Una vez más, junio arde rojo: habrá jornada cultural y actividades en la Estación Darío y Maxi a 23 años de la Masacre de Avellaneda

Una vez más, junio arde rojo: habrá jornada cultural y actividades en la Estación Darío y Maxi a 23 años de la Masacre de Avellaneda

 

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria y, como cada año, una vez más diversas organizaciones realizarán una jornada político cultural en la Estación Darío y Maxi este miércoles 25 de junio de 16 a 21.30, al cumplirse 23 años de la Masacre de Avellaneda, en la que, el 26 de junio de 2002 los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense, que ese día actuó bajo las órdenes del ex presidente Eduardo Duhalde. Una vez más, se seguirá reclamando juicio y castigo a los responsables políticos. Habrá paneles de debate, una asamblea transfeminista, olla popular, muraleadas, intervenciones culturales, feria autogestiva, muestra fotográfica, música en vivo y una transmisión en vivo de medios alternativos. Enterate de la grilla de actividades. Por ANRed.


Compartimos la grilla de actividades

🔥MIÉRCOLES 25 DE JUNIO: JORNADA CULTURAL EN LA ESTACIÓN DARÍO Y MAXI

🕓16 HS: Apertura de las actividades.

🕓16HS Anfiteatro de la Estación.

📕PANEL. Bloque 1: Criminalización de la protesta (La Ciega, Archivo Popular de la memoria, Polo Obrero, La Retaguardia).

📕PANEL. Bloque 2: La lucha sigue: Nuevas formas de resistencia. Anfiteatro de la Estación (Coordinadora de Jubiladxs, FPDS, El Orejano, FPDS CP, Coordinadora por el Cambio Social, Testimonio por Palestina, Trabajadorxs Hospital Garrahan, Asamblea por el Agua de Mendoza).

🕓16 HS 📍Salida de la Estación.📢Asamblea Transfeminista Plurinacional Piquetera.

🕓16 HS:📍Patio y salida de la Estación.🖌Comienzo de Corredor gráfico y Muraleadas.

🕔17 HS:📍Escenario🎙Tocarán: La Delio Valdez, Quinteto Negro La Boca, Javier Ortega y DJ Pharuk, Les Ñeris, Presidentes Muertos, Norma Aguirre-La Ferni-Mario Tassa.

🕕18 HS: 📍Hall de la Estación📺Comienzo de Transmisión en vivo de Medios Alternativos. Antena Negra TV, FM La Tribu, Radio Zona Libre, La Chispa Prensa, Radionauta.

🕖19 HS:📍Salida de la Estación.🥘Olla Popular.

🕢19:30:📍Escenario🎤Acto Central junto a Familiares y Compas de Darío y Maxi, Organizaciones e invitadxs.

🕣20:30:📍Escenario 💥Homenaje a Vicente Zito Lema. Proyecciones de Daniel Malnati. Lecturas por Natalia Bericat.

🕤21:30:🫂Cierre de la Actividad.

🫀23 Años. 📢¡Justicia por Darío y Maxi!

💫Memoria para luchar. ✊🏾Organización para vencer.

Las consignas de las jornadas serán #DarioyMaxi#DarioyMaxipresentes#MasacredeAvellaneda#JunioArdeRojo y #EstacionDarioyMaxi.

Junio sigue ardiendo rojo en la memoria

Darío Santillán (21 años, de Quilmes) y Maximiliano Kosteki (22 años, de Guernica) fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por policías durante una manifestación en el Puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense. Un crimen que la Policía Bonaerense y el gobierno el entonces presidente Eduardo Duhalde intentaron ocultar, tergiversando los hechos para eludir su responsabilidad material y política. Estos dos crímenes de Estado provocaron una crisis política que apresuró la salida del gobierno del presidente interino Duhalde, quien convocó a elecciones a Presidente para el año siguiente.

Darío Santillán, al fondo. Maximiliano Kosteki lo mira. La única imagen que los retrató juntos el 26 de junio de 2002, día de la Masacre de Avellaneda

En todos estos años, la lucha popular por conseguir que se castigue a los culpables materiales y políticos no cesó. Hasta el momento, solo fueron condenados quienes ejecutaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: los exefectivos de la Policía Bonaerense Alfredo Fanchiotti (excomisario) y Alejandro Acosta (excabo), quienes fueron condenados a prisión perpetua.

