Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.
Desde ayer comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.
El esquema de pago continuará el lunes 27 con DNI terminado en 4; el martes 28; en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.
La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.
El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.
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El fallo reciente que ordena al municipio de Daireaux a devolver a un grupo de productores el dinero que les cobró en concepto de tasa vial motiva por estas horas a varias rurales a avanzar con demandas contra ese tributo en sus municipios.
La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.
Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.
Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de «sobretasas» aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.
Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información «completa, veraz y adecuada» sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.
El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: «Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario», dijo.
Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables
Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.
«Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar», dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.
Y agregó que el objetivo es «pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos».
El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales
En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido «ir a la instancia judicial» contra el municipio por esa tasa.
El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.
«Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables», dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.
El productor juninense analizó que empieza a haber «una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos».
«El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios», sentenció Esponda.
En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.
Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo.
«El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo», cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.
Al señalar que presta un servicio «razonable», la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural «no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito».
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