En Los Ángeles irrumpe la agresión policial-militar de la administración Trump

En Los Ángeles irrumpe la agresión policial-militar de la administración Trump

 

Tropas de la Guardia Nacional de California y agentes de Policía montan guardia mientras la gente asiste a una manifestación contra las redadas federales de inmigración, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de junio de 2025. © Reuters – David Ryder

Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos. Pero no todo está perdido: cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria. Por Luis Bonilla-Molina (1) y Jorge Lefevre Tavárez (2)*.


Introducción

José es un conductor hondureño, trabajador precario de la plataforma de Uber, quien ha tomado un servicio para buscar a Olivia en el distrito de Hollywood, de los Ángeles. Aunque hace más de una década obtuvo la ciudadanía norteamericana, no puede evitar sentir temor al percatarse que su pasajera es latina, así que enmudece para no asumir el riesgo de tener que hablar en el idioma prohibido del español.

La ruta solicitada no pertenece a una de las zonas de acción del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (Immigration and Customs Enforecement, llamados en todos lados por sus siglas en inglés, ICE), ni las fuerzas policiales anti migrantes, pero prefiere tomar un par de desvíos por calles que acaba de comprobar que están exentas de operaciones policiales y protestas. El temor del conductor y la pasajera se expresan en las miradas que se cruzan en el retrovisor, como si ambos supieran que estaban en riesgo, como los centenares de migrantes detenidos los últimos días. Prende la radio y las noticias hablan de incidentes callejeros y el incremento de detenciones a la población trabajadora del Estado de California.

Manifestantes se enfrentan con las autoridades en el centro de Los Ángeles, el domingo 8 de junio de 2025, tras las protestas contra las redadas migratorias de la noche anterior. (AP Foto/Jae Hong, Archivo)

Miles de niños quedan atrapados en sus casas por temor a ser separados de sus padres, mientras la juventud latina prefiere perder el semestre en la universidad antes que ser tratados como delincuentes, por el único delito de ser hijos de trabajadores pobres que fueron tras el sueño americano. En estos días, enfermarse y tener que acudir al médico, puede convertirse en el boleto a una celda. La indignación recorre las calles de Los Ángeles y las ciudades de California.

Antecedentes

En su campaña electoral de 2024, Donald Trump prometió liderar la ¨mayor operación de deportación¨ en la historia de los Estados Unidos. Esto, como parte de su discurso reaccionario, nacionalista y xenofóbico, que culpa a la población migrante de robar empleos, y criminaliza esta población llamándoles ilegales y criminales. Esta promesa de campaña no impidió que, según Prensa Asociada, un 43% del voto latino haya sido emitido a favor de Trump en los comicios de noviembre. Esto en parte se debe a que la política del Partido Demócrata hacia los migrantes está lejos de ser un trato humano; Joseph Biden, como presidente, llegó a deportar a un número mayor de migrantes que Trump en su primera presidencia, y Barack Obama, más que George Bush, hijo. Pero la política de terror que ha implementado Trump en su segundo mandato no tiene precedente reciente.

Luego de las elecciones, y habiendo triunfado, el proyecto racista de Trump arrancó desde el inicio de su mandato el 20 de enero de 2025, cuando aprobó la Ley Ejecutiva anti migrantes. Esta moviliza las fuerzas del estado, particularmente a ICE, para hacer redadas y prácticamente secuestrar a personas para procesarlas y deportarlas de Estados Unidos. Al ser política del gobierno federal, requiere la complicidad de los gobiernos estatales. Se ha dicho que en ocasiones se les ha puesto una cuota de deportaciones a las agentes federales. Ha habido, igual, detenciones de personas que cuentan con documentos para permanecer en territorio estadounidense, y son igualmente desplazados. Son verdaderas campañas de terror, que tienen a la población migrante en una situación de extrema vulnerabilidad, y que ha llevado a grandes ausentismos en los trabajos y en las escuelas por miedo al acecho.

David Ryder / REUTERS.

