Una vez más, junio arde rojo: habrá jornada cultural y actividades en la Estación Darío y Maxi a 23 años de la Masacre de Avellaneda

Una vez más, junio arde rojo: habrá jornada cultural y actividades en la Estación Darío y Maxi a 23 años de la Masacre de Avellaneda

 

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria y, como cada año, una vez más diversas organizaciones realizarán una jornada político cultural en la Estación Darío y Maxi este miércoles 25 de junio de 16 a 21.30, al cumplirse 23 años de la Masacre de Avellaneda, en la que, el 26 de junio de 2002 los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense, que ese día actuó bajo las órdenes del ex presidente Eduardo Duhalde. Una vez más, se seguirá reclamando juicio y castigo a los responsables políticos. Habrá paneles de debate, una asamblea transfeminista, olla popular, muraleadas, intervenciones culturales, feria autogestiva, muestra fotográfica, música en vivo y una transmisión en vivo de medios alternativos. Enterate de la grilla de actividades. Por ANRed.


Compartimos la grilla de actividades

🔥MIÉRCOLES 25 DE JUNIO: JORNADA CULTURAL EN LA ESTACIÓN DARÍO Y MAXI

🕓16 HS: Apertura de las actividades.

🕓16HS Anfiteatro de la Estación.

📕PANEL. Bloque 1: Criminalización de la protesta (La Ciega, Archivo Popular de la memoria, Polo Obrero, La Retaguardia).

📕PANEL. Bloque 2: La lucha sigue: Nuevas formas de resistencia. Anfiteatro de la Estación (Coordinadora de Jubiladxs, FPDS, El Orejano, FPDS CP, Coordinadora por el Cambio Social, Testimonio por Palestina, Trabajadorxs Hospital Garrahan, Asamblea por el Agua de Mendoza).

🕓16 HS 📍Salida de la Estación.📢Asamblea Transfeminista Plurinacional Piquetera.

🕓16 HS:📍Patio y salida de la Estación.🖌Comienzo de Corredor gráfico y Muraleadas.

🕔17 HS:📍Escenario🎙Tocarán: La Delio Valdez, Quinteto Negro La Boca, Javier Ortega y DJ Pharuk, Les Ñeris, Presidentes Muertos, Norma Aguirre-La Ferni-Mario Tassa.

🕕18 HS: 📍Hall de la Estación📺Comienzo de Transmisión en vivo de Medios Alternativos. Antena Negra TV, FM La Tribu, Radio Zona Libre, La Chispa Prensa, Radionauta.

🕖19 HS:📍Salida de la Estación.🥘Olla Popular.

🕢19:30:📍Escenario🎤Acto Central junto a Familiares y Compas de Darío y Maxi, Organizaciones e invitadxs.

🕣20:30:📍Escenario 💥Homenaje a Vicente Zito Lema. Proyecciones de Daniel Malnati. Lecturas por Natalia Bericat.

🕤21:30:🫂Cierre de la Actividad.

🫀23 Años. 📢¡Justicia por Darío y Maxi!

💫Memoria para luchar. ✊🏾Organización para vencer.

Las consignas de las jornadas serán #DarioyMaxi#DarioyMaxipresentes#MasacredeAvellaneda#JunioArdeRojo y #EstacionDarioyMaxi.

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria

Darío Santillán (21 años, de Quilmes) y Maximiliano Kosteki (22 años, de Guernica) fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por policías durante una manifestación en el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense. Un crimen que la Policía Bonaerense y el gobierno el entonces presidente Eduardo Duhalde intentaron ocultar, tergiversando los hechos para eludir su responsabilidad material y política. Estos dos crímenes de Estado provocaron una crisis política que apresuró la salida del gobierno del presidente interino Duhalde, quien convocó a elecciones a Presidente para el año siguiente.

