Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 3, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.
Desde ayer comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.
El esquema de pago continuará el lunes 27 con DNI terminado en 4; el martes 28; en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.
La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.
El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.
Eduardo Casal habría decidido dar la pelea para conservar su sillón en la Procuración General de la Nación, pese a que lo ocupa como interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó por las presiones del gobierno de Mauricio Macri.
Ante los insistentes rumores sobre las intenciones de quedarse con ese cargo que tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al igual que el juez Ariel Lijo, el jefe de los fiscales agitaba este lunes un borrador de decreto para que los funcionarios del Ministerio Público puedan intervenir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la Ciudad, algo que empezó a producirse de facto por el fallo de la Corte en el caso Levinas, a fines de 2024.
En medio de esa pulseada, Casal asistirá este martes a la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el Congreso para presentar el proyecto de DNU que debería sacar el Poder Ejecutivo para subsanar que el tribunal de alzada de los juzgados nacionales en territorio porteño termine siendo el TSJ de Capital Federal, sin una ley orgánica que regule la situación.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que la iniciativa ya fue notificada a Mahiques, por la procuradora ante la Corte, Laura Monto. «Es un pedido para que el gobierno le habilite la competencia para presentarse ante al TSJ de CABA en todas las causas relacionadas a las Cámaras Nacionales, porque la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal no le da legitimación para intervenir ante el máximo tribunal porteño», explicaron.
El proyecto revela el malestar de los fiscales por el limbo donde quedaron tras el fallo firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, un día antes de jubilarse. El caso Levinas era el que atendía a la demanda de la familia del artista León Ferrari, que acusaba al periodista Gabriel Levinas de haber vendido 11 dibujos suyos sin permiso del hombre fallecido ni sus herederos.
Los Ferrari llevaron la demanda hasta el máximo tribunal en plena pandemia del Covid pero el 29 de diciembre de 2024 los cortesanos dispusieron que la decisión final, como tribunal de alzada ante trámites de la justicia nacional en jurisdicción porteña, correspondía al TSJ. Ese fallo fue celebrado por Mauricio Macri, que pretendía el mismo destino en la causa Correo.
Ahora, la tensión llega a los defensores del Ministerio Público. Según dos legisladores consultados por LPO, desde la Procuración «mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución».
Sebastián Galmarini.
El presidente de la Bicameral es el diputado peronista Sebastián Galmarini. En la citación formal de la Cámara Baja se detalla que, además de Casal, estarán presentes el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y su par de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.
Un camarista deslizó que Olima «es el nexo clave del organismo con otros poderes», y adelantó que abordaría «cómo articular una solución legislativa frente a las trabas operativas que dejó el fallo Levinas».
Desde la Procuración mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución.
El desembarco de los funcionarios de la Procuración parece un desafío a los planes del gobierno para designar un nuevo procurador, a raíz del entusiasmo que habría generado en Mahiques y diversos actores del Poder Judicial la holgura con la que se aprobó la prórroga del pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, como camarista de la Casación y el avance a paso firme de más de 70 pliegos desde marzo pasado.
Casal habría apelado a esta maniobra justo cuando en el Senado empiezan a circular proyectos parlamentarios para modificar la duración del procurador en su cargo. La peronista jujeña Carolina Moisés elaboró una iniciativa para establecer en 5 años el mandato del jefe de los fiscales, con posibilidad de una reelección consecutiva y el impedimento de postularse en años de elecciones presidenciales.
Ya en 2020, un grupo de senadores de la por entonces alianza Juntos por el Cambio había presentado también una propuesta para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, algo que podría reflotarse en los próximos meses. Entre los legisladores que firmaron aquel expediente se encontraban desde los radicales Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Pamela Verasay hasta los macristas Alfredo De Angeli y Humberto Schiavonni, pasando por los ex senadores Juan Carlos Romero y Guadalupe Tagliaferri.
Más allá de la puja por la Procuración, Casal remitió esta semana al Congreso el informe de gestión 2025 del Ministerio Público Fiscal, un texto de más de 700 páginas.
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Pablo Quirno esperó que la Scaloneta gane de manera histórica contra Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo para sacar un comunicado de repudio por el ingreso de un buque inglés en aguas argentinas.
La Selección sacó una bandera de reivindicación de la soberanía de las islas al finalizar el partido y expuso al Gobierno que se había alineado con la FIFAY el FBI y mandó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a repudiar la presencia de banderas reivindicativas de las Malvinas en el partido.
Además, como adelantó LPO, la Armada informó al ministro de Defensa de la presencia inglesa en aguas argentinas pero Carlos Presti decidió no decir nada al respecto.
En ese marco, el resultado del partido terminó obligando a la Cancillería a informar que se presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido por los movimientos del patrullero HMS Medway hacia la costa continental argentina.
Según el Gobierno argentino, esos desplazamientos se realizaron desde las Islas Malvinas, cuya presencia británica considera ilegal, no fueron debidamente notificados, como establecen los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes e involucraron el tránsito del buque por el Mar Territorial argentino.
El comunicado sostiene que esta acción constituye una violación de los compromisos bilaterales asumidos por ambos países como la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, sobre medidas de confianza, la Declaración de Madrid del 15 de febrero de 1990 y la actualización de esas medidas acordada en la Declaración Conjunta de Buenos Aires-Londres del 12 de julio de 1993, especialmente el apartado referido a las «Medidas de fortalecimiento de la confianza».
En otro tramo, el comunicado rechaza «con firmeza» esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, considera que forma parte de una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas y señala que esas acciones violan el deber de ambas partes de abstenerse de modificar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución.
El comunicado rechaza «con firmeza» esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, considera que forma parte de una política sostenida de actos unilaterales incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas y señala que esas acciones violan el deber de ambas partes de abstenerse de modificar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución
La Cancillería sostiene además que los movimientos del HMS Medway contravienen los acuerdos bilaterales sobre medidas de confianza militar, se suman a una serie de acciones unilaterales del Reino Unido que son incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhorta a ambas partes a no introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras continúe la controversia sobre la soberanía.
El comunicado concluye que estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos para avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la disputa.
«La República Argentina reafirma sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía» sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y cierra con la frase: «Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas», concluye.
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