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Personas de entre 50 y 59 años sin factores de riesgo podrán inscribirse para vacunarse

Desde mañana (miércoles 2) se podrán inscribir en el sistema de vacunación todas las personas de entre 50 y 59 años de edad que no presenten factores de riesgo y deseen recibir una dosis contra el COVID-19. Así lo confirmó la Gobernadora, Arabela Carreras.

El jueves 3 llegarán a la provincia 33.600 dosis de Astrazeneca, de las cuales 27.000 se destinarán el este sector. Los interesados podrán inscribirse en http://vacunate.rionegro.gov.ar.

Quienes se inscriban y manifiesten su voluntad de vacunarse, recibirán un llamado telefónico donde se informarán los detalles del turno designado para recibir la dosis. La vacunación comenzará el próximo lunes 7.

“Es importante que podamos avanzar en la vacunación a este sector de la población, teniendo en cuenta que ya vacunamos al 60% de las personas con factores de riesgo”, explicó Carreras.

Martes, 01 de junio 2021 (9am)

Total de dosis aplicadas

226.397 (94,5% del total recibido)

Dosis por grupos priorizados (incluye 1° y 2° dosis)

  • Personal de Salud: 31.746
  • Personal estratégico: 42.758
  • Personas mayores de 60 años: 125.969
  • Personas de entre 18 y 59 con factores de riesgo: 25.924

 Fuentes: SISA–NOMIVAC–Ministerio de Salud de Río Negro

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    Milei y el caso $LIBRA: una causa paralizada que suma otro escándalo judicial y alimenta el riesgo de impunidad

     

    A casi un año y medio del estallido del caso $LIBRA, la investigación judicial atraviesa uno de sus momentos más críticos. Sin testigos citados, sin indagatorias, con la fiscalía admitiendo que carece de recursos técnicos y ahora con los querellantes apartados del expediente, la causa que salpica a Milei parece ingresar en un preocupante callejón sin salida.

    Por Roque Pérez para NLI

    Lo que comenzó como una investigación sobre la presunta estafa vinculada al lanzamiento y derrumbe del memecoin $LIBRA, promocionado por Milei, hoy exhibe un escenario que preocupa incluso a especialistas en derecho penal económico. Después de casi dieciocho meses de trámite, el expediente pasó por varios magistrados y fiscales, pero todavía no hubo declaraciones testimoniales relevantes, ni llamados a indagatoria para los principales involucrados, mientras continúan acumulándose cuestionamientos sobre el ritmo de la investigación.

    Una resolución que cambió el escenario

    La situación se agravó con la reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió excluir de la causa a todos los querellantes particulares al considerar que no acreditaron suficientemente haber sido damnificados por el colapso de $LIBRA.

    La resolución generó fuertes críticas porque, según distintos especialistas, el magistrado habría avanzado sobre cuestiones de fondo que todavía deberían investigarse, al sostener que las pérdidas sufridas por los inversores podrían responder simplemente a la volatilidad propia del mercado de los llamados «memecoins» y no necesariamente a una maniobra fraudulenta.

    Esa interpretación también llamó la atención porque el propio expediente reconoce que todavía no pudo reconstruirse completamente el recorrido del dinero ni identificarse a todos los titulares de las billeteras virtuales involucradas, una tarea indispensable para determinar si existió o no una operatoria fraudulenta.

    Sin recursos, sin avances y con advertencias de impunidad

    Otro dato que agrava el panorama es el reconocimiento formulado por el propio Ministerio Público Fiscal respecto de las dificultades para investigar operaciones complejas con criptomonedas.

    Según consta en el expediente, la fiscalía admitió que no dispone del presupuesto, del software especializado ni de las licencias tecnológicas necesarias para reconstruir adecuadamente las transacciones realizadas mediante blockchain, una limitación que viene demorando medidas consideradas centrales para esclarecer los hechos.

    Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que participa como amicus curiae, advirtieron que la combinación entre la exclusión de los querellantes y la demora en impulsar medidas clave incrementa seriamente el riesgo de impunidad.

    Su director ejecutivo, Pedro Biscay, sostuvo que las demoras en ordenar indagatorias y avanzar sobre las máximas responsabilidades debilitan el proceso penal y comprometió que la organización continuará impulsando medidas para intentar esclarecer completamente lo ocurrido.

    Una causa cada vez más cuestionada

    La decisión de apartar a quienes se presentan como presuntas víctimas tampoco parece alinearse plenamente con criterios adoptados anteriormente por la Cámara Federal, que había permitido su participación mientras avanzaban diversas pericias técnicas sobre blockchain y trazabilidad de fondos.

    Ahora, esos damnificados anticiparon que apelarán la resolución, mientras crecen las dudas sobre el futuro de una investigación que continúa sin definir responsabilidades pese a la enorme repercusión política e institucional que tuvo el caso desde febrero de 2025.

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