Mercedes Jara Tracchia ministra de Educación y Derechos Humanos confirmó que, «por ahora, en Río Negro se mantiene la presencialidad cuidada» en el dictado de clases.
La titular de la cartera educativa afirmó “en la Provincia vamos a seguir con esta presencialidad cuidada, con un protocolo construido con UnTER y aprobado por las autoridades sanitarias, que nos está permitiendo seguir dando clases en las instituciones escolares”. Además explicó que se mantiene un permanente análisis del riesgo epidemiológico.
Indicó también que no va a haber ningún tipo de restricciones más que las establecidas en el propio protocolo, que es la alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, además de los cuidados personales, la distancia de un metro y medio en el aula y de dos en lugares de circulación, la ventilación cruzada y el uso del tapaboca.
Además, Jara Tracchia recomendó a las comunidades educativas la importancia del cumplimiento de protocolos en las actividades extraescolares para tener el cuidado de niños, niñas y adolescentes en todos los espacios sociales.
“Vamos a continuar las clases presenciales con la aplicación del protocolo “CuidaRNos”, seguiremos en esta alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, y ante determinadas situaciones se las analizará en forma puntual para tomar las medidas que correspondan. Por ahora, en Río Negro se mantiene la presencialidad cuidada”, sostuvo.
El campo esta parado sobre la super cosecha de soja y no tiene ganas de liquidar más allá de lo indispensable para operar el negocio. Les molesta el dólar atrasado o las retenciones altas, que son las dos caras de la misma discusión.
Toto Caputo necesita de manera cada vez más desesperada que liquiden para pagar los vencimientos de deuda. Por eso, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, intentó convencerlos con una exposición en Washington: con menos brecha cambiaria, menos retenciones, buen precio internacional y un tipo de cambio más ordenado, al productor le conviene vender la soja ahora.
Werning desplegó esos argumentos en un cuadro prolijo, de esos que cierran perfecto en una presentación. Pero en el campo miran otra cosa. Miran lo que queda después de pagar alquileres, insumos, deudas y la campaña siguiente. Y ahí los números no cierran tan fácil.
La discusión no es menor porque toca el corazón del modelo. El Gobierno necesita que la cosecha liquide dólares, sostenga el precio de la divisa y alimente las reservas. El campo responde que una cosa es el precio teórico y otra muy distinta el resultado económico. En esa diferencia se trabó la soja. Y por eso, detrás de la discusión técnica, asoma una pelea mucho más concreta: si el sector más competitivo del país no ve negocio, los dólares que espera la Casa Rosada pueden tardar bastante más de lo que dicen los PowerPoint oficiales.
El gráfico del Banco Central tiene una parte cierta. Werning mostró que, descontadas las retenciones y valuado al tipo de cambio paralelo, el precio doméstico que recibe hoy el productor está entre los más altos del gobierno de Milei. La explicación oficial se apoya en cuatro puntos: retenciones más bajas, del 26 por ciento contra el 33 por ciento previo; menor brecha cambiaria; un tipo de cambio más unificado; y una soja en torno de los 420/427 dólares la tonelada. La conclusión: el productor recibe más dólares efectivos que antes.
En el campo responden que esa cuenta está bien hecha y mal contada. Germán Iturriza, consultor y hombre escuchado en el sector, lo resumió con crudeza. Dijo que un productor puede mirar esos gráficos y reírse, no porque sean falsos sino porque muestran apenas una parte de la película. «Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos», explicó.
Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos.
Iturriza puso el dedo donde más duele. Sostuvo que desde noviembre la inflación en pesos siguió subiendo, con una columna cercana al 15 por ciento desde las elecciones, mientras el tipo de cambio nominal quedó retrasado. Entonces el productor ve que Chicago marca 427 dólares y la soja local ronda los 430, pero cuando hace la cuenta de bolsillo descubre que el negocio no cierra. «Hoy el productor está vendiendo una soja a 420.000 cuando podía haber vendido a 500.000 en noviembre. Eso tiene un impacto muy grande para pagar alquileres, para pagar insumos», dijo. No discute el precio de pizarra. Discute la renta que queda después del recorrido.
