POR UNANIMIDAD SE INCORPORÓ «LA EDUCACIÓN A DISTANCIA» EN LA LEY DE EDUCACIÓN

La senadora por San Juan, Cristina López Valverde(FdT) informó sobre el proyecto conocido como «educación a distancia». Destacó que la educación a distancia se dará «en tiempos de excepcionalidad» y «garantizando que se trate de una educación de calidad». Al hablar sobre la importancia de la educación presencial aseguró que «la brecha digital y tecnológica no está garantizando la igualdad de oportunidades». Luego de describir los diferentes puntos contemplados en la iniciativa en tratamiento, señaló que «la educación cara a cara es irremplazable».

El proyecto modifica el artículo 109 de la ley 26206 de Educación Nacional y contempla que en casos excepcionales «previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción que corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en casos de epidemias, pandemias o catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos», estará permitida la educación para menores de 18 años.

La iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados, contempla también que «en tal excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones para la reorganización: pedagógica –de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios — e institucional, del régimen académico  de la capacitación docente».

En las diferentes intervenciones que siguieron a la realizada por la senadora Valverde, la oposición expuso indistintamente sobre los tres temas de la sesión: Educación a Distancia; Ley de Alquileres y Suspensi¿ de las Sociedades conocidas como SAS.

En los discursos de cierre, el senador por Salta, Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de Octubre) adelantó que no iba a votar los proyectos cuya temática no fuera exclusivamente los referidos a la pandemia sanitaria. Dijo que no los votaría, no por estar en desacuerdo de algunas de las iniciativas que integran el temario, como por ejemplo la Ley de Alquileres, sino porque no «se respeta los acuerdos suscriptos por todos los bloques» de limitar la agenda a los temas vinculados al Covid-19.

El senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio), recordó que en la última sesión su bancada no habilitó los dos tercios reglamentarios porque los temas en cuestión no estaban en la agenda de la pandemia. Señaló que en esta ocasión ocurría lo mismo. Criticó el proyecto que suspende por 180 días la creación de Sociedades por Acción Simplificada (SAS) porque «afecta a 30 mil empresas que generan 47 mil puestos de trabajo».

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT). La legisladora refutó los dichos de la oposición, diciendo que «luego del desorden dejado por el anterior gobierno es lógico que se construya un nuevo orden que repare los despidos a mansalva, la pérdida de 250 mil puestos de trabajo y el desastre de los créditos UVA». Defendió la iniciativa que suspende las sociedades de acción simplificada, asegurando que más allá de que «muchos emprendedores y pequeñas y medianas empresas actuaron de buena fe, pero con ese nuevo formato crearon un nuevo formato jurídico para cometer delitos». 

Sacnun aseguró que los temas en debate «tienen que ver con el Covid-19 porque tienen que ver con la necesidad de contar con un Estado inteligente, con un Estado que recaude para resolver los problemas». 

Luego de la votación de la reforma a Ley de Educación, la oposición se retiró de la sesión. El jefe de la bancada oficialista, senador por Formosa José Mayans (FdT) propuso votar en general y en particular la Ley de Alquileres. La miembro informante de este proyecto fue la senadora por Corrientes, Ana Claudia Almirón (FdT).  Destacó que en la actualidad «sigue habiendo abusos contractuales contra la parte más débil de esa relación que son los inquilinos». Dijo que la nueva norma «protege claramente a los inquilinos». Reseñó los puntos principales de la iniciativa y destacó que «el 17 por ciento de los argentinos accede a su vivienda por el régimen de alquiler y que el valor de éste compromete el 41 por ciento de los ingresos familiares».

El senador por Neuquén, Oscar Parrilli (FdT), fue el miembro informante del proyecto que suspende por 180 días la constitución y creación de las sociedades conocidas como SAS. Señaló que «no hay un registro de emprendedores». También adelantó que las Sociedades de Acción Simplificadas van a continuar existiendo. Destacó que «desde la Inspección General de Justicia se inició el control de estas sociedades»  y que existen casos «como uno que investigaba un fiscal de Santa Fe, en el que en una causa por lavado de dinero, aparecen cerca de 40 SAS». 

En el cierre de la sesión, el senador por Formosa, José Mayans titular del bloque del Frente de Todos, destacó el trabajo del Senado, manifestó su preocupación por el crecimiento del coronavirus en la Argentina y el impacto que esta pandemia está generando en la economía mundial. «Todo indica que la emergencia va a continuar. Esto obliga que tengamos que tratar un montón de temas que son urgentes. No se puede ser tan mezquino», concluyó. 

RESUMEN DE LAS INICIATIVAS APROBADAS EN LA SESIÓN:

EDUCACIÓN A DISTANCIA

El proyecto sobre educación a distancia, aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, amplía el artículo 109 de la Ley de Educación para permitir el aprendizaje a distancia para menores de 18 años -ya que solo se habilitaba a los adultos y escuelas rurales- cuando existan razones excepcionales en las que no se pueda realizar el ciclo lectivo en forma presencial.

ALQUILERES

El proyecto de alquileres que también obtuvo dictamen ayer y fue incluido en el temario extiende la duración del plazo de locación de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).

SUSPENSIÓN DE SAS. 

Se trata de una iniciativa que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Legislación General del Senado y fue presentada por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (Frente de Todos).