En los meses transcurridos desde que asumió su segundo mandato, Trump ha intensificado las acciones contra la población migrante, especialmente la latina. Una de las poblaciones más afectadas es la venezolana, que tiene una diáspora de cerca de 8 millones de ciudadanos, muchos de los cuales se encuentran en los Estados Unidos. A pesar de que Nicolás Maduro se ha convertido en el gran aliado energético de los Estados Unidos, entregando en condiciones coloniales el petróleo venezolano a los gringos, Trump usa el fantasma del enemigo ideológico para expulsar y devolver a Venezuela la población del país dirigido por su aliado seudo izquierdista.

Ningún rincón del territorio estadounidense queda a salvo de esta política. Puerto Rico, colonia caribeña de Estados Unidos desde el 1898, con una población latina, también es víctima de esta política, en este caso, en particular la comunidad migrante de República Dominicana y de Haití. Esto, lamentablemente, con la complicidad del actual gobierno trumpista del Partido Nuevo Progresista y la gobernadora Jenniffer González. El Departamento de Transportación y Obras Públicas le entregó a ICE la dirección de 6,000 personas indocumentadas que contaban con licencias de conducir, desvirtuando una ley aprobada originalmente con la intención de incorporar a personas indocumentadas a la vida social del país. A esta fecha, ya ICE ha arrestado a 568 inmigrantes en Puerto Rico, de los cuales 421 son dominicanos.

Después de eliminar, restringir y someter a evaluación los estatus de toda la población migrante, ahora ha lanzado una ofensiva policial-militar sobre California, el Estado con mayor población extranjera, quienes juegan un papel esencial en la economía regional; en 2022, California aportó 692 millones de dólares en impuestos federales, equivalente al 15% el total de los ingresos federales de los Estados Unidos, mientras que se estima que en 2023 California envió 78 millones de dólares más de lo que recibió de fondos federales.

Narrativa de los hechos de junio 2025

Las redadas masivas de captura de migrantes iniciadas el 6 de junio mostró que se estaba entrando en un escalamiento de las políticas anti migración. Las operaciones de ICE se ejecutaron con especial brutalidad y violación de los derechos de la población migrante. El despliegue de la Guardia Nacional de California, el 7 de junio, generó respuestas y resistencias sociales en Paramount, Compton y el propio centro de Los Ángeles. No es para menos: la Guardia Nacional, un cuerpo militar que cada estado tiene y que responde simultáneamente a cada estado y al gobierno federal, en los Estados Unidos no suele movilizarse para acciones como esta (la propia propaganda de reclutamiento indica que se espera que un miembro de la Guarda Nacional sea movilizado “una vez cada dos o tres años”). Esto ha llevado a una pugna entre el gobierno estatal de California, que repudia la movilización de la Guardia Nacional en estas protestas, y el gobierno federal que los movilizada. Esto explica, también, la razón por la que grandes sectores de la Guardia Nacional han ignorado el llamado de Trump y no se han dejado movilizar (se estima que de los 2000 efectivos de la Guardia Nacional que se pretendía movilizar, solo han podido hacerlo con 300).

El 6 de junio, entre 8 y 10 de la mañana, agentes del ICE junto con agentes el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), el Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) realizaron redadas en un almacén textil arrestando a unos 44 trabajadores que fueron trasladados al Centro de Detención Edward R. Roybal, lo cual provocó protestas frente a este centro de confinamiento. Esto generó las primeras contradicciones en el establishment gringo.

La policía de Los Angeles se enfrenta con manifestantes. Imagen: EFE / EPA / Caroline Brehman.

En paralelo, ICE había tomado la Tienda Home Depot, en Paramount CA, deteniendo a latinos, a lo cual respondieron con protestas unos 400 manifestantes.  Surgieron las primeras denuncias respecto a la imposibilidad que tenían los prisioneros de acceder a un abogado, poniéndose de manifiesto la violación de los derechos humanos y las garantías mínimas procesales a quienes eran calificados como ilegales y sujetos a deportación.

