La responsable del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina Fabiola Parra participó de la reunión con referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género para la implementación del programa Consolidarnos.
De esta manera el gobierno provincial inició el proceso de financiamiento que contempla ese plan para, en este caso, reforzar el área.
Durante la reunión se relevó información sobre redes regionales y líneas de trabajo en funcionamiento, articulación con distintos organismos, cupo y población trans, acceso a programas nacionales, entre otras cosas.
Recordemos que en mayo pasado, el Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras firmaron el convenio marco para la colaboración, cooperación y asistencia mutua, con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas de género.
En las últimas semanas, los intendentes del conurbano reforzaron contactos con curas y sacerdotes con quienes buscan contener la creciente demanda de comida y ayuda social en los barrios más humildes.
La Iglesia también sufre el ajuste del gobierno nacional y los recursos que llegan desde Desarrollo Social no alcanzan para comedores y espacios de contención comunitaria. Por su cercanía con los barrios, son los intendentes quienes ahora cargan con la responsabilidad de resolver esa falta de recursos.
«Estamos trabajando mucho con personas en situación de calle. Vemos un crecimiento de la demanda, en particular de personas muy jóvenes que pierden su trabajo, no pueden pagar el alquiler y terminan en la calle», explica a LPO Leonardo Silio, responsable de la parroquia San Martín de Porrés, ubicada en el sur de Moreno.
Silio arroja una cifra alarmante. Asegura que en las primeras semanas del año se duchaban en los espacios de Cáritas unas 25 personas en situación de calle por día. Hoy esa cifra asciende a 60.
Vemos un crecimiento de la demanda de personas muy jóvenes que pierden su trabajo y terminan en la calle. En enero se duchaban en los espacios de Cáritas unas 25 personas por día. Hoy esa cifra asciende a 60.
Además, afirma que las personas en situación de calle quedan atravesadas por otros factores muy complejos como los consumos de droga y alcohol y también la inseguridad.
«Los actores que tienen responsabilidad empiezan a trabajar fuerte sobre el tema y ahí es donde aparecen los intendentes. La ayuda social es un conjunto de todos», dice Silio.
El párroco dice que los envíos de alimentos se vienen manteniendo por parte de Capital Humano, pero hubo otros recursos que fueron recortándose. «La alimentación es sólo una parte de la contención. Nosotros le damos el plato de comida, pero después vuelve a la calle», explica.
Federico Otermin, recorrió el barrio El Cocho junto al obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, con quien recorrió la finalización una la obra de saneamiento hídrico. El barrio el Corcho forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares y está compuesto por ocho manzanas donde viven más de 4.500 personas.
«Nosotros creemos que la salida es en comunidad y este es un ejemplo de eso, una obra que surgió desde el obispo, desde la capilla, desde la comunidad, y que entre todos pudimos hacer», dijo Otermin.
En tanto, Gabriel Katopodis estuvo al frente de un encuentro entre intendentes con el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo.
Katopodis instó a todos a fortalecer una red para sostener a la gente en los barrios. «El Gobierno nacional está desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios», dijo el ministro de Axel Kicillof.
Estuvieron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).
En el marco de la celebración de la fiesta Provincial de la Vendimia, el Hospital desarrolló distintas actividades de prevención y promoción de Salud, en los tres días de celebración, invitados por el Municipio local. Tuvieron participación el área de Epidemiología e infecciones, Vacunación y desde la organización El Garage, se realizaron Test rápido de…
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El descontento: he allí la fuerza histórica afectiva capaz de hacer que se bifurque el curso de la cosas. Frédéric Lordon Hasta ahora no he escuchado que un gobierno decrete un día para parar un poco y animarse a ponerse en el lugar de la gente; o inclusive, se haga un paro a sí mismo…
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
No podemos ignorar que las pruebas de mérito, incluso las justas, son de una gran crueldad para los que fracasan, sobre todo porque este fracaso es necesario para el funcionamiento del mérito y la igualdad de oportunidades François Dubet Hay un darwinismo social que nos hace considerar a los más aptos como el eslabón del…
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