El expediente propone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el Título III de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y otras cuestiones conexas; sancionada en 2017.

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    La brutal embestida de los jueces federales de Comodoro Py le dejó al gobierno de Milei bastante claro que no cayó bien la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y acaso sea necesario reabrir la discusión por los lugares en la Corte Suprema y la Procuración, para alcanzar una «paz judicial» que tranquilice a Karina.

    Los jueces Mariano Borinsky, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y hasta María Servini de Cubría lideran un grupo más amplio de jueces federales que se sintieron destratados por la hermana de Milei, como reveló LPO, y ahora mueven todas las causas que la complican a ella, su hermano y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

    La revelación de los nombres de otras dos mujeres que «prestaron» 100.000 dólares a Manuel Adorni para comprar su casa en el country Indio Cua en base a una hipoteca en su departamento de Parque Chacabuco, en una maniobra espejo del departamento de Caballito, es parte de esa tensión. Hoy se supo que Graciela Isabel Molina de Cancio le «prestó» al vocero 85.000 dólares y Victoria María José Cancio 15.000 dólares. El escándalo interminable del jefe de Gabinete sumó así otro hecho digno de investigación penal.

    La lectura extendida en Comodoro Py es que los hermanos Milei «están desbordados» y necesitan urgente una «paz judicial». Esto coincide con el interés de los jueces federales que se completen las vacantes del máximo tribunal y la Procuración General de la Nación este año. A la que se suma la vocación por ocupar juzgados federales que ya está en marcha. Luego de enviar el pliego de la mujer de Martínez de Giorgi, este lunes el gobierno mandó los pliegos para juezas de Laura Kvitko y Jessica Sircovich, secretarias de Borinsky.

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    El juez federal, Mariano Borinsky.

    Por eso, el grupo de Lijo, Borinsky, Martínez De Giorgi y Servini no abandona el diálogo con Sergio Massa y los gobernadores peronistas, en el entendimiento que cualquier designación de jueces en la Corte y el procurador va a necesitar una proción importante del bloque de senadores del PJ. 

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    Mariano Borinsky, Ariel Lijo, Marcelo Martínez De Giorgi y hasta María Servini integran un lote de magistrados interesados en que se completen las vacantes del máximo tribunal y la Procuración General de la Nación este año.

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    El problema es que tampoco es seguro que el peronismo preste sus votos en el Senado para que los impulsores del copamiento de la Corte logren su objetivo. «¿Por qué el PJ le daría un procurador o un juez de la Corte a Milei, justo cuando pasa su peor momento?», se preguntó ante LPO un experimentado operador judicial.

    El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

    El otro gran inconveniente para concretar la jugada es que el gobierno carece de una figura de volumen político para tejer la trama de acuerdos imprescindibles entre la Casa Rosada, el Poder Judicial y el Congreso. De hecho, ya hizo agua en 2024 con Santiago Caputo y Sebastián Amerio a la cabeza, cuando lo convencieron a Milei que Lijo y Manuel García-Mansilla serían ministros de la Corte y fracasaron de manera estrepitosa.

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    El ex viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que no logró coronar los jueces en la Corte Suprema.

     

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  • Furia en las provincias con los ATN que envió Milei: «No cubre ni el 6% de lo que perdimos»

     

    Los gobernadores tomaron con bronca el monto irrisorio de los fondos que el gobierno de Javier Milei giró a las provincias en concepto de ATN en marzo.

    La Nación envió 47 mil millones de pesos en marzo a los gobernadores aliados, una suma que los gobernadores tachan de mínima: «No cubre ni el 6% de lo que perdimos», se quejan en el entorno de uno de los mandatarios.

    La semana pasada, la Rosada giró 8 mil millones a Corrientes, 7 mil millones a Mendoza 6 mil millones a Entre Ríos, como las más «beneficiadas». Hubo casos como el de Jujuy Neuquén que sólo recibieron 2000 millones. Las provincias gobernadas por opositores a Milei directamente no recibieron nada.

    «No es guita, las provincias este trimestre están entre 35 y 70 mil millones abajo promedio entre las chicas, medianas y grandes», dijeron a LPO allegados a uno de los gobernadores menos perjudicados por el recorte de fondos.

    Entre enero y febrero, las provincias acumulan una pérdida de 838 mil millones de pesos en términos reales respecto a lo que cobraron de coparticipación federal en relación al mismo período de 2025. Todas las provincias sufrieron una variación real negativa con un promedio del 6,9% entre los 24 distritos. Las más perjudicadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que perdió un 8,1% respecto de enero y febrero de 2025, seguida por Córdoba, con le 7,8% y Santa Fe, con el 7,7%.

    La provincia de Buenos Aires perdió un 5,9%, pero en términos nominales el monto es de 161 mil millones, casi el cuádruple del total que transfirió la Nación en ATN en marzo a la mitad de las provincias.

    LPO explicó que las provincias arrastran fuertes mermas en sus ingresos tanto por la recesión, como por la caída de la recaudación, que en febrero cayó 9,5% y les hizo perder 500 mil millones en un mes. Pero en especial, las provincias sufren el corte ilegal de fondos que hizo el gobierno en concepto de educación, seguridad y la retención del impuesto a los combustibles. La Nación debe coparticipar por ley ese impuesto o dedicarlo a la construcción de rutas. No hace ni una cosa ni la otra.

     

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