El 7 de junio, continuaron las operaciones anti migrantes en el Atlantic Boulevard, incrementando las detenciones, pero también las protestas que culminaron en la quema de un vehículo. Los protestantes marchaban con banderas nacionales de los países de la región. Algo similar ocurrió en Compton.

Mientras la policía disparaba balas plásticas y gases lacrimógenos para dispersar las protestas, el funcionario de la administración Trump, Tom Homan, anunciaba el despliegue de 2.000 efectivos de la Guaria Nacional, lo cual generó que los concejales de Los Ángeles aprobaran 500 millones de dólares para fondos legales de protección a migrantes. Esa noche, centenares de manifestantes se concentraron frente al Edward R. Roybal Federal Building, vociferando la consigna de “¡ICE fuera de los Ángeles!”, a lo que Trump respondió en la red social Truth Social defendiendo las redadas.

El capítulo de la American Civil Liberties Union (ACLU, una organización sin fines de lucro que vela por los derechos de la población) del Sur de California expresó su intención de retar las medidas represivas en los Tribunales, y calificó la jornada como un operativo militar.

El 8 de junio, 300 guardias nacionales, armados hasta los dientes, con rifles largos y escudos anti motines, se apostaron frente al Metropolitan Detention Center en el propio centro de Los Ángeles. Mientras esto ocurría, al grito de “¡Paren las deportaciones!”, miles de manifestantes se reunían en la Mariachi Plaza con banderas de México, Honduras y El Salvador. La Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Patrulla de Caminos de California (CHP) dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes.

Imagen: Daniel Cole.

El gobernador de California, Kevin Newson, y el sheriff, Robert Luna, exigieron por la red social X que la Guardia Nacional debía retirarse. Esa noche, comenzaron los llamados a taxis autónomos (sin conductores) que al llegar al sitio eran quemados por pobladores indignados, como señal de protesta.

El 9 de junio, las protestas continuaron frente a los centros de detención, con un saldo de 27 manifestantes detenidos. Mientras el gobernador Newson anunciaba que demandaría a Trump por movilizar a la Guardia Nacional del estado de manera ilegítima, la congresista Nanette Barragán por un distrito de California develaba que el gobierno federal intencionaba que las redadas en Los Ángeles continuarían por 60 días, apareciendo Nueva York como el próximo territorio a ser ocupado por las fuerzas anti migrantes.

El 10 de junio el Pentágono confirmaba que desplegaría en Los Ángeles 700 marines, fuerzas militares con alta capacidad destructiva y aniquiladora de vidas humanas. Esto sería una nueva escala de las políticas migratorias que coloca a la clase trabajadora latina como enemigo ideológico de los Estados Unidos, no obstante, al parecer este contingente no ha podido ser movilizado por resistencias internas de efectivos de esta fuerza élite. Ante este anuncio el gobernador de California solicitó públicamente revertir la medida, lo que muestra la agudización de las contradicciones entre sectores del capital norteamericano, cuya evolución y correlación de fuerzas será determinante en los acontecimientos de los próximos días.

Si bien los datos oficiales son escasos, es un hecho que las protestas ciudadanas y las contradicciones entre la administración federal de Trump y el liderazgo local, especialmente del Gobernador de California y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, han hecho disminuir el número de arrestos los días 10 y 11 de junio.

Mientras tanto, se eleva el número de manifestantes que protestan las medidas, con pancartas que señalan Fuck ICE; ciudadanos norteamericanos salen de sus casas a evitar la deportación de vecinos, mostrando que el verde oliva y las armas de la Guardia Nacional no son suficientes para detenerlos

Las resistencias antifascistas

Las manifestaciones y choques de la población migrante contra el aparato policial-militar y ICE, si bien son un reflejo de sobrevivencia, son también signos de maduración política contra las políticas reaccionarias del gobierno federal, incluyendo sectores que incluso votaron a Trump. El alto apoyo de la población latina con voto hacia Trump, por ejemplo, que se mencionó al inicio de este artículo, ha decaído estrepitosamente, según encuestas recientes. Una parte importante de las movilizaciones en Los Ángeles ha sido de la comunidad latina, a la vez de las más vulnerables y de las más militantes. Se dice que las actuales movilizaciones pueden ser un presagio de un movimiento similar al “Black Lives Matter” de hace algunos años. Además, estas resistencias comienzan a ser expresión de enfrentamiento a las políticas fascistoides de la administración norteamericana.

