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Documentos desclasificados revelan que la Secretaría de Inteligencia del Estado impulsó de manera deliberada una campaña clandestina para instalar uno de los discursos más funcionales al encubrimiento del terrorismo de Estado. Lejos de una interpretación espontánea del pasado, la llamada “teoría de los dos demonios” aparece ahora como una operación política diseñada desde las entrañas del aparato de inteligencia.

Por Alcides Blanco para NLI

La historia argentina vuelve a sacudirse con una revelación que confirma lo que durante décadas denunciaron organismos de derechos humanos: la disputa por la memoria no fue —ni es— inocente. Los archivos desclasificados de la SIDE muestran que la instalación de la teoría de los dos demonios no surgió como una lectura académica o social del pasado, sino como una estrategia deliberada de propaganda.

Según la documentación revelada, un funcionario identificado como “Subsecretario A”, perteneciente a la Dirección 8-Interior del organismo, ordenó directamente la elaboración de un material con fines políticos: un libro diseñado para difundir esa interpretación y legitimar un relato funcional al poder. La tarea no fue marginal ni improvisada: incluyó redacción, edición y distribución sistemática.

Una teoría construida desde el poder

La llamada “teoría de los dos demonios” sostiene que la violencia estatal desplegada durante la última dictadura cívico-militar es equiparable a la ejercida por organizaciones guerrilleras. Esa equiparación, sin embargo, fue históricamente rechazada por la Justicia y por los organismos de derechos humanos, que señalaron el carácter sistemático, planificado y estatal del terrorismo ejercido entre 1976 y 1983.

Lo que ahora aportan los archivos es una pieza clave: esa narrativa no solo fue discutida en el terreno político o mediático, sino que fue activamente promovida desde el aparato de inteligencia del Estado. Es decir, no fue una lectura posterior, sino parte de una política concreta de construcción del sentido.

El dato no es menor. Implica que el intento de relativizar el genocidio no fue una consecuencia espontánea del debate democrático, sino una maniobra diseñada para intervenir en la memoria colectiva y condicionar la interpretación histórica.

Memoria en disputa, ayer y hoy

La desclasificación de estos documentos se inscribe en un proceso más amplio de apertura de archivos que abarca el período 1973-1983 y que busca reconstruir el accionar del aparato estatal durante años clave. Sin embargo, también reabre un interrogante incómodo: qué se muestra y qué se oculta cuando el propio Estado decide qué parte de su pasado revelar.

El contexto actual no es ajeno a esa disputa. En los últimos meses, el gobierno nacional volvió a impulsar discursos que retoman elementos de la teoría de los dos demonios bajo la idea de una “memoria completa”, en abierta tensión con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas desde 2003.

La coincidencia entre los documentos del pasado y los discursos del presente no pasa desapercibida. Lo que ayer fue una operación clandestina hoy reaparece en formatos institucionales, mediáticos y culturales.

El sentido profundo de los archivos

Los archivos no son solo papeles: son pruebas de cómo el poder intenta moldear la historia. Que la SIDE haya intervenido activamente en la difusión de una narrativa destinada a relativizar el terrorismo de Estado revela hasta qué punto la batalla por la memoria fue —y sigue siendo— una batalla política.

En un país donde los juicios por crímenes de lesa humanidad establecieron responsabilidades concretas y donde la desaparición forzada fue reconocida como política sistemática, estos documentos aportan un elemento central: el intento deliberado de diluir esas responsabilidades no fue casual.

La historia, entonces, no solo se escribe en tribunales o en libros: también se fabrica en oficinas de inteligencia. Y cuando esos archivos salen a la luz, lo que queda expuesto no es solo el pasado, sino las continuidades incómodas del presente.

 

 

A dos años y medio de haber asumido, el gobierno de Milei ya no puede escudarse en la “herencia” ni en la “pesada estructura estatal”. Los resultados están a la vista y el contraste con las promesas de campaña es, en muchos casos, brutal. Donde se prometía libertad, hay concentración; donde se hablaba de casta, hay privilegios; donde se anunciaba prosperidad, hay caída del poder adquisitivo y deterioro social.

