La responsable del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina Fabiola Parra participó de la reunión con referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género para la implementación del programa Consolidarnos.
De esta manera el gobierno provincial inició el proceso de financiamiento que contempla ese plan para, en este caso, reforzar el área.
Durante la reunión se relevó información sobre redes regionales y líneas de trabajo en funcionamiento, articulación con distintos organismos, cupo y población trans, acceso a programas nacionales, entre otras cosas.
Recordemos que en mayo pasado, el Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras firmaron el convenio marco para la colaboración, cooperación y asistencia mutua, con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas de género.
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, participó este viernes de la inauguración de la nueva sede del Banco Macro, junto al presidente de la entidad, Jorge Brito, que comenzó a coquetear con la política.
LPO anticipó en exclusiva que políticos y empresarios mencionan a Brito como una opción de «centro» para el 2027.
La sucursal, ubicada en 25 de Mayo 342, en el centro de San Isidro, incorpora la última tecnología y ofrece un moderno espacio de atención al cliente. La nueva sede generará 12 puestos de trabajo en atención al público.
Durante el acto, Lanús resaltó la transformación que ha vivido el distrito en materia de habilitaciones comerciales: «Desde que eliminamos la tasa de habilitación y digitalizamos por completo el trámite, ya son más de 600 los comercios que abrieron sus puertas en San Isidro, generando servicios y empleo para nuestra comunidad», señaló el intendente.
«Junto con la de habilitación, eliminamos unas 400 tasas, derechos y conceptos fiscales. Queremos un Estado que no moleste a comerciantes y emprendedores, y que no ponga trabas para desarrollarnos», cerró.
Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, Cristina Kirchner y Axel Kicillof salieron a fijar posición y apuntaron contra años de operaciones políticas y judiciales. Ambos coincidieron en un punto central: la recuperación de la petrolera en 2012 fue legal y estratégica para el país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La resolución judicial representa un giro clave en una causa que amenazaba con un pago superior a los 16 mil millones de dólares, una cifra que equivalía a una porción significativa del presupuesto nacional.
Cristina: “la expropiación se hizo conforme a derecho”
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue contundente al analizar el fallo. Sostuvo que la decisión de la Justicia estadounidense confirma que la expropiación de YPF se realizó dentro del marco legal argentino, desmontando así uno de los ejes del litigio impulsado por los fondos demandantes.
En su mensaje, además, destacó el trabajo del equipo jurídico que defendió al país durante años y remarcó que el proceso judicial había sido utilizado políticamente para cuestionar una medida soberana.
El planteo de Cristina no es nuevo, pero cobra otra dimensión tras el fallo: la nacionalización había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2012 y respondía a un escenario crítico en materia energética, marcado por la caída de reservas y producción bajo control de Repsol.
Kicillof: “quedan expuestos años de mentiras”
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue uno de los principales impulsores de la recuperación de YPF desde el Ministerio de Economía, afirmó que la decisión judicial deja en evidencia “años de mentiras” construidas alrededor del caso.
Kicillof insistió en que la estrategia de defensa del Estado argentino fue correcta desde el inicio y cuestionó a quienes instalaron que la expropiación había sido irregular o perjudicial. En esa línea, también apuntó contra el uso político del litigio por parte de sectores que buscaron desacreditar la política energética del kirchnerismo.
El fallo de la Cámara no sólo revoca la condena previa, sino que además reconoce que la interpretación de la ley argentina realizada en instancias anteriores era errónea, debilitando así el núcleo del reclamo de los fondos litigantes.
Una causa atravesada por intereses y fondos buitres
El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió recuperar el control de la empresa frente a un escenario de desinversión y caída productiva.
Años después, fondos como Burford Capital compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios y avanzaron en tribunales estadounidenses, logrando en 2023 una sentencia favorable que obligaba a la Argentina a pagar una suma multimillonaria.
Ese fallo fue ahora revertido, en lo que constituye uno de los reveses más importantes para los fondos especulativos en litigios contra el país.
Más que un fallo: una disputa política
Aunque el Gobierno de Milei celebró la decisión como un logro propio, lo cierto es que el fallo impacta directamente en el corazón de una política de Estado impulsada durante el kirchnerismo.
En ese marco, las declaraciones de Cristina y Kicillof no sólo buscan reivindicar la legalidad de la expropiación, sino también reinstalar el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía.
Porque detrás del expediente judicial no sólo se discutía una cifra millonaria: también estaba en juego la legitimidad de una decisión política que marcó un punto de inflexión en la historia económica reciente.
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