Si bien los sectores liberales se oponen a las políticas de Trump, ha habido una oposición igualmente insistente a la manera en que estas manifestaciones se han desarrollado. La alcaldesa de Los Ángeles se ha expresado en contra de las manifestaciones violentas. La policía de Los Ángeles declaró que las concentraciones en el centro de la ciudad, eran asambleas ilegales y los participantes serían castigados con el peso de la Ley. Bernie Sanders, incluso, ha manifestado simpatía con la resistencia no-violenta que promovía Marthin Luther King, en oposición a lo que se ha visto en Los Ángeles. Ante eso, conviene recordar las propias palabras de Marthin Luther King:

“Y debo decir esta noche que un motín es el lenguaje de los que no son escuchados. ¿Y qué es lo que Estados Unidos no ha escuchado? … No ha escuchado que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. Y no ha escuchado que grandes segmentos de la sociedad blanca están más preocupados por la tranquilidad y el statu quo que por la justicia y la humanidad”.

Imagen: Univisión.

Ya hay una convocatoria para manifestaciones a nivel nacional para el 14 de junio, en el que los sectores en lucha han llamado a una protesta “No Kings”, o “sin reyes”. Si bien esta se había convocado con anterioridad a los motines en Los Ángeles, estos hechos han aumentado el interés y la participación en ella.

El mismo 14 de junio, Trump pretende simultáneamente conmemorar su nacimiento – cumple 79 años – y celebrar los 250 años del ejército estadounidense, con un despliegue militar en Washington, D.C que se indica que costará unos $45 millones. Los sectores en lucha, para denunciar el autoritarismo de Trump, favoreciendo el llamado a un gobierno sin “rey” y la vuelta a la “democracia”, convocan a manifestaciones en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos para ese día. Sin embargo, las manifestaciones no se limitan a 50 ciudades, sino que ya superan en número a las 2,000, y también se celebran fuera del territorio estadounidense: en las Islas Vírgenes, en México, en Canadá, en países en Europa y en África y en Puerto Rico (donde el llamado es doble: contra Trump, contra la gobernadora Jenniffer González). A estas manifestaciones se han unido importantes sectores sindicales. Se acrecienta el entusiasmo y la militancia de camino a la manifestación.

La amenaza de guerra civil para consolidar el poder

Gaby Hinsliff advierte en una columna en The Guardian que el despliegue militar en Los Ángeles tendrá un impacto directo en la democracia norteamericana. En efecto, la intervención del gobierno federal en los estados, y el despliegue militar de estas semanas, demuestra la tendencia creciente del gobierno de Trump hacia el autoritarismo, impulsando el poder ejecutivo por encima del estatal e incluso de la rama judicial.

El 9 de junio de 2025, Sunny Hostin señalaba en el programa de televisión The View que el caos fascistoide que genera esta situación está abriendo la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. Sin embargo, un escenario de guerra civil no pareciera estar planteado -al menos en el corto plazo- porque aún no se ha afectado de manera decisiva las cadenas productivas y los círculos de inversión en ese país. Solo una quiebra del modelo de acumulación de capital, en el cual los migrantes participan como mano de obra, podría plantear un riesgo de este tipo, pero en realidad no ha sido rota aún la proporción entre necesidades de absorber empleo y el ejército de reserva que sigue siendo aún muy numeroso.

Ciudades y condados de California con políticas ‘santuario’ protegen inmigrantes al limitar la cooperación con ICE. | Composición: La República.

