Mercedes Jara Tracchia ministra de Educación y Derechos Humanos confirmó que, «por ahora, en Río Negro se mantiene la presencialidad cuidada» en el dictado de clases.
La titular de la cartera educativa afirmó “en la Provincia vamos a seguir con esta presencialidad cuidada, con un protocolo construido con UnTER y aprobado por las autoridades sanitarias, que nos está permitiendo seguir dando clases en las instituciones escolares”. Además explicó que se mantiene un permanente análisis del riesgo epidemiológico.
Indicó también que no va a haber ningún tipo de restricciones más que las establecidas en el propio protocolo, que es la alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, además de los cuidados personales, la distancia de un metro y medio en el aula y de dos en lugares de circulación, la ventilación cruzada y el uso del tapaboca.
Además, Jara Tracchia recomendó a las comunidades educativas la importancia del cumplimiento de protocolos en las actividades extraescolares para tener el cuidado de niños, niñas y adolescentes en todos los espacios sociales.
“Vamos a continuar las clases presenciales con la aplicación del protocolo “CuidaRNos”, seguiremos en esta alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, y ante determinadas situaciones se las analizará en forma puntual para tomar las medidas que correspondan. Por ahora, en Río Negro se mantiene la presencialidad cuidada”, sostuvo.
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Mario Ishii presentó en las últimas horas un proyecto en el Senado bonaerense tendiente a declarar la emergencia alimentaria en la provincia.
La iniciativa surge tras conocerse la puesta en revisión por parte de la gestión de Axel Kicillof del programa «Mesa Bonaerense» que entregaba cajas de alimentos a familias vulnerables.
El vice del Senado e intendente de José C. Paz en uso de licencia señaló que el proyecto presentado busca dar respuesta «a la profunda crisis social imperante en la provincia de Buenos Aires».
Al advertir que «resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social», Ishii dijo que «en situaciones de emergencia, la asignación presupuestaria no puede permanecer ajena a la realidad».
Frente a eso, reclamó «garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población».
Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas».
«A diario las familias, no solo de mi distrito, sino de la provincia, me hacen saber que ya no pueden más. Y si a esto se le suma la eliminación de planes que llevaban comida a la mesa de nuestras familias bonaerenses, el problema es mayor», apuntó Ishii en alusión a la parálisis al menos por tres meses del Mesa Bonaerense.
Frente a ese cuadro, Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas».
Y agregó: «Esta decisión no solo responde a un criterio de racionalidad económica, sino a un mandato ético y constitucional: en un contexto donde amplios sectores de la población no logran cubrir sus necesidades básicas, ningún recurso público puede ser asignado sin considerar su impacto social inmediato».
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El campo esta parado sobre la super cosecha de soja y no tiene ganas de liquidar más allá de lo indispensable para operar el negocio. Les molesta el dólar atrasado o las retenciones altas, que son las dos caras de la misma discusión.
Toto Caputo necesita de manera cada vez más desesperada que liquiden para pagar los vencimientos de deuda. Por eso, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, intentó convencerlos con una exposición en Washington: con menos brecha cambiaria, menos retenciones, buen precio internacional y un tipo de cambio más ordenado, al productor le conviene vender la soja ahora.
Werning desplegó esos argumentos en un cuadro prolijo, de esos que cierran perfecto en una presentación. Pero en el campo miran otra cosa. Miran lo que queda después de pagar alquileres, insumos, deudas y la campaña siguiente. Y ahí los números no cierran tan fácil.
La discusión no es menor porque toca el corazón del modelo. El Gobierno necesita que la cosecha liquide dólares, sostenga el precio de la divisa y alimente las reservas. El campo responde que una cosa es el precio teórico y otra muy distinta el resultado económico. En esa diferencia se trabó la soja. Y por eso, detrás de la discusión técnica, asoma una pelea mucho más concreta: si el sector más competitivo del país no ve negocio, los dólares que espera la Casa Rosada pueden tardar bastante más de lo que dicen los PowerPoint oficiales.
El gráfico del Banco Central tiene una parte cierta. Werning mostró que, descontadas las retenciones y valuado al tipo de cambio paralelo, el precio doméstico que recibe hoy el productor está entre los más altos del gobierno de Milei. La explicación oficial se apoya en cuatro puntos: retenciones más bajas, del 26 por ciento contra el 33 por ciento previo; menor brecha cambiaria; un tipo de cambio más unificado; y una soja en torno de los 420/427 dólares la tonelada. La conclusión: el productor recibe más dólares efectivos que antes.
