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años, salvo algunas excepciones.

Según el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores deberán pagar una multa que va de $50 a $500, según la cantidad de infracciones.

Además, los infractores son incorporados al Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que puede traer consecuencias administrativas. En algunos distritos, el valor de las sanciones puede ser superior debido a actualizaciones por “unidades fijas”.

Qué consecuencias tiene no votar

Más allá de la multa económica, la ley establece que quienes no justifiquen su ausencia quedarán inhabilitados durante un año para realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales.
Esto incluye la renovación del DNI, la obtención del pasaporte, la inscripción en programas sociales o trámites jubilatorios.

En casos graves o de falsificación de certificados, las sanciones pueden escalar y alcanzar los $77.000, según la jurisdicción.

¿Cómo justificar la ausencia?

• Estar a más de 500 km del lugar de votación (acreditado ante la policía).
• Problemas de salud con certificado médico.
• Obligaciones laborales o de servicio público durante la jornada electoral.
• Causas de fuerza mayor, como emergencias familiares o climáticas.

Se puede justificar no votar por motivos como:

Las justificaciones deben presentarse dentro de los 60 días posteriores al comicio. Una vez aprobadas, el elector se elimina del registro de infractores.

Este año, las elecciones marcarán el debut de la Boleta Única de Papel, pero las obligaciones cívicas siguen intactas: no votar sin causa justificada puede generar multas y restricciones legales.

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