Mercedes Jara Tracchia ministra de Educación y Derechos Humanos confirmó que, «por ahora, en Río Negro se mantiene la presencialidad cuidada» en el dictado de clases.
La titular de la cartera educativa afirmó “en la Provincia vamos a seguir con esta presencialidad cuidada, con un protocolo construido con UnTER y aprobado por las autoridades sanitarias, que nos está permitiendo seguir dando clases en las instituciones escolares”. Además explicó que se mantiene un permanente análisis del riesgo epidemiológico.
Indicó también que no va a haber ningún tipo de restricciones más que las establecidas en el propio protocolo, que es la alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, además de los cuidados personales, la distancia de un metro y medio en el aula y de dos en lugares de circulación, la ventilación cruzada y el uso del tapaboca.
Además, Jara Tracchia recomendó a las comunidades educativas la importancia del cumplimiento de protocolos en las actividades extraescolares para tener el cuidado de niños, niñas y adolescentes en todos los espacios sociales.
“Vamos a continuar las clases presenciales con la aplicación del protocolo “CuidaRNos”, seguiremos en esta alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, y ante determinadas situaciones se las analizará en forma puntual para tomar las medidas que correspondan. Por ahora, en Río Negro se mantiene la presencialidad cuidada”, sostuvo.
Luis Caputo dejó de transferirle en marzo los fondos por coparticipación a la Ciudad que ordenó un fallo de la Corte. El ministro se puso así en situación de rebeldía ante un pronunciamiento del máximo tribunal y sigue acumulando incumplimientos legales, para sostener el relato del superávit.
El ministro ya acumulaba el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, lo que motivó un fallo de la justicia federal que le dio como último plazo este viernes para girar los fondos que fija la norma.
Además retiene ilegalmente desde que asumió en el Ministerio de Economía los fondos con asignación específica del impuesto al combustible, necesarios para reparar las rutas que están en un estado calamitoso, al punto que todas las semanas se cobran la vida de argentinos.
El gobierno comenzó a pagar el 1,55% de la Coparticipación que estableció la Corte en septiembre de 2024. Ese monto se suma al 1,4% que llega a la Ciudad por goteo. En lugar de enviar lo dispuesto por la Corte en forma automática como sucede con el dinero que envía a las provincias, las transferencias se hicieron de manera discrecional al final de cada semana.
El gobierno comenzó a pagar el 1,55% de la Coparticipación que estableció el fallo de la Corte en septiembre de 2024. En junio del año pasado, Caputo empezó a transferir menos de los establecido por el fallo, hasta que en marzo de 2026 los envíos se detuvieron por completo.
En junio del año pasado, Toto Caputo empezó a enviar pagos parciales y dejó de transferir el porcentaje que dispuso la Corte. Hasta que en marzo de 2026 los envíos se detuvieron por completo.
La deuda acumulada desde junio del año pasado llega a casi 700 mil millones de pesos. Eso no impidió que Jorge Macri y Caputo continúen hablando semanalmente, al igual que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.
En la Ciudad creen que la caída de la recaudación por la recesión le complicó las cuentas a Caputo, que decidió comenzar a suspender pagos, incumplir falos y apropiarse de partidas para no entrar en déficit. Pero la construcción del relato del superávit sobre el incumpliemto de obligaciones legales no parece un sistema sostenible.
Además de frenar las transferencias a la Ciudad, las provincias también comenzaron a recibir menos dinero de Coparticipación. Una situación que se complenenta con el abandono total de la obra pública, que según el economista Martín Barrionuevo representa un monto de 1,6 billones por mes.
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La salida de Paolo Rocca de la conducción ejecutiva de Tenaris sacudió al círculo rojo. El reemplazo elegido no pasó inadvertido: Gabriel Podskubka construyó su carrera entre Europa del Este y Medio Oriente, dos territorios atravesados por guerras, energía y disputas globales. En el mercado creen que el movimiento refleja tanto la pelea con Javier Milei como el nuevo tablero mundial.
Paolo Rocca dejó la presidencia ejecutiva de Tenaris y formalizó uno de los movimientos más importantes dentro del grupo Techint en los últimos años. Aunque seguirá vinculado al holding como chairman, la salida del manejo cotidiano de la principal fabricante global de tubos despertó lecturas políticas y geopolíticas dentro del establishment empresario.
El elegido para reemplazarlo fue Gabriel Podskubka. No es un nombre menor dentro de la estructura del grupo. Entre 2009 y 2013 estuvo al frente de las operaciones de la compañía en Europa del Este. Luego pasó a conducir Tenaris en Medio Oriente. Dos regiones que dejaron de ser simples mercados para transformarse en zonas neurálgicas del conflicto global por energía, acero y rutas comerciales.