Pero el año pasado, familiares y compañeros/as de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a la abogada querellante y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, realizaron una conferencia de prensa para «dar a conocer el repudio a la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal N°3, a cargo del Juez Martín Andrea García Díaz, que ordenó liberar al Cabo Alejandro Acosta, uno de los asesinos de Darío y Maxi«.

«En este contexto, el poder judicial avanza con la libertad de Acosta para dar un claro mensaje: la represión policial tiene impunidad gracias al aval judicial, político y mediático. Un pacto con aires a obediencia debida y punto final», denunciaron en ese momento.

En este marco, este miércoles 25 de junio volverán a reclamar contra la impunidad de los autores materiales de la masacre y seguirán reclamando juicio y castigo a los responsables políticos.

Porque junio siempre arde rojo en la memoria.

 

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • La causa por coimas en Discapacidad llega a la Cámara Federal

     

    La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez el martes próximo en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de coimas por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia para revisar planteos de nulidad del caso.

    Los recursos de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello y ahora el tema llega en apelación a la sala II del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes llamaron a una audiencia para el próximo martes 28 de octubre, informaron fuentes judiciales.

    A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo.

    El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

    El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi pidió realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad. 

    Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron «errados» y «contradictorios» y tuvieron como fin «entorpecer una pesquisa incipiente».

    Ante la Cámara esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en esa instancia de apelación.

    De qué se trata el planteo de nulidad

    El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

    En esas grabaciones mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem.

    El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones  “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”, especuló.

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  • Río Negro tuvo una alta participación en las pruebas aprender 2025

     

    Este miércoles se implementó a nivel nacional un nuevo operativo de las Pruebas Aprender, que alcanzaron a más de 750.000 estudiantes de sexto grado de nivel primario en todo el país. En Río Negro, el despliegue abarcó a 12.947 estudiantes en 386 escuelas y mantuvo un alto nivel de participación, históricamente superior al 98%, a pesar del rechazo manifestado por el gremio docente UNTER.

    La evaluación, que incluye pruebas de Lengua y Matemática, se realiza de forma censal con el objetivo de generar una base de datos federal para orientar políticas públicas. Agustina Erpen, subsecretaria de Innovación Educativa, explicó que la alta adhesión provincial «demuestra el compromiso de las comunidades educativas». La provincia ha trabajado previamente en la sensibilización y en programas como Anticiparnos para familiarizar a los estudiantes con la metodología.

    Erpen destacó que los resultados de Aprender son solo «un insumo más» para pensar las políticas pedagógicas, y no el único. Remarcó que el operativo nacional se complementa con herramientas propias de la provincia, como el programa Río Negro Explora, una evaluación formativa que busca analizar los procesos de enseñanza desde una perspectiva pedagógica más integral.

    La funcionaria concluyó que, si bien el objetivo no es competir, Río Negro suele ubicarse consistentemente por encima de la media nacional, particularmente en las áreas de comprensión lectora y resolución matemática. Los resultados se presentarán a nivel nacional, jurisdiccional y por escuela, brindando información valiosa para la mejora institucional.

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  • Durísima condena para la expolicía que mató a balazos a sus dos hijos

     

    Marina Silva, la expolicía que llegó a juicio acusada de asesinar a sus dos hijos en la provincia de San Luis, fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en perjuicio de sus los chicos menores.

    El veredicto fue dictado este miércoles por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras escuchar los alegatos finales de las partes y realizar la audiencia de cesura de juicio.

    Este miércoles se dio a conocer el veredicto del jurado.

    El debate, en el que la expolicía llegó acusada de matar a Sofía Mía Ojeda Silva y Bautista Silva Funes, se inició el pasado 13 de octubre en el Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

    A más de una semana del comienzo del juicio, se desarrolló la audiencia de alegatos donde la Fiscalía, representada por Virginia Palacios, sostuvo que la acusada planificó el hecho y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

    A su vez, mencionó que la prueba recolectada —entre ellas, pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos— «permitió acreditar la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada». Al momento de solicitar pena, expuso el requerimiento de que sea prisión perpetua.

