Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.
Desde ayer comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.
El esquema de pago continuará el lunes 27 con DNI terminado en 4; el martes 28; en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.
La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.
El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.
En nuestro sistema, la autenticidad personal es a menudo castigada mientras que adaptarse a normas estéticas y emocionales impuestas es recompensado. La infidelidad a uno mismo se manifiesta rechazando aspectos físicos o emocionales propios, o silenciando nuestras verdaderas pasiones bajo la influencia social o por el deseo de aceptación. Sin embargo, ser fiel a uno mismo, aunque desafiante, conduce a la verdadera libertad y realización de sueños sin limitaciones, encontrando así la victoria más significativa.
El presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, Roque Fleitas, usó un salón del PAMI para un acto partidario en el que defendió a Manuel Adorni luego de que los Milei lo corrieran por el escándalo patrimonial.
«A nosotros no nos van a correr con los medios de comunicación implementando e implantando cosas que no son ciertas y si son ciertas, lo va a determinar la justicia. Nosotros tenemos división de poderes», dijo Fleitas, que es legislador provincial, y buscó ofrendarle a Milei un homenaje in memoriam del ex jefe de gabinete.
«En el pueblo están escandalizados porque hicieron un acto político partidario en el Salón que es de jubilados y pensionados, en este momento de ajuste en haberes y prestaciones», dijeron a LPO fuentes del manso Crespo que recibe a sus visitantes con un monumento gigante a un gallo y una gallina, un emblema de la Capital Nacional de la Avicultura.
Además de ser el presidente de la sucursal de La Libertad Avanza, Fleitas es padre de Rebeca, la legisladora de la Ciudad que si bien les debe sus votos a los porteños hace actos en Paraná como el del mes pasado, cuando reunió a un puñado de mujeres libertarias en el Centro Provincial de Convenciones de la capital entrerriana.
Por si algo faltaba para que el evento en el salón de los jubilados fuera puramente proselitista, se sumó también el Batman libertario, Andrés Laumman, que es diputado nacional de La Libertad Avanza y la senadora nacional Romina Almeida.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello
Tras la difusión del acto llegaron dos tirones de orejas desde Buenos Aires. El primero fue de equipo de comunicación, que había pedido que se dejara de usar a Adorni como un activo, tras la última encuesta que mostró que tenía un 80% de imagen negativa. El otro fue por el uso de un centro de jubilados para un acto partidario, lo que enfurece a Sandra Pettovello.
Desde el ministerio de Capital Humano bajaron la línea de no mezclar la gestión política con lo partidario, por eso en el gobierno hablan de cortar cabezas. Todos los implicados en el acto proselitista responden a Lule Menem: tanto Fleitas como la directora de la oficina de PAMI de Crespo, Lorena Werner y la titular de la delegación de Anses en Paraná, María Celina Ledesma.
Ledesma, que es vocal provincial de La Libertad Avanza, ni siquiera trató de disimular su militancia cuando salió pelearse en las redes con los usuarios que se referían a la escasa convocatoria que tuvo el acto.
«El evento fue un éxito total. Dejen de operar contra LLA E.R., el salón estuvo lleno. Esta noticia es una fake new (sic) opereta KK», dijo Ledesma, la encargada de atender los problemas de los jubilados de Entre Ríos.
«Fueron en un remís», la chicanearon los detractores. «Cuadras llenas esperando entrar al salón», le dijeron con ironía.
Ledesma, la delegada de Anses en Paraná, jactándose de la asistencia que tuvo el acto
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La Secretaría de Energía modificó el régimen de exportaciones de hidrocarburos y eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran primero su producción al mercado interno. El Gobierno asegura que busca atraer inversiones y generar dólares, pero la decisión abre una nueva disputa: qué prioridad tiene la energía argentina, si garantizar el abastecimiento nacional o convertirse en un negocio exportador.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza clave del modelo energético argentino. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el esquema que regulaba la exportación de hidrocarburos y se eliminó una herramienta que obligaba a las empresas a demostrar que el mercado interno había tenido prioridad antes de vender al exterior.
