La Legislatura de Neuquén aumenta su presupuesto casi 30%

 

Un patrullero de la Policía de Río Negro protagonizó un violento choque en el ingreso a Neuquén capital, en la zona del Puente Carretero, durante la mañana de este sábado.

Un móvil policial, perteneciente a la Comisaría 4° de Cipolletti, impactó contra un poste de alumbrado público mientras participaba de una persecución que se había iniciado tras una agresión a otro patrullero. El hecho dejó a dos efectivos heridos, que debieron ser hospitalizados de inmediato. Según informaron fuentes oficiales, la persecución comenzó cuando los ocupantes de un automóvil arrojaron una piedra contra un móvil policial en Cipolletti, lo que motivó un operativo para interceptarlos. En medio de la maniobra, el patrullero perdió el control y se subió al cordón, chocando con fuerza contra una columna de luz. El impacto fue tan fuerte que provocó graves daños materiales en el vehículo, especialmente en el capó, radiador y tren delantero.

La Policía de Río Negro trabaja ahora para determinar la mecánica del siniestro y localizar a los responsables del ataque que derivó en la persecución. El incidente, ocurrido en uno de los accesos más transitados entre Cipolletti y Neuquén, generó gran movimiento de ambulancias y personal de tránsito. El patrullero quedó destruido en el lugar y las autoridades buscan esclarecer si el exceso de velocidad o una maniobra evasiva provocaron el impacto.

Los dos policías heridos fueron asistidos por personal médico y trasladados al Hospital de Cipolletti, donde permanecen en observación. Desde la fuerza provincial confirmaron que ambos se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica por precaución. En paralelo, se desplegó un operativo para dar con el vehículo sospechoso que protagonizó la agresión y que logró escapar de la escena.

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La emisora Rock & Pop 95.9 presenta este domingo a partir de las 10 “Ranking Rock & Pop – Edición 40 años”, la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por la audiencia, con Mario Pergolini como conductor invitado.

Rock & Pop celebra su aniversario número 40 con un gesto que toca fibras históricas: Mario Pergolini volverá a ponerse al frente del Ranking Rock & Pop en una edición especial que repasará las 40 canciones más votadas por los oyentes. El especial saldrá al aire en vivo por FM 95.9 y en streaming.

La emisora adelantó que será un programa de alto voltaje emocional, con anécdotas, recuerdos y la adrenalina de una cuenta regresiva que cruzará generaciones: de clásicos imperecederos a himnos más recientes, elegidos por el público. La presencia de Pergolini —figura clave en la historia de la radio y exconductor del Ranking y de ¿Cuál es?— subraya el carácter conmemorativo de la jornada por los 40 años de la marca.

“Edición 40 años” no será un simple repaso de hits: el especial buscará contar una historia a través de las canciones que marcaron a los oyentes y a la radio, con el tono inconfundible de Pergolini y el sello sonoro de Rock & Pop.

Cómo y cuándo escuchar

• Fecha y hora: domingo, 10 (hora de Argentina)
• Dónde: Rock & Pop 95.9 FM 
• Online: transmisión por el sitio web y plataformas oficiales de la radio

Por qué importa

El especial resume la relación de cuatro décadas entre Rock & Pop y su audiencia, recuperando la mística del Ranking con uno de sus conductores más emblemáticos. Para los oyentes históricos, es una cita con la memoria; para las nuevas generaciones, una puerta de entrada al ADN de la radio.

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Productores, emprendedores, artesanos y artistas que desarrollan sus tareas en el Parque Saavedra de La Plata denuncian y resisten el inminente cierre del parque dispuesto por el intendente Julio Alak. «El parque no es solo una feria. Aquí conviven la biblioteca ‘Del otro lado del árbol’, una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. El cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan», remarcan. Por ANRed.

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Así lo denuncian en la cuenta de Instagram todxs_x_el_parque: «ante el inminente cierre del Parque Saavedra de La Plata, quienes somos productores, emprendedores y artesanxs que lo habitamos, nos autoconvocamos para denunciar y resistir el atropello de la Municipalidad, encabezada por el intendente Julio Alak, que amenaza con destruir nuestra fuente de trabajo y de vida».

 

«El parque no es solo una feria – agregan – Aquí conviven la biblioteca «Del otro lado del árbol», una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. Las mismas que ahora pretenden silenciar. Sabemos que, como ocurrió en Plaza Italia, Plaza San Martín y Plaza Rocha, el trasfondo es «limpiar» de pobres el espacio público, como si la pobreza fuera lo opuesto a la belleza. Como si la presencia de Ixs trabajadorxs informales empañara la estética de la ciudad», remarcan.