En Techint saben que el negocio dejó de depender solamente de competitividad industrial o costos laborales. El mapa ahora se mueve con guerras, sanciones, aranceles y corredores energéticos. El acero se volvió un insumo geopolítico. Los tubos también. Cada puerto, cada gasoducto y cada contrato se convierte en una pieza estratégica.
El movimiento ocurre además en medio de la tensión creciente entre Rocca y Javier Milei. «Hay una lectura política inevitable. Rocca entendió que el vínculo con Milei ya no es el que imaginaba el establishment industrial hace un año», deslizó a LPO una fuente empresaria. En esa interpretación, el corrimiento del empresario de la primera línea busca bajar exposición en medio de un conflicto abierto con la Casa Rosada.
Pero dentro del mercado circula otra hipótesis. Más profunda. Más vinculada al nuevo orden global que a la política doméstica. «La designación de Podskubka tiene lógica internacional. No eligieron a un financiero ni a un comercial clásico. Eligieron a alguien formado en zonas de conflicto», explicó un ejecutivo del sector energético.
La designación de Podskubka tiene lógica internacional. No eligieron a un financiero ni a un comercial clásico. Eligieron a alguien formado en zonas de conflicto
La lectura no es casual. Europa del Este quedó atravesada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Medio Oriente volvió a tensarse por el petróleo, el gas y las disputas regionales. En ambos casos, Tenaris tiene negocios sensibles ligados a infraestructura energética y abastecimiento industrial.
Gabriel Podskubka
En Techint siempre convivieron dos miradas sobre China. Rocca históricamente se movió dentro de la lógica industrial occidental. El grupo mantuvo una posición defensiva frente al avance del acero chino y cuestionó durante años las prácticas de dumping que golpearon a la siderurgia regional. Esa tensión no es nueva. Forma parte de una discusión estructural sobre quién controla la producción industrial y las cadenas globales de valor.
Sin embargo, otros grupos económicos argentinos avanzaron hacia vínculos mucho más pragmáticos con Beijing. En energía y minería, varios conglomerados locales terminaron asociándose con capitales chinos para financiar obras, infraestructura y expansión regional. El propio negocio energético argentino quedó atravesado por esa disputa silenciosa entre Washington y Beijing. En ese escenario, la salida de Rocca de la conducción ejecutiva de Tenaris también se lee como una adaptación.
Rocca no desaparece del tablero. Seguirá teniendo control e influencia dentro de Techint. Pero el movimiento deja una señal clara: la principal multinacional argentina está mirando el mapa completo. Y en ese mapa, la pelea con Milei parece una estación dentro de un conflicto mucho más grande.
La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay expresó su «gran preocupación» ante el proyecto de decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad clave para la navegación en puertos y vías fluviales del Río de la Plata.
LPO adelantó en exclusivo que la iniciativa busca reducir costos en el comercio exterior, aunque abre interrogantes y genera máxima preocupación en la Armada sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras.
El enojo con el decreto comenzó por la afectación directa a los marinos y la nula consulta al ministerio de Defensa y, como reveló en exclusivo, a los empresarios del sector que consideran que el ministerio de Milei «intenta regular un sector que no conoce».
Ahora, a través de una carta enviada el 24 de abril al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, a la que accedió LPO, la entidad advirtió que la iniciativa -actualmente en etapas finales de aprobación- podría tener consecuencias negativas tanto en la seguridad de la navegación como en el comercio exterior uruguayo.
Según el documento, los cambios propuestos afectarían no solo a los accesos a puertos argentinos, sino también a los puertos del litoral uruguayo, dado que ambos países comparten las aguas del Río de la Plata.
En ese sentido, la corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
La corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
«Los cambios sugeridos atentan directamente contra la letra y el espíritu de estos artículos», sostiene la carta, al señalar que las medidas habrían sido impulsadas sin consulta previa a Uruguay y generarían una «disparidad notoria» entre las normativas de ambos países.
Además, la organización advirtió sobre los riesgos de flexibilizar el régimen de exenciones al practicaje. En el plano internacional, señalaron, existe consenso sobre los efectos negativos que este tipo de medidas puede tener en la seguridad marítima, la protección ambiental y la vida humana. «Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos», subrayaron.
Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos
Finalmente, la corporación se puso a disposición de las autoridades para colaborar en el análisis de la situación, en un contexto que podría abrir un nuevo foco de tensión bilateral en torno a la gestión compartida del Río de la Plata.
Una fuente que sigue de cerca el tema dijo a LPO que el comunicado es «un sopapo para Sturzenneger. Le están recordando que no es el dueño de los ríos.
«La soberbia libertaria los lleva a olvidar que cuando legislan en material de navegación, en espacial en la Hidrovia, no lo pueden hacer solos. Acá, claramente, Uruguay les dice que el río no es de ellos», concluye.
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