Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.
Desde ayer comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.
El esquema de pago continuará el lunes 27 con DNI terminado en 4; el martes 28; en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.
La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.
El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.
El gobierno porteño avanza con la demolición de las casas ocupadas de la ex AU3 y este año subastará cinco terrenos que estaban intrusados. En paralelo, la Ciudad tendrá listos en 2027 110 departamentos para mudar los antiguos ocupantes.
La AU3 fue una autopista planificada por la última dictadura que nunca llegó a concretarse. Buscaba una salida/entrada desde provincia por el norte de la Ciudad a través de los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita.
Para ejecutar la traza se expropiaron decenas de propiedades, pero el proyecto nunca comenzó. Por eso, los barrios se llenaron de terrenos baldíos y las casas que no habían llegado a demolerse fueron ocupadas.
En algunas zonas, como el eje Donado-Holmberg, la Ciudad avanzó con desarrollos durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la mayoría de las propiedades continuaron ocupadas.
La Ley 6769 prevé la relocalización de las familias que ocupan las viviendas que estaban en la traza de la ex AU3. Esas viviendas luego son demolidas y se subastan los terrenos para emprendimientos inmobiliarios. Pero antes de demolerlas, las familias deben ser reubicadas en otra vivienda.
Para desarrollar las soluciones habitacionales, la traza de la ex AU3 se dividió en seis sectores. El sector 4, que comprende las casas intrusadas desde Juan B Justo a Avenida de los Incas es el que está en ejecución.
Render de los futuros edificios.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Gabriel Mraida acordaron avanzar con 6 nuevos edificios para mudar a los ocupantes y adjudicaron los proyectos en diciembre de 2025. Entre enero y octubre de 2027 estarán listos.
Los edificios están ubicados en Tronador 1131, en Córdoba 6520, en Córdoba 6210, en Humboldt 1235, en Darwin 1251 y en Forest 1083.
Para 2026 están previstas subastas de terrenos en Charlone 1645 (sector 4), Brasil 3219 (sector 4), La Pampa y Donado (sector 5), Sucre 4258 (sector 5) y Donado 1761/71 (sector 5).
«Se configura un circuito integral: la construcción de nuevas viviendas permite la relocalización de familias; esa relocalización habilita la demolición de los inmuebles ocupados; y la liberación de los lotes posibilita tanto nuevas obras como subastas, que a su vez generan recursos para sostener y ampliar el programa», sostuvieron desde el Ministerio de Desarrollo.
Entre 2024 y 2025 se construyeron 45 viviendas y 3 locales que sirvieron para relocalizar a 42 familias. La mudanza de estas familias permitió la subasta de 4 parcelas por casi 5 millones de dólares.
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La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
Máximo volvió a insistir con la necesidad de que Cristina sea la candidata del peronismo en las presidenciales del año que viene. Lo hizo durante el banderazo por la libertad realizado en Parque Lezama a un año de la condena contra la ex presidenta, en el que se despachó con una crítica directa contra Axel Kicillof.
La insistencia del líder de La Cámpora no es casual y responde a una estrategia que están afinando por estas horas en el kirchnerismo, que apunta a que Cristina encabece la fórmula presidencial y de esa manera, obligar a la justicia electoral a explicitar su impugnación.
De esta manera, con Cristina sin poder presentarse, el candidato a presidente pasaría a ser el elegido como vice en la fórmula, confirmaron a LPO tres dirigentes al tanto de la movida.
La jugada tiene un doble objetivo. Por un lado, trasladarle a los jueces el costo político de impedir la candidatura de Cristina y reforzar la denuncia de proscripción. Por otro, conservar el control del armado nacional del peronismo incluso si la ex presidenta queda fuera de la carrera electoral. «Quieren vaciarle a Kicillof el armado nacional», afirmó a LPO un dirigente que conoce de primera mano las conversaciones.
Quieren vaciarle a Kicillof el armado nacional.
En el kirchnerismo creen que esta estrategia podría darle todavía más centralidad a Cristina. En principio, porque la elección del vice haría orbitar a todo el peronismo alrededor de San José 1111 porque el designado terminaría siendo el candidato. Y la presentación de la fórmula también les permitiría avanzar sobre el control de las listas nacionales.
La apuesta funciona en cualquiera de los escenarios electorales posibles. Si el gobierno logra eliminar las PASO, la fórmula llegaría directamente a la elección general, con más tiempo para armar las listas.
Si las primarias se mantienen, Cristina competiría en esa instancia y si la impugnan antes de su realización harían campaña con el vice elegido. «Van a hacer las misas ricoteras con el vice», comentó irónico un diputado del norte.
Axel Kicillof y Mariano Cascallares en un acto en Almirante Brown.
De esta manera, la ex presidenta conservaría una influencia decisiva sobre la estrategia electoral, imaginan en su entorno. Algunos creen que es parte de una estrategia para forzar a Kicillof a negociar, pero en el camporismo la bronca con el gobernador bonaerense no parece una actuación.
Kicillof volvió a quedar en el centro de las críticas del kirchnerismo en el acto de Parque Lezama y Máximo Kirchner le reclamó públicamente que no visite a Cristina.
En las semanas previas al primer aniversario de la condena a la ex presidenta, dirigentes cercanos al gobernador le sugirieron que aprovechara la fecha para visitarla. «Van a hacer actos, movilizaciones, si vas a visitarla les sacas un argumento para pegarte», le dijeron. Sin embargo, Kicillof decidió no hacerlo.
La Municipalidad de Villa Regina está organizando actividades culturales, turísticas y deportivas que se enmarcarán en ‘Vendimia Celebra 2021’. Las circunstancias actuales no permiten realizar una Fiesta de la envergadura que tuvo la celebración de la Vendimia el año pasado, por lo cual el Intendente Marcelo Orazi determinó que durante marzo se lleve a cabo…
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