Patagonia: ¿cómo impactarían las elecciones legislativas en la región?

 

Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A 35 años de los hechos, se aguarda el nuevo juicio contra sus encubridores. «Yo seguiré luchando por Andrés y todas las causas», sostuvo su compañera Mirna Gómez. Por Valeria Jasper (La Izquierda Diario).

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A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.

A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex Brigada de Investigaciones (actual DDI) la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990.

«Estoy muy contenta con lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa», manifestó Mirna Gómez, compañera de Núñez, una gran referente en la lucha por los derechos humanos en la región. Y agregó: «Yo seguiré luchando no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas, mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años».

Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.

La familia siempre denunció el encubrimiento del Estado a los criminales, entre ellos PAblo Martín GErez Duhalde, sobrino de Eduardo Duhalde que lleva tres décadas prófugo. Esperan que alguna vez el Estado se digne a encontrarlo y entregarlo para su juzgamiento. Es quien comandó el operativo en el que se llevaron a Núñez y proveyó el campo de General Belgrano (a unos 100 kilómetros de La Plata) donde se enterraron los restos incinerados de la víctima.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Andres-Nunez-niegan-la-prision-domiciliaria-a-uno-de-los-policias-condenados

 

 

Dos hermanos de nacionalidad chilena, quienes habían ingresado al país de manera ilegal y tenían antecedentes penales, fueron expulsados en el marco de un operativo supervisado  por el Ministerio de Seguridad, y que contó con la participación de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Precisamente, efectivos de la PFA arrestaron a los dos sujetos, quienes vivían en un hotel de la localidad de Ezeiza, en el sur bonaerense. Y tras la detención, ya fueron enviados a su país de origen, donde habían cometido diversos delitos, al igual que en Estados Unidos.

La investigación se inició a raíz de un pedido de colaboración de Sonia Harms, directora de Control de Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones, solicitando pesquisas para establecer el paradero de los acusados, uno de ellos tenía pedido de captura por secuestro extorsivo en Chile y el otro había sido deportado de Estados Unidos, por el robo a lujosos inmuebles.

Con esta información, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, los efectivos de la Comisaría de Asuntos Migratorios iniciaron un operativo y detectaron que los mismos se ocultaban en un hotel en el partido bonaerense de Ezeiza, donde finalmente fueron detenidos, tras un operativo en conjunto con personal de la Dirección Nacional de Migraciones y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

De esta manera, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la inmediata expulsión del país de los sindicados. Posteriormente, ambos fueron trasladados bajo custodia policial en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Santiago de Chile, donde al llegar fueron detenidos por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), para continuar la prosecución judicial.

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El ministro de Economía, Producción e Industria de la provincia, Guillermo Koenig, expuso este martes en la Legislatura los detalles de los dos proyectos de ley enviados por el gobernador Rolando Figueroa que buscan autorizar nuevas operaciones de crédito con organismos internacionales.

Se trata de acuerdos por hasta 150 millones de dólares cada uno, a firmarse con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más conocido como Banco Mundial.

Koenig asistió a la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia, acompañado por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, y la titular de la Upefe, Tanya Bertoldi, quien también encabeza la Secretaría de Obras Públicas.

Durante su presentación, el ministro destacó el trabajo técnico de los equipos provinciales en la gestión de financiamiento externo y subrayó que Neuquén es la única provincia del país que logró acceder de manera sostenida a organismos multilaterales de crédito en la actual gestión.

“Cada proyecto tiene objetivos específicos, pero todos apuntan a fortalecer el plan de infraestructura. Sabemos del déficit que heredamos en esa materia, y por eso elegimos salir a buscar los fondos necesarios para hacer las obras. El financiamiento será siempre para infraestructura, no para gastos corrientes”, afirmó.

Dos programas estratégicos para el desarrollo provincial

Según explicó el equipo económico, el crédito con el BID estará destinado al Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat, que busca garantizar el acceso a servicