Les presentamos la ZONA A de los Premios Digitales Deportivos ETAPAS 2023.
El formato de esta tercera edición comprende dos zonas con 10 deportistas, que una vez finalizada la votación se re ordenarán todos por cantidad de votos recibidos y los 8 más votados pasarán a la instancia FINAL, que tendrá el mismo formato de votación. Handball, tenis, básquet, hockey, fútbol, natación, montain bike, patín, atletismo, telas, gimnasia, arquería, karate y karting son las 14 disciplinas representadas en esta edición. La votación de esta primera instancia finalizará el día domingo.
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Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
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Las reservas volvieron al centro de la discusión económica. Un informe de la consultora Synthesis, que dirige el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, sostuvo que las reservas netas alcanzaron los USD 9.936 millones, el nivel más alto desde 2021.
El dato sorprendió porque convive con otras estimaciones privadas que todavía muestran reservas netas negativas y con una metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI) que arroja resultados muy diferentes.
La aparente contradicción tiene una explicación sencilla: no existe una única forma de medir las reservas. Según qué activos y qué pasivos se descuenten, el resultado cambia de manera sustancial. No es una discusión menor. De esa cuenta depende buena parte del diagnóstico sobre la fortaleza financiera del Banco Central.
La primera cifra es la más conocida. Son las reservas brutas, que hoy rondan los USD 49.000 millones. Es el número que publica diariamente el Banco Central. Allí conviven dólares propios con activos que no están disponibles para intervenir en el mercado, como los encajes de los bancos en moneda extranjera, el swap con China, los Derechos Especiales de Giro (DEG), el oro -del que sigue sin conocerse su destino-, fondos de organismos internacionales y los préstamos REPO.
Por eso ningún economista toma las reservas brutas como una medida de la capacidad de fuego de la autoridad monetaria. El debate comienza cuando se intenta responder una pregunta más concreta: ¿cuántos dólares propios tiene realmente el Banco Central?
El debate comienza cuando se intenta responder una pregunta más concreta: ¿cuántos dólares propios tiene realmente el Banco Central?
La metodología más exigente es la del FMI. El organismo descuenta, entre otros conceptos, los encajes de los bancos, el swap con China, los préstamos REPO, depósitos de organismos y otras obligaciones en moneda extranjera. Además, incorpora como pasivo las compras netas realizadas al propio Fondo desde el inicio del programa.
Si se reconstruye la serie utilizando la metodología del FMI, la foto luce muy distinta. La última estimación disponible elaborada por CIFRA ubicaba las reservas netas en un negativo de USD 16.865 millones a fines de febrero. Desde entonces, el propio Fondo reconoció una acumulación de alrededor de USD 6.300 millones durante el segundo trimestre. Bajo ese supuesto, el stock habría mejorado hasta los USD 10.500 millones negativos.
Es decir, aun otorgándole el beneficio completo de esa acumulación, la medición del FMI seguiría mostrando reservas netas negativas y una brecha de alrededor de USD 20.000 millones respecto de los USD 9.936 millones que calcula la consultora de Alejandro Vanoli. La diferencia no surge de los dólares disponibles, sino del tratamiento contable de pasivos como el REPO y de otros criterios metodológicos que el Fondo mantiene más restrictivos.
Existe luego una metodología intermedia, utilizada habitualmente por bancos y consultoras, que descuenta buena parte de esos pasivos, aunque con criterios menos estrictos que el FMI. Bajo esa medición, las reservas netas ascendían a USD 2.934 millones en diciembre, USD 1.107 millones en enero y USD 2.161 millones en febrero. Para junio, algunas estimaciones privadas ubicaban ese stock en un negativo cercano a los USD 2.100 millones.
El informe de Vanoli utiliza un criterio diferente. Según su serie, las reservas netas pasaron de menos de USD 747 millones en diciembre a menos de USD 2.562 millones en enero, menos USD 2.426 millones en febrero, y menos USD 2.167 millones en marzo, para luego ingresar en terreno positivo: USD 1.320 millones en abril, USD 2.551 millones en mayo, USD 3.341 millones en junio y finalmente USD 9.936 millones al 15 de julio.
El salto de casi USD 6.600 millones registrado entre junio y mediados de julio no responde principalmente a compras de divisas, es producto de la refinanciación del préstamo REPO por USD 6.000 millones.
Hasta ese momento, ese pasivo debía cancelarse dentro de los próximos doce meses y era descontado del cálculo de reservas netas. Con la renegociación realizada por el Gobierno, el vencimiento se estiró hasta septiembre de 2028. Esa deuda deja de computarse como un pasivo de corto plazo y, por lo tanto, las reservas netas aumentan casi automáticamente.
La diferencia parece técnica, pero modifica por completo el resultado. El Banco Central no recibió USD 6.000 millones nuevos. Lo que cambió fue el calendario de vencimientos de una deuda existente. Es decir, mejoró el perfil financiero del pasivo, pero no ingresó una cantidad equivalente de dólares frescos.
Mientras algunas consultoras descuentan únicamente los pasivos con vencimiento dentro del próximo año, el FMI utiliza una definición contractual más amplia para determinar qué obligaciones deben seguir restándose del stock de reservas. Por eso el organismo continúa mostrando cifras considerablemente inferiores.
Ese punto explica buena parte de la distancia entre las distintas mediciones. Mientras algunas consultoras descuentan únicamente los pasivos con vencimiento dentro del próximo año, el FMI utiliza una definición contractual más amplia para determinar qué obligaciones deben seguir restándose del stock de reservas. Por eso el organismo continúa mostrando cifras considerablemente inferiores.
La comparación ilustra la magnitud del debate. Para un mismo momento del tiempo pueden coexistir reservas brutas cercanas a los USD 49.000 millones, reservas líquidas en torno a los USD 17.000 millones, reservas netas próximas a los USD 10.000 millones bajo la metodología utilizada por Vanoli y cifras todavía negativas cuando se aplica el criterio del FMI.
Ninguna de esas cuentas es incorrecta. Lo que cambia es la definición utilizada. Sin embargo, esa aclaración metodológica resulta decisiva. De lo contrario, se corre el riesgo de comparar números que responden a conceptos distintos y concluir que unos economistas están equivocados cuando, en realidad, están midiendo cosas diferentes.