Acreditan el IFE a los que optaron cobrar por CBU y con DNI terminado en 2

Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.

Desde ayer comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.

El esquema de pago continuará el lunes 27 con DNI terminado en 4; el martes 28; en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.

La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.

El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.

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    Los gobernadores aliados de la Casa Rosada dejaron trascender que no están dispuestos a acompañar el proyecto de eliminación de las PASO que pretende impulsar Javier Milei desde el Congreso.

    Aunque todavía no se conocen los detalles de la iniciativa parlamentaria, los jefes provinciales piensan en las primarias obligatorias como una herramienta para ordenar la oferta electoral sin perder volumen político ante el oficialismo.

    Los libertarios ya lograron suspender las PASO para el turno electoral anterior, bajo el argumento del carácter oneroso para la administración pública. Pero esta vez irían por su eliminación, con el claro objetivo de quitarles a sus adversarios cualquier chance de armar una opción competitiva para el 2027.

    Sin embargo, una ley electoral requiere mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Es decir la mitad más uno de los legisladores del cuerpo, no de los presentes el día de la sesión. O sea, Milei precisa el respaldo de 129 diputados y 37 senadores, que constituyen la mitad más uno de los miembros en cada cámara.

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    Como el Presidente cuenta con 95 legisladores en la Cámara Baja y 21 en el Senado, no podría cumplir su objetivo sin el respaldo de las bancadas que responden a los gobernadores y el PRO o una combinación de ambos. En el partido de Macri tampoco están de acuerdo con derogar las PASO.

    Provincias Unidas está terminada como opción para el 2027, pero eso no significa que no busquemos una alternativa a Milei.

    En Diputados, los votos de los gobernadores están repartidos entre los bloques de Innovación Federal, que responden al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Carlos Rovira, los catamarqueños de Raúl Jalil y los tucumanos de Osvaldo Jaldo. Además habría que contemplar la conducta de los cordobeses, los radicales y otras expresiones provinciales aglutinadas en Provincias Unidas o sueltas en monobloques.

    «Provincias Unidas está terminada como opción para el 2027, pero eso no significa que no busquemos una alternativa a Milei», afirmó a LPO uno d elos gobernadores que participó de esa experiencia política.

    Bullrich y Martín Menem.

    La otra pata del problema que enfrenta Milei para eliminar las PASO es el El PRO. Por ahora el partido de Macri no emitió una opinión pública, pero importantes dirigentes de esa fuerza confirmaron a LPO que se inclinan por rechazar su eliminación. 

    Un diputado de ese espacio respondió a la consulta de LPO con prudencia, escudándose en que todavía no se sabe cuál será el contenido de la norma y tampoco hay información sobre la modificación al financiamiento de los partidos que dejaron trascender desde el Gobierno.

    Desde el peronismo también se motraron cautelosos a la hora de opinar, pero existe un consenso sobre la ventaja de mantener las PASO para ordenar una interna cruda, entre Cristina Kirchner y La Cámpora contra Axel Kicillof, por un lado, y gobernadores del PJ, por otro.

    Como el Presidente cuenta con 95 legisladores en la Cámara Baja y 21 en el Senado, no podría cumplir su objetivo de eliminar las PASO sin el respaldo de las bancadas que responden a los gobernadores.

    Como sea, a Martín Menem le faltarían 35 votos para superar los 129 y, por el momento, parece una empresa difícil de alcanzar. Pero no sería la primera vez que los gobernadores aliados dejen trascender que rechazan una iniciativa de la Casa Rosada y la terminen votando.

    El caso del Senado, a los 21 que conduce Patricia Bulrich, habría que agregar 16 más.

    La cuenta apunta a la pesca de los votos del correntino Carlos «Camau» Espínola, la tucumana Beatriz Ávila, la cordobesa Alejandra Vigo, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, los dos misioneros, los dos santacruceños y los 10 radicales. 

    El gobierno deberá atender también lo que considere el trío de Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, el grupo de senadores que se fue del interbloque peronista.

    Si bien Bullrich reunió hasta 42 votos para aprobar la reforma laboral en sesiones extraordinarias, la oposición y los gobernadores ya avisaron que ese número no es automeatico y es necesario construirlo votación por votación. «No hay una mayoría automática», concluyó un senador aliado en diálogo con LPO. 

     

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  • Casación rechazó el pedido del juez Salmain para llevar su caso de coimas a Comodoro Py

     

    Dos resoluciones judiciales firmadas en Buenos Aires esta semana complican el margen de maniobra del juez federal de Rosario Gastón Salmain, que se encuentra procesado por un pedido de soborno y con prohibición de salir del país. Este viernes la Cámara Nacional de Casación rechazó el pedido de recusación que el polémico magistrado había planteado contra dos integrantes de la Cámara Federal de Rosario. Y antes otra jueza le dijo que no a su pretensión de que se radicara en Comodoro Py su acusación contra el financista que lo delató como partícipe del pedido de un retorno.

