Patagonia: ¿cómo impactarían las elecciones legislativas en la región?

Patagonia: ¿cómo impactarían las elecciones legislativas en la región?

 

Las elecciones legislativas marcarán un punto de inflexión para el gobierno de Javier Milei. En diálogo con AM Cumbre 1400, el analista político Facundo Cruz explicó que, como ocurrió con todos los presidentes anteriores, Milei llega a esta instancia con la intención de ratificar las reformas impulsadas durante su primer año.

Cada presidente utilizó las elecciones legislativas como una forma de respaldo político”, señaló Cruz. En el caso de Milei, su estrategia se basa en una narrativa disruptiva, que divide a la sociedad entre “nosotros o el caos”. El mensaje del oficialismo se resume en una idea: continuar el rumbo o volver al pasado. “Las listas de La Libertad Avanza van a permitir que sigamos por este camino y, si no, lo que hay es el caos”, sintetizó Cruz, destacando el tono confrontativo del discurso.

Sin embargo, el contexto económico complica las aspiraciones del gobierno. Aunque el oficialismo exhibe algunos avances macroeconómicos, la realidad cotidiana muestra otro panorama. Por eso Cruz destacó que la inflación ronda el 2% mensual y que el tipo de cambio se mantiene estable sin devaluaciones abruptas, con una depreciación del 30% en lo que va del año.

En la Patagonia, el impacto del ajuste económico se siente con fuerza en los hogares. Los altos costos de vida, la caída del consumo y la falta de obra pública afectan directamente la actividad en sectores como el comercio y la construcción.

Descontento social y microeconomía en crisis

Según Cruz, el talón de Aquiles del gobierno es la microeconomía: “Hay un descontento muy grande con respecto a la economía y a cómo afecta a las familias el encarecimiento de todo”.

La falta de políticas sociales y la reducción de la obra pública dejan al gobierno con pocos argumentos para conectar con la vida cotidiana de los votantes. En este contexto, el relato de estabilidad y orden no alcanza para compensar el malestar económico que atraviesa los hogares argentinos, especialmente en regiones con menor dinamismo económico como la Patagonia.

Empate técnico y posibles sorpresas en las provincias

En el plano electoral, la competencia aparece muy ajustada. A comienzos de 2025, La Libertad Avanza lideraba con un 40% de intención de voto, diez puntos por encima del peronismo. Pero hacia octubre, los sondeos muestran un empate técnico, con ambos espacios rondando el 35-37%.

“El gobierno fue perdiendo intención de voto, mientras que el Peronismo la mantuvo”, explicó Cruz. La provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón, será clave para definir el resultado nacional. Pero también hay expectativa por el desempeño en provincias como Río Negro, La Pampa y San Juan, donde podrían darse sorpresas electorales.

En Río Negro, una sorpresa sería que el peronismo gane”, anticipó Cruz, señalando la alta competitividad de algunos distritos patagónicos, donde el voto local y la economía regional pueden inclinar la balanza.

Participación electoral y voto indeciso

La participación también será un factor determinante. Cruz estimó que entre el 60% y el 70% del padrón concurrirá a votar, una cifra superior a la de los comicios adelantados del primer semestre. Según el analista, los votantes más firmes favorecen al peronismo, mientras que el electorado “blando” de Milei —aquel que podría abstenerse o cambiar su voto— será decisivo en los distritos más disputados.

Un termómetro político para el futuro

El resultado del domingo se perfila como un plebiscito sobre la gestión de Milei. Si bien el gobierno confía en su discurso de orden y estabilidad, las dificultades económicas y el humor social podrían equilibrar la contienda más de lo previsto.

“La elección se juega en la duda”, resumió Cruz, aludiendo al clima de incertidumbre que atraviesa el país. En la Patagonia, donde la economía doméstica pesa más que las grandes cifras macro, el voto podría definirse por el impacto real en los bolsillos y la expectativa de futuro.

