Presentan en Neuquén y Fiske Menuco un Manual Anti-represivo

Imagen: @ate.justiciayddhh

La Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nucleada en ATE Capital, convoca este viernes 30 de mayo a las 17 horas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Avenida Del Libertador 8151 (CABA), para realizar una «caminata en defensa de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos», contra los despidos y el vaciamiento de los Espacios de Memoria. El gobierno nacional anunció ayer que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA», en el marco del «mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes», indicó el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido por el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por ANRed.

Así convocaron desde las redes sociales los/as delegados/as de ATE Capital de la Secretaría de Derechos Humanos: «ante los avances del gobierno contra la Secretaría de Derechos Humanos, nos convocamos este viernes 30 de mayo a las 17 horas para defender las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos en la ex ESMA (Av. Del Libertador 8151). ¡Lxs esperamos!».

En ese marco, convocan también a adherir de manera online a la convocatoria.

En declaraciones a Entre Líneas PQV (FM 105.9), Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos humanos amplió: «la última semana, el Ministerio y el Gobierno Nacional definieron degradar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una subsecretaría. También se definió que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria pasen a hacer oficinas dentro de otra dependencia, que es el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, con lo cual está degradando la institucionalidad y el rango que tienen todas estas dependencias. Cuando hablamos del Archivo Nacional de Memoria, estamos hablando de una institución de jerarquía internacional que es consultada por investigadores de todo el mundo. Hoy realmente vienen y nos llaman permanentemente de todo el mundo, desde Francia, de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Vienen investigadores de todo el mundo a consultar nuestro acervo».

Imagen: @ate.justiciayddhh

En la misma línea, agregó: «lo que nosotros venimos denunciando es el desmantelamiento. Porque claramente a ellos no les interesa las políticas de derechos humanos. El anuncio fue que iban a hacer una reducción del 40% en la estructura organizativa y de un 30% de los trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta esto: ya la Secretaría de Derechos Humanos vio reducida su planta total en más de la mitad durante un año y medio».

Como parte de esta avanzada gubernamental, el gobierno de Javier Milei anunció este miércoles 28 de mayo, a través del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA».

«Este inmueble, anteriormente destinado a programas ideológicos y actividades político partidarias, será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad. Nuestra decisión se enmarca en el mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos. Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes», finaliza el comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

El pasado viernes 23 de mayo, Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado una nueva escalada en las políticas de vaciamiento de las políticas de Memoria y Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que las primeras medidas de esta nueva avanzada del gobierno nacional eran el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

«La medida vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. En todos los casos, los organismos verán reducida su planta jerárquica y de trabajadores, generando, como viene sucediendo, la ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período», remarcaron desde Abuelas.

Un hecho de violencia insólito y extremadamente grave ocurrió en el estadio de Gimnasia, justo después del gol del «Chelo» Torres que puso el 1-0 en el marcador. Desde la tribuna local, fue arrojado un martillo rojo que impactó en el césped, rebotó y golpeó al árbitro Falcón Pérez en la boca, causando conmoción en el campo de juego.

El objeto contundente, identificado como un martillo utilizado para romper vidrios de emergencia, pudo haber causado una tragedia si impactaba de lleno. Inmediatamente después del golpe, el juez se dirigió a la policía para dar cuenta de la situación, visiblemente consternado y exclamando: «Es una locura». Por un momento, se generó incertidumbre sobre la continuidad del partido.

Ante la gravedad del hecho y el temor de que se siguieran arrojando objetos, el jugador de Gimnasia, Mono Insfrán, se acercó a la tribuna local para intentar calmar los ánimos de los hinchas. Afortunadamente, Falcón Pérez solo recibió el impacto del rebote, pero el suceso marcó un grave precedente de inseguridad en el fútbol.

Debido a que el martillo es un objeto altamente peligroso, se espera que el árbitro contemple este incidente en su informe. Es casi un hecho que los organismos de seguridad y disciplina tomarán nota de la situación, por lo cual el club Gimnasia se expone a un duro castigo y a una sanción ejemplar por esta acción de sus hinchas.

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La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que organizará una nueva Copa Mundial, que tendrá tres categorías diferentes y se disputará entre el 13 y el 16 de noviembre en el Gran Premio de Macao, China, con la presencia de dos pilotos argentinos.

