POR UNANIMIDAD SE INCORPORÓ «LA EDUCACIÓN A DISTANCIA» EN LA LEY DE EDUCACIÓN

La senadora por San Juan, Cristina López Valverde(FdT) informó sobre el proyecto conocido como «educación a distancia». Destacó que la educación a distancia se dará «en tiempos de excepcionalidad» y «garantizando que se trate de una educación de calidad». Al hablar sobre la importancia de la educación presencial aseguró que «la brecha digital y tecnológica no está garantizando la igualdad de oportunidades». Luego de describir los diferentes puntos contemplados en la iniciativa en tratamiento, señaló que «la educación cara a cara es irremplazable».

El proyecto modifica el artículo 109 de la ley 26206 de Educación Nacional y contempla que en casos excepcionales «previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción que corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en casos de epidemias, pandemias o catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos», estará permitida la educación para menores de 18 años.

La iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados, contempla también que «en tal excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones para la reorganización: pedagógica –de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios — e institucional, del régimen académico  de la capacitación docente».

En las diferentes intervenciones que siguieron a la realizada por la senadora Valverde, la oposición expuso indistintamente sobre los tres temas de la sesión: Educación a Distancia; Ley de Alquileres y Suspensi¿ de las Sociedades conocidas como SAS.

En los discursos de cierre, el senador por Salta, Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de Octubre) adelantó que no iba a votar los proyectos cuya temática no fuera exclusivamente los referidos a la pandemia sanitaria. Dijo que no los votaría, no por estar en desacuerdo de algunas de las iniciativas que integran el temario, como por ejemplo la Ley de Alquileres, sino porque no «se respeta los acuerdos suscriptos por todos los bloques» de limitar la agenda a los temas vinculados al Covid-19.

El senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio), recordó que en la última sesión su bancada no habilitó los dos tercios reglamentarios porque los temas en cuestión no estaban en la agenda de la pandemia. Señaló que en esta ocasión ocurría lo mismo. Criticó el proyecto que suspende por 180 días la creación de Sociedades por Acción Simplificada (SAS) porque «afecta a 30 mil empresas que generan 47 mil puestos de trabajo».

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT). La legisladora refutó los dichos de la oposición, diciendo que «luego del desorden dejado por el anterior gobierno es lógico que se construya un nuevo orden que repare los despidos a mansalva, la pérdida de 250 mil puestos de trabajo y el desastre de los créditos UVA». Defendió la iniciativa que suspende las sociedades de acción simplificada, asegurando que más allá de que «muchos emprendedores y pequeñas y medianas empresas actuaron de buena fe, pero con ese nuevo formato crearon un nuevo formato jurídico para cometer delitos». 

Sacnun aseguró que los temas en debate «tienen que ver con el Covid-19 porque tienen que ver con la necesidad de contar con un Estado inteligente, con un Estado que recaude para resolver los problemas». 

Luego de la votación de la reforma a Ley de Educación, la oposición se retiró de la sesión. El jefe de la bancada oficialista, senador por Formosa José Mayans (FdT) propuso votar en general y en particular la Ley de Alquileres. La miembro informante de este proyecto fue la senadora por Corrientes, Ana Claudia Almirón (FdT).  Destacó que en la actualidad «sigue habiendo abusos contractuales contra la parte más débil de esa relación que son los inquilinos». Dijo que la nueva norma «protege claramente a los inquilinos». Reseñó los puntos principales de la iniciativa y destacó que «el 17 por ciento de los argentinos accede a su vivienda por el régimen de alquiler y que el valor de éste compromete el 41 por ciento de los ingresos familiares».

El senador por Neuquén, Oscar Parrilli (FdT), fue el miembro informante del proyecto que suspende por 180 días la constitución y creación de las sociedades conocidas como SAS. Señaló que «no hay un registro de emprendedores». También adelantó que las Sociedades de Acción Simplificadas van a continuar existiendo. Destacó que «desde la Inspección General de Justicia se inició el control de estas sociedades»  y que existen casos «como uno que investigaba un fiscal de Santa Fe, en el que en una causa por lavado de dinero, aparecen cerca de 40 SAS». 

