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PERDÓN POR TAN POCO

Pacha Mama o Madre Tierra son expresiones comúnmente utilizadas para mencionar al planeta Tierra en distintos países, término que expresa la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta en el que todos convivimos. Para lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta.

El 22 de abril de cada año celebramos el Día Internacional de la Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida, el sustento y son nuestro hogar. Este día nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan.

Su origen en 1970 establece el inicio del movimiento ambientalista moderno, cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las calles y parques para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable. A partir de entonces, cada año en esta fecha, el mundo entero reflexiona y se moviliza por el cuidado de la Tierra. Se concientiza sobre los problemas medioambientales de contaminación y conservación de la biodiversidad que afecta el planeta donde vivimos.

El planeta grita por un nuevo modelo de desarrollo sostenible y está en nuestras manos, solo depende de la voluntad que tengamos para hacerlo.

En las últimas cuatro décadas, alrededor de 30% de las regiones naturales del planeta se deterioraron de manera irreversible, a la vez en este período se incrementó la presión humana sobre los recursos naturales y el ambiente hasta en un 50%. Cada segundo media hectárea de bosques es destruida, las emisiones globales de dióxido de carbono doblaron en 2015 la cantidad que se registró en 1950, y hoy aún más de 4 mil millones de seres humanos carecen de agua potable. La situación es preocupante, además de las presiones humanas, los acuerdos internacionales no se respetan. A todo esto hay que agregar el efecto que tuvo el acelerado crecimiento demográfico, que alcanza a más de siete mil millones de personas que demandan espacio, comida y energía, con la correspondiente generación de residuos y desechos.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES MALES DEL PLANETA, ¿TE RESULTAN FAMILIARES?

  • Reducción de la Capa de Ozono: Causada por contaminantes que son arrojados en la atmósfera, particularmente gases refrigerantes como los CFC empleados en la industria frigorífica.
  • Basura: Producción de millones de toneladas de residuos y desechos que no reciben un apropiado tratamiento.
  • Contaminación de las aguas: Deterioro de la calidad del agua por manejo inadecuado de los desechos, aguas servidas, plaguicidas y fertilizantes. 
  • Contaminación de los suelos: Debido a la liberación de toneladas de plaguicidas, residuos tóxicos y desechos petroleros y mineros, entre cientos de sustancias químicas.
  • Contaminación atmosférica: Deterioro de la calidad del aire, debido a millones de vehículos e industrias que aportan toneladas de gases que deterioran la calidad del aire y lo hacen menos respirable.
  • Contaminación sónica: Generación de ruidos molestos que afectan a millones de personas, causando hipertensión arterial, ulceras, sordera, gastritis.
  • Explosión demográfica: Cada día nacen alrededor de 250 mil niños en el mundo, y cada año la población aumenta alrededor de 80 millones de seres humanos.
  • Deforestación: Cerca de 170 mil km 2 de bosques desaparecen anualmente.
  • Desertificación: Buena parte del planeta comienza a transformarse en desiertos, con el subsiguiente agotamiento de los recursos naturales.

LAS SIETE AMENAZAS DEL PLANETA. GREENPEACE.

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  • Ante la suba del petróleo, las pymes proponen aumentar la mezcla con biodiesel

     

     Las pymes elaboradoras de biodiesel presentaron un proyecto alternativo al impulsado por el oficialismo para amortiguar el aumento del crudo por la nueva escalada bélica en Medio Oriente.

    Las empresas buscan elevar el corte obligatorio al 12,5% y distribuir la producción entre las plantas regionales, las compañías no integradas y las grandes aceiteras.

    La propuesta de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) contempla reservar un 5% del corte para las 17 plantas regionales, otro 2,5% para ocho compañías no integradas y el 5% restante para las aceiteras.

    Patricia Bullrich intenta que se apruebe el proyecto que pone en riesgo 10 mil empleos, dicen desde la Cámara

    Por un lado, buscan amortiguar el precio final del combustible y a su vez, garantizar un mercado interno para grandes y chicos, una salida superadora al proyecto impulsado por Patricia Bullrich que habilitaba a las grandes cerealeras a quedarse con todo el negocio.

    «Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior», explicaron a LPO desde la Cámara.

     Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior 

    Para CEPREB, la iniciativa oficial es «la sentencia de cierre de 25 plantas del interior» y pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

    «La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo», señalaron desde la entidad.

    [Las pymes del biodiesel denuncian que Bullrich les entrega el negocio a las cerealeras y pone en riesgo 25 fábricas]

    Las plantas regionales sostienen que no pueden competir en igualdad de condiciones con las aceiteras, debido a que deben comprarles a esas mismas empresas el aceite de soja que utilizan como materia prima para fabricar el biodiesel.

    Además, detrás de las 25 plantas funciona una cadena integrada por unas 400 extrusoras que producen aceite y agregan valor a la soja en distintas localidades del interior.

     La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo 

    El sector advierte que una reducción del cupo no afectaría solamente a las elaboradoras de biodiesel, sino también a sus proveedores y a las economías de las ciudades donde se encuentran instaladas.

    Las plantas están distribuidas entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis y producen unas 900.000 toneladas anuales para abastecer el corte vigente del 7,5%. Santa Fe aporta 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000.

    Según los cálculos de CEPREB, elevar el corte al 12,5% generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas. Santa Fe sería la principal beneficiada porque concentra las compañías no integradas y buena parte de la capacidad aceitera del país.

    Sin embargo, las pymes advierten que el proyecto oficial habilita el coprocesamiento y no establece un reparto explícito, por lo que las grandes empresas podrían quedarse tanto con el crecimiento del mercado como con parte de la producción que actualmente corresponde a las plantas regionales.

     

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    Los puertos, paralizados por un conflicto que pone en jaque al comercio exterior tras la desregulación de Milei

     

    La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.

    La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.

    Una actividad clave para que funcione el comercio exterior

    El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.

    Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.

    El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.

    Qué cambia el decreto de Milei

    El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.

    Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.

    El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.

    Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.

    Una pulseada que excede el conflicto gremial

    Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.

    La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.

    Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.

    En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.

    El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar

    Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.

    Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.

    No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.

    Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.

    La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.

     

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