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  • «Los derechos humanos no se degradan por decreto»: caminata por la Memoria, la Verdad y la Justicia

     

    Imagen: @ate.justiciayddhh

    La Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nucleada en ATE Capital, convoca este viernes 30 de mayo a las 17 horas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Avenida Del Libertador 8151 (CABA), para realizar una «caminata en defensa de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos», contra los despidos y el vaciamiento de los Espacios de Memoria. El gobierno nacional anunció ayer que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA», en el marco del «mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes», indicó el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido por el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por ANRed.


    Así convocaron desde las redes sociales los/as delegados/as de ATE Capital de la Secretaría de Derechos Humanos: «ante los avances del gobierno contra la Secretaría de Derechos Humanos, nos convocamos este viernes 30 de mayo a las 17 horas para defender las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos en la ex ESMA (Av. Del Libertador 8151). ¡Lxs esperamos!».

    En ese marco, convocan también a adherir de manera online a la convocatoria.

    En declaraciones a Entre Líneas PQV (FM 105.9), Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos humanos amplió: «la última semana, el Ministerio y el Gobierno Nacional definieron degradar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una subsecretaría. También se definió que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria pasen a hacer oficinas dentro de otra dependencia, que es el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, con lo cual está degradando la institucionalidad y el rango que tienen todas estas dependencias. Cuando hablamos del Archivo Nacional de Memoria, estamos hablando de una institución de jerarquía internacional que es consultada por investigadores de todo el mundo. Hoy realmente vienen y nos llaman permanentemente de todo el mundo, desde Francia, de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Vienen investigadores de todo el mundo a consultar nuestro acervo».

    Imagen: @ate.justiciayddhh

    En la misma línea, agregó: «lo que nosotros venimos denunciando es el desmantelamiento. Porque claramente a ellos no les interesa las políticas de derechos humanos. El anuncio fue que iban a hacer una reducción del 40% en la estructura organizativa y de un 30% de los trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta esto: ya la Secretaría de Derechos Humanos vio reducida su planta total en más de la mitad durante un año y medio».

    Como parte de esta avanzada gubernamental, el gobierno de Javier Milei anunció este miércoles 28 de mayo, a través del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA».

    «Este inmueble, anteriormente destinado a programas ideológicos y actividades político partidarias, será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad. Nuestra decisión se enmarca en el mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos. Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes», finaliza el comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

    El pasado viernes 23 de mayo, Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado una nueva escalada en las políticas de vaciamiento de las políticas de Memoria y Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que las primeras medidas de esta nueva avanzada del gobierno nacional eran el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

    «La medida vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. En todos los casos, los organismos verán reducida su planta jerárquica y de trabajadores, generando, como viene sucediendo, la ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período», remarcaron desde Abuelas.

     

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  • En Los Ángeles irrumpe la agresión policial-militar de la administración Trump

     

    Tropas de la Guardia Nacional de California y agentes de Policía montan guardia mientras la gente asiste a una manifestación contra las redadas federales de inmigración, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de junio de 2025. © Reuters – David Ryder

    Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos. Pero no todo está perdido: cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria. Por Luis Bonilla-Molina (1) y Jorge Lefevre Tavárez (2)*.


    Introducción

    José es un conductor hondureño, trabajador precario de la plataforma de Uber, quien ha tomado un servicio para buscar a Olivia en el distrito de Hollywood, de los Ángeles. Aunque hace más de una década obtuvo la ciudadanía norteamericana, no puede evitar sentir temor al percatarse que su pasajera es latina, así que enmudece para no asumir el riesgo de tener que hablar en el idioma prohibido del español.

    La ruta solicitada no pertenece a una de las zonas de acción del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (Immigration and Customs Enforecement, llamados en todos lados por sus siglas en inglés, ICE), ni las fuerzas policiales anti migrantes, pero prefiere tomar un par de desvíos por calles que acaba de comprobar que están exentas de operaciones policiales y protestas. El temor del conductor y la pasajera se expresan en las miradas que se cruzan en el retrovisor, como si ambos supieran que estaban en riesgo, como los centenares de migrantes detenidos los últimos días. Prende la radio y las noticias hablan de incidentes callejeros y el incremento de detenciones a la población trabajadora del Estado de California.