En el cierre de la sesión, el senador por Formosa, José Mayans titular del bloque del Frente de Todos, destacó el trabajo del Senado, manifestó su preocupación por el crecimiento del coronavirus en la Argentina y el impacto que esta pandemia está generando en la economía mundial. «Todo indica que la emergencia va a continuar. Esto obliga que tengamos que tratar un montón de temas que son urgentes. No se puede ser tan mezquino», concluyó. 

RESUMEN DE LAS INICIATIVAS APROBADAS EN LA SESIÓN:

EDUCACIÓN A DISTANCIA

El proyecto sobre educación a distancia, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, amplía el artículo 109 de la Ley de Educación para permitir el aprendizaje a distancia para menores de 18 años -ya que solo se habilitaba a los adultos y escuelas rurales- cuando existan razones excepcionales en las que no se pueda realizar el ciclo lectivo en forma presencial.

ALQUILERES

El proyecto de alquileres que también obtuvo dictamen ayer y fue incluido en el temario extiende la duración del plazo de locación de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).

SUSPENSIÓN DE SAS. 

Se trata de una iniciativa que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Legislación General del Senado y fue presentada por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (Frente de Todos).

El expediente propone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el Título III de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y otras cuestiones conexas; sancionada en 2017.

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    Cuando Paraná fue capital de la Argentina y Buenos Aires quedó afuera

     

    Durante siete años Paraná fue la capital de la Confederación Argentina mientras Buenos Aires permanecía separada. La historia detrás de una disputa que definió el país.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Hubo un momento de la historia argentina en que Buenos Aires no era la capital, ni siquiera formaba parte del Estado nacional que decía representar a la Argentina. Mientras en la ciudad porteña funcionaba un gobierno separado, en Paraná se instalaban el presidente, el Congreso y las instituciones de la Confederación Argentina. Entre 1854 y 1861, la ciudad entrerriana se convirtió en el centro político de un país todavía incompleto, atravesado por una disputa que iba mucho más allá de una cuestión administrativa: quién tendría el poder de decidir sobre la Nación y quién se quedaría con los recursos que producían sus principales puertos y su Aduana.

    La escena parece extraña desde el presente porque la Argentina suele pensarse históricamente desde Buenos Aires. La escuela, los manuales y hasta buena parte de la memoria nacional construyeron un relato en el que la capital aparece como un dato casi natural, como si Buenos Aires hubiera estado destinada desde siempre a ocupar ese lugar. Pero no fue así. La Constitución de 1853 estableció a Buenos Aires como capital, aunque la separación de la provincia del resto de la Confederación hizo imposible aplicar esa disposición. El gobierno nacional terminó instalándose en Paraná, que pasó a ser la capital efectiva de la Confederación.

    El problema no era solamente dónde estaba la capital

    Para comprender aquella disputa hay que mirar más allá del mapa. Después de la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, la organización nacional quedó atravesada por una contradicción gigantesca. Las provincias necesitaban construir un Estado común, pero Buenos Aires conservaba una posición económica excepcional, especialmente por el control de su puerto y de la Aduana, fuente fundamental de recursos fiscales. El conflicto entre Buenos Aires y la Confederación no era, por lo tanto, una discusión abstracta entre unitarios y federales: detrás de las instituciones estaba también la cuestión concreta de quién manejaba la caja.

    Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y vencedor de Caseros, impulsó la organización constitucional. La Constitución sancionada en 1853 buscó establecer un sistema federal y construir un Estado nacional por encima de las disputas provinciales. Pero Buenos Aires rechazó ese proceso y permaneció separada. El resultado fue una situación insólita: existían dos estructuras políticas argentinas que reclamaban legitimidad sobre el mismo territorio histórico.

    En ese escenario, Paraná adquirió una importancia que hasta entonces no tenía. La ciudad fue convertida en capital de la Confederación el 24 de marzo de 1854, después de la federalización del territorio entrerriano. Allí se instaló el gobierno encabezado por Urquiza y comenzó a funcionar el Congreso nacional. Las leyes sancionadas durante aquellos años llevan consigo una prueba documental extraordinaria: el propio Estado argentino legislaba desde Paraná.