    Por su parte, la querella, ejercida por el abogado Esteban Bustos, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el debate demostró la alevosía y la plena conciencia de la imputada, por lo que pidió la misma pena que la fiscal.

    Por último, la defensa de Silva, a cargo de Agustina Tobares, solicitó que el Tribunal valorara la historia vital de la imputada desde una perspectiva de género, considerando su contexto personal, familiar y económico.

    Cómo ocurrió en un comienzo de la causa, mencionó episodios de violencia en relaciones previas y una situación de endeudamiento que, según su planteo, «habrían afectado su estabilidad emocional».

    Luego de leer el veredicto de culpabilidad, el Tribunal dio inmediato inicio a la cesura de juicio, y condenó a la expolicía a prisión perpetua.

    El caso que estremeció a San Luis

    Los crímenes de los dos menores ocurrieron el 1 de octubre de 2024 mientras dormían en una cama matrimonial. Según las autopsias, cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja, lo que les provocó la muerte inmediata.

    Durante la investigación se pudo constatar cómo fue la metodología: abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa.

    Luego de consumar el crimen, la acusada dejó una carta de despedida en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y afirmó que no quería que sus hijos “fueran una carga”.

    Además, colocó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres”, y en la trasera, “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.

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  • A Trump se le incendia la casa mientras sigue la represión en Los Ángeles

     

    Manifestantes ondean banderas desde lo alto de un automóvil destrozado, junto a vehículos Waymo en llamas, durante una protesta en Los Ángeles, California. 8 de junio de 2025 | Imagen: AFP.

    El presidente estadounidense Donald Trump envió este lunes a Los Ángeles a otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional y movilizó a 700 marines para enfrentar “una rebelión” contra Estados Unidos, encabezada por manifestantes de “la izquierda radical” y “agitadores pagados” , sumando ya más de cinco mil efectivos militares que están desplegados en la ciudad, lo que intensifica las tensiones con los defensores de los derechos civiles que protestan contras las redadas migratorias. Lo que Trump califica como “izquierda radical” son manifestantes que protestan por las redadas y detenciones de migrantes. La semana comenzó con tropas militares en las calles de Los Ángeles y la llegada de decenas de tanques y otros vehículos militares a Washington, así como con amenazas de represión violenta. En realidad, fue  otro día normal bajo el nuevo régimen estadounidense. Por Mirko C. Trudeau* (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico-CLAE).


    Represión policial contra las protestas en en el centro de Los Ángeles el 8 de junio. David Ryder, Reuters.

    Es la primera vez desde 1965 en la que un mandatario estadounidense ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional, que sólo había ocurrido bajo órdenes de los gobernadores (la Guardia Nacional es una fuerza “híbrida” de mando compartido entre gobernadores y jefe del Ejecutivo federal). El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los marines, fuerza militar de élite empleada en intervenciones armadas, estaban en alta alerta para sumarse al operativo en aras de defender a la autoridad migratoria “de su propio pueblo si es necesario”.

    Poco después, Trump afirmó: “vamos a tener tropas en todas partes”. mientras miraba por televisión cómo se le incendiaba la casa. El asesor presidencial Stephen Miller, proclamó que la meta de aquí en adelante es la detención de por lo menos tres mil indocumentados al día. El condado de Los Ángeles, el más poblado del país, cuenta con diez millones de habitantes, de los que unos 915.100 no tienen estatus legal, según el Migration Policy Institute.

    Un manifestante cae tras ser detenido por efectivos policiales en una protesta en los alrededores del Los Angeles Federal Building tras múltiples detenciones realizadas por ICE en Los Angeles, el 6 de junio de 2025. Foto: Daniel Cole, Reuters.

    Se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles continúen por al menos 30 días, advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con la CNN. “Nos han instruido para que nos preparemos para 30 días de control del ICE”, detalló la congresista que representa a Los Ángeles.

    La redada migratoria del viernes pasado en al menos siete lugares de trabajo dejó unos 45 detenidos.Los operativos continuaron este lunes y los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) utilizaron el estacionamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Whittier, en el este del condado de Los Ángeles, para trasladar a los inmigrantes detenidos a diferentes puntos en vehículos sin identificación.