    Manifestantes se enfrentan con las autoridades en el centro de Los Ángeles, el domingo 8 de junio de 2025, tras las protestas contra las redadas migratorias de la noche anterior. (AP Foto/Jae Hong, Archivo)

    Miles de niños quedan atrapados en sus casas por temor a ser separados de sus padres, mientras la juventud latina prefiere perder el semestre en la universidad antes que ser tratados como delincuentes, por el único delito de ser hijos de trabajadores pobres que fueron tras el sueño americano. En estos días, enfermarse y tener que acudir al médico, puede convertirse en el boleto a una celda. La indignación recorre las calles de Los Ángeles y las ciudades de California.

    Antecedentes

    En su campaña electoral de 2024, Donald Trump prometió liderar la ¨mayor operación de deportación¨ en la historia de los Estados Unidos. Esto, como parte de su discurso reaccionario, nacionalista y xenofóbico, que culpa a la población migrante de robar empleos, y criminaliza esta población llamándoles ilegales y criminales. Esta promesa de campaña no impidió que, según Prensa Asociada, un 43% del voto latino haya sido emitido a favor de Trump en los comicios de noviembre. Esto en parte se debe a que la política del Partido Demócrata hacia los migrantes está lejos de ser un trato humano; Joseph Biden, como presidente, llegó a deportar a un número mayor de migrantes que Trump en su primera presidencia, y Barack Obama, más que George Bush, hijo. Pero la política de terror que ha implementado Trump en su segundo mandato no tiene precedente reciente.

    Luego de las elecciones, y habiendo triunfado, el proyecto racista de Trump arrancó desde el inicio de su mandato el 20 de enero de 2025, cuando aprobó la Ley Ejecutiva anti migrantes. Esta moviliza las fuerzas del estado, particularmente a ICE, para hacer redadas y prácticamente secuestrar a personas para procesarlas y deportarlas de Estados Unidos. Al ser política del gobierno federal, requiere la complicidad de los gobiernos estatales. Se ha dicho que en ocasiones se les ha puesto una cuota de deportaciones a las agentes federales. Ha habido, igual, detenciones de personas que cuentan con documentos para permanecer en territorio estadounidense, y son igualmente desplazados. Son verdaderas campañas de terror, que tienen a la población migrante en una situación de extrema vulnerabilidad, y que ha llevado a grandes ausentismos en los trabajos y en las escuelas por miedo al acecho.

    David Ryder / REUTERS.

    En los meses transcurridos desde que asumió su segundo mandato, Trump ha intensificado las acciones contra la población migrante, especialmente la latina. Una de las poblaciones más afectadas es la venezolana, que tiene una diáspora de cerca de 8 millones de ciudadanos, muchos de los cuales se encuentran en los Estados Unidos. A pesar de que Nicolás Maduro se ha convertido en el gran aliado energético de los Estados Unidos, entregando en condiciones coloniales el petróleo venezolano a los gringos, Trump usa el fantasma del enemigo ideológico para expulsar y devolver a Venezuela la población del país dirigido por su aliado seudo izquierdista.

    Ningún rincón del territorio estadounidense queda a salvo de esta política. Puerto Rico, colonia caribeña de Estados Unidos desde el 1898, con una población latina, también es víctima de esta política, en este caso, en particular la comunidad migrante de República Dominicana y de Haití. Esto, lamentablemente, con la complicidad del actual gobierno trumpista del Partido Nuevo Progresista y la gobernadora Jenniffer González. El Departamento de Transportación y Obras Públicas le entregó a ICE la dirección de 6,000 personas indocumentadas que contaban con licencias de conducir, desvirtuando una ley aprobada originalmente con la intención de incorporar a personas indocumentadas a la vida social del país. A esta fecha, ya ICE ha arrestado a 568 inmigrantes en Puerto Rico, de los cuales 421 son dominicanos.

