La responsable del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina Fabiola Parra participó de la reunión con referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género para la implementación del programa Consolidarnos.
De esta manera el gobierno provincial inició el proceso de financiamiento que contempla ese plan para, en este caso, reforzar el área.
Durante la reunión se relevó información sobre redes regionales y líneas de trabajo en funcionamiento, articulación con distintos organismos, cupo y población trans, acceso a programas nacionales, entre otras cosas.
Recordemos que en mayo pasado, el Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras firmaron el convenio marco para la colaboración, cooperación y asistencia mutua, con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas de género.
Compartimos el documento del Consejo Local de las Mujeres Villa Regina redactado para el paro internacional feminista #8M. Como Consejo Local de las Mujeres ¡¡¡queremos celebrar que hemos recuperado las calles!!!! Tras dos años muy difíciles de pandemia hemos sido muchas haciendo paro en nuestros trabajos, en nuestras casas y de las maneras que podemos…
13 personas recibieron el viernes los certificados tras haber culminado las capacitaciones brindadas por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina. En esta oportunidad, se trató del curso de auxiliar administrativo contable y se entregó doble certificación a 9 de ellos por haber realizado el curso de Inglés I y atención al…
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que las charlas correspondientes al ‘Curso de educación vial’ se realizarán este jueves 18 y viernes 19 en barrio Villa Alberdi. Las mismas están destinadas a quienes necesiten tramitar la primer licencia o bien renovar la licencia de conducir. Los cupos…
El piloto rionegrino Facundo Aldrighetti participará del TC 2000 a partir de la próxima fecha, con un Peugeot 408 del equipo Fineschi Racing. En busca de mayor y más regularidad de competencia el piloto reginense Facu Aldrighetti arregló con el equipo Fineschi Racing para correr a partir de la próxima fecha a disputarse en La…
Patricia Bullrich empezó a hacer más explícita sus diferencias con los casos de corrupción que rodean al círculo de Javier Milei y se metió de lleno en su proyecto para representar al establishment que comparten la misma incomodidad.
El quiebre interno entre el grupo de Karina con Bullrich se aceleró en las últimas semanas y terminó de desbordar con el escándalo de Manuel Adorni. En el entorno de la ministra admiten que el caso impactó de lleno sobre la relación con Karina Milei y «la banda» que rodea a la secretaria general.
«Patricia pensó que después de lo de Adorni no le iban a pegar más, pero siguieron», dijeron a LPO en el círculo íntimo de la ministra. Bullrich arrastra desde hace meses un creciente malestar con el armado de Karina Milei y los Menem.
A la hermana presidencial no le importó sacarla del Ministerio de Seguridad para mandarla a la Cámara de Senadores con el objetivo de licuarle su volumen político. Bullrich no quería ser candidata, pero sin darse cuenta, Karina la corrió del lugar incómodo de ministra donde la podían echar por decreto. Ahora, en la Cámara Alta, tiene libertad de juego.
En el bullrichismo sostienen que con Patricia se empieza a consolidar el espacio político que representa a los votantes del PRO y a los sectores empresarios que respaldan el ajuste económico de Milei, pero se molestan con los escándalos de corrupción y el funcionamiento del círculo presidencial.
«Orden fiscal, baja de inflación, reformas y seguridad, pero sin corrupción y respetando principios republicanos», resumen cerca de Bullrich.
La ministra cree que el caso Adorni dañó especialmente al karinismo y expuso un problema político más profundo alrededor de la administración libertaria. Por eso empezó a mostrarse como una alternativa de continuidad económica, pero con mayor institucionalidad y volumen político.
La ministra cree que el caso Adorni dañó especialmente al karinismo y expuso un problema político más profundo alrededor de la administración libertaria. Por eso empezó a mostrarse como una alternativa de continuidad económica, pero con mayor institucionalidad y volumen político
En definitiva, Bullrich sale a disputar el lugar de representación electoral que pretende Mauricio Macri que, como contó LPO, empezó a trabajar nuevamente en una candidatura presidencial propia y decidió endurecer su enfrentamiento con Milei.
El ex presidente incluso impulsó el duro comunicado del PRO contra el oficialismo y ordenó al bloque votar la remoción de Adorni, una decisión que cayó pésimo en la Casa Rosada, como adelantó en exclusiva La Política Online.
El tema preocupó tanto a Macri que lo mandó a Fernando de Andreis a pegarle a Bullrich: «Me parece que lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido a otro», chicaneó el armador de Mauricio.
En el entorno de Bullrich interpretaron el ataque como una señal de que Macri detectó que la ministra empezó a disputarle el mismo electorado y el mismo vínculo con el establishment. La senadora mira las encuestas que la ubican con mejor imagen que Javier Milei y triplica a Mauricio Macri.
La ex ministra mantiene diálogo con importantes empresarios y sectores de poder económico como Paolo Rocca, Héctor Magnetto y otros hombres fuertes del establishment que empiezan a pensar escenarios alternativos para 2027.
Por eso cerca de Bullrich repiten que la ministra quiere transformarse en «el plan A del establishment y el plan B de Milei». Si el desgaste del gobierno crece y Milei llega debilitado a la elección que ponga en riesgo la reelección, la senadora cree que puede negociar para quedar como la candidata presidencial del espacio libertario ampliado.
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
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