Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.
Desde ayer comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.
El esquema de pago continuará el lunes 27 con DNI terminado en 4; el martes 28; en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.
La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.
El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.
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Mientras el Gobierno insiste con el discurso del ajuste, el equilibrio fiscal y la motosierra, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 incluye una partida millonaria para remodelar y mantener la residencia oficial argentina en Washington. No se trata de un consulado ni de un edificio de atención pública, sino de una vivienda de representación política, ubicada en uno de los barrios más caros de la capital estadounidense.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Presupuesto 2026, presentado como una hoja de ruta guiada por el “equilibrio fiscal” que impulsa Milei como ancla inflacionaria, vuelve a exhibir sus contradicciones. Entre recortes, prórrogas y reasignaciones que afectan áreas sensibles del gasto público, aparece una de esas perlitas que no pasan desapercibidas: una obra millonaria en el exterior, financiada por el Estado argentino, en plena era del ajuste permanente.
La iniciativa figura en el artículo 11 del proyecto, que habilita la contratación de obras y adquisiciones con incidencia en ejercicios futuros. Allí se incluye el proyecto 40, denominado “Remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington”, bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dentro del Programa 2: Acciones Diplomáticas y Relaciones Internacionales.
Millones para una residencia, no para la comunidad
Según el texto presupuestario, el costo total de la obra asciende a 9.429 millones de pesos, equivalentes a unos 6,4 millones de dólares al tipo de cambio actual. El gasto está planteado como un esquema plurianual que se extenderá entre 2026 y 2028.
Para el ejercicio 2026 se prevé una partida inicial de 5.388 millones de pesos, destinada a bienes de uso, lo que representaría un avance físico del 57,14% del proyecto. En 2027 se sumarían 3.852,4 millones de pesos, alcanzando un progreso acumulado del 98%, y finalmente en 2028 se asignarían 188,6 millones de pesos para completar el 100% de la obra.
Sin embargo, los fundamentos del Presupuesto no detallan los alcances concretos de la remodelación, ni desagregan los costos, los plazos específicos o las etapas técnicas del proyecto. Tampoco se explicita si la cifra corresponde a un único contrato o a varias intervenciones sucesivas. El número aparece consolidado, sin mayor desarrollo ni información pública complementaria.
Sin informes, sin urgencias, sin explicaciones
Desde la Cancillería no se difundieron informes oficiales que expliquen el estado edilicio actual del inmueble ni la supuesta urgencia de una intervención de esta magnitud. No hay antecedentes recientes de advertencias sobre riesgos estructurales, incumplimientos normativos o situaciones de emergencia que justifiquen un desembolso millonario en dólares.
Por el contrario, todo indica que se trata de gastos mayormente estéticos o de puesta en valor, en una residencia destinada exclusivamente a la representación política del país en Estados Unidos. Nada de atención consular, nada de servicios a la comunidad migrante, nada de funciones públicas directas.
A esto se suma un problema adicional: los mecanismos de control. Las obras en el exterior presentan dificultades extra para el seguimiento administrativo y la auditoría. Contrataciones, proveedores y certificaciones suelen regirse por una combinación de normativa argentina y regulaciones locales. Sin información pública detallada, el control queda limitado a organismos que ya operan con recursos recortados.
Antecedentes: la remodelación macrista
No es la primera vez que la residencia oficial en Washington aparece en el Presupuesto. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se incluyó una partida de 3,5 millones de dólares para la “Remodelación Embajada y Residencia en Washington – Etapa II”.
En aquel entonces, el presupuesto contemplaba un monto base de 2.964.000 dólares, más un adicional del 20% para cubrir eventuales variaciones de costos. Esa previsión generó polémica, ya que la inflación acumulada en Estados Unidos durante 2015 había sido de apenas 1,5%, lo que ponía en duda la justificación de semejante margen extra.
Desde la propia embajada argentina explicaron en ese momento que los fondos se destinarían a reformas estructurales: instalaciones eléctricas, redes de agua y cloacas, calefacción, tratamiento de humedades en cimientos, reparación integral de techos y puesta en valor general del edificio. También se argumentó que no se habían realizado obras en la residencia oficial desde la década del 60.
Un barrio top, precios que incomodan
La residencia oficial argentina se encuentra en el exclusivo barrio de Dupont Circle, una de las zonas más cotizadas de la capital estadounidense. El inmueble fue originalmente construido para George Franklin Huff, congresista republicano de Pennsylvania, y diseñado en 1906 por el reconocido arquitecto Horace Trumbauer. El Estado argentino compró la propiedad en 1913, tras el fallecimiento de Huff.
