Desde mañana (miércoles 2) se podrán inscribir en el sistema de vacunación todas las personas de entre 50 y 59 años de edad que no presenten factores de riesgo y deseen recibir una dosis contra el COVID-19. Así lo confirmó la Gobernadora, Arabela Carreras.
El jueves 3 llegarán a la provincia 33.600 dosis de Astrazeneca, de las cuales 27.000 se destinarán el este sector. Los interesados podrán inscribirse enhttp://vacunate.rionegro.gov.ar.
Quienes se inscriban y manifiesten su voluntad de vacunarse, recibirán un llamado telefónico donde se informarán los detalles del turno designado para recibir la dosis. La vacunación comenzará el próximo lunes 7.
“Es importante que podamos avanzar en la vacunación a este sector de la población, teniendo en cuenta que ya vacunamos al 60% de las personas con factores de riesgo”, explicó Carreras.
Martes, 01 de junio 2021 (9am)
Total de dosis aplicadas
226.397 (94,5% del total recibido)
Dosis por grupos priorizados (incluye 1° y 2° dosis)
Personal de Salud: 31.746
Personal estratégico: 42.758
Personas mayores de 60 años: 125.969
Personas de entre 18 y 59 con factores de riesgo: 25.924
Fuentes: SISA–NOMIVAC–Ministerio de Salud de Río Negro
Con 80 años en el mercado argentino, la empresa santafesina Marengo lanzó los caramelos No hay plata como un homenaje a Milei a principios de 2025. Un año más tarde sus dueños debieron deshacerse de la compañía por la crisis de consumo.
Los No hay plata son caramelos ácidos duros frutales que se comercializaban en bolsas de 400 gramos. Se venden entre 3300 y 3800 pesos, pero no lograron escapar a la crisis que llevó al cierre de 22 mil Pymes desde el inicio de la gestión de Milei.
Marengo es una empresa de Rafaela que fue fundada en 1942 y vendía caramelos y chupetines como Chupaletas, Patitas y Pinta lengua.
Durante el gobierno de Macri, Marengo fue una de las 28 empresas argentinas presentes en el G20 de 2018.
Según publicó Infogremiales, meses después del guiño a Milei, la empresa entró en crisis y a mediados de 2025 suspendió a toda su dotación sin goce de sueldo.
Volvieron a producir, pero comenzaron con atrasos salariales: recién tras la venta de la empresa los trabajadores cobrarán los sueldos de enero.
El modelo social, como se ha conceptualizado en la literatura, no es solo una estructura económica, sino una arquitectura institucional históricamente consolidada que gestiona las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad. Refleja cómo se coordina el mercado laboral con los sistemas de protección social a los cuales Argentina ha llegado por varias vías institucionales, a veces con mayor éxito y otras con mayores desgracias.
Este pacto institucional parece estar cambiando de forma estructural.
Estudios recientes de nuestro equipo en el Instituto Gino Germani muestran dinámicas preocupantes en el mercado laboral, caracterizadas —de manera deliberada o no— por lo que podría definirse como un (no) modelo. Más allá del cierre de fábricas y la aceleración de quiebras, cuyo caso más emblemático es Fate, los datos oficiales —técnicamente cuestionables y objeto de una profunda deslegitimación académica— muestran una tendencia regresiva: el empleo formal cayó a su mínimo histórico (45%), con 407 mil puestos destruidos y apenas 226 mil precarios creados. El 72% de los ocupados gana menos que la canasta básica y uno de cada cinco trabajadores con jornada completa es pobre, lo que genera casi como humorada la desaceleración del divorcio y padres y madres que pasan un mayor tiempo en casa. El pluriempleo afecta al 12%, mientras la industria y la construcción se contraen frente a servicios precarios. La pobreza bajó al 31,8% por ingresos informales frágiles, no por empleo de calidad: dos tercios de la fuerza laboral padece precariedad o desocupación.
Vivimos un momento particular.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei cambia las reglas de juego entre empleados y empresas, entre el trabajo y el capital; y el árbitro —el Estado— comienza a ser profundamente parcial.
Un punto crítico del proyecto es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, donde se reemplaza el esquema tradicional por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización individual, similares a los vigentes en la construcción. La propuesta legislativa contempla ampliar el período de prueba más allá de los tres meses, estableciendo una duración variable que podría extenderse hasta seis u ocho en función del tamaño de la empresa.
Para los contratos antiguos, la nueva ley marca un quiebre: si un trabajador con muchos años de servicio es despedido tras su promulgación, el cálculo de su liquidación se regirá íntegramente por las nuevas reglas, sin considerar su antigüedad previa. Además, la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas.