Darío Santillán, al fondo. Maximiliano Kosteki lo mira. La única imagen que los retrató juntos el 26 de junio de 2002, día de la Masacre de Avellaneda

En todos estos años, la lucha popular por conseguir que se castigue a los culpables materiales y políticos no cesó. Hasta el momento, solo fueron condenados quienes ejecutaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: los exefectivos de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti (excomisario) y Alejandro Acosta (excabo), quienes fueron condenados a prisión perpetua.

Pero el año pasado, familiares y compañeros/as de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a la abogada querellante y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, realizaron una conferencia de prensa para «dar a conocer el repudio a la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal N°3, a cargo del Juez Martín Andrea García Díaz, que ordenó liberar al Cabo Alejandro Acosta, uno de los asesinos de Darío y Maxi«.

«En este contexto, el poder judicial avanza con la libertad de Acosta para dar un claro mensaje: la represión policial tiene impunidad gracias al aval judicial, político y mediático. Un pacto con aires a obediencia debida y punto final», denunciaron en ese momento.

En este marco, este miércoles 25 de junio volverán a reclamar contra la impunidad de los autores materiales de la masacre y seguirán reclamando juicio y castigo a los responsables políticos.

Porque junio siempre arde rojo en la memoria.

 

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Marcharon desde Ensenada: más de mil trabajadores de Astillero Río Santiago llevaron sus reclamos a Kicillof

     

    Ni la lluvia ni el frío polar frenaron la imponente columna obrera que partió desde el Astillero Río Santiago y caminó hasta el centro de la ciudad de La Plata. La movilización se votó en una asamblea general y el principal reclamo al gobierno provincial es un aumento salarial de emergencia, la reapertura de paritarias para todos los estatales, y trabajo para el astillero. Por La Izquierda Diario.


    Este lunes el invierno polar se hizo sentir en la región, y también la masiva movilización obrera que partió desde Ensenada y caminó varios kilómetros hasta el centro de la ciudad de La Plata. Más de mil trabajadores y trabajadoras de Astillero Río Santiago (ARS) se reunieron en las puertas de la fábrica para cumplir el mandato que votaron en la última asamblea general: llevar al gobierno provincial el reclamo de un aumento salarial urgente.

    En una jornada que quedará grabada en la memoria combativa y de lucha de la fábrica, la masiva columna de trabajadores salió a la calle para exigir también la reapertura de paritarias para el conjunto de los trabajadores estatales, la reactivación y trabajo para el Astillero, y la renuncia del presidente del ARS, Pedro Wasiejko, entre otras demandas.

    Inicialmente el reclamo iba a ser llevado a Casa de Gobierno, pero a último momento el gremio ATE Ensenada cambió la convocatoria votada en asamblea por el Ministerio de Economía. Hasta allí llegó la movilización, y confluyó con trabajadores de diferentes dependencias estatales que se acercaron a brindar su apoyo, también trabajadores de Secco en lucha, estudiantes y organizaciones sociales.

    La respuesta del gobierno provincial

    Representantes del gobierno recibieron a una delegación de trabajadores, al salir del encuentro Juan Contrisciani, delegado de Cobrería y referente de la Agrupación Marrón expresó: “No recibimos ninguna respuesta concreta a nuestro reclamo central por salario. A cambio, nos convocan a una «mesa técnica» para evaluar demandas sectoriales. En Astillero se demostró que la voluntad es seguir peleando por nuestros reclamos y esta pelea, no es solo por el Astillero, es por todos los trabajadores estatales de la Provincia”.

    El próximo miércoles 25 nuevamente el Astillero Río Santiago se movilizará, en esta oportunidad a CABA para denunciar los ataques del gobierno nacional de Milei a la industria naval. “La movilización que pusimos en pie hoy es un primer paso muy importante. El miércoles junto al resto de los gremios navales, vamos a marchar para frenar los decretos 273 y 340 del gobierno nacional, y seguiremos organizados y en las calles para enfrentar el ajuste de los gobiernos”, remarcó Hernán García, delegado de Amolado y referente de la Agrupación Marrón.

