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Plan Consolidarnos: se avanza en su aplicación

La responsable del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina Fabiola Parra participó de la reunión con referentes de la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género para la implementación del programa Consolidarnos.

De esta manera el gobierno provincial inició el proceso de financiamiento que contempla ese plan para, en este caso, reforzar el área.

Durante la reunión se relevó información sobre redes regionales y líneas de trabajo en funcionamiento, articulación con distintos organismos, cupo y población trans, acceso a programas nacionales, entre otras cosas.

Recordemos que en mayo pasado, el Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras firmaron el convenio marco para la colaboración, cooperación y asistencia mutua, con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas de género.

(Foto archivo)

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    El diputado salió al cruce de del Jefe de Gobierno con un artículo contundente en el que no sólo rechazó las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, sino que puso en discusión algo más profundo: el uso deliberado de la calumnia como herramienta política, la liviandad institucional con la que se lanzan imputaciones públicas y la persistente estigmatización de las organizaciones sociales.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Una acusación lanzada al aire

    El punto de partida del conflicto fue una serie de declaraciones de Jorge Macri en las que vinculó a Grabois con supuestas irregularidades en comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sin denuncia judicial previa, sin expediente identificado y sin notificación formal a las organizaciones involucradas, el jefe de Gobierno optó por el camino más corto: la acusación mediática.

    Ese dato no es menor. En su artículo publicado en Infobae, Grabois remarca que ninguna de las estructuras mencionadas depende de él ni de las organizaciones que integra, y que jamás fue informado oficialmente de las supuestas irregularidades. La pregunta que queda flotando es evidente: si existían pruebas, ¿por qué no se presentaron ante la Justicia antes de amplificarlas en los medios?

    El límite entre la gestión y la difamación

    Uno de los ejes más sólidos del planteo de Grabois es la distinción entre crítica política y atribución concreta de delitos. No se trata —plantea— de un debate ideológico ni de diferencias sobre el rol del Estado, sino de imputar hechos penalmente reprochables sin respaldo probatorio.

    Desde ese lugar, el dirigente social señala que acusar públicamente a una persona de corrupción o fraude sin pruebas no es una opinión, sino una conducta tipificada por la ley. Y pone el foco en una práctica cada vez más extendida: funcionarios que reemplazan la denuncia judicial por el golpe mediático, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho aunque luego no puedan sostener lo dicho.

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    En ese marco, la ofensiva discursiva del Gobierno porteño aparece menos como una auditoría genuina y más como una estrategia de construcción de enemigos internos, donde los comedores y movimientos sociales vuelven a ser presentados como sospechosos por default, mientras se evita discutir el impacto real de los recortes y la subejecución presupuestaria.

    Una respuesta que incomoda

    Grabois no sólo negó las acusaciones, sino que las devolvió con una advertencia política y jurídica: si se demuestra la falsedad de lo dicho, avanzará en acciones legales y destinará cualquier resarcimiento a fortalecer espacios comunitarios. El gesto no es casual: busca contrastar dos formas de hacer política, una basada en el señalamiento fácil y otra en la rendición de cuentas.

    En el fondo, el episodio deja una postal incómoda para Jorge Macri. Un jefe de Gobierno que acusa sin pruebas queda expuesto no sólo a un conflicto judicial, sino a una pregunta más difícil de esquivar: ¿qué tan responsable puede ser un funcionario que confunde gestión con difamación y comunicación política con imputación penal?

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  • Guerra abierta en el peronismo tucumano: Jaldo le intervino la Caja a Cisneros

     

    Osvaldo Jaldo le sacó el control de la Caja Popular de Ahorros al diputado Carlos Cisneros tras acusarlo de filtrar imágenes de sus vacaciones en las playas de Aruba y abrió un conflicto en el peronismo tucumano de alcance impredecible.

    La Caja Popular es un cuasi banco que no tiene el control del Banco Central. 

    En el imaginario popular de los tucumanos, la Caja es del sindicato La Bancaria que en la provincia lidera Cisneros. Es una mega estructura que entrega créditos a empleados públicos, hace operaciones financieras y hasta tiene el manejo del juego provincial en sociedad con el empresario Roberto Sagra. 

    Es una gigantesca fuente de poder que controla Cisneros, que suele ser un aliado ineludible de los gobernadores peronistas, hasta que alguna disputa de poder los hace chocar. Una situación muy similar a la actual ocurrió una década atrás entre Cisneros y el entonces gobernador José Alperovich, que le intervino la Caja y generó una amarga pelea que sigue hasta estos días. No así con Juan Manzur, que logró convivir en paz con el diputado. 

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    Como sea, luego de meses de tensión subterránea entre Cisneros y el actual gobernador, el episodio de Aruba terminó de descarrilar la relación. Este miércoles, a su regreso de las vacaciones, Jaldo dio una conferencia de prensa con un nivel de tensión política explícita, poco habitual en la política tucumana, donde son especialistas en golpearse por detrás. 

    Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político.

    «Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Quiero agradecer a los medios locales que han respetado la vacaciones que me tomé con mi familia. No así algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados, por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político», afirmó Jaldo.

    Si bien no mencionó a Cisneros en su conferencia de prensa, horas después quedó clarísimo a quien apuntaba cuando decidió intervenir la Caja, una decisión de altísimo voltaje político en Tucumán. 

    Jaldo nombró como interventor a Guillermo Norry, un dirigente que se desempeñaba como interventor del municipio de Alberdi, y desplazó al actual interventor de la Caja, José Díaz, que responde a Cisneros. El gobernador desde que asumió buscó una alianza con los intendentes -peronistas y radicales-, como parte de un entramado territorial que sigue pesando en la política tucumana.

    Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, aunque el año que pasó acumuló conflictos con pesos pesado de la política provincial. Entró en guerra con Miguel Chaiben Terraz, presidente del Tribunal de Cuentas cuando este empezó a habilitar auditorias picantes sobre la ayuda social que distribuye la Caja Popular. Pero también chocó con Edmundo ´Pirincho´ Jiménez, octagenario jefe de los fiscales de la provincia, que avanzó contra algunos medios y disparado el conflicto avisó: «yo ya no tengo nada que perder».

    Desde es momento, la gran pregunta que recorría la política tucumana era si Jaldo se animaría a dar el paso de tocarle la Caja Popular a Cisneros.

    Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, pero el año que pasó acumuló conflictos con dos pesos pesado de la política provincial: el presidente del Tribunal de Cuentas,Miguel Chaiben Terraz y el jefe de los fiscales, Edmundo ´Pirincho´ Jiménez.

    En 2024, tras sellar un acuerdo con el ex intendente de la capital, Germán Alfaro, el gobernador había amenazado con nombrarlo interventor de la Caja Popular. Pero quedó en la nada. El golpe a Cisneros se hizo esperar casi dos años en medio de tironeos y de mensajes cruzados, en la promiscua política tucumana. 

    Ahora, en la provincia esperan una guerra de guerrillas entre el gobernador y Cisneros que puede salpicar a otros dirigentes de peso, con el telón de fondo de las elecciones del 2027, donde todos los cargos ejecutivos se pondrán en juego. 

    En cuanto a la situación de la Caja, fuentes al tanto de la decisión, anticiparon a LPO que podría haber novedades desde el lado del Tribunal de Cuentas. 

    «Norry es un bonachón que va a hacer lo que pida Jaldo», afirmó a LPO un dirigente del peronismo tucumano, al analizar los márgenes de autonomía del flamante interventor.

     

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