La reconfiguración global de las economías, marcada por el desarrollo tecnológico, la modernización de los procesos productivos y el crecimiento exponencial del sector de servicios, ha actuado como un poderoso motor de cambio social. En nuestra particular economía, un grueso de la misma está despojada de la protección, la tecnología, la mayor productividad y de un potencial bienestar. Más allá de las métricas puramente económicas, estos fenómenos han contribuido decisivamente a la erosión de las solidaridades colectivas tradicionales y al ascenso de un individualismo contemporáneo que redefine las expectativas de los ciudadanos frente al mercado, el Estado y la comunidad.
El núcleo de esta transformación reside en una mutación profunda de la estructura laboral y social. La modernización ha propiciado la emergencia de nuevas clases medias de servicios, cuyo espacio de trabajo difiere radicalmente del de la fábrica fordista. Estos profesionales ya no se agrupan en grandes plantas industriales; sino que trabajan en pequeñas oficinas, microempresas o de forma autónoma, en entornos donde la interacción social es débil y fragmentaria. Este proceso de socialización frágil y atomizado fomenta estrategias de desarrollo estrictamente personales e individuales. La antigua lealtad a una gran compañía, que ofrecía una carrera vitalicia y un sentido de pertenencia colectiva se desvanece frente a la lógica del proyecto personal, la empleabilidad y la marca individual.
Paralelamente, la atomización del tejido industrial —con la externalización de servicios, la deslocalización y el auge de las plataformas digitales— ha quebrado los comportamientos colectivos que antes surgían de la experiencia compartida en el espacio de trabajo. Este fenómeno es, en gran medida, un efecto directo de la segmentación de los mercados laborales, que divide a los trabajadores entre un núcleo estable y cualificado y, por otro lado, una periferia precaria y desprotegida.
La consecuencia más visible de este proceso es el declive histórico de las tasas de afiliación sindical. Los sindicatos, diseñados para representar a masas de trabajadores homogéneos en industrias concentradas, encuentran enormes dificultades para organizar a una fuerza laboral dispersa, diversa y a menudo individualista en sus aspiraciones. Y no fueron solamente los baluartes de las conquistas sociales de los más débiles, sino que, incluso fuera de Argentina, pudieron conseguir, en sus procesos de demanda, mejores resultados distributivos.
En lugar del antiguo “obrero-masa”, colectivo y con identidad de clase, hoy emerge una figura laboral más aislada. Este vacío no ha quedado desierto, sino que ha sido ocupado por formas de microcorporativismo. El individuo negocia de forma aislada sus condiciones con su empleador o, en el mejor de los casos, busca soluciones privadas a riesgos que antes eran colectivos (seguros de salud, planes de pensiones privados, horas extras, vacaciones). Este proceso de transformación, incubado desde la década de 1980, encontró en el pensamiento neoliberal su principal soporte ideológico. Su prédica a favor de la flexibilidad, la desregulación y la responsabilidad individual ha proporcionado el marco intelectual que justifica y acelera estas dinámicas.
El individualismo de mercado es pragmático y radical. Concibe al individuo como un agente autónomo que compite en una esfera mercantil con reglas mínimas. Su referencia jurídica, como plantea el investigador Antonio Martín Artiles, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el “common law”, flexible y basado en la jurisprudencia, que refleja esta concepción de un orden espontáneo y descentralizado. El Estado es visto con recelo y su rol queda relegado a garantizar contratos de carácter asimétrico, pero no el de un proveedor activo.
El individualismo institucionalizado, en cambio, se desarrolla dentro de un marco de instituciones robustas. Propio de culturas corporativistas, este modelo concibe al individuo como un titular de derechos y deberes precisos, garantizados por un Estado fuerte y un sistema de negociación colectiva. Su tradición jurídica es el derecho corporativo germánico, codificado y sistemático. Aquí, la autonomía individual no se opone a la solidaridad institucional, sino que se ejerce a través de ella.
Frente al avance de un espectro individualista, la cultura colectivista —cuyo principal exponente es la organización sindical— responde a una lógica sustancialmente distinta. Este paradigma ancla las expectativas de protección social en la ley, el Estado y la autoridad pública, configurando una visión jerárquica del orden social en la que el individuo se integra y es resguardado por marcos colectivos definidos desde arriba: la familia, el gremio, la nación, el partido. Sin embargo, este enfoque retrocede de manera constante ante la expansión de la modernización capitalista, la mercantilización de las relaciones sociales y el avance de la ideología del mérito individual.