    Después de eliminar, restringir y someter a evaluación los estatus de toda la población migrante, ahora ha lanzado una ofensiva policial-militar sobre California, el Estado con mayor población extranjera, quienes juegan un papel esencial en la economía regional; en 2022, California aportó 692 millones de dólares en impuestos federales, equivalente al 15% el total de los ingresos federales de los Estados Unidos, mientras que se estima que en 2023 California envió 78 millones de dólares más de lo que recibió de fondos federales.

    Narrativa de los hechos de junio 2025

    Las redadas masivas de captura de migrantes iniciadas el 6 de junio mostró que se estaba entrando en un escalamiento de las políticas anti migración. Las operaciones de ICE se ejecutaron con especial brutalidad y violación de los derechos de la población migrante. El despliegue de la Guardia Nacional de California, el 7 de junio, generó respuestas y resistencias sociales en Paramount, Compton y el propio centro de Los Ángeles. No es para menos: la Guardia Nacional, un cuerpo militar que cada estado tiene y que responde simultáneamente a cada estado y al gobierno federal, en los Estados Unidos no suele movilizarse para acciones como esta (la propia propaganda de reclutamiento indica que se espera que un miembro de la Guarda Nacional sea movilizado “una vez cada dos o tres años”). Esto ha llevado a una pugna entre el gobierno estatal de California, que repudia la movilización de la Guardia Nacional en estas protestas, y el gobierno federal que los movilizada. Esto explica, también, la razón por la que grandes sectores de la Guardia Nacional han ignorado el llamado de Trump y no se han dejado movilizar (se estima que de los 2000 efectivos de la Guardia Nacional que se pretendía movilizar, solo han podido hacerlo con 300).

    El 6 de junio, entre 8 y 10 de la mañana, agentes del ICE junto con agentes el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), el Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) realizaron redadas en un almacén textil arrestando a unos 44 trabajadores que fueron trasladados al Centro de Detención Edward R. Roybal, lo cual provocó protestas frente a este centro de confinamiento. Esto generó las primeras contradicciones en el establishment gringo.

    La policía de Los Angeles se enfrenta con manifestantes. Imagen: EFE / EPA / Caroline Brehman.

    En paralelo, ICE había tomado la Tienda Home Depot, en Paramount CA, deteniendo a latinos, a lo cual respondieron con protestas unos 400 manifestantes.  Surgieron las primeras denuncias respecto a la imposibilidad que tenían los prisioneros de acceder a un abogado, poniéndose de manifiesto la violación de los derechos humanos y las garantías mínimas procesales a quienes eran calificados como ilegales y sujetos a deportación.

    El 7 de junio, continuaron las operaciones anti migrantes en el Atlantic Boulevard, incrementando las detenciones, pero también las protestas que culminaron en la quema de un vehículo. Los protestantes marchaban con banderas nacionales de los países de la región. Algo similar ocurrió en Compton.

    Mientras la policía disparaba balas plásticas y gases lacrimógenos para dispersar las protestas, el funcionario de la administración Trump, Tom Homan, anunciaba el despliegue de 2.000 efectivos de la Guaria Nacional, lo cual generó que los concejales de Los Ángeles aprobaran 500 millones de dólares para fondos legales de protección a migrantes. Esa noche, centenares de manifestantes se concentraron frente al Edward R. Roybal Federal Building, vociferando la consigna de “¡ICE fuera de los Ángeles!”, a lo que Trump respondió en la red social Truth Social defendiendo las redadas.

    El capítulo de la American Civil Liberties Union (ACLU, una organización sin fines de lucro que vela por los derechos de la población) del Sur de California expresó su intención de retar las medidas represivas en los Tribunales, y calificó la jornada como un operativo militar.

    El 8 de junio, 300 guardias nacionales, armados hasta los dientes, con rifles largos y escudos anti motines, se apostaron frente al Metropolitan Detention Center en el propio centro de Los Ángeles. Mientras esto ocurría, al grito de “¡Paren las deportaciones!”, miles de manifestantes se reunían en la Mariachi Plaza con banderas de México, Honduras y El Salvador. La Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Patrulla de Caminos de California (CHP) dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes.

    Imagen: Daniel Cole.

