Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.
Desde ayer comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.
El esquema de pago continuará el lunes 27 con DNI terminado en 4; el martes 28; en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.
La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.
El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.
El Jefe de Gabinete continúa sumando escándalos que lo acercan a una renuncia.
Por Roque Pérez para NLI
El escándalo que rodea a Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo: según reveló el periodista Fabián Waldman en Futurock, el jefe de Gabinete habría dispuesto un vehículo oficial para uso personal de su esposa, Bettina Angeletti, que incluso sería utilizado por empleadas domésticas para realizar compras. La denuncia, de extrema gravedad institucional, se inscribe en una cadena de episodios que vienen poniendo bajo la lupa el uso de recursos públicos por parte del funcionario.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la acusación aparece en un contexto donde el propio Adorni ya venía siendo cuestionado por mezclar lo público con lo privado de manera sistemática.
De los vuelos oficiales al uso personal del Estado
El antecedente más inmediato es el escándalo por el viaje a Nueva York durante la llamada “Argentina Week”, donde Angeletti participó de la comitiva oficial sin tener cargo público. El episodio generó fuertes críticas porque el propio Gobierno había establecido límites al uso de aeronaves oficiales para fines particulares.
La situación se volvió aún más delicada porque Adorni había defendido previamente restricciones para evitar privilegios de funcionarios y familiares, lo que dejó al descubierto una contradicción evidente entre discurso y práctica.
A esto se suma otro dato clave: el funcionario también fue cuestionado por viajes en vuelos privados a Punta del Este, cuyo financiamiento nunca quedó del todo claro, alimentando sospechas sobre el origen de los fondos.
En ese marco, la nueva denuncia sobre el uso de un auto oficial para tareas domésticas no hace más que profundizar la percepción de abuso de recursos del Estado.
La trama económica detrás de la familia Adorni
El nombre de Bettina Angeletti no aparece solo en estas polémicas. En los últimos días, fue denunciada judicialmente por posibles conflictos de intereses vinculados a su consultora privada, que habría tenido contratos con empresas relacionadas al Estado.
Según la presentación judicial impulsada por la diputada Marcela Pagano, existiría un entramado de relaciones comerciales que podría implicar beneficios indirectos para el entorno del funcionario, incluyendo contratos millonarios por servicios de consultoría.
En paralelo, también se pidió investigar la evolución patrimonial de la familia, ante la sospecha de que los niveles de gasto —viajes internacionales, vuelos privados y estilo de vida— no se condicen con los ingresos declarados.
Lejos de ser episodios aislados, distintos informes periodísticos coinciden en señalar un mismo patrón: uso de recursos estatales, beneficios para el entorno familiar y explicaciones poco consistentes.
El caso del viaje a Estados Unidos fue paradigmático: no solo generó críticas de la oposición, sino también cuestionamientos por posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, que prohíbe expresamente utilizar bienes del Estado para beneficio personal o de familiares.
Ahora, con la denuncia difundida en Futurock, el foco se traslada a un aspecto aún más cotidiano pero igualmente grave: la utilización directa de bienes públicos —un auto oficial— para actividades privadas y domésticas.
El relato del ajuste frente a los privilegios
Todo esto ocurre en un contexto político donde el gobierno de Javier Milei construyó su legitimidad sobre la promesa de terminar con “los privilegios de la casta”. Sin embargo, los hechos que involucran a Adorni parecen ir en sentido contrario.
Desde el avión presidencial hasta los vuelos privados, pasando ahora por el presunto uso de vehículos oficiales para compras familiares, el caso empieza a configurar algo más que una serie de polémicas: un esquema de privilegios que contradice el discurso oficial.
La revelación de Waldman no solo agrega un nuevo elemento escandaloso, sino que plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega el uso personal de los recursos del Estado por parte del jefe de Gabinete y su entorno?
Por ahora, el silencio oficial frente a esta última denuncia no hace más que aumentar las sospechas.
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La licitación de la Hidrovía se tensionó al máximo con una presentación de la empresa belga Jan de Nul ante el gobierno nacional para que se descalifique la oferta de su única competidora, la también belga Deme.
Jan de Nul, actual operadora de la vía navegable troncal, hizo una extensa presentación ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dirige Iñaki Arreseygor, en la que realiza una serie de observaciones sobre la información económico-financiera y la documentación técnica legal presentada por Deme.
En el documento, al que accedió LPO, Jan de Nul menciona entre las supuestas irregularidades de Deme la presentación de una garantía inválida -ya que no garantizaría los dólares ante la posibilidad de restricciones cambiarias- y datos falsos en los volúmenes declarados.
Jan de Nul también afirma que Deme no cumple con los requisitos económicos mínimos exigidos en la licitación, la presentación de un balance que no puede ser auditado, irregularidades en la traducción y firmas de la oferta, y también que no presentó dragas con la potencia mínima exigida.
además de la pelea por un mega negocio de 10 mil millones de dólares, la disputa entre las empresas belgas tiene un trasfondo político y está cruzada por la interna del gobierno de Javier Milei.
Jan de Nul tiene buena relación con Santiago Caputo, que en un principio estuvo a cargo del armado de la primera licitación, que terminó suspendida en medio de una violenta guerra de lobbys. Los belgas también están vinculados los hermanos Neuss, uno de los grupos ganadores del ciclo libertario, y amigos íntimos del asesor presidencial.
Santiago Caputo
Pero la novedad de las últimas semanas es que Deme encontró refugio político en la interna libertaria: LPO reveló que ejecutivos de esa compañía belga se reunieron con Martín Menem en la Cámara de Diputados.
«Con el acercamiento de Deme a los Menem, ya no se trata solo de quién presenta la mejor oferta técnica y económica para administrar uno de los nodos logísticos más importantes del país. La pulseada empresaria ahora suma un capítulo político evidente», dijo a este medio una fuente al tanto de la disputa.
Así las cosas, la disputa entre Santiago Caputo y los Menem -lo que es igual a decir con Karina Milei- por espacios de poder dentro del gobierno ahora también se juega en un negocio millonario. La palabra final la tendrá Luis Caputo, que está a cargo de la licitación.
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