Lo que es evidente, es que el caos le favorece a la consolidación del modo autoritario unipersonal que quiere implementar Trump. Este caos programado, le permitiría gobernar con poderes especiales, disminuyendo el margen de acción del Congreso y el poder judicial, especialmente con este último con el cuál se incrementan las tensiones a partir del desarrollo de la política anti migratoria.

La urgencia de la solidaridad internacional

Las políticas de ataque a la población migrante están en el corazón de las políticas de la nueva derecha mundial y los expresiones fascistas cada vez más comunes en gobiernos dirigidos por la ola neoconservadora mundial que encarna Trump. En ese sentido, la solidaridad hacia el pueblo estadounidense y hacia la comunidad de indocumentados debería incluir, no solo actividades y manifestaciones a favor de esta, sino también acciones y manifestaciones en contra de las expresiones reaccionarias y autoritarias en cada país. Todas las fuerzas progresistas, democráticas, defensoras de los derechos humanos y de izquierdas tienen que conformar un amplio frente mundial que enfrente con la movilización y las ideas este ataque a la clase trabajadora migrante.

Esta alianza mundial alternativa no puede ocultar los acuerdos a los que han llegado muchos gobiernos de la región para servir de anillo de contención y apoyo a las políticas trumpistas, deteniendo y criminalizando a quienes se mueven por necesidades, hacia el norte imperialista. Tampoco se pueden ocultar las políticas anti clase trabajadora de gobiernos nacionales, aliados a sus burguesías de sus países, quienes sostienen niveles de precarización salarial que expulsan a los migrantes; muchos de estos gobernantes quieren pescar en río revuelto, criticando a Trump a la par que destruyen el salario de la clase trabajadora de sus connacionales. Por tanto, una expresión internacional alternativa tiene también que poner los puntos sobre las íes, y promover una visión democrática de la sociedad, lejos del irracionalismo reaccionario, pero también de las políticas anti obreras del establishment liberal. Esta alianza alternativa mundial tiene que ser construida, además, dialogando con la población migrante, organizando junto a ellos acciones internacionales de enuncia y protesta, que tengan en la movilización su estrategia central.

Los migrantes no son números sino vidas humanas

Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes como José, Olivia, Marcos, Raúl, Luis o Pepe, se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos.

Pero no todo está perdido, cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. Solo un despertar el pueblo norteamericano puede salvar al pueblo migrante de este ataque del complejo policial-militar liderado por Trump. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria.


[1] Profesor e investigador venezolano. Actualmente profesor visitante em la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e integrante del movimiento del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo educativo.

[2] Profesor universitário. Vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y militante del Movimiento Político Victoria Ciudadana.

Fuente: https://luisbonillamolina.com/2025/06/11/en-los-angeles-irrumpe-la-agresion-policial-militar-de-la-administracion-trump/

 

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  • La Segunda guerra civil en Estados Unidos

     

     

    Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).


     

    No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

    En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

    En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

    En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

    En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

    Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

    A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

    Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

    Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

    Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

    (Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

    CALPU

     

     

     

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  • El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos moviliza este miércoles contra las políticas de Milei

     

    Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento y CATT), Hugo Cachorro Godoy (CTA Autónoma) y Abel Furlán (UOM) fueron algunos de los/as dirigentes que participaron de la conferencia de prensa que lanzó la primera acción de lucha del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. Foto: combinado en base a imágenes de prensa CTA-A e Indymedia Argentina.

    El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por 71 federaciones y sindicatos de la CGT y las CTA, organizaciones sociales, movimientos populares, trabajadores/as de la economía popular y gremios del ámbito estatal, del transporte, industrial y de servicios, anunció una masiva movilización para este miércoles 25 de junio contra las políticas de ajuste, hambre, saqueo y pobreza del gobierno de Javier Milei. La concentración será desde las 12 en Carlos Pellegrini y Sarmiento, para movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado (ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788), conducido por Federico Sturzenegger. De la conferencia participaron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento, FeMPINnRA y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte); entre otros. Por ANRed


    El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por al menos 71 federaciones y sindicatos (algunas de la CGT) del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, anunciaron hoy en una conferencia de prensa que llevaron adelante al mediodía en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que este miércoles 25 de junio marcharán contra las políticas de ajuste, hambre y pobreza del gobierno de Javier Milei.