    El gobernador de California, Kevin Newson, y el sheriff, Robert Luna, exigieron por la red social X que la Guardia Nacional debía retirarse. Esa noche, comenzaron los llamados a taxis autónomos (sin conductores) que al llegar al sitio eran quemados por pobladores indignados, como señal de protesta.

    El 9 de junio, las protestas continuaron frente a los centros de detención, con un saldo de 27 manifestantes detenidos. Mientras el gobernador Newson anunciaba que demandaría a Trump por movilizar a la Guardia Nacional del estado de manera ilegítima, la congresista Nanette Barragán por un distrito de California develaba que el gobierno federal intencionaba que las redadas en Los Ángeles continuarían por 60 días, apareciendo Nueva York como el próximo territorio a ser ocupado por las fuerzas anti migrantes.

    El 10 de junio el Pentágono confirmaba que desplegaría en Los Ángeles 700 marines, fuerzas militares con alta capacidad destructiva y aniquiladora de vidas humanas. Esto sería una nueva escala de las políticas migratorias que coloca a la clase trabajadora latina como enemigo ideológico de los Estados Unidos, no obstante, al parecer este contingente no ha podido ser movilizado por resistencias internas de efectivos de esta fuerza élite. Ante este anuncio el gobernador de California solicitó públicamente revertir la medida, lo que muestra la agudización de las contradicciones entre sectores del capital norteamericano, cuya evolución y correlación de fuerzas será determinante en los acontecimientos de los próximos días.

    Si bien los datos oficiales son escasos, es un hecho que las protestas ciudadanas y las contradicciones entre la administración federal de Trump y el liderazgo local, especialmente del Gobernador de California y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, han hecho disminuir el número de arrestos los días 10 y 11 de junio.

    Mientras tanto, se eleva el número de manifestantes que protestan las medidas, con pancartas que señalan Fuck ICE; ciudadanos norteamericanos salen de sus casas a evitar la deportación de vecinos, mostrando que el verde oliva y las armas de la Guardia Nacional no son suficientes para detenerlos

    Las resistencias antifascistas

    Las manifestaciones y choques de la población migrante contra el aparato policial-militar y ICE, si bien son un reflejo de sobrevivencia, son también signos de maduración política contra las políticas reaccionarias del gobierno federal, incluyendo sectores que incluso votaron a Trump. El alto apoyo de la población latina con voto hacia Trump, por ejemplo, que se mencionó al inicio de este artículo, ha decaído estrepitosamente, según encuestas recientes. Una parte importante de las movilizaciones en Los Ángeles ha sido de la comunidad latina, a la vez de las más vulnerables y de las más militantes. Se dice que las actuales movilizaciones pueden ser un presagio de un movimiento similar al “Black Lives Matter” de hace algunos años. Además, estas resistencias comienzan a ser expresión de enfrentamiento a las políticas fascistoides de la administración norteamericana.

    Si bien los sectores liberales se oponen a las políticas de Trump, ha habido una oposición igualmente insistente a la manera en que estas manifestaciones se han desarrollado. La alcaldesa de Los Ángeles se ha expresado en contra de las manifestaciones violentas. La policía de Los Ángeles declaró que las concentraciones en el centro de la ciudad, eran asambleas ilegales y los participantes serían castigados con el peso de la Ley. Bernie Sanders, incluso, ha manifestado simpatía con la resistencia no-violenta que promovía Marthin Luther King, en oposición a lo que se ha visto en Los Ángeles. Ante eso, conviene recordar las propias palabras de Marthin Luther King:

    “Y debo decir esta noche que un motín es el lenguaje de los que no son escuchados. ¿Y qué es lo que Estados Unidos no ha escuchado? … No ha escuchado que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. Y no ha escuchado que grandes segmentos de la sociedad blanca están más preocupados por la tranquilidad y el statu quo que por la justicia y la humanidad”.

    Imagen: Univisión.

    Ya hay una convocatoria para manifestaciones a nivel nacional para el 14 de junio, en el que los sectores en lucha han llamado a una protesta “No Kings”, o “sin reyes”. Si bien esta se había convocado con anterioridad a los motines en Los Ángeles, estos hechos han aumentado el interés y la participación en ella.

