La responsable del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina Fabiola Parra participó de la reunión con referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género para la implementación del programa Consolidarnos.
De esta manera el gobierno provincial inició el proceso de financiamiento que contempla ese plan para, en este caso, reforzar el área.
Durante la reunión se relevó información sobre redes regionales y líneas de trabajo en funcionamiento, articulación con distintos organismos, cupo y población trans, acceso a programas nacionales, entre otras cosas.
Recordemos que en mayo pasado, el Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras firmaron el convenio marco para la colaboración, cooperación y asistencia mutua, con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas de género.
La preocupación se potencia al entender que ambas especies se pescan a nivel comercial y se consumen habitualmente en la región. El estudio fue realizado por Shirley Mendoza, la primer bióloga marina recibida en la Universidad Nacional del Comahue con sede en la costa Atlántica. Un estudio realizado por la bióloga marina sanantoniense Shirley Mendoza descubrió…
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a participar de las actividades que se realizarán en adhesión a ‘Vendimia Celebra 2021’ que surgen del sector privado con el objetivo de acompañar el impulso turístico-productivo que refleja la actividad vitivinícola. En este marco, ‘Explora tu mundo’ a cargo de Yanina Plos EVT…
El próximo viernes 25 se llevará a cabo la capacitación sobre la Ley Micaela al primer grupo del personal de la Municipalidad de Villa Regina. La misma será dictada por la Universidad Nacional del Comahue a partir del convenio que en marzo firmó el Área Mujer y Diversidad del Municipio y la Universidad. La misma…
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La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a los vecinos y visitantes a disfrutar de las propuestas para esta semana: – Jueves 14: “Coloreando Mi Ciudad” de 17,30 a 19,30 horas, una nueva edición para que niños y niñas disfruten de un recorrido por los atractivos naturales, culturales, históricos de la…
Mientras el cambio de titularidad todavía no fue aprobado en forma definitiva, el Ministerio de Economía autorizó un régimen excepcional para que los compradores privados de las principales represas del país ya operen, despachen energía y cobren en el Mercado Eléctrico Mayorista. Una decisión que consolida la privatización por la vía de los hechos.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno volvió a dejar en claro cuál es su prioridad: garantizar el negocio privado, aun cuando eso implique forzar los marcos regulatorios vigentes. A través de la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, se habilitó a los nuevos compradores de las represas del Comahue a operar, facturar y cobrar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) desde la toma de posesión, aunque el cambio de titularidad todavía no esté formalmente aprobado.
La medida alcanza a los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, activos estratégicos para el sistema eléctrico nacional, cuyo control vuelve a quedar en manos privadas mediante un proceso acelerado y con mínimos resguardos regulatorios.
Un régimen “excepcional” hecho a medida del negocio
La resolución crea un régimen definido como excepcional, transitorio e instrumental, que en los hechos funciona como un atajo administrativo. Bajo el argumento de evitar “interrupciones operativas”, el Gobierno permite que las empresas adjudicatarias actúen como agentes plenos del MEM, con acceso al despacho, a la liquidación de energía y al cobro de ingresos, sin haber completado todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.
El propio texto oficial reconoce que no se trata de una aprobación definitiva del cambio de titularidad, pero aun así ordena que el sistema funcione como si esa aprobación ya existiera. Primero se garantiza la caja; después, si queda tiempo, se terminan los papeles.
Los beneficiarios de la habilitación exprés
Las empresas favorecidas por la medida son:
Edison Inversiones S.A.U., adjudicataria de Alicurá y Cerros Colorados
BML Inversora S.A.U., adjudicataria de El Chocón
Central Puerto S.A., adjudicataria de Piedra del Águila
Desde la fecha de toma de posesión, estas compañías pasan a operar comercialmente centrales estratégicas, aun cuando el cambio de titularidad siga siendo, en términos legales, un trámite inconcluso.
CAMMESA, alineada para garantizar la continuidad del negocio
La resolución instruye de manera explícita a CAMMESA para que realice todas las adecuaciones necesarias en materia de registros, representación comercial, despacho, garantías y liquidación de transacciones. En la práctica, se le ordena adaptar el sistema eléctrico a la privatización, en lugar de exigir que la privatización se ajuste plenamente a las reglas del sistema.
De este modo, CAMMESA vuelve a quedar reducida a un rol administrativo, destinada a sostener la operatoria privada incluso cuando los procesos regulatorios no están completos.
Privatizar primero, legalizar después
Este tipo de decisiones genera hechos consumados. Una vez que las empresas ya operan, cobran y administran centrales estratégicas, cualquier intento posterior de revisión implica conflictos operativos, reclamos judiciales y eventuales litigios internacionales. Es una estrategia conocida: cuando se quiera discutir la legalidad o la conveniencia de la privatización, ya será tarde.
Las represas del Comahue no son simples activos comerciales. Cumplen un rol clave en la generación eléctrica, la regulación de caudales, el desarrollo regional y la planificación energética de largo plazo. Sin embargo, el Gobierno decidió tratarlas como un negocio financiero más, priorizando la señal al mercado y la urgencia fiscal por sobre el interés público.
Un modelo energético sin Estado
La Resolución 7/2026 expone con claridad el rumbo del modelo energético que impulsa Milei y el Ministerio de Economía: menos control, más excepciones y máxima seguridad jurídica para los compradores privados, mientras el Estado se corre de su función de regulación y planificación.
La privatización ya no se discute en el Congreso ni se debate públicamente. Se ejecuta por resoluciones administrativas, bajo la lógica del hecho consumado. Primero se entrega, después se explica. Y, si hace falta, después se regulariza.
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