    La concentración será desde las 12 en el cruce de Carlos Pellegrini y Sarmiento, en el centro porteño, para luego movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger y ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. La jornada de lucha, además, contará con el apoyo de federaciones y organizaciones sociales y gremiales.

    La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación del Estado liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei, que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

    «La paz social solo le sirve al Gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno»

    Durante la conferencia de prensa, diversos dirigentes y referentes sindicales hicieron intervenciones. Entre otros, estuvieron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte).

    Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento y CATT) al micrófono, secundado por Hugo Cachorro Godoy (CTA Autónoma) y Abel Furlán (UOM). Imagen: Indymedia Argentina.

    Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CGT, declaró: «es la primera acción que vamos a llevar adelante. Confluimos sindicatos estatales, del sector privado, del sector de servicios, de la industria, de la economía popular y también universitarios», enumeró. Y agregó: «la lucha por la soberanía implica la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de nuestras infraestructuras, de lo que queda de las empresas públicas, que sobrevivieron al experimento neoliberal de los 90′, significa soberanía alimentaria, del conocimiento y, también, trabajo argentino, porque la persona se construye y se desarrolla alrededor del trabajo, y la responsabilidad de los gobiernos es crear trabajo y dignidad del hombre y de la mujer que realiza su trabajo».

    «Y por último, los salarios, efectivamente, porque si hay un lugar donde no existe libertad, es en la negociación colectiva, donde hay imposiciones, hay pautas, hay restricciones, y eso se da de patadas con lo que pregona como un credo el gobierno de Javier Milei. Dice que él cree en la libertad absoluta, pero en la mesa de negociación colectiva no hay libertad», remarcó.

    Imagen: Prensa CTA Autónoma.

    Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma, aseguró que desde las dos CTA se acompañará esta iniciativa y añadió: «es imprescindible la resistencia y la unidad para vencer esta política de hambre y saqueo. Este es un gobierno que está habilitado por el decreto 70/23, que la Corte aún no ha rechazado, que está regido por Ley Bases, y respaldado por una Corte Suprema de la injusticia que persigue y proscribe, pero no trata la inconstitucionalidad de estas leyes, con los que incluso ha plantado una nueva estafa del FMI, que afecta a los argentinos más allá de este gobierno. Por eso, esta convocatoria a construir unidad, demuestra que nuestro pueblo no se resigna y que sus organizaciones de trabajadores formales e informales estamos en la primera línea para enfrentarlo. Este llamado a la lucha no empieza ahora y no termina con esta convocatoria», remarcó.

    En línea con lo que se fue expresando en la conferencia de prensa, Abel Furlán, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la República Argentina, aseguró: «hoy gobiernan las corporaciones y son quienes, de alguna manera, han determinado quiénes van a ser los ideólogos de llevar adelante sus políticas que tienen que ver con el saqueo que ya mencionaron anteriormente. Identificar al enemigo es, de alguna manera, tomar precauciones en anteriores momentos de nuestro país en que no la hemos podido visibilizar, y es momento de estar identificando con nombre y apellido a quienes están detrás del gobierno de Milei impulsando políticas para que los trabajadores naturalicemos, en primer lugar, salarios de hambre y, en segundo lugar, no tengamos la posibilidad de tener nuestras vidas dignas».

    Imagen: Prensa CTA Autónoma.

    En tanto, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, agregó: «este frente nos va a permitir comenzar a unir las luchas que se están llevando adelante en todo el país y por eso esta primera decisión de movilizar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta ahora las únicas respuestas que hemos tenido de parte del gobierno no han sido otras que mentiras organizadas, descalificaciones, amenazas, represión e espionaje ilegal a todos los las representaciones sindicales», denunció.