    El mismo 14 de junio, Trump pretende simultáneamente conmemorar su nacimiento – cumple 79 años – y celebrar los 250 años del ejército estadounidense, con un despliegue militar en Washington, D.C que se indica que costará unos $45 millones. Los sectores en lucha, para denunciar el autoritarismo de Trump, favoreciendo el llamado a un gobierno sin “rey” y la vuelta a la “democracia”, convocan a manifestaciones en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos para ese día. Sin embargo, las manifestaciones no se limitan a 50 ciudades, sino que ya superan en número a las 2,000, y también se celebran fuera del territorio estadounidense: en las Islas Vírgenes, en México, en Canadá, en países en Europa y en África y en Puerto Rico (donde el llamado es doble: contra Trump, contra la gobernadora Jenniffer González). A estas manifestaciones se han unido importantes sectores sindicales. Se acrecienta el entusiasmo y la militancia de camino a la manifestación.

    La amenaza de guerra civil para consolidar el poder

    Gaby Hinsliff advierte en una columna en The Guardian que el despliegue militar en Los Ángeles tendrá un impacto directo en la democracia norteamericana. En efecto, la intervención del gobierno federal en los estados, y el despliegue militar de estas semanas, demuestra la tendencia creciente del gobierno de Trump hacia el autoritarismo, impulsando el poder ejecutivo por encima del estatal e incluso de la rama judicial.

    El 9 de junio de 2025, Sunny Hostin señalaba en el programa de televisión The View que el caos fascistoide que genera esta situación está abriendo la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. Sin embargo, un escenario de guerra civil no pareciera estar planteado -al menos en el corto plazo- porque aún no se ha afectado de manera decisiva las cadenas productivas y los círculos de inversión en ese país. Solo una quiebra del modelo de acumulación de capital, en el cual los migrantes participan como mano de obra, podría plantear un riesgo de este tipo, pero en realidad no ha sido rota aún la proporción entre necesidades de absorber empleo y el ejército de reserva que sigue siendo aún muy numeroso.

    Ciudades y condados de California con políticas ‘santuario’ protegen inmigrantes al limitar la cooperación con ICE. | Composición: La República.

    Lo que es evidente, es que el caos le favorece a la consolidación del modo autoritario unipersonal que quiere implementar Trump. Este caos programado, le permitiría gobernar con poderes especiales, disminuyendo el margen de acción del Congreso y el poder judicial, especialmente con este último con el cuál se incrementan las tensiones a partir del desarrollo de la política anti migratoria.

    La urgencia de la solidaridad internacional

    Las políticas de ataque a la población migrante están en el corazón de las políticas de la nueva derecha mundial y los expresiones fascistas cada vez más comunes en gobiernos dirigidos por la ola neoconservadora mundial que encarna Trump. En ese sentido, la solidaridad hacia el pueblo estadounidense y hacia la comunidad de indocumentados debería incluir, no solo actividades y manifestaciones a favor de esta, sino también acciones y manifestaciones en contra de las expresiones reaccionarias y autoritarias en cada país. Todas las fuerzas progresistas, democráticas, defensoras de los derechos humanos y de izquierdas tienen que conformar un amplio frente mundial que enfrente con la movilización y las ideas este ataque a la clase trabajadora migrante.

    Esta alianza mundial alternativa no puede ocultar los acuerdos a los que han llegado muchos gobiernos de la región para servir de anillo de contención y apoyo a las políticas trumpistas, deteniendo y criminalizando a quienes se mueven por necesidades, hacia el norte imperialista. Tampoco se pueden ocultar las políticas anti clase trabajadora de gobiernos nacionales, aliados a sus burguesías de sus países, quienes sostienen niveles de precarización salarial que expulsan a los migrantes; muchos de estos gobernantes quieren pescar en río revuelto, criticando a Trump a la par que destruyen el salario de la clase trabajadora de sus connacionales. Por tanto, una expresión internacional alternativa tiene también que poner los puntos sobre las íes, y promover una visión democrática de la sociedad, lejos del irracionalismo reaccionario, pero también de las políticas anti obreras del establishment liberal. Esta alianza alternativa mundial tiene que ser construida, además, dialogando con la población migrante, organizando junto a ellos acciones internacionales de enuncia y protesta, que tengan en la movilización su estrategia central.