    La resolución de Casación de este viernes dio por tierra con el pedido de Salmain de recusar a las vocales de la Cámara Federal Elida Vidal y Silvina Andalaf Casiello para entender en un proceso en su contra. Los camaristas de Casación Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar señalaron escuetamente que Salmain no fundamenta por qué debería intervenir este tribunal en el caso y aducen que su pedido de apartamiento de las juezas superiores se basa en una simple disidencia con la determinación de estas.

    La vocal Angela Ledesma votó en minoría. Pero el rechazo de lo pedido de Salmain se despachó en un escrito de dos páginas por lo que la cuestión fue valorada como inadmisible sin celebrar una audiencia, ni siquiera dando al magistrado oportunidad de argumentar en una audiencia por lo infundado de su reclamo.

    Salmain había recusado ante la Cámara Federal a las dos camaristas lo que había sido rechazado por el camarista rosarino Aníbal Pineda. En particular el magistrado cuestionado había puesto en su crítica a Andalaf Casiello, a quien denunció por abuso de poder y violencia institucional contra él.

    El otro no

    El lunes Salmain había tenido otro revés frente a un pedido de que su denuncia contra el financista Fernando Whpei tramitara en los tribunales federales de Retiro. Salmain está procesado por haber autorizado a los tenedores del fideicomiso Attilla, administrado por Whpei, a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares.

    Whpei, que se encuentra en prisión domiciliaria, se convirtió en imputado colaborador de la causa y contó con detalles la intervención de Salmain, lo que le valió al juez en diciembre pasado que lo procesaran por cohecho y le trabaran embargo por 200 mil dólares.

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    Frente a eso Salmain lo denunció a Whpei de haber proporcionado información falsa en su declaración como imputado colaborado, de haber sido malicioso en el planteo de manifiestas falsedades para favorecerse procesalmente en violación al régimen de imputado colaborador». Y pidió que la causa se radicara en Comodoro Py.

    Días atrás la jueza federal María Servini de Cubría rechazó ese planteo de abrir una causa nueva en la Justicia Federal porteña y también desconoció el pedido de Salmain de ser querellante. Antes había tomado el mismo camino el fiscal Carlos Rivolo quien dictaminó que la denuncia de Salmain debía tramitar en Rosario.

    «Es muy extraña esto que intentó Salmain», dijo a LPO un abogado y docente que asiste a las audiencias ligadas a este tema. «Es un juez federal en Rosario, que debería estar domiciliado en Rosario, que denuncia a un empresario de Rosario que se presenta en una causa en Rosario en los Tribunales Federales de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver Buenos Aires con todo esto? Es imposible justificar el cambio de competencia territorial que pidió», dijo.

     «Es muy extraña esto que intentó Salmain», dijo a LPO un abogado y docente que asiste a las audiencias ligadas a este tema

    «Habré de acompañar las consideraciones del acusador público, disponiendo la remisión de la causa al órgano jurisdiccional federal rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso seguido contra el aquí denunciante Gastón Salmain, por entender que la acusación que aquí presenta no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones», sostuvo Servini.

    «Sostener lo contrario y abrir un nuevo proceso en esta sede resultaría contrario a los principios de economía procesal y de mejor administración de justicia, dada la evidente comunidad probatoria que presentan, pudiendo dar lugar incluso a inadmisibles resoluciones contradictorias», planteó.

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    «Dado que la declaración de Whpei habría tenido lugar en octubre de 2025, el plazo legal para corroborar la información aún está vigente en la causa de Rosario. Por ello, cualquier análisis sobre la falsedad o inexactitud de los dichos del imputado colaborador debe realizarse en ese expediente, no en un juzgado de la ciudad de Buenos Aires», consignó la jueza.

    El fallo señala que «tampoco modifica esta conclusión el hecho de que la declaración haya sido prestada físicamente en esta jurisdicción, pues lo fue en el marco de un proceso radicado en Rosario, siendo allí donde corresponde evaluar su veracidad y eventual falsedad».

    A fines de diciembre, Salmain fue procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. En ese expediente fue acusado por tres fiscales de favorecer al fideicomiso Attila con la salida de 10 millones de dólares billetes a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, pese a las restricciones en el mercado libre de cambios. Se le dictó la prisión preventiva que no puede efectizarse porque Salmain goza de fueros que le dan inmunidad de arresto. Junto a él también fueron procesados Whpei y el operador judicial Santiago Busaniche, señalado como el enlace en el juez y el ahora arrepentido Whpei.

    En una causa previa contra el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, Whpei declaró en un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público Fiscal que –en una causa con participación de Busaniche– Salmain autorizó a Whpei en diciembre de 2023 a comprar 10 millones de dólares al precio oficial, en tiempos en que regía el cepo, a cambio de una coima del 10 por ciento estimada en unos 200 mil dólares.

    Pero el plan se frustró porque con el cambio de gobierno la diferencia de cambio se redujo abruptamente. Whpei declaró que el juez se negó a aceptar el menor monto de dinero, según le hizo saber Busaniche. Y le advirtió que si no pactaban la cifra original el juez iba a denunciarlo penalmente. 

     

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