    «La paz social solo le sirve al gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno y que nos están saqueando. No solo cierran organismos y privatizan empresas estatales, sino ahora dice que van a vender hasta los edificios, los inmuebles y las tierras del estado. Si no les ponemos un freno, nos van a dejar sin país«, advirtió.

    Daniel Yofra, Secretario General de la Federación Aceitera. Foto: Indymedia Argentina.

    Por su parte, Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) remarcó: «acá estamos enfrentando no solamente a Sturzenegger, sino a un gobierno que está minado de empresarios, que piensa como empresarios, y que representa a las necesidades que tienen los empresarios en nuestro país. Así que me parece que lo del miércoles va a ser un punto de partida. Hay muchas organizaciones y, seguramente, hay mucho lugar para otras organizaciones que quieran venir a defender a la clase trabajadora. Ojalá que esto ocurra. Ojalá que no hayan sido en vano las desapariciones de compañeros y compañeras, las muertes, las persecuciones, los encarcelamientos, y que siguen habiendo, en la actualidad, y que enfrentemos a este gobierno como corresponde, que somos representantes de la clase trabajadora».

    Mientras, Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes, señaló el impacto de las políticas de Milei en el sector que representa: «lo hace a través decretos, a los que nos venimos oponiendo, como el desvío de vialidad, la desregulación del sector aeronáutico, de la marina mercante, entre otras cosas, como a querer limitar el derecho huelga». Y agregó: «esta mesa es la consecuencia de un montón de de actores que se ven afectados, y por eso se ha ido ampliando, y creo que va a seguir ampliándose. Esta es la primera medida en el marco de un espacio que se está consolidando, y vamos a movilizar al Ministerio de Destrucción, porque es el que está llevando adelante estas políticas y es el ideólogo de destruir todo lo que conocemos y entregar nuestra soberanía».

    Ver conferencia de prensa completa

    

    Más de 71 federaciones, sindicatos, organizaciones sociales y gremios movilizados contra las políticas de Milei

    Hasta el momento, integran el frente, y serán parte de la movilización, la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas; la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).

    También se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

     

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  • Andrés Gallegos regresa a la élite del golf: clasificado al DP World Tour 2026

     

    El golfista argentino Andrés Gallegos consiguió un hito importante en su carrera al clasificar al prestigioso DP World Tour (antiguo European Tour) para la temporada 2026. Con una sólida ronda final de 69 golpes, Gallegos empató el 16º puesto en la Final de la Escuela Clasificatoria, una posición que le garantiza participar en al menos 15 torneos del calendario mundial.


    El camino del jugador de 30 años fue extenso y exitoso, comenzando en Francia, donde se impuso en la primera etapa con un notable total de 21 golpes bajo par (-21). Luego, superó la segunda fase en Almería, España, y finalmente accedió a la decisiva Final con otros 156 competidores. En esa instancia, Gallegos demostró consistencia al firmar seis rondas consecutivas bajo par.


    Con su clasificación, Gallegos se convierte en el primer argentino en regresar al máximo circuito europeo desde la última temporada de Tano Goya en 2018. El DP World Tour es un escenario históricamente favorable para los golfistas de Argentina, donde brillaron figuras como Ángel Cabrera, Eduardo Romero y Vicente Fernández. Ahora, Gallegos compartirá fairways con estrellas mundiales como Rory McIlroy y Tommy Fleetwood.


    El calendario 2026 del DP World Tour, que abarca escenarios en Sudáfrica, Australia, Kenia, China y todo el continente europeo, comenzará en pocas semanas con el BMW PGA Australian Open. Este logro internacional llega en un gran momento para Gallegos, quien actualmente ocupa el tercer puesto en el Ranking Argentino con tres importantes victorias conseguidas en 2025.

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  • Dieron el informe final del caso $Libra: qué dice de Javier Milei

     

    (Por Sebastián Hadida, para NA).- La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la “estafa” a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.

    El documento, de 204 páginas de extensión y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y dio cuenta de que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias financieras previas muy similares con criptomonedas.

    En ese sentido, el informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que “la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación”, al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.