    Los migrantes no son números sino vidas humanas

    Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes como José, Olivia, Marcos, Raúl, Luis o Pepe, se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos.

    Pero no todo está perdido, cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. Solo un despertar el pueblo norteamericano puede salvar al pueblo migrante de este ataque del complejo policial-militar liderado por Trump. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria.


    [1] Profesor e investigador venezolano. Actualmente profesor visitante em la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e integrante del movimiento del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo educativo.

    [2] Profesor universitário. Vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y militante del Movimiento Político Victoria Ciudadana.

    Fuente: https://luisbonillamolina.com/2025/06/11/en-los-angeles-irrumpe-la-agresion-policial-militar-de-la-administracion-trump/

     

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  • El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones

     

    Imagen ilustrativa

    El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 


    La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

    Salud y educación

    Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

    En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

    Cambios en residencia y ciudadanía

    La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

    El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

    Ingreso, permanencia y expulsiones

    También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

    Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

    El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

    Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

    En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

    Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

     

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  • Reforma laboral: las 10 propuestas que rechaza la CGT

     

    El Gobierno nacional avanza con la reforma laboral impulsada a través del Consejo de Mayo.

    Desde la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA) reiteró un “rechazo categórico”, especialmente hacia puntos inspirados en el DNU 70/23, y alertó sobre los compromisos laborales incluidos en el acuerdo comercial con Estados Unidos. A pesar de participar en la mesa técnica, la central sindical sostiene que el debate avanza sin un tratamiento profundo ni consenso real. Las fuentes consultadas por el Consejo de Mayo detallaron que existen diez propuestas concretas del borrador oficial que la CGT rechaza:

    1) Limitar la ultractividad de los convenios
    2) Priorizar convenios por empresa
    3) Restringir cuotas solidarias
    4) Regular el derecho de huelga en servicios esenciales
    5) Incorporar salarios dinámicos
    6) Exigir autorización previa para asambleas
    7) Modificar el principio de norma más favorable
    8) Implementar banco de horas y jornadas promedio
    9) Permitir fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de siete días
    10) Ampliar infracciones por bloqueos sindicales.

    Durante su visita a Neuquén, el ministro del Interior Diego Santilli defendió la necesidad de una modernización laboral profunda, tomando como ejemplo el modelo aplicado en el sector hidrocarburífero. Destacó la flexibilización del Convenio Colectivo petrolero impulsado en su momento por Guillermo Pereyra como un caso exitoso que permitió expandir la actividad y multiplicar el empleo. Según Santilli, una reforma eficaz debe adaptarse a las realidades productivas de cada región y apuntar a reducir la informalidad.

    Mientras tanto, dirigentes de la CGT, como Jorge Sola, insistieron en que la discusión pública se está dando “entre trascendidos” y sin participación real de trabajadores y empleadores. Señalaron que no cuentan con la “letra chica” del proyecto y que cualquier ley laboral de alcance general “nace viciada” si no incorpora las diferencias sectoriales. También remarcaron que el Gobierno no los convocó formalmente y que primero debería impulsarse una reforma tributaria para facilitar la creación de empleo.

    Sola advirtió que las cargas impositivas actuales desalientan a pequeñas y medianas empresas y que las medidas anunciadas mezclan prioridades sin un orden lógico. Además, cuestionó que las propuestas avanzan sin consulta ni debate técnico, replicando lineamientos ya objetados por la Justicia en el DNU 70/23. La CGT remarcó que está dispuesta a discutir modernizaciones, pero únicamente si se construyen con consenso, participación y soluciones adaptadas a cada actividad.

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  • La Legislatura de Neuquén aumenta su presupuesto casi 30%

     

    La Legislatura de Neuquén proyecta un presupuesto superior a los 72.370 millones de pesos para 2026, lo que representa un incremento cercano al 29% respecto del ejercicio vigente.