El dato que más inquieta al mercado es otro y también lo subrayó Iturriza. Al 15 de abril, con datos oficiales de la Secretaría, se había vendido menos de 5 millones de toneladas de soja sobre una cosecha esperada de 49 a 50 millones. Es decir, alrededor del 10 por ciento. Ese número vale más que cualquier discurso porque el productor vota con la venta. Si el negocio fuera tan atractivo como dice el Banco Central, la soja ya estaría saliendo.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto. Ahí aparece otro dato que rompe el relato oficial sobre una supuesta especulación abstracta. En maíz ya se vendieron 23 millones de toneladas contra 13 millones del año pasado. Son 10 millones más. En girasol, las declaraciones juradas llegaron a 1 millón de toneladas contra apenas 60.000 toneladas a la misma semana del año pasado. El trigo también muestra buenas ventas, aunque algo por debajo en términos porcentuales. La señal es clarísima: el campo no se sienta arriba de todo. Se sienta arriba de la soja.
La explicación que circula en las rutas, en las cooperativas y en las mesas de comercialización es muy argentina. Muchos productores esperan una mejora de condiciones. Una baja adicional de retenciones. Un dólar soja con otro nombre. Un incentivo.
Iturriza recordó que el propio Gobierno fue cambiando las reglas durante el año pasado, urgido por los dólares: primero bajó a 26, luego volvió a 33, después regresó a 26 con la promesa de permanencia y más tarde ensayó retención cero para la chicharrita en septiembre, una ventana que se cerró rápido por presión de Estados Unidos. Con ese antecedente, el productor supone que si espera puede conseguir algo mejor.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto.
Ese comportamiento además complica otro eslabón delicado: la molienda. Las plantas están trayendo soja paraguaya con régimen de importación temporal, algo que no es nuevo, pero sienten la falta de mercadería local. En el último trimestre de 2025 la molienda había tenido un impulso excepcional por los derechos de exportación en cero, con un volumen de ventas inédito para esa parte del año. Ahora el esquema volvió a su lógica tradicional: el productor guarda la soja hasta el borde y aprovecha la fortaleza de otros cultivos. En el sector explican que la pata local no está empujando y que eso le pone arena al engranaje industrial.
El problema más serio, sin embargo, no está en esta cosecha sino en la próxima. Iturriza advirtió que la nueva campaña «viene muy complicada» porque la urea subió entre 50% y 60%, el gasoil también pegó un salto fuerte y eso impacta de lleno en las labores. El productor arrastra costos hundidos, ve precios en pesos a la baja y, cuando proyecta la siembra de trigo o maíz, encuentra márgenes negativos o muy ajustados. La escena se repite en las zonas productivas: incluso los más eficientes están viendo que con este tipo de cambio y el futuro que descuenta el mercado, los números no dan.
Ahí aparece la falla estructural del razonamiento oficial. El Gobierno mejoró un precio relativo pero empeoró el negocio total. En el Excel del Banco Central puede verse un ingreso mejor medido en dólares efectivos. En el bolsillo del productor aparece otra cosa: inflación en pesos, costos dolarizados, fertilizantes más caros por la guerra, gasoil en alza y una rentabilidad que se achica.
En el entorno rural agregan otro dato de color que no es menor. El productor medio no funciona como un financista sofisticado que liquida y se refugia en fondos comunes de inversión. Cobra en pesos, paga en pesos y, si le sobra algo, compra dólares.
Por eso la pelea con Werning excede un cuadro del Banco Central. Lo que el Gobierno presenta como una demostración de normalidad, el campo lo ve como una verdad parcial que tapa el problema de fondo. El gráfico puede mostrar cuánto recibe hoy el productor en dólares. No dice cuánto gana y si le conviene vender.
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El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.
Un gobierno que responde con castigo
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.
El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.
Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.
Antecedentes que marcan un patrón
Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.
A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.
Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.
Intolerancia, relato único y disciplinamiento
La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.
En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.
El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.
Una señal de alerta para la democracia
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.
Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.
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