Personas de entre 50 y 59 años sin factores de riesgo podrán inscribirse para vacunarse

 Metrogas aprobó el reparto de dividendos por primera vez en 25 años mientras mantiene una deuda millonaria con Enarsa, la empresa de energía del Estado, por el gas suministrado durante los últimos años.

La asamblea de accionistas aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos, el primer reparto desde 2001. La decisión se apoya en las ganancias acumuladas tras la mejora de los resultados financieros de la compañía, favorecida por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector. El problema es que le debe casi exactamente esa cifra a la estatal Enarsa por compras de gas no pagadas.

El desembolso también se apuró para que se realice antes que se concrete la privatización en marcha del paquete que tiene YPF en la empresa. La operación sería ilegal, porque necesitaría la aprobación formal de la Secretaría de Energía y el Enargas.

Uribelarrea consiguió USD 400 millones en medio de la pulseada por Metrogas

Los balances muestran que Metrogas todavía arrastra una importante deuda con la estatal Energía Argentina (Enarsa). El 3 de septiembre de 2025 la empresa firmó un acuerdo para cancelar los montos adeudados por provisión de gas correspondientes al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, incluyendo intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos. El saldo consolidado alcanzó los $67.557 millones.

La decisión de repartir dividendos por casi los mismos 60 mil millones que Metrogas le debe a la estatal Enarse, se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.

La decisión de repartir dividendos por casi el mismo monto que la empresa debe al Estado se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.

El acuerdo para pagar la deuda que se firmó en su momento estableció que la mitad de esa deuda sería cancelada con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado. El 50% restante quedó refinanciado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, con vencimientos que se extienden hasta noviembre de 2027. El cronograma prevé dos cuotas iniciales del 5%, una tercera del 8%, dos pagos del 11% durante 2026 y cuatro cuotas finales del 15% cada una durante 2027. Mientras tanto, el saldo pendiente continúa generando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más un margen del 8,15% anual.

Ese dato es el que alimenta los cuestionamientos regulatorios. En el sector sostienen que la distribución de dividendos no resulta consistente con una empresa que todavía mantiene un acuerdo de pago vigente con una compañía estatal. «Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa», explicó a LPO una fuente del sector.

No se trata de una prohibición expresa, sino de un criterio regulatorio. En un servicio público, el regulador suele priorizar que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras, sostengan las inversiones y garanticen la prestación antes de girar fondos a los accionistas. 

La decisión además coincide con el proceso de venta de Metrogas. YPF controla indirectamente la distribuidora a través de Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para desprenderse de esa participación. Sin embargo, el proceso perdió a uno de los interesados más importantes cuando el grupo Neuss resolvió retirarse de la compulsa, reduciendo la lista de potenciales compradores. En carrera quedan Jose Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri. 

Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa.

En el mercado suele darse por descontado que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas. Sin embargo, esa interpretación no es unívoca. Jurídicamente, la petrolera podría conservar el activo si así lo decidiera.

El principal argumento es que la Resolución I-2566/2013 de Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A., continúa plenamente vigente. Ese acto administrativo consolidó la propiedad de YPF sobre Metrogas y nunca fue anulado por la Justicia. Tampoco existe una sentencia firme que ordene desprenderse de esas acciones ni una resolución que disponga una venta compulsiva.

En los hechos, los planteos regulatorios formulados en los últimos años consistieron en intimaciones para adecuar la estructura societaria y abrir instancias de negociación, pero no constituyen una orden de liquidación forzosa. A eso se suma otro argumento que esgrimen especialistas: tras la expropiación de YPF en 2012, las normas específicas que regulan a la petrolera bajo control estatal pueden prevalecer transitoriamente sobre las restricciones generales de la Ley 24.076 cuando está comprometido un activo considerado estratégico. 

Por eso, la salida de Metrogas responde hoy más a una decisión política y empresaria que a una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, pese a que la deuda por casi exactamente el mismo monto sigue sin saldar.