    Para los diputados opositores que fueron parte de la redacción del documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), “las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.

    En ese marco, no dudaron en caracterizar lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.

    “Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, señalaron, y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, “pese a que dicha información no era de circulación pública”.

    Según denunciaron, el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.

    También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

    En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de «incumplimiento de deberes» ya que «su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión».

    “Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en las consideraciones finales.

    “En efecto, del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron los diputados opositores en el informe.

    La reunión de este martes fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, que se creó como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.

    Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, que difundió bajo el nombre «Viva la Libertad Project» y lo presentó como si fuera una noble causa para financiar pymes de todo el país.

    Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Milei había utilizado su investidura presidencial y popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio en el que ganaron unos pocos con información privilegiada y como contrapartida provocó pérdidas millonarias para miles de usuarios.

    Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

    Con gran expectativa y a sala llena, la comisión ejecutó este martes su «last dance» y leyó el informe final, que incluyó un conjunto de consideraciones y recomendaciones.

    Al abrirse el debate, Marino, quien se quedó hasta las 4 de la mañana puliendo la redacción del informe, señaló que la presentación que hiciera Milei de Libra como un «proyecto serio de inversión para desarrollar pymes en realidad, desde un punto de vista técnico, era más cercano a un meme coin que habían manipulado de antemano para realizar el tirón de alfombra (rug pull)».

    El diputado de Unión por la Patria recordó que el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, había admitido que el presidente había evitado realizar consultas a organismos públicos de control para conocer si la promoción de Libra podía generar algún tipo de conflicto de interés que comprometiera la ley de Ética Publica.

    En tal sentido, el dirigente opositor y líder del Partido Piquetero aseguró que el «endorsement» a Libra de parte de Milei no fue un «error» involuntario sino «una decisión deliberada para eludir los controles estatales» y apuntalar un negocio privado.

    «El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy», consideró, y puntualizó que no se trata de «un hecho aislado» ya que Milei, junto a Novelli y Terrones Godoy ya habían sido parte de maniobras defraudatorias similares en el pasado reciente.

    «En nuestro rol de órgano de control político sobre el Poder Ejecutivo planteamos con total claridad que corresponde que el pleno del Congreso evalúe si el presidente de la Nación inclurrió en mal desempeño de sus funciones», enfatizó.

    Por su parte, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que existe un «patrón de conducta» o antecedentes que involucran directamente a Milei y a Novelli, y coincidió en que lo sucedido configura un «daño muy grave a la credibilidad del país».

    Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”

    Christian Castillo (Frente de Izquierda) refutó la defensa esgrimida por Milei respecto a que el mencionado posteo fue hecho en carácter de «ciudadano común».

    «Lo hizo desde una cuenta que tiene tilde gris y que refiere a altos funcionarios de Estado. Es decir, que no lo hizo como un ciudadano común», desmintió el diputado nacional del PTS.

    El dirigente trostkista también retrucó lo afirmado por Milei respecto a que el contrato de Libra era «público».

    «Él intentó dar la idea de que se encontró de casualidad con algo que era interesante para la Argentina y que por eso lo difundió. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación de dónde estaba la circulación pública de ese link sin el cual toda la maniobra alrededor de Libra no se hubiera podido hacer», subrayó.

    Para Castillo, «ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona» sino solamente quienes «tuvieran información privilegiada» como el propio Milei, y lo relacionó con las múltiples reuniones previas que el presidente mantuvo con empresarios cripto como Hayden Davis y los intermediarios Novelli y Terrones Godoy.qMQYIA

    «Sin ese contrato no había posibilidad de estafa. No había posibilidad de hacer la maaniobra de rug pull», remató el legislador de izquierda.tal cual. Rodolfo, te agradecemos muchísimo estos minutos y conversar con nosotros sobre estos temas. Nosotros los agradecimos siempre. luego. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Abrazo grande.  Adiós. Bueno, charlamos con Rodolfo Hoyar, secretario general de Ate Nacional.

     

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