Mercedes Jara Tracchia ministra de Educación y Derechos Humanos confirmó que, «por ahora, en Río Negro se mantiene la presencialidad cuidada» en el dictado de clases.
La titular de la cartera educativa afirmó “en la Provincia vamos a seguir con esta presencialidad cuidada, con un protocolo construido con UnTER y aprobado por las autoridades sanitarias, que nos está permitiendo seguir dando clases en las instituciones escolares”. Además explicó que se mantiene un permanente análisis del riesgo epidemiológico.
Indicó también que no va a haber ningún tipo de restricciones más que las establecidas en el propio protocolo, que es la alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, además de los cuidados personales, la distancia de un metro y medio en el aula y de dos en lugares de circulación, la ventilación cruzada y el uso del tapaboca.
Además, Jara Tracchia recomendó a las comunidades educativas la importancia del cumplimiento de protocolos en las actividades extraescolares para tener el cuidado de niños, niñas y adolescentes en todos los espacios sociales.
“Vamos a continuar las clases presenciales con la aplicación del protocolo “CuidaRNos”, seguiremos en esta alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, y ante determinadas situaciones se las analizará en forma puntual para tomar las medidas que correspondan. Por ahora, en Río Negro se mantiene la presencialidad cuidada”, sostuvo.
El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.
Un gobierno que responde con castigo
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.
El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.
Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.
Antecedentes que marcan un patrón
Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.
A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.
Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.
Intolerancia, relato único y disciplinamiento
La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.
En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.
El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.
Una señal de alerta para la democracia
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.
Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.
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Juan Bautista le hizo un guiño importantísimo a Mauricio Macri. El ministro de Justicia de Javier Milei envío al Senado el pliego de Jorge Djivaris, para que integre la Sala B de la Cámara Comercial que tiene que tratar la causa del vaciamiento del Correo, la que más preocupa y en la que está mas comprometido, el ex presidente.
Djivaris es un cuadro importante en la estructura judicial del macrismo. Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones, también integró la Procuración de la Ciudad de la que proviene Mahiques y hasta tuvo una posición clave en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
La movida de Mahiques, que forma parte de una jugada más amplia para rediseñar la Sala B de la Cámara Comercial del fuero ordinario, abona la teoría que su desembarco en el Ministerio de Justicia es parte de un buen nivel de diálogo entre Karina Milei y el Tanto Angelici, el principal operador en la justicia del macrismo.
Un entendimiento que coincide con la cercanía de Mahiques a los capos de la AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, este último muy cercano a Angelici. De hecho, en esta misma Sala que quiere colonizar Mahiques podrían recaer litigios por la discusión de las SAD en la AFA.
Bajo esos cálculos, el titular de la cartera de Justicia mandó la semana pasada la prórroga de la jueza Matilde Evangelina Ballerini, que cumplirá 75 años en septiembre, para que continúe en ese juzgado. Ese expediente se suma al envío del pliego de Djivaris
Ballerini, además de ocupar una butaca en la Sala B, está subrogando en la Sala C del mismo fuero, donde podría desembocar un recurso de apelación de la causa «World Eleven/ Tofoni» contra la AFA, relacionada al presunto desvío de fondos millonarios a través de sociedades fantasma en el exterior, con foco en Estados Unidos.
Djivaris es un cuadro importante en la estructura judicial del macrismo. Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones, también integró la Procuración de la Ciudad de la que proviene Mahiques y hasta tuvo una posición clave en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
Guillermo Tofoni es el empresario que se encargaba de organizar los partidos amistosos de la Selección Argentina y denunció que la AFA utilizó un esquema de intermediarios para desviar dinero proveniente de contratos de patrocinio y derechos de TV. Por eso, pidió el embargo del 30% de los fondos que la asociación percibe por los compromisos deportivos y la intervención de la entidad.
La investigación se centra en el supuesto desvío de U$S 42 millones hacia firmas sin actividad aparente en Estados Unidos y Tofoni tramitó una medida cautelar ante el tribunal de Javier Cosentino, que rechazó esos reclamos pero concedió la queja.
Curiosamente, Cosentino estuvo ternado para la Sala C, a partir del Concurso 374 del Poder Judicial. Su pliego, incluso, había llegado al Senado pero fue retirado. Acaso el fallo más rimbombante de este magistrado fue el que decretó la quiebra de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, en 2018.
El ex secretario de Justicia porteño, Jorge Djivaris junto al actuam ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Como sea, la pelea de Tofoni podría escalar hasta el juzgado que subroga Ballerini y tendría que pronunciarse, lo cual alimenta la sospechas en los pasillos judiciales acerca de una eventual inclinación suya para favorecer a la AFA con el objetivo de conseguir la prórroga en la Sala B.
Además, la jueza es cercana a María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, la madre de Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y mano derecha en el organismode Horacio Rosatti. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Díaz Cordero y Mahiques trabajaron juntos en el Ministerio de Justicia.
En mayo de 2022, Ballerini fue fundamental para que la defensa de los Macri lograra la suspensión del proceso judical en la causa Correo hasta que la Corte Suprema se expidiera acerca de la competencia bajo la órbita del TSJ o la Justicia nacional, fallo que se produjo recién el 29 de diciembre de 2024 con un guiño al líder del PRO y los votos favorables de Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que al día siguiente se jubiló.
Djivaris había quedado rankeado en el puesto 12°, con 156 puntos, pero escaló al 4° lugar en el orden de mérito definitivo, gracias a las entrevistas personales.
El pliego de Djivaris, por su parte, fue remitido al Senado el último 30 de marzo. Hasta el año pasado, el postulante ocupó un cargo administrativo en el TSJ y antes fue secretario de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta.
Además de Ballerini, la Sala B está integrada por María Guadalupe Vásquez y se completaría con Djivaris.
Paradójicamente, Mahiques habría contribuido a reforzar los argumentos de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz con la acordada 4/26 para la selección de jueces. En el Concurso 478, Djivaris había quedado rankeado en el puesto 12°, con 156 puntos, pero escaló una posición después de las impugnaciones. Finalmente, trepó del 11° lugar al 4° en el orden de mérito definitivo, gracias a las entrevistas personales. Todo un prodigio en el mano a mano.
La vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.
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