    Manifestantes chocan con los agentes del sheriff de Los Angeles en Paramount, Los Angeles County, California, el 7 de junio 2025. Foto: Xinhua

    Las grandes ciudades que se han proclamado santuarios para migrantes, todas bajo gobiernos demócratas, son el blanco explícito del gobierno de Trump, y los operativos de alto perfil con agentes armados y sin identificación se realizaron en días recientes, no sólo en Los Ángeles, sino también en Chicago y Nueva York, entre otras.

    Muchos han sido arrestados por atreverse a protestar o sólo observar, como David Huerta, presidente estatal del sindicato de trabajadores de servicios (SEIU) en Los Ángeles, quien fue herido y sigue detenido –él emitió una declaración afirmando que lo que estaba ocurriendo ahora se trata de “cómo nosotros como comunidad nos unimos y resistimos la injusticia”.

    El gobernador de California, Gavin Newsom, ya había advertido que Trump estaba buscando provocar el caos y confrontaciones para enviar las tropas, pero “no es la manera en la que se comporta un país civilizado”. Pero ya en su primer gobierno, Trump sugirió a su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, que militares dispararan contra manifestantes no violentos del movimiento de Black Lives Matter en Washington. Por suerte, Esper se negó.

    El uso de la Guardia Nacional ahora ya estaba listo. De hecho, el gobierno del republicano ha confirmado que está preparando el despliegue de 20 mil efectivos por todo el país para apoyar al ICE y a otras agencias en los operativos antimigrantes que ahora se están acelerando.

    La última vez que un presidente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional fue cuando Lyndon Johnson envió tropas a Alabama para obligar a los gobiernos locales racistas a cumplir con una nueva ley de derechos civiles para los afroestadunidenses.

    Mientras, empezaron a llegar a Washington decenas de tanques, vehículos blindados y lanzacohetes, como también aviones caza y helicópteros, entre otros equipos militares que Trump ha ordenado para un desfile militar (inusual en este país), supuestamente para marcar el 250 aniversario del ejército, pero que todos saben es para festejar el cumpleaños del presidente, el 14 de junio, con un costo de entre 25 a 40 millones de dólares. Mientras, todo indica que a Trump se le está incendiando la casa.

    * Mirko C. Trudeau es economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

    Fuente: https://estrategia.la/2025/06/10/a-trump-se-le-incendia-la-casa-mientras-sigue-la-represion-en-los-angeles/

     

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  • Gran Fondo 7 Lagos: habrá interrupciones totales del tránsito en el fin de semana largo

     

    El próximo fin de semana se realizarán cortes totales en la Ruta de los 7 Lagos debido a la competencia de ciclismo Gran Fondo 7 Lagos.

    La medida cuenta con la autorización de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las autoridades solicitaron a residentes y visitantes planificar sus traslados con anticipación para evitar complicaciones. Los cierres comenzarán el sábado 22 de noviembre, cuando se disputen las pruebas Gran Fondo Kids y la Crono Élite. Ese día, la interrupción del tránsito regirá entre las 9:30 y las 13:00, desde la avenida Arrayanes hasta la intersección con la Ruta 7 Lagos y Lumilla.

    El domingo 23 de noviembre se realizará la carrera principal de 110 kilómetros, lo que implicará un corte total entre las 7:00 y las 13:00, desde Villa La Angostura hasta San Martín de los Andes. Una vez finalizada la competencia del domingo, se habilitará media calzada con tránsito controlado a partir de las 13:00. Durante todo el operativo participarán Gendarmería Nacional, Policía de Neuquén, los municipios de la zona y personal de Vialidad Nacional, quienes supervisarán el cumplimiento de las restricciones. El objetivo es garantizar la seguridad de los ciclistas y la protección del entorno natural.

    Las autoridades recomendaron a los viajeros utilizar rutas alternativas como la 237, con un tiempo estimado de viaje de dos horas y media entre ambas localidades. También se informó que será posible circular hacia Meliquina y Paso Córdoba solo hasta las 7:00. Además, se advirtió que los vehículos que intenten asistir a corredores durante la competencia podrán ser sancionados. La organización agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó el impacto deportivo y turístico del evento.

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