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Plan Consolidarnos: se avanza en su aplicación

La responsable del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina Fabiola Parra participó de la reunión con referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género para la implementación del programa Consolidarnos.

De esta manera el gobierno provincial inició el proceso de financiamiento que contempla ese plan para, en este caso, reforzar el área.

Durante la reunión se relevó información sobre redes regionales y líneas de trabajo en funcionamiento, articulación con distintos organismos, cupo y población trans, acceso a programas nacionales, entre otras cosas.

Recordemos que en mayo pasado, el Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras firmaron el convenio marco para la colaboración, cooperación y asistencia mutua, con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas de género.

(Foto archivo)

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    ESCÁNDALO: la Justicia confirmó el viaje de lujo de Adorni a Aruba con toda su familia

     

    El jefe de Gabinete vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras confirmarse que voló en primera clase a una isla paradisíaca junto a su familia. La investigación ahora apunta a una pregunta clave: quién pagó realmente esos gastos.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La situación de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo. La Justicia confirmó que el funcionario viajó en primera clase a Aruba junto a su esposa y sus hijos para pasar las fiestas de fin de año, en medio de una causa que ya venía acumulando sospechas sobre su patrimonio.

    El dato no es menor: no se trata de un simple viaje, sino de un traslado en condiciones de lujo que vuelve a poner en tensión el discurso oficial contra la “casta” y la realidad de algunos de sus principales funcionarios.

    Un viaje de lujo bajo la lupa judicial

    Según surge de la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita accedió a información de la aerolínea que confirma que Adorni viajó acompañado por su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos.

    El costo total de los pasajes en primera clase asciende a unos 5.800 dólares, una cifra significativa que ahora forma parte del expediente judicial.

    Pero ese número podría ser apenas la punta del iceberg: la Justicia también busca determinar cuánto se gastó en alojamiento y otros consumos durante la estadía en la isla caribeña, un destino asociado al turismo de alto poder adquisitivo.

    El viaje se habría extendido desde fines de diciembre de 2024 hasta los primeros días de enero de 2025, en pleno período festivo.

    La clave: el origen del dinero

    El punto más delicado no es el viaje en sí, sino cómo se financió. La causa judicial avanza justamente sobre ese eje: verificar si los gastos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.

    En ese marco, el juez de la causa ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su entorno, una medida que permite reconstruir movimientos financieros, consumos con tarjeta y posibles inconsistencias patrimoniales.

    El objetivo, según se desprende del expediente, es contrastar esos datos con las declaraciones juradas del funcionario y determinar si hubo irregularidades o enriquecimiento ilícito.

    Un escándalo que no llega solo

    El viaje a Aruba no es un hecho aislado. Se suma a una serie de episodios que ya venían generando ruido: vuelos privados, cuestionamientos por operaciones inmobiliarias y denuncias por el crecimiento de su patrimonio en poco tiempo.

    De hecho, la fiscalía también analiza otros traslados realizados por el funcionario, en un expediente que ya acumula múltiples líneas de investigación y que amenaza con escalar políticamente.

    En ese contexto, la confirmación judicial del viaje en primera clase no hace más que reforzar una imagen que choca de frente con el relato oficial de austeridad.

    Entre el discurso y la realidad

    El caso expone una contradicción difícil de disimular: mientras el gobierno sostiene un ajuste fuerte sobre amplios sectores de la sociedad, uno de sus principales funcionarios aparece vinculado a viajes de lujo cuya financiación todavía no logra explicar con claridad.

    La investigación recién empieza a mostrar sus primeros resultados concretos, pero el daño político ya está hecho. Porque más allá de lo que determine la Justicia, el dato es contundente: el relato anticasta vuelve a quedar en entredicho frente a prácticas que parecen ir exactamente en sentido contrario.

     

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    EL SILENCIO DE LOS JUSTOS

    Esta crisis desatada por el coronavirus ha dejado en evidencia varias cosas.Entre otras, que muchas personas quieren ayudar pero no encuentran elespacio, o que somos propensos a no corroborar si la información que tenemosy compartimos es cierta. Algunos de estos temas intentamos abordar conPensaRegina, pero hay algo subyacente que no podemos abordar y que másque…

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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  • Otro jeque árabe complica a Weretilneck, un testigo confesó que compró 14 mil hectáreas de frontera con una «donación» del Emir de Abu Dabi

     

    Un empresario en medio de un juicio en Río Negro afirmó que compró una estancia en El Bolsón con dos millones de dólares «donados» por un jeque árabe y desató un escándalo en el frente Juntos Somos Río Negro del gobernador Alberto Weretilneck.