    No se trataba de una capital simbólica. Había un Estado funcionando en Paraná. Había presidente, ministros, legisladores, funcionarios, diplomáticos y una burocracia nacional que intentaba darle forma concreta a una estructura institucional todavía muy frágil. La investigación histórica reciente ha señalado precisamente que el Congreso reunido en Paraná fue un espacio central para la construcción política de aquella Argentina federal y para el aprendizaje institucional de dirigentes provenientes de distintas provincias.

    Una capital sin los recursos de Buenos Aires

    El problema era que construir un Estado requería dinero, y allí aparecía la enorme ventaja de Buenos Aires.

    La Confederación tenía territorio, Constitución e instituciones, pero no disponía de una estructura económica comparable con la de la provincia porteña. Buenos Aires controlaba su Aduana y conservaba los beneficios derivados del comercio exterior. La situación generaba una paradoja: el Estado que pretendía organizar la Nación tenía menos recursos que la provincia que se había separado de él.

    Por eso la cuestión del puerto resultaba inseparable de la cuestión de la capital. No alcanzaba con instalar oficinas y funcionarios en Paraná. Había que construir una estructura económica capaz de sostener al Estado nacional. La Confederación buscó entonces fortalecer otros circuitos comerciales y promover los puertos fluviales, mientras intentaba atraer inversiones, fomentar la inmigración y desarrollar nuevas actividades productivas. Durante la presidencia de Urquiza también se impulsaron tratados comerciales y políticas destinadas a ampliar las conexiones exteriores de las provincias.

    La experiencia de Paraná fue, en ese sentido, un gigantesco laboratorio de construcción estatal. No era una ciudad preparada para ser una gran capital nacional, pero debió transformarse rápidamente para cumplir esa función. Incluso su vida cultural adquirió una nueva dimensión. El Teatro 3 de Febrero, inaugurado en 1852, ganó protagonismo cuando Paraná se convirtió en capital y comenzó a recibir una actividad artística acorde con su nueva jerarquía política.

    La capital entrerriana intentaba demostrar que la Argentina podía organizarse desde el interior.

    El regreso de Buenos Aires y la historia que quedó

    La experiencia no duró. La tensión entre la Confederación y Buenos Aires terminó desembocando en nuevos enfrentamientos militares. En 1859, las fuerzas de Urquiza derrotaron al ejército porteño comandado por Bartolomé Mitre en la batalla de Cepeda. El posterior Pacto de San José de Flores abrió el camino para la reincorporación de Buenos Aires, aunque las diferencias no desaparecieron.

    Dos años después llegó Pavón. Allí se produjo el quiebre definitivo de aquel experimento federal. La Confederación quedó políticamente desarticulada y Buenos Aires recuperó una posición central en la organización nacional. En diciembre de 1861 se produjo la disolución formal de la Confederación.

    Pero hay un dato todavía más revelador: la cuestión de la capital tampoco quedó resuelta inmediatamente. La federalización definitiva de Buenos Aires recién llegaría en 1880, después de nuevos conflictos políticos y militares. Recién entonces la ciudad quedó convertida formalmente en Capital Federal de la República Argentina, separada institucionalmente de la provincia de Buenos Aires.

    La historia de Paraná como capital, entonces, no debería quedar reducida a una curiosidad escolar. Fue uno de los momentos en que se puso a prueba una pregunta que atraviesa toda la historia argentina: si el país debía organizarse alrededor de la ciudad-puerto o si podía construirse un verdadero poder nacional capaz de equilibrar a Buenos Aires con las provincias.

    La respuesta histórica terminó inclinándose hacia Buenos Aires, pero el episodio demuestra que esa centralidad nunca fue inevitable. Fue el resultado de disputas políticas, económicas, militares e institucionales. Hubo una Argentina en la que el Congreso sesionaba en Paraná, el presidente gobernaba desde Entre Ríos y Buenos Aires era un Estado separado.

    Quizás por eso aquella etapa merece ser recordada. Porque detrás de la anécdota de una capital perdida aparece una discusión mucho más profunda y todavía reconocible: cómo se distribuyen el poder, los recursos y las decisiones entre el centro y el resto del país.

    Y esa pregunta, a casi dos siglos de distancia, todavía no terminó de encontrar una respuesta definitiva.

     

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