El Intendente Marcelo Orazi recorrió esta mañana la Avenida General Paz donde desde el miércoles se realizan trabajos de pintura demarcando con líneas blancas discontinuas para separar los carriles y con líneas continuas amarillas en los cruces y puentes. En la oportunidad, acompañado por el Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad Mario…

La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que en el marco de los trabajos de remodelación de calle Libertad hoy jueves se comenzarán a romper el cordón cuneta de la “margen sur” desde calle José Hernández hasta Mariano Moreno.Luego se continuará con los trabajos de hormigoneado por lo que…

Patricia Bullrich comprobó este viernes, tras una reunión por zoom con los senadores aliados, que sigue sin contar con los votos necesarios para aprobar la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, por el rechazo al capítulo de la venta de tierras. «Así como está, no la votamos», dijo a LPO un senador que integra el pelotón de los que conversa con la jefa del bloque libertario.

La pelea es porque las bancadas que colaboran con la Casa Rosada pretenden «un tope» al porcentaje de tierras habilitado para su venta a personas o empresas extranjeras en cada provincia, cuando el dictamen impulsado por Federico Sturzenegger deja librado casi totalmente el territorio a la enajenación. En la actualidad, solo se admite que pueda entregarse hasta el 15 por ciento del territorio a extranjeros y los senadores que responden a gobernadores cercanos al gobierno aspiran a fijar un límite en 20 o 30 por ciento, según fuentes al tanto de la negociación.

Por lo demás, la resistencia de los aliados no es tan firme como la tozudez del gobierno frente a las modificaciones que reclaman los legisladores de la Cámara Alta. El tratamiento de la ley ya fracasó en tres ocasiones y el próximo 6 de agosto podría volver a frustrarse, advierten miembros de la bancada de LLA, si Sturzenegger no se allana a los pedidos del Senado.

En efecto, los senadores que discutieron este viernes con Bullrich bajo modalidad telemática para no interrumpir sus vacaciones esperan una respuesta del ministro de Desregulación para el próximo lunes. «Veremos qué mandan», contestaron desde el entorno de una legisladora que no firmó el dictamen de mayoría pero participa de las deliberaciones con el oficialismo.

Un senador libertario admitió ante LPO que «el problema principal es el capítulo de tierras». «Si no estuviera eso, la ley ya se habría aprobado», reconoció.

Juez, Zimmerman y Camau Espínola

Para colmo, ya se perdió la cuenta sobre el número de la versión que acredita el proyecto sometido a negociación. Mientras que un aliado deslizó que ya van por la vigésima reescritura del capítulo de tierras, algo que ocurre por fuera del trabajo en comisiones y se corrige bajo la coordinación del ex senador radical Víctor Zimmermann, un miembro del bloque oficialista confesó: «dejamos de ponerle números para no estigmatizar las versiones».

A esta altura, el proyecto de Sturzenegger funciona casi como un elemento de martirio de la Casa Rosada contra Bullrich, como si el gobierno le exigiera a la senadora que consiga un objetivo casi imposible. Algo similar ocurre con la intención de eliminar las PASO; encargo que no pesa solo sobre los hombros de la ex ministra, que avisó incansablemente en las reuniones de mesa política que no prosperaría, sino que ahora también recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

De hecho, el ministro coordinador imitó a Bullrich en la sobreactuación de karinismo cuando cargó en las últimas 48 horas contra Victoria Villarruel, pidiéndole que renuncie. La jefa de bloque libertario, que también tuvo sus horas de furia contra la Vicepresidenta cuando ventiló en el grupo de WhatsApp del oficialismo las discusiones que mantuvieron en privado ambas mujeres, había intentado desescalar el conflicto en una reunión a solas.

Fuentes del Senado comentaron que, en ese encuentro, Bullrich habría asumido que había quedado en un lugar «incómodo», algo que Villarruel disfruta en medio del congelamiento que Karina Milei le aplica a ella.

Como sea, no sería una casualidad la coincidencia de Santilli y Bullrich, dos conversos provenientes de Juntos por el Cambio, contra la Vicepresidenta en la previa del cuarto intento por aprobar la ley de tierras. En el Senado se especula con que Villarruel podría desempatar contra el gobierno si los votos se empardan en el recinto.

Por el momento, el interbloque de José Mayans y el de Carolina Moisés juntan 28 senadores en el rechazo pero a ese grupo se sumarían, si no se modifica el capítulo de tierras como pretenden, tres radicales, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. Un piso de 33 legisladores en contra, con los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce en duda y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano más allá de los cálculos, dejaría a los libertarios al borde de un nuevo fracaso.