    Estos decretos habilitan por un lado la importación de buques usados, lo cual desalienta cualquier construcción en el país, sea en astilleros privados o estatales, y además permiten que en el transporte de cabotaje (hidrovía) se utilicen banderas de conveniencia, haciendo que las empresas nacionales que recorren el río Paraná, cambien por banderas de países sin convenios ni derechos laborales.

    Para coronar este ataque a lo poco que quedaba, de alguna manera protegido, después de la desregulación del sector en los años 90 (donde se desregular el transporte de gran porte), se declara el transporte naval como servicio esencial restringiendo el derecho a huelga.

    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Mas-de-mil-trabajadores-de-Astillero-Rio-Santiago-llevaron-sus-reclamos-a-Kicillof

     

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  • Neuquén refuerza la lucha contra el narcotráfico

     

    El pasado viernes se realizo un megaoperativo simultaneo contra el narcotráfico, que incluyó a la ciudad de Neuquén, Centenario, Añelo y Andacollo.

    La Policía del Neuquén logró importantes avances en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. Bajo la coordinación de la Dirección Antinarcóticos y la intervención de diversas fiscalías, se llevaron a cabo múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos resultaron en detenciones, secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos utilizados para el comercio ilegal.

    En Neuquén capital, tras más de un mes y medio de investigaciones, se desarticuló una red dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en los barrios San Lorenzo y Z1. Los agentes allanaron tres domicilios que funcionaban como punto de venta, depósito de droga y centro de recaudación de dinero. Durante el operativo se secuestraron más de 50 gramos de cocaína, marihuana, casi un millón de pesos, dólares, armas, vehículos y diversos elementos de fraccionamiento.

    En Andacollo, el personal de la División Antinarcóticos Chos Malal llevó adelante un allanamiento nocturno con el apoyo de la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial. El principal sospechoso utilizaba la modalidad “delivery” para entregar drogas en distintos puntos del pueblo y espacios públicos. En el lugar se hallaron cocaína, semillas de cannabis, balanzas, dinero y dispositivos electrónicos vinculados a la venta ilegal.

    Mientras tanto, las divisiones de Centenario y Añelo culminaron investigaciones paralelas que permitieron desmantelar otros dos puntos de venta de drogas. En ambos casos, la investigación se inició gracias a denuncias ciudadanas realizadas mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida” y el código QR del Ministerio Público Fiscal. En total, se incautaron más de 90 gramos de cocaína y cannabis, dinero en efectivo, motocicletas y un arma de fabricación casera.

    Las autoridades provinciales destacaron la efectividad de los operativos y el rol de la comunidad en la detección temprana de estos delitos. Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras los detenidos enfrentarán cargos por tráfico y comercialización de estupefacientes. Estos procedimientos refuerzan la política de tolerancia cero al narcotráfico impulsada en Neuquén, que combina investigación, tecnología y participación ciudadana para erradicar los puntos de venta en los barrios.

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  • Tensión en Plaza Huincul: monotributistas amenazaron al intendente Larraza durante una recorrida de obra

     

    Un fuerte episodio de tensión se registró este jueves por la mañana en Plaza Huincul, cuando un grupo de monotributistas increpó y amenazó al intendente Claudio Larraza durante una visita a la obra de la nueva plaza de Integración. El mandatario estaba acompañado por el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio, y otros funcionarios cuando se produjo el incidente, que incluyó empujones pero no pasó a mayores.

    La situación se originó en el sector donde avanzan los trabajos del nuevo parque, trasladado luego de que en su ubicación original comenzara la construcción de un supermercado Carrefour. En el lugar, un grupo de trabajadores que prestaban servicios para el Municipio se acercó para reclamar por la continuidad de las tareas, muchas vinculadas a veredas y cordones cuneta.

    Según pudo reconstruirse, estos monotributistas —que realizaban trabajos vinculados a obras públicas— reclamaban que se mantuvieran las contrataciones. Sin embargo, desde la gestión explicaron que varias de esas tareas ya están finalizadas, y que por una reestructuración presupuestaria no continuarán bajo la misma modalidad.

