PorMunicipalidad Villa Regina
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El presupuesto oficial de $74.915.195, es aportado por el Gobierno Nacional, a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Transporte.
La obra tiene un plazo de ejecución de 9 meses e incluye la mejora del acceso a la planta alta del edificio, que en una segunda etapa, se convertirá en un centro de actividad cultural.
El reconocimiento debido no es sólo una cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital Charles Taylor La ciencia ha impuesto como debemos vivir. Dicha imposición está centrada en el cuerpo y en la individualidad. El ser humano está atravesado por los mandatos de la neurociencia, la psicología cognitiva y la informatización…
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
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La Justicia anuló la elección que consagró a Abel Furlán al frente de los metalúrgicos y decidió la intervención del sindicato con un hombre de Angelici. Furlán impulsa un nuevo frente sindical alternativo a la CGT con un perfil más combativo contra el gobierno.
«Hay que discutir un paro general. ¿Qué más tiene que pasar?», había presionado el miércoles Furlán luego de difundir cifras del desplome de la industria metalúrgica y el cierre de la Pyme número 25 mil durante la presidencia de Milei.
Desde hace varios meses que el líder de la UOM venía tensando la relación con los triunviros de la CGT para que convocaran a un paro general. En enero, Jorge Sola le respondió que no los corriera por izquierda.
Furlán fue reelecto al frente de los metalúrgicos en marzo tras el apoyo de 48 de las 53 seccionales de la nación con la presencia de 270 de los 276 delegados. En algunas seccionales hubo lista opositora.
En Campana, donde están las principales fábricas de Techint, la Lista Naranja impulsó a Angel Derosso. A pesar de que tomaron el color que habitualmente utiliza la izquierda, la Lista Naranja de Campana es más cercana a la familia Rocca que a Carlos Marx.
Tras una presentación de Derosso, los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, los mismos que dejaron sin efecto una cautelar de la CGT contra la Reforma Laboral, decidieron anular las elecciones de la UOM en todo el país.
Además, los camaristas nombraron a Alberto Biglieri a cargo de la intervención de la UOM durante seis meses.
Biglieri es un abogado muy cercano a Daniel Angelici, que lo promovió como consejero de la magistratura porteña en 2019 en un acuerdo con Emiliano Yacobitti. En esa ocasión, representó al estamento de la política. También forma parte del Colegio Público de Abogados y de la Universidad de Lomas que controla Diego Molea.
Pero el principal interés del Tano es que Biglieri, uno de los cuadros del angelicismo, sea electo en el Consejo de la Magistratura de la Nación como uno de los representantes de los abogados.
Entre sus tareas, Biglieri tendrá la administración de la obra social de los metalúrgicos, que la salud de sus casi 200 mil afiliados.
Biglieri y una selfie con Gil Lavedra.
El Gobierno de Río Negro permitirá a partir de la semana próxima la apertura paulatina y escalonada de comercios en 28 ciudades y localidades de la provincia. En principio se habilitará a los comercios a abrir tres días a la semana, de manera tal de ir reiniciando la marcha del circuito económico en esos lugares….
