Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.
Desde ayer comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.
El esquema de pago continuará el lunes 27 con DNI terminado en 4; el martes 28; en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.
La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.
El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.
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El kirchnerismo en el Senado bonaerense intentará mañana aprobar en el recinto las emergencias -alimentaria y sanitaria- presentadas por Mario Ishii y que generaron un fuerte roce con Verónica Magario en la última sesión.
En las últimas horas cerró el plazo para que los bloques pidan proyectos que requieren los dos tercios de los votos porque no pasaron por las comisiones de trabajo. Fuentes del Senado sostienen que el kirchnerismo pidió incluir los dos proyectos presentados por el líder de José C. Paz en los que enumera una serie de fallas de la gestión provincial.
Sergio Berni no cuenta con los votos para aprobar los proyectos con mayoría especial. Los senadores de Kicillof no avalan la movida de Ishii y la oposición pide cambios. Por caso, los libertarios lo acompañarían, pero si se eliminan de los textos las críticas al gobierno nacional.
Otros senadores, como Marcelo Leguizamón (Hechos-UCR), vienen pidiendo que los proyectos se discutan en comisión porque en definitiva que las emergencias le dan a Kicillof la facultad de reacomodar partidas presupuestarias.
Sin embargo, la jugada de avanzar con esas iniciativas en las reuniones previas a la sesión supone que tanto Ishii como Berni buscarán hablar del tema en la sesión del jueves.
A fines de junio, tanto Ishii como Berni chocaron fuerte con Magario por estos proyectos. «El gobernador no quiso que se trate sobre tablas», acusó directamente Ishii en esa sesión, que sostuvo que, con el giro a comisión de los expedientes, «esto se dilata» cuando «es un tema que no puede esperar».
Marcelo Leguizamón.
«Yo invité al gobernador a que camine un poco por el Conurbano, dos o tres veces, para que vea cómo están desbordados los hospitales y la falta de insumos que hay. No lo ha hecho», acusó Ishii.
Ahí, intervino Magario para informarle que se habían cumplido los cinco minutos establecidos para las exposiciones por temas que no fueron acordados en Labor Parlamentaria. «Sí, pero necesitaría hablar, son temas que nos competen a todos», dijo Ishii. «Se terminó el tiempo», insistió la titular del Senado.
«Esto es más importante que todos los proyectos que se han presentado», retrucó el paceño que había empezado a elevar el tono cuando Magario le cortó el micrófono.
En las últimas horas Ishii avanzó con un proyecto para que el ministerio de Seguridad de la provincia se haga cargo de los gastos en patrulleros y combustible que hoy afrontan los intendentes.
El proyecto plantea que cuando el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad resulte insuficiente deberá ser el gobierno provincial quien se haga cargo de los gastos para paliar la inseguridad «sin que pueda imponerse a los municipios la obligación de afectar recursos propios».
El texto sostiene que la seguridad pública es una competencia propia y exclusiva de la del gobierno de la provincia. Es la misma Constitución quien atribuye al Ejecutivo la conducción de la Policía. En tanto, la ley 12.154 establece expresamente que la seguridad pública es responsabilidad exclusiva del Estado provincial.
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