    Este fue el origen del cruce que terminó en amenazas directas al intendente, un hecho que encendió las alarmas dentro del gabinete municipal.

    Repudio oficial y alerta al Gobierno provincial

    A través de un comunicado, el Municipio repudió “enérgicamente los hechos de extrema gravedad” y sostuvo que se trató de expresiones “inadmisibles, que atentan contra la convivencia democrática”. La comuna aclaró que se pondrá a disposición de la Justicia para colaborar con el esclarecimiento del hecho.

    Además, se informó a las autoridades provinciales: tanto el gobernador Rolando Figueroa como el Ministerio de Seguridad de Neuquén fueron notificados de lo ocurrido.

    Desde el gabinete local también expresaron su acompañamiento al jefe comunal y remarcaron la necesidad de que la comunidad pueda desenvolverse en un marco de respeto, diálogo y seguridad.

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  • Aseguran en Miami que EE. UU. planea ataques a objetivos militares en Venezuela

     

    La administración de Donald Trump tomó la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, según publicó el diario Miami Herald.

    El artículo se fundamentó en “fuentes con conocimiento de la situación, mientras Estados Unidos se prepara para iniciar la siguiente etapa de su campaña contra el cartel de la droga de los Soles”.

    Los ataques planeados, también reportados por el Wall Street Journal, buscarán destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está encabezada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y dirigida por altos miembros de su régimen.

    Las fuentes se negaron a contestar si Nicolás Maduro es un objetivo, pero una de ellas afirmó que le queda poco tiempo.

    “Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país, aunque quisiera. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta verla venir”, indicó el diario de Miami.

    Luego recuerda que Washington duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares.

    Asimismo, actualmente ofrece 25 millones de dólares por la captura de algunos de sus principales colaboradores, entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello, presunto responsable de las operaciones del cartel.

    Otra figura clave del régimen que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

    Al anunciar en agosto la decisión de duplicar la recompensa de 25 millones de dólares por Maduro, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que aquel “lidera el Cártel de los Soles”.

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  • El Gobierno apuesta al diálogo federal para avanzar con su agenda de reformas

     

    Milei convocará a mandatarios provinciales en busca de un nuevo pacto político en noviembre.

    El Gobierno nacional prepara una convocatoria a gobernadores dialoguistas para el mes de noviembre, con el propósito de impulsar acuerdos estratégicos que allanen el camino hacia la aprobación de reformas laborales y tributarias en el Congreso. La iniciativa, promovida por el presidente Javier Milei, busca reconstruir un consenso político amplio en el marco de la nueva composición legislativa que surgirá tras las elecciones del 26 de octubre.

    La reunión se plantea como una suerte de renovación del “Pacto de Mayo”, en la que el Ejecutivo pretende delinear una hoja de ruta conjunta para los próximos dos años de gestión. Desde Casa Rosada destacan la necesidad de consolidar un bloque de apoyo interjurisdiccional que permita avanzar con las reformas estructurales pendientes y fortalecer la gobernabilidad. Según fuentes del entorno presidencial, el objetivo es “acordar con todos los que se pueda acordar”, priorizando el diálogo por encima de las diferencias partidarias.

    El plan incluye el acercamiento a mandatarios provinciales de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, entre otros, con quienes se espera articular políticas en áreas clave como Energía, Obras Públicas, Minería y Agricultura. Paralelamente, el Ejecutivo analiza ajustes internos en el gabinete nacional, aunque se descarta cualquier modificación en los ministerios más sensibles —Seguridad, Defensa y Justicia—. En cambio, se prevé una reevaluación del Ministerio del Interior, especialmente si Guillermo Francos deja su rol en la Jefatura de Gabinete.

    Con este llamado al consenso federal, el Gobierno busca reposicionar su liderazgo político, ampliar su base de sustentación y avanzar en un acuerdo de gobernabilidad que le permita sostener sus reformas más ambiciosas.

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