Por Tomás Palazzo para NLI

Durante la campaña, Milei construyó su figura sobre una serie de ejes que conectaron con el malestar social: terminar con la inflación “en poco tiempo”, dinamitar la casta política, achicar el Estado para liberar al sector privado y generar crecimiento. El discurso era simple, directo y, sobre todo, contundente. El problema no era lo que decía: era lo que implicaba.

Dos años y medio después, el balance obliga a poner cada una de esas promesas bajo la lupa. Porque si algo caracteriza a este gobierno no es la falta de rumbo, sino la coherencia entre su programa económico real y sus consecuencias sociales. Lo que se prometió y lo que se hizo no coinciden, pero lo que se hizo sí responde a un modelo claro.

Inflación: del “en semanas” al ancla recesiva

Uno de los pilares del discurso libertario fue la promesa de terminar con la inflación rápidamente. Milei llegó a hablar de plazos cortos, casi inmediatos, apoyado en la idea de un ajuste fiscal severo y una política monetaria restrictiva.

La realidad fue otra. Si bien la inflación mostró desaceleraciones en algunos períodos, lo hizo a costa de un mecanismo conocido: la licuación del salario y la recesión profunda. El consumo se desplomó, la actividad económica se contrajo y el poder adquisitivo cayó a niveles que no se veían en años.

Es decir, la inflación no se “resolvió”: se contuvo mediante el empobrecimiento generalizado.

La casta: un relato que se volvió en contra

“Vengo a terminar con la casta”, repetía Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, esa promesa se fue diluyendo frente a decisiones concretas.

Nombramientos cuestionados, alianzas con sectores tradicionales de la política, designaciones en cargos estratégicos para quienes apoyaron leyes clave del oficialismo. La famosa casta no desapareció: cambió de nombre y se reacomodó dentro del nuevo esquema de poder.

Incluso en materia salarial, varios funcionarios del gobierno quedaron envueltos en polémicas por aumentos y privilegios, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que se pregonaba hacia afuera.

Estado: del “afuera” al uso selectivo

El mantra de “achicar el Estado” fue otro de los ejes centrales. Pero lo que se observó no fue una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su rol.

Se redujeron partidas en áreas sensibles como salud, educación y ciencia, se desfinanciaron programas sociales y se avanzó en procesos de privatización o vaciamiento de empresas públicas. Pero, al mismo tiempo, el Estado siguió presente donde el modelo lo necesitaba: garantizando negocios, regulando a favor de sectores concentrados y sosteniendo estructuras clave para el funcionamiento del esquema económico.

No hubo menos Estado: hubo un Estado al servicio de otros intereses.

Libertad económica: para quiénes

La promesa de una economía libre se tradujo en desregulación, apertura y quita de controles. En teoría, esto debía generar competencia, inversión y crecimiento.

En la práctica, lo que se consolidó fue otra cosa: mayor concentración económica. Las grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos, lograron ampliar márgenes y posicionamiento, mientras las pymes enfrentaron un escenario adverso marcado por caída de ventas, aumento de costos y falta de financiamiento.

La libertad, en este contexto, no fue pareja. Fue selectiva.

El impacto social: la variable de ajuste

Quizás el punto más evidente del contraste entre promesas y gestión está en lo social. Milei aseguró que el ajuste lo pagaría la política. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.

Caída del salario real, aumento de la pobreza, deterioro de jubilaciones, recortes en programas esenciales. El ajuste tuvo destinatarios claros: los sectores medios y populares.

Lejos de un “derrame” prometido, lo que se consolidó fue una transferencia regresiva de ingresos.

Modelo, no error

A esta altura, ya no se trata de errores de gestión ni de medidas aisladas. Hay una lógica que atraviesa toda la administración Milei.

Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la actividad, que apuesta a la desregulación aun cuando profundiza desigualdades, que reduce el rol social del Estado mientras fortalece su función económica en favor de determinados actores.

Las promesas de campaña fueron una cosa. La gestión, otra. Pero ambas no son contradictorias por accidente: son parte de una misma construcción política donde el discurso fue la puerta de entrada y el programa real, la ejecución de fondo.

Dos años y medio después, la pregunta ya no es qué prometía Milei. La pregunta es quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo que efectivamente hizo.

Y ahí, los números —y la vida cotidiana— hablan por sí solos.