    El proyecto, que ingresó el jueves y lleva la firma de la vicepresidenta primera Zulma Reina, mantiene la estructura tradicional del gasto, con una fuerte concentración en el pago de salarios y una porción menor destinada a funcionamiento general y contingencias.

    Según el detalle presentado, más del 85% del total previsto —unos 61.736 millones de pesos— se destinarán al personal y contratos. El resto se reparte en 1.800 millones para bienes de consumo, 5.569 millones para servicios no personales, 569 millones para bienes de uso, 374 millones en transferencias, 1.900 millones para activos financieros y 420 millones en erogaciones figurativas.

    En materia de ingresos, la Legislatura se financia principalmente a través del 7,5% producido del régimen de coparticipación de impuestos nacionales que le corresponde a la provincia, junto con recursos propios y contribuciones del Servicio del Tesoro. La proyección, elaborada por el área de Administración del cuerpo, se realizó con base en los índices inflacionarios ponderados para el año próximo.

    El gasto total se distribuye en 19 programas. Entre las categorías de mayor incidencia figuran “Formación y sanción de normas provinciales”, con 22.334 millones de pesos; “Gestión administrativa, financiera y de control”, con 17.445 millones; “Conducción superior”, con más de 9.325 millones; “Actividad legislativa”, con 7.174 millones; y “Apoyo a personas humanas y jurídicas”, con 374 millones. Además, se incluye un fondo de contingencia de 1.900 millones.

    Una partida destacada corresponde al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que recibirá 729 millones de pesos en 2026, más del doble que el presupuesto vigente. El organismo había denunciado dificultades para sostener su funcionamiento por falta de recursos durante los últimos años.

    En términos globales, el presupuesto de la Legislatura representa el 0,97% del total provincial, un peso similar al de ejercicios anteriores.

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  • China advierte a Japón: “sufrirán una derrota aplastante si intervienen en Taiwán”

     

    El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Jiang Bin, lanzó una dura advertencia al gobierno japonés, afirmando que Japón enfrentaría una “derrota aplastante, si se atreve a intervenir militarmente en la cuestión de Taiwán.

    La declaración surge como respuesta directa a los dichos de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien señaló que las Fuerzas de Autodefensa de Japón podrían ejercer el derecho de defensa colectiva si China emplea la fuerza contra la isla.

    Las afirmaciones fueron realizadas este viernes durante una conferencia de prensa en China, donde Jiang Bin calificó los comentarios de Takaichi como una interferencia grave en los asuntos internos chinos y una violación al principio de “una sola China”.

    En ese ámbito, el vocero explicó cómo las declaraciones japonesas envían señales erróneas al movimiento separatista taiwanés, las consideró “extremadamente irresponsables y peligrosas” y reafirmó que cualquier intento extranjero de intervenir en Taiwán será enfrentado con una respuesta contundente del Ejército Popular de Liberación.

    Declaraciones de Jiang Bin

    Jiang, puntualizó que «las declaraciones erróneas sobre Taiwán hechas por el líder japonés constituyen una grave interferencia en los asuntos internos de China y una seria violación del principio de una sola China, del espíritu de los cuatro documentos políticos entre China y Japón y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales».

    Las declaraciones de la primera ministra japonesa desafiaron el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y envían señales muy equivocadas a las fuerzas separatistas de la «independencia de Taiwán«, indicó el vocero.

    Además, recalcó que «tales palabras son de naturaleza e impacto extremadamente negativos. Son extremadamente irresponsables y peligrosas».

    El vocero ratificó que la cuestión de Taiwán constituye un asunto puramente interno de China, que no admite interferencia extranjera.

    «Si la parte japonesa no aprende de la historia y se atreve a correr riesgos, o incluso a usar la fuerza para interferir en la cuestión de Taiwán, solo sufrirá una derrota aplastante ante el Ejército Popular de Liberación con una voluntad de acero y pagará un alto precio», advirtió Jiang.

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