La decisión cambia la lógica que durante años acompañó la administración de un recurso estratégico como el petróleo. A partir de ahora, las compañías tendrán un camino más directo para exportar crudo y derivados, mientras el Estado conserva una capacidad de intervención más limitada frente a eventuales problemas de abastecimiento.
La nueva regla se inscribe dentro del programa de desregulación económica impulsado por Milei, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor libertad comercial a las empresas. Para el Gobierno, la medida permitirá acelerar inversiones, potenciar Vaca Muerta y transformar a la Argentina en un jugador internacional de energía.
Pero la modificación abre una discusión de fondo: ¿la energía argentina debe estar orientada primero a garantizar las necesidades de los argentinos o a generar dólares mediante la exportación?
Del control estatal a la libertad exportadora
Hasta ahora, las empresas que pretendían exportar determinados hidrocarburos debían atravesar un procedimiento donde tenían que acreditar que el mercado interno había tenido la posibilidad de acceder a esa producción. Ese mecanismo funcionaba bajo una idea histórica: antes de vender un recurso estratégico al exterior, el Estado debía garantizar que no existieran problemas de abastecimiento dentro del país.
La Resolución 166/2026 cambia esa dinámica. En lugar de una autorización previa basada en una evaluación del mercado interno, establece un sistema donde las empresas notifican sus operaciones y el Estado puede objetarlas únicamente ante situaciones específicas.
En los hechos, la lógica pasa de un modelo de control preventivo a uno de intervención excepcional. El cambio parece técnico, pero tiene una fuerte carga política: modifica quién tiene la prioridad sobre un recurso clave de la economía nacional.
Vaca Muerta, dólares y la apuesta del Gobierno
La administración libertaria sostiene que la Argentina necesita convertirse en un gran exportador energético para fortalecer sus cuentas externas.
El argumento oficial es que si las petroleras tienen reglas más previsibles y menos restricciones podrán invertir más en producción, aumentar las exportaciones y generar los dólares que el país necesita. En esa visión, Vaca Muerta no debe ser solamente una fuente de abastecimiento interno, sino una plataforma exportadora capaz de competir en los mercados internacionales.
La resolución se apoya en la filosofía del DNU 70/2023 y la Ley Bases, que impulsaron un esquema de mayor apertura y menor regulación estatal sobre distintos sectores económicos. La apuesta es clara: que el incentivo privado sea el motor del crecimiento energético.
El interrogante que queda abierto: ¿qué pasa con los argentinos?
El punto más sensible de la medida aparece cuando se analiza el rol del Estado frente al mercado interno. Aunque la Secretaría de Energía mantiene herramientas para intervenir ante riesgos de desabastecimiento, la nueva normativa reduce los mecanismos que permitían anticiparse a esas situaciones. La discusión no pasa solamente por cuánto petróleo produce Argentina, sino por quién define el destino de esa producción.
En un contexto donde los precios de los combustibles, las tarifas y el costo energético tienen impacto directo sobre hogares e industrias, cualquier cambio en la administración de los recursos energéticos genera un debate que excede al sector petrolero.
La pregunta política queda planteada: si el petróleo argentino genera una enorme oportunidad exportadora, ¿cómo se garantiza que esa riqueza también impacte primero en quienes viven y producen en Argentina?
Un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos
La Resolución 166/2026 representa un nuevo paso en el giro energético del Gobierno de Milei. No elimina completamente la intervención estatal, pero sí modifica la relación entre Estado y empresas.
El modelo anterior colocaba al abastecimiento interno como una condición previa para exportar. El nuevo esquema pone el foco en facilitar las ventas externas y deja al Estado con un rol de vigilancia posterior.
Mientras el Gobierno celebra una herramienta que considera necesaria para atraer inversiones y convertir a la Argentina en una potencia energética, sus críticos advierten que el país corre el riesgo de privilegiar el ingreso de divisas por encima de la protección del mercado interno.
La pelea por el petróleo argentino vuelve así a una vieja discusión: si los recursos estratégicos deben funcionar como una herramienta de desarrollo nacional o como una mercancía más dentro del mercado mundial.
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