Rucci asumió un nuevo período en Petroleros y alertó sobre la defensa de derechos

(Por Sebastián Hadida, para NA).- La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la “estafa” a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.

El documento, de 204 páginas de extensión y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y dio cuenta de que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias financieras previas muy similares con criptomonedas.

En ese sentido, el informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que “la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación”, al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.

Para los diputados opositores que fueron parte de la redacción del documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), “las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.

En ese marco, no dudaron en caracterizar lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.

“Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, señalaron, y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, “pese a que dicha información no era de circulación pública”.

Según denunciaron, el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.

También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de «incumplimiento de deberes» ya que «su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión».

“Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en las consideraciones finales.

“En efecto, del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron los diputados opositores en el informe.

La reunión de este martes fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, que se creó como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.

Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, que difundió bajo el nombre «Viva la Libertad Project» y lo presentó como si fuera una noble causa para financiar pymes de todo el país.

Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Milei había utilizado su investidura presidencial y popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio en el que ganaron unos pocos con información privilegiada y como contrapartida provocó pérdidas millonarias para miles de usuarios.

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

Con gran expectativa y a sala llena, la comisión ejecutó este martes su «last dance» y leyó el informe final, que incluyó un conjunto de consideraciones y recomendaciones.

Al abrirse el debate, Marino, quien se quedó hasta las 4 de la mañana puliendo la redacción del informe, señaló que la presentación que hiciera Milei de Libra como un «proyecto serio de inversión para desarrollar pymes en realidad, desde un punto de vista técnico, era más cercano a un meme coin que habían manipulado de antemano para realizar el tirón de alfombra (rug pull)».

El diputado de Unión por la Patria recordó que el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, había admitido que el presidente había evitado realizar consultas a organismos públicos de control para conocer si la promoción de Libra podía generar algún tipo de conflicto de interés que comprometiera la ley de Ética Publica.

En tal sentido, el dirigente opositor y líder del Partido Piquetero aseguró que el «endorsement» a Libra de parte de Milei no fue un «error» involuntario sino «una decisión deliberada para eludir los controles estatales» y apuntalar un negocio privado.

«El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy», consideró, y puntualizó que no se trata de «un hecho aislado» ya que Milei, junto a Novelli y Terrones Godoy ya habían sido parte de maniobras defraudatorias similares en el pasado reciente.

«En nuestro rol de órgano de control político sobre el Poder Ejecutivo planteamos con total claridad que corresponde que el pleno del Congreso evalúe si el presidente de la Nación inclurrió en mal desempeño de sus funciones», enfatizó.

Por su parte, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que existe un «patrón de conducta» o antecedentes que involucran directamente a Milei y a Novelli, y coincidió en que lo sucedido configura un «daño muy grave a la credibilidad del país».

Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”

Christian Castillo (Frente de Izquierda) refutó la defensa esgrimida por Milei respecto a que el mencionado posteo fue hecho en carácter de «ciudadano común».

«Lo hizo desde una cuenta que tiene tilde gris y que refiere a altos funcionarios de Estado. Es decir, que no lo hizo como un ciudadano común», desmintió el diputado nacional del PTS.

El dirigente trostkista también retrucó lo afirmado por Milei respecto a que el contrato de Libra era «público».

«Él intentó dar la idea de que se encontró de casualidad con algo que era interesante para la Argentina y que por eso lo difundió. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación de dónde estaba la circulación pública de ese link sin el cual toda la maniobra alrededor de Libra no se hubiera podido hacer», subrayó.

Para Castillo, «ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona» sino solamente quienes «tuvieran información privilegiada» como el propio Milei, y lo relacionó con las múltiples reuniones previas que el presidente mantuvo con empresarios cripto como Hayden Davis y los intermediarios Novelli y Terrones Godoy.qMQYIA

«Sin ese contrato no había posibilidad de estafa. No había posibilidad de hacer la maaniobra de rug pull», remató el legislador de izquierda.tal cual. Rodolfo, te agradecemos muchísimo estos minutos y conversar con nosotros sobre estos temas. Nosotros los agradecimos siempre. luego. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Abrazo grande.  Adiós. Bueno, charlamos con Rodolfo Hoyar, secretario general de Ate Nacional.

El incidente ocurrió pasadas las 8 cuando, según testigos, una conductora frenó abruptamente tras cruzar un semáforo en dirección al oeste.

Detrás de ella circulaba una Toyota Hilux, que logró detenerse a tiempo. Sin embargo, una Volkswagen Saveiro que venía inmediatamente detrás no pudo frenar y chocó contra la camioneta. La secuencia terminó con una Ford Ranger impactando a la Saveiro, que quedó comprimida entre ambos rodados.

Vecinos que presenciaron el hecho describieron a la primera conductora como “una señora mayor”, lo que permitirá avanzar en las pericias sobre la maniobra inicial.

A pesar de lo violento de la escena, no hubo lesionados. La Saveiro fue el vehículo que sufrió mayores roturas, mientras que la Hilux y la Ranger solo registraron daños menores en paragolpes y carrocería.

Personal policial y agentes de tránsito trabajaron rápidamente para ordenar la circulación.

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A pocos días de las elecciones legislativas de medio mandato, el Registro Civil de Neuquén lleva adelante un operativo especial para entregar todos los documentos nacionales de identidad que aún no fueron retirados.