Un relevamiento básico del mercado inmobiliario en la zona muestra que casas de características similares se ofrecen hoy por valores que oscilan entre 1,7 y 1,9 millones de dólares. Es decir, montos muy por debajo de los 6,4 millones de dólares que el Presupuesto 2026 proyecta gastar en la remodelación.
Ajuste para adentro, dólares para afuera
El contraste es evidente. Mientras el Gobierno ajusta jubilaciones, salarios, universidades y políticas sociales, no escatima recursos para mantener y embellecer una residencia de lujo en el exterior. Todo en nombre de un equilibrio fiscal que, una vez más, no parece aplicarse cuando se trata de los intereses y comodidades del poder.
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Radicales, lilitos, libertarios y PRO. La fisonomía política del nuevo gabinete en Mar del Plata expondrá una composición inédita en la provincia, pivoteando entre el viejo esquema de Juntos y el reciente acuerdo del PRO con La Libertad Avanza que tuvo a Guillermo Montenegro como uno de sus principales impulsores.
Uno de los datos más relevantes es que la UCR liderada por Maximiliano Abad seguirá integrando el gabinete local, ahora al mando del intendente interino Agustín Neme, quien reemplaza a Montenegro, que asumió el lunes en el Senado provincial.
Neme puso en marcha una serie de cambios de funcionarios, pero sin tocar los acuerdos partidarios preexistentes con los radicales y proyectando sumar algunos libertarios.
Así, la UCR mantiene el control de secretarías clave del gobierno marplatense como Educación, Salud y Desarrollo Social, área donde este jueves se conoció la salida de Vilma Baragiola, que vuelve al Concejo, pero su reemplazo es un radical, Guillermo Schütrumpf, hasta hoy secretario del bloque UCR.
En septiembre, el radicalismo en Mar del Plata compitió con la boleta corta de Nuevos Aires y logró meter dos concejales, la periodista Gabriela Azcoitia y el ex senador Ariel Martínez Bordaisco.
Fuentes del PRO y la UCR señalaron a LPO que prevaleció la intención de sostener el modelo de gestión marplatense vigente y apartarlo, al menos ahora, de los posicionamientos políticos a escala provincial y nacional.
La confrontación legislativa a la boleta bendecida por Montenegro había generado tensiones entre la UCR y el PRO, disparando dudas sobre la persistencia del acuerdo político después del 10 de diciembre.
Sin embargo, fuentes de ambos espacios señalaron a LPO que prevaleció la intención de sostener el modelo de gestión marplatense vigente y apartarlo, al menos ahora, de los posicionamientos políticos a escala provincial y nacional.
«Todos adentro», dijo a LPO un dirigente cercano a Montenegro. En ese sentido, también seguirán participando del gabinete miembros de la Coalición Cívica.
Al momento, a manos del lilito Bernardo Martín está el gravitante Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturic). Pero cerca del municipio señalaron a LPO que, tanto en esa área como en Obras Sanitarias (Osse) está prevista la incorporación de libertarios.
Por eso, está la posibilidad de una reconfiguración que ubicaría a los lilitos en Medio Ambiente. En Osse, los mandatos de directores y síndico vencen el próximo martes. Para esa fecha se prevé el anuncio de cambios. Hoy, Obras Sanitarias es comandada por los radicales Carlos Katz y Cristina Coria.
Tanto para Osse como para el Emturyc aún no están definidos los nombres de los libertarios que se sumarán. Lo que ya se definió para La Libertad Avanza es la presidencia del Concejo Deliberante, que quedó a manos de Emiliano Recalt, alineado al diputado nacional Alejandro Carrancio, mano derecha de Pareja.
Cerca del municipio señalaron que, hacia la interna del espectro oficialista marplatense, Neme planteó que, más allá de ser una continuidad de Montenegro, el cambio de cara al mando requiere de apoyo político y gestos de gobernabilidad.
El planteo va directo al Concejo donde, entre el PRO y los libertarios, Neme cuenta con nueve bancas. Para lograr la mayoría propia necesita de los radicales, que hoy cuentan con un bloque de cuatro concejales.
De retener en el acuerdo a la Coalición Cívica (con una banca), el intendente interino tendría el alineamiento de 14 concejales, número suficiente para lograr la aprobación de los proyectos provenientes del Ejecutivo.
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