El período actual de restauración conservadora y neoliberalismo extremo puede interpretarse sociológicamente como una reacción a la desestabilización de los órdenes tradicionales acelerada por la globalización y las crisis económicas. Se observa una lucha por la imposición de un nuevo “sentido común” que naturaliza la mercantilización de la vida (biopolítica neoliberal) y restaura jerarquías sociales y culturales percibidas como amenazadas, como los privilegios de la elites, la expectativa de ganancia empresarial y un mundo a ser vívido en su plenitud por los más ricos. Se manifiesta como una recomposición de alianzas de clase, donde élites económicas aprovechan el malestar social (precariedad, pérdida de identidad) para promover un individualismo competitivo radical y desmantelar estructuras de solidaridad colectiva.
Este período encarna la paradoja del neoliberalismo como orden antipolítico: al reducir a la ciudadanía a la mera gestión empresarial de sí misma, vacía la esfera pública y socava los fundamentos de la democracia deliberativa. Sobre ello se intenta desmantelar la protección de trabajadores y trabajadoras, pero sobre el propio proceso de desmantelamiento a la luz de los resultados sociales, parece iniciarse una lenta corrosión de un modelo hierático.
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que el 24 de octubre se realizará en el polideportivo Cumelen una clínica de Newcom a cargo del profesor Jony Ahumada. La misma tendrá un costo de $1000 por persona. Los interesados en participar pueden comunicarse a los teléfonos 299-4220453 o 2984-692829. Difunde esta…
Se profundiza en Georgalos la crisis desatada en el último trimestre de 2025. Ahora, la empresa notificó una nueva tanda de suspensiones, que involucra a delegados sindicales y personal con más de 30 años de antigüedad.
Finalizado el proceso de suspensiones que se extendió por tres meses y que acaparó a la totalidad de los 600 operarios de la planta de Victoria, ahora el nuevo periodo de suspensiones arranca con una tanda de 20 trabajadores, los que sufrirán un recorte del 20% en sus salarios.
A fines del año pasado, el argumento de la empresa que produce el clásico Mantecol fue un drástico derrumbe en las ventas.
Pero en el sector también hacen acuse de recibo del golpe que representa la importación de golosinas y alimentos desde Brasil, que alienta el gobierno de Milei.
Ahora, tras conocerse el sostenimiento de las suspensiones, se realizaron asambleas para debatir la ilegalidad de esta medida aplicada mediante el artículo 223 bis, que habla de suspensiones por fuerza mayor o falta/disminución de trabajo no imputables al empleador.
La apertura total de importaciones está barriendo con la industria nacional de golosinas. Sólo en las últimas semanas cerró la histórica fábrica de alfajores La Paila en Córdoba y la empresa que sacó los caramelos mileistas «No hay plata», tuvo que vender su fábrica.
En la planta hay malestar con la pasividad del gremio de la alimentación (STIA) y reclamaron una acción «urgente» para repudiar las suspensiones y el adelantamiento compulsivo de vacaciones que -alertan- pueden ser un preludio de una avanzada de reducción de personal.
La crisis de Georgalos es apenas un caso más del desastre que está causando en la industria la apertura sin freno de las importaciones que Milei y Caputo instrumentan con la idea de frenar la inflación, que igual se les está escapando.
La apertura total de importaciones está barriendo con la industria nacional de golosinas. Sólo en las últimas semanas cerró la histórica fábrica de alfajores La Paila en Córdoba y la empresa que sacó los caramelos mileistas «No hay plata», tuvo que vender su fábrica. Mientras que la planta de cerveza Corona que se había inaugurado en el 2020 también redujo fuertemente su dotación de personal, por la caída de ventas.
Pero la caída se traslada a todos los sectores industriales. La fábrica de tractores Pauny está en una situación muy delicada, igual que Metalfor. Y la fábrica de neumáticos Fate directamente cerró, en un evento que sí golpeó a una sociedad que hasta ahora parece adormecida ante el cierre de fábricas.
El hospital área programa Villa Regina presentó esta mañana un informe para describir las acciones que se están llevando a cabo frente al Covid_19.En relación al funcionamiento de sus servicios han desarrollado distintas estrategias para brindar atención diaria a las Urgencias, asesoramiento por líneas telefónicas con WSP, extensión de recetas en forma diferida para pacientes crónicos…
El Intendente Marcelo Orazi firmó con la Secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor un acuerdo de cooperación para implementar el dictado de talleres de sensibilización por parte del Programa de Mediación Comunitaria y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos mediante la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria. De esta…
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