Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.
Desde ayer comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.
El esquema de pago continuará el lunes 27 con DNI terminado en 4; el martes 28; en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.
La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.
El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.
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La crisis económica comenzó a impactar de lleno en el empleo formal cordobés. La Secretaría de Trabajo de la Provincia reveló que actualmente 7.247 trabajadores registrados se encuentran alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), mecanismo que habilita suspensiones, reducción de jornadas y rebajas salariales para evitar despidos masivos.
El dato muestra un deterioro acelerado. Apenas semanas atrás el mismo relevamiento contabilizaba 6.302 trabajadores afectados. Ahora la cifra se acerca a los 7.250, por lo que el aumento de afectados es del 15%. La situación coincide con las advertencias que viene realizando el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López.
El funcionario reconoció públicamente que «el proceso de crisis laboral se agudiza» y atribuyó el fenómeno a la caída del consumo y a la retracción de la actividad industrial. Según explicó, los procedimientos preventivos se multiplicaron especialmente en comercio, metalurgia, construcción, alimentos y servicios.
Los números del informe trazan una radiografía de la crisis del empleo formal. De los 7.247 trabajadores afectados, 5.882 corresponden a Córdoba Capital y 1.365 al interior provincial. La modalidad predominante son las suspensiones con pago parcial del salario. En total existen 46 expedientes en la Capital y 27 en el interior, es decir 73 empresas.
En numerosos acuerdos los trabajadores cobran entre el 50% y el 75% de sus ingresos mediante sumas no remunerativas. También aparecen reducciones de jornada, eliminación de premios por asistencia, disminución de horas de trabajo y suspensiones temporarias de distinta intensidad.
La zona de Río Segundo encabeza el interior con siete empresas afectadas. Allí predominan las reducciones de jornada, suspensiones semanales y recortes de adicionales salariales.
San Francisco, la ciudad de donde vive Martín Llaryora, registra cinco empresas involucradas. La mayoría pertenece al entramado industrial y autopartista. Villa María suma cuatro empresas, mientras que Jesús María, bastión de La Libertad Avanza, acumula cinco casos. También aparecen expedientes en Alta Gracia, La Falda, Río Tercero y Río Cuarto.
El ministro Julián López
En la Capital, la Secretaría de Trabajo identifica cuatro focos principales: transporte y logística, seguridad privada, industria metalmecánica y comercio. Son los sectores que concentran la mayor cantidad de trabajadores bajo esquemas de crisis.
Las declaraciones del ministro López reflejan la preocupación del Gobierno provincial. El titular de la cartera que administra los procedimientos preventivos de crisis remarcó: «No estamos ante un shock puntual sino ante un deterioro sostenido del mercado laboral». Y advirtió que «el proceso de crisis se agudiza, hay una caída del consumo y un proceso de desindustrialización que afecta a sectores enteros».
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