Mattia Colnaghi es el primer criollo en formar parte de la flamante competencia. El italo-argentino de 17 años, quien fue fichado por la Academia de Red Bull para competir en la Fórmula 3, participará en la divisional Fórmula Regional, una de las tres en disputa. A lo largo de su joven trayectoria, ganó la Eurocup-3 y la Fórmula 4 Española.

Gino Trappa, bonaerense de 17 años, es el segundo invitado. El campeón de la F4 de CEZ, que se disputa por gran parte de Europa Central, será uno de los protagonistas de la categoría Fórmula 4, que participará por primera vez en la historia del Gran Premio. Por otra parte, la última especialidad será Gran Turismo y no contará con albicelestes en su grilla.

Emanuele Pirro, presidente del Comité de Monoplaza de la FIA, explicó: “El camino hacia una edición excepcional de uno de los eventos más prestigiosos del automovilismo comienza aquí, con la apertura de las inscripciones para lo que será un espectacular 72º Gran Premio de Macao. Con la lista de inscritos ya formada entre Fórmula Regional, GT y, por primera vez, Fórmula 4, el Gran Premio de Macao se consolida como la mayor exhibición mundial del talento juvenil«.

El GP de Macao, que se celebra desde 1954, es un evento internacional que sirve como trampolín y permite a jóvenes pilotos mostrar sus habilidades es un circuito callejero de 6.1 kilómetros, que es conocido por ser rápido, técnico y estrecho y exige concentración y precisión.

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Una empleada del Registro Civil de Neuquén fue acusada de pedir 90 mil pesos para realizar el casamiento de una pareja, en el mes de enero de este año. El Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino informó que, además, la mujer omitió datos importantes en otro casamiento civil.

Se informó oficialmente que el asistente letrado Facundo Bernat formuló cargos a una mujer, empleada de Registro Civil, por haber solicitado dinero a una pareja para tramitar un casamiento y por haber incluido datos falsos en el acta correspondiente.

De acuerdo con la teoría del caso presentada durante la audiencia, el primer hecho ocurrió el 6 de enero de 2025, cuando la imputada abusó de sus funciones como oficial pública y pidió una contribución indebida de $90 mil a un ciudadano, bajo el argumento de que el sellado abonado no se correspondía con el trámite de matrimonio. La suma fue transferida a una cuenta personal de la imputada mediante la aplicación MercadoPago.

El segundo hecho tuvo lugar el 11 de enero de 2025, cuando al confeccionar el acta de matrimonio omitió consignar que la ceremonia se realizó a domicilio. Tampoco indicó los nombres de los cuatro testigos exigidos por la normativa vigente.

Bernat atribuyó a la empleada del Registro Civil los delitos de exacciones ilegales agravadas y de falsedad ideológica, en concurso real y en carácter de autora (artículos 266, 268, 293, 45 y 55 del Código Penal).

La jueza de garantías Carina Álvarez tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de investigación de tres meses. Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal había solicitado un plazo de dos meses para culminar la investigación. La defensa de la imputada pidió extenderlo a tres meses, teniendo en cuenta la próxima feria judicial y la necesidad de llevar adelante su propia investigación.

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El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un buen arranque en el Gran Premio de México de Fórmula 1, al finalizar 9º en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Colapinto marcó un tiempo de 1:19.331 con el Alpine, quedando a 951 milésimas del líder, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El joven de Pilar se ubicó así entre los diez mejores en una tanda marcada por la gran presencia de pilotos debutantes: nueve de los veinte autos fueron manejados por novatos.

Su compañero de equipo en Alpine, el estonio Paul Aron, que reemplazó a Pierre Gasly, finalizó en el 15º lugar a 1s482/1000 de la punta. Colapinto protagonizó un leve despiste, sin consecuencias para el auto, en una sesión que transcurrió sin mayores sobresaltos.

Los mejores tiempos quedaron en manos de Leclerc, seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) y Nico Hülkenberg (Sauber). Detrás se ubicaron Oscar Piastri (McLaren) y Arvin Lindblad (Red Bull), este último reemplazando a Max Verstappen.

El argentino volverá a salir a pista este viernes por la tarde (19 hora argentina) para los Libres 2, donde retomará el volante Pierre Gasly.

Este sábado se disputarán el último entrenamiento (14.30) y la clasificación (18 hs.), mientras que la carrera será el domingo a las 17, todo en horario argentino.

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La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.

El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

«La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Foto: Roxana Sposaro.

En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

«Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

«Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.