En la misma línea, agregan: «el cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es interrumpir la vida comunitaria, cortar con las actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalecen el tejido social. Es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan. Pero el parque es de todxs. Y quienes lo habitamos lo cuidamos, lo vivimos, lo defendemos».

«Por eso, llamamos a lxs vecinxs, organizaciones de derechos humanos, y a todxs quienes disfrutan del parque, a sumarse al reclamo. A estar atentxs, organizadxs y en estado de alerta. Defendamos el espacio público y nuestra fuente de trabajo», finaliza el comunicado de la Asamblea Autoconvocada de Productores, Artesanos, Emprendedores, Vecinos y Espacios Autogestivos del Parque Saavedra.

 

 

Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.

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El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

 

 

 

Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).

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No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

(Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

CALPU

 

 

 

 

La jueza Julieta Makintach denunció el lunes por la noche a su par Maximiliano Savarino «por falso testimonio» tras haber declarado en el jury de enjuiciamiento contra ella por estar acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Fuentes judiciales informaron que la medida la tomó la defensa de Makintach, luego de que Savarino señalara que no había observado que había personas filmando dentro de la sala durante la primera audiencia, cuando supuestamente le habián avisado de esas presencias.

«No observé el primer día de la audiencia, cuando empezó el juicio oral, a las personas que después de la investigación aparecen filmando a escondidas, de donde estoy yo, en el lado izquierdo, al fondo de la sala, en la última o en la penúltima hilera. No los vi, porque si lo hubiese visto, les hubiese llamado la atención, e impedido hacerlo (…) «, afirmó el magistrado.

Y añadió: «No sabía que existía una filmación oculta cuya responsabilidad atañe de manera exclusiva a la doctora  Julieta Makintach, Jueza del Tribunal en lo Criminal número 2 de San Isidro».

Estos dichos fueron tomados por Makintach y se impulsó una denuncia por falso testimonio, luego de que se ratificara la presencia de una cámara dentro del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro.

«El día 11 de marzo de 2025, en la causa 5628 del TOC Nro. 3 de San Isidro donde se debatía la muerte del señor Diego Armando Maradona, jornada de primer audiencia del debate, donde se pudo advertir la existencia de una cámara de filmación, la cual era de un importante tamaño, y a la vista de todos, al punto que el día 19 de agosto de 2025, la señora Laura Soledad Minici, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, ratificó la existencia de una cámara», señaló.

«En la primer jornada hubo una situación que Barrionuevo inicialmente me dice que había gente que no estaban presentados como periodistas, que tenían algún vínculo con Makintach y que querían estar como público. No se habían acreditado con Ezequiel Klass (subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense). No sabíamos bien cuál era el vínculo que tenían con Makintach. Le dijeron a Daniela Barrionuevo quevenían de parte de ella. La primera jornada fue caótica, eran muchas partes», precisó Minici.

Y agregó: «Yo le transmití esto a los doctores Savarino y Verónica Di Tomasso, que estaban esas personas que decían que venían de parte de Makintach, les pregunté si los dejábamos con el público y me dijeron que sí, que después lo veían entre ellos. Cuando luego surge el tema de la grabación, una de esas personas estaban grabando con una cámara, me lo hace saber Barrionuevo. Ahí le hago saber nuevamente a los doctores Savarino y Di Tommaso y me dijeron ‘luego lo vamos hablar con Ezequiel Klass’».

Asimismo, detalló que dentro de la sala «sólo estaban algunos periodistas gráficos en esa primera jornada, en la sala, porque no podía haber cámaras«.

“Sólo se autorizó un minuto por reloj a que saquen fotos en la primera jornada. Se estaba transmitiendo en vivo por el canal de la Corte. Creo que Barrionuevo me transmitió que estaban grabando en algún cuarto intermedio y ahí yo se lo transmití a los jueces, no recuerdo bien cuando, fue muy extensa la primer jornada”, precisó.

Y cerró: «No recuerdo haber visto a esa persona grabando, yo lo transmití a mis superiores y me desentendí de eso (…) La respuesta de mis jueces fue que iban a hablar con Klass, yo ese día no volví a hablar del tema con ellos y luego no volví a hablar porque ya no se repitió la situación de que estén grabando».

El juicio continúa este martes

El jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach, por el escándalo en el documental grabado durante el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, continúa hoy con importantes declaraciones como las de Dalma, Gianinna y una amiga de la acusada. Además, la magistrada solicitó volver a declarar.

Este martes a partir de las 9.00 se dará inicio a una nueva audiencia en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la ciudad de La Plata, donde en pocos días se sabrá si Makintach continúa con el legado familiar o si la destituyen.

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