“Acabamos de recibir quinientos sesenta DNI, que se suman a los más de dos mil quinientos ya disponibles en las oficinas seccionales de Neuquén Capital”, explicó Mariana Núñez, directora provincial del organismo, en diálogo con AM Cumbre 1400.

El objetivo es que ningún neuquino se quede sin votar por falta de documento físico. Por eso, todas las oficinas seccionales de la provincia mantendrán horario extendido hasta las 14:30 horas hasta el viernes previo a las elecciones. “Pedimos a los ciudadanos que se acerquen a retirar sus documentos donde los tramitaron”, insistió Núñez, recordando que solo el DNI físico es válido para sufragar.

Además durante el domingo electoral, el Registro Civil mantendrá dos guardias en Neuquén Capital para atender casos de última hora. En la oficina de San Lorenzo -Roca 1100- se entregarán documentos tramitados en la zona oeste, mientras que en San Martín 756 se atenderán las zonas centro, norte, sur y este. Ambas permanecerán abiertas de 8 a 18 horas.

En el interior provincial, también habrá atención especial en localidades como Zapala, Cutral Co, Centenario, Plottier, Rincón de los Sauces, Añelo, San Patricio del Chañar y Villa La Angostura, aunque en un horario reducido, de 8 a 14 horas.

“Ojalá podamos entregar la máxima cantidad de documentos para que todos puedan ejercer su voto”, expresó la directora, agradeciendo la colaboración de las radios locales y los municipios.

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Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .

l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

El exdocente José Gregorio Ruffa Saraspe, condenado a 13 años de prisión por abuso sexual de menores en una escuela de Balsa Las Perlas.

El docente de Cipolletti fue detenido anoche en la provincia de Catamarca. Ruffa se encontraba prófugo desde el 23 de octubre, luego de que la Corte Suprema desestimara la última apelación presentada por su defensa. Tras un operativo conjunto entre la policía catamarqueña y el Ministerio Público de Río Negro, se logró su captura y será trasladado en los próximos días a Cipolletti para comenzar a cumplir su condena.

Ruffa fue hallado en la localidad de Alberdi, Tucumán, donde residía tras haber recibido autorización judicial durante el proceso de apelaciones. Sin embargo, al quedar firme la sentencia, el exdocente debía presentarse ante la Justicia, lo cual no ocurrió, iniciándose su búsqueda a nivel nacional. Las investigaciones determinaron que no había salido del país, y que podría estar recibiendo ayuda para mantenerse oculto en la región.

El caso de abuso que protagonizó generó una profunda conmoción en Balsa Las Perlas, donde se desempeñaba como maestro entre 2017 y 2019. Durante el juicio, se acreditaron 12 hechos de abuso sexual simple cometidos contra siete alumnas menores de 13 años, a partir de testimonios tomados por cámara Gesell. El tribunal integrado por los jueces Baquero Lazcano, Gómez y González Vitale lo declaró culpable por delitos agravados por su rol como educador, cerrando así un proceso judicial que movilizó a toda la comunidad educativa.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó en las ultimas horas la designación en el Senado de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Control de Gestión, un ex militar que ordenó destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta en el que se habían registrado nacimientos entre principios de los 70′ hasta mediados los 90′. Asumirá en junio. Por El Ciudadano.

Así lo pudo constatar Noticias Argentinas de fuentes judiciales al tanto del expediente que, curiosamente, tuvo circulación con pedido de reserva en los días previos a la formalización que Villarruel hizo ayer mediante el decreto 0306/25. Gestoso Presas asumirá el 1 de junio.

Los fiscales a cargo del caso le imputaban a Gestoso Presas y Carlos Fernando Tozzeto Arias, director del Hospital, un delito conexo a crímenes de lesa humanidad por el intento de destrucción de ese tipo de material probatorio, aunque en 2014 el Tribunal Oral Federal de Salta consideró que no cometieron un delito de lesa humanidad y fueron sobreseídos «por prescripción de la acción penal».

El 15 de mayo de 2008, Tozzeto Arias encontró dos libros – en supuesto mal estado – en el lavadero del Hospital Militar de Salta y se los entregó a Gestoso Presas para que considerara si había información importante; éste receptó el pedido pero le encargó quemar el material al capitán Silvio Manino.

Manino simuló ejecutar la orden pero, en realidad, los guardó en su casa y tiempo después los presentó al Ministerio de Defensa que, por entonces, era conducido por la ministra Nilda Garré, quien inició una denuncia penal y un sumario interno.

Posteriormente a que se conociera la historia, tanto Tozzeto Arias como Gestoso Presas fueron pasados a retiro.

Una de las particularidades del caso es que Gestoso Presas, en ese momento, era jefe de la Compañía de Inteligencia 5: el gusto por la inteligencia parecería ser un patrón en el caso de Villarruel a la hora de elegir colaboradores, ya que entre sus principales asesores se encuentra Claudio Gallardo, quien fuera el hombre en inteligencia de César Milani.

Fuente: https://elciudadanoweb.com/villarruel-designo-en-el-senado-a-un-ex-militar-que-habia-ordenado-destruir-material-probatorio-de-la-dictadura/