En el campo responden que esa cuenta está bien hecha y mal contada. Germán Iturriza, consultor y hombre escuchado en el sector, lo resumió con crudeza. Dijo que un productor puede mirar esos gráficos y reírse, no porque sean falsos sino porque muestran apenas una parte de la película. «Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos», explicó.
Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos.
Iturriza puso el dedo donde más duele. Sostuvo que desde noviembre la inflación en pesos siguió subiendo, con una columna cercana al 15 por ciento desde las elecciones, mientras el tipo de cambio nominal quedó retrasado. Entonces el productor ve que Chicago marca 427 dólares y la soja local ronda los 430, pero cuando hace la cuenta de bolsillo descubre que el negocio no cierra. «Hoy el productor está vendiendo una soja a 420.000 cuando podía haber vendido a 500.000 en noviembre. Eso tiene un impacto muy grande para pagar alquileres, para pagar insumos», dijo. No discute el precio de pizarra. Discute la renta que queda después del recorrido.
El dato que más inquieta al mercado es otro y también lo subrayó Iturriza. Al 15 de abril, con datos oficiales de la Secretaría, se había vendido menos de 5 millones de toneladas de soja sobre una cosecha esperada de 49 a 50 millones. Es decir, alrededor del 10 por ciento. Ese número vale más que cualquier discurso porque el productor vota con la venta. Si el negocio fuera tan atractivo como dice el Banco Central, la soja ya estaría saliendo.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto. Ahí aparece otro dato que rompe el relato oficial sobre una supuesta especulación abstracta. En maíz ya se vendieron 23 millones de toneladas contra 13 millones del año pasado. Son 10 millones más. En girasol, las declaraciones juradas llegaron a 1 millón de toneladas contra apenas 60.000 toneladas a la misma semana del año pasado. El trigo también muestra buenas ventas, aunque algo por debajo en términos porcentuales. La señal es clarísima: el campo no se sienta arriba de todo. Se sienta arriba de la soja.
La explicación que circula en las rutas, en las cooperativas y en las mesas de comercialización es muy argentina. Muchos productores esperan una mejora de condiciones. Una baja adicional de retenciones. Un dólar soja con otro nombre. Un incentivo.
Iturriza recordó que el propio Gobierno fue cambiando las reglas durante el año pasado, urgido por los dólares: primero bajó a 26, luego volvió a 33, después regresó a 26 con la promesa de permanencia y más tarde ensayó retención cero para la chicharrita en septiembre, una ventana que se cerró rápido por presión de Estados Unidos. Con ese antecedente, el productor supone que si espera puede conseguir algo mejor.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto.
Ese comportamiento además complica otro eslabón delicado: la molienda. Las plantas están trayendo soja paraguaya con régimen de importación temporal, algo que no es nuevo, pero sienten la falta de mercadería local. En el último trimestre de 2025 la molienda había tenido un impulso excepcional por los derechos de exportación en cero, con un volumen de ventas inédito para esa parte del año. Ahora el esquema volvió a su lógica tradicional: el productor guarda la soja hasta el borde y aprovecha la fortaleza de otros cultivos. En el sector explican que la pata local no está empujando y que eso le pone arena al engranaje industrial.
El problema más serio, sin embargo, no está en esta cosecha sino en la próxima. Iturriza advirtió que la nueva campaña «viene muy complicada» porque la urea subió entre 50% y 60%, el gasoil también pegó un salto fuerte y eso impacta de lleno en las labores. El productor arrastra costos hundidos, ve precios en pesos a la baja y, cuando proyecta la siembra de trigo o maíz, encuentra márgenes negativos o muy ajustados. La escena se repite en las zonas productivas: incluso los más eficientes están viendo que con este tipo de cambio y el futuro que descuenta el mercado, los números no dan.
Ahí aparece la falla estructural del razonamiento oficial. El Gobierno mejoró un precio relativo pero empeoró el negocio total. En el Excel del Banco Central puede verse un ingreso mejor medido en dólares efectivos. En el bolsillo del productor aparece otra cosa: inflación en pesos, costos dolarizados, fertilizantes más caros por la guerra, gasoil en alza y una rentabilidad que se achica.
En el entorno rural agregan otro dato de color que no es menor. El productor medio no funciona como un financista sofisticado que liquida y se refugia en fondos comunes de inversión. Cobra en pesos, paga en pesos y, si le sobra algo, compra dólares.
Por eso la pelea con Werning excede un cuadro del Banco Central. Lo que el Gobierno presenta como una demostración de normalidad, el campo lo ve como una verdad parcial que tapa el problema de fondo. El gráfico puede mostrar cuánto recibe hoy el productor en dólares. No dice cuánto gana y si le conviene vender.
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