    En Río Negro se sobresaltaron en febrero por la visita a Bariloche de uno de los hombres más poderosos del mundo: Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el presidente de Emiratos Árabes Unidos y Emir de Abu Dabi.

    Pese a un operativo de hermetismo de película, los medios locales pudieron consignar que el arribo del Emir se produjo en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche a borde de un Boeing 787-9 Dreamliner, la aeronave VIP utilizada por el gobierno emiratí bajo la denominación «Abu Dhabi Amiri Flight», con matrícula A6-PFG.

    Su presencia no parece casual. En un juicio local por una ocupación mapuche, el presunto propietario de una mega estancia de 14 mil hectáreas junto a la frontera, confesó que compró el campo gracias a la «donación» de dos millones de dólares del Emir Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La legislación vigente prohíbe vender a extranjeros tierras de frontera, una interdicción que también pesa sobre la mansión den Lago Escondido del inglés Joe Lewis.

    Los chats de Toviggino revelan una trama de negocios de Weretilneck con el Emir de Qatar 

    Una vez en Bariloche, el jeque se trasladó a la estancia Las Marías, ubicada en el paraje El Manso, cerca del paradisíaco Rio Manso, aproximadamente a 100 kilómetros de Bariloche. Las Marías es lindera a Lago Escondido, la estancia del magnate británico Joe Lewis, que impide el acceso al lago. 

    En un juicio local por una ocupación mapuche, el presunto propietario de una mega estancia de 14 mil hectáreas junto a la frontera, confesó que compró el campo gracias a la «donación» de dos millones de dólares del Emir Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La legislación vigente prohíbe vender a extranjeros tierras de frontera.

    La presencia del jeque adquirió otra connotación esta semana, en medio de un juicio por usurpación contra una mujer mapuche llamada Soledad Cayunao, que terminó siendo declarada inocente. Lo que no esperaban los asistentes al juicio fue una revelación que cayó como una bomba en el gobierno rionegrino.

    Hugo Alberto Barabucci, que era el denunciante de la supuesta usurpación, reveló ante la pregunta del abogado de la mujer mapuche que en 2017 compró 14.000 hectáreas en las nacientes del río Chubut con dos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. En 2017 Weretilneck atravesaba su segundo mandato como gobernador.

    Barabucci dijo que vive hace más de dos décadas en los Emiratos y que gracias a esa «donación», le compró la estancia a Marcelo Mindlin, el titular de Pampa Energía.

    La revelación se da cuando el gobernador de Río Negro es sospechado de hacer maniobras para privatizar el Cerro Catedral con otro peso pesado del Golfo, el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thanien. Los vínculos de Weretilneck con el qatarí aparecen nítidos en los audios, revelados por LPO, entre Pablo Toviggino y el arrepentido de la AFA, Juan Pablo Beacon.

    La compra de las hectáreas de Mindlin podría haber violado la ley de tierras rurales (N° 26.737), que prohíbe que extranjeros adquieran tierras en zonas de frontera, ya sea de forma directa o «por interpósita persona». Javier Milei intentó derogar la ley mediante el DNU 70/2023, redactado por Federico Sturzenegger, pero finalmente la Justicia mantuvo la vigencia de la ley mediante medidas cautelares.

    El frente de Weretilneck empezó a tener fisuras por la irrupción de los jerarcas árabes en los negocios de la provincia. Los propios integrantes de Juntos Río Negro admiten que Weretilneck violó las normas ambientales para otorgarle permisos a Barabucci, el emisario del jeque Al Nahyan, para que construyera su mansión sobre la ladera rocosa. 

    A eso se suma el camino de gran extensión que atraviesa la montaña en el trayecto entre Bariloche y El Bolsón, que obliga a los pobladores locales a tener que pedir permiso al jefe si quieren utilizarlo. En caso contrario por la falta de rutas alternativas el trayecto es mucho más largo.

     

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