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Plan Consolidarnos: se avanza en su aplicación

La responsable del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina Fabiola Parra participó de la reunión con referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género para la implementación del programa Consolidarnos.

De esta manera el gobierno provincial inició el proceso de financiamiento que contempla ese plan para, en este caso, reforzar el área.

Durante la reunión se relevó información sobre redes regionales y líneas de trabajo en funcionamiento, articulación con distintos organismos, cupo y población trans, acceso a programas nacionales, entre otras cosas.

Recordemos que en mayo pasado, el Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras firmaron el convenio marco para la colaboración, cooperación y asistencia mutua, con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas de género.

(Foto archivo)

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    Javier Milei le dio un reportaje al medio británico The Telegraph en la previa de lo que el gobierno espera que sea una visita de estado a Reino Unido para el mes de abril. 

    En la entrevista, el líder libertario afirmó que está negociando con los británicos para levantar la restricción de armas que tiene el país por el conflicto por las Islas Malvinas y dejó declaraciones que generaron ruido respecto del reclamo de soberanía. 

    El artículo sostiene que Milei ató esta negociación va de la mano con la posición argentina sobre las Islas Malvinas y allí, el jefe de estado dijo  que el territorio debería «ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen».

    Esta declaración contradice la postura histórica de Argentina que no considera el deseo de los kelpers como un argumento legítimo dado que se trata de una población implantada luego de una ocupación. 

    Mencionan a De Loredo y Scioli como posibles embajadores de Milei en México 

    Luego de decir eso, Milei retrocedió y planteó que «nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas. No es negociable». A su vez, consideró que tener «relaciones pobres» entre ambos países por la causa Malvinas «genera el riesgo de disminuir las transacciones culturales y económicas».

    El territorio debería «ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen

    Un ex funcionario de la Cancillería dijo a LPO que «nosotros siempre hemos sostenido históricamente que no se pueden normalizar las relaciones bilaterales con el Reino Unido mientras siga la ocupación de las Islas Malvinas, y mucho menos avanzar en cooperación en materia de defensa. Es muy grave porque encima es aceptar a Reino Unido como proveedor de seguridad». 

    Keir Starmer.

    «Es de locos lo que dice: por un lado que la soberanía no es negociable, por otro vuelve a poner la «solución » en los deseos de los isleños. Lo otro que afirma sobre conversaciones por el levantamiento al veto británico a la compra de armas ya fue desmentido por el Foreign Office», reprochó otro ex funcionario.

    Nosotros siempre hemos sostenido históricamente que no se pueden normalizar las relaciones bilaterales con el Reino Unido mientras siga la ocupación de las Islas Malvinas, y mucho menos avanzar en cooperación en materia de defensa. Es muy grave porque encima es aceptar a Reino Unido como proveedor de seguridad

    Para el gobierno de Milei, el tema Malvinas ha causado dolores de cabeza y son varias las voces en la diplomacia que consideran que el gobierno lleva a cabo un proceso de desmalvinización destinado a aumentar la cooperación económico en detrimento del reclamo.  

    Como adelantó LPO, los mismos veteranos de guerra han acusado al gobiernos y sus funcionarios de «traidores a la patria» por abandonar el reclamo. 

    Pablo Quirno también olvidó poner en el mapa del diseño del logo de las Cancillería a las islas, en un descuido que generó mucho malestar. 

    Por otro lado, la reunión con el premier laborista Keir Starmer todavía no está confirmada y en el artículo remarcan que la cercanía de Milei con el líder de ultraderecha Nigel Farage puede complicar el encuentro. 

     

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    Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial

    El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

    Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».

    Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

    Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.

    Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.

    Martín Menem, en recinto.

    Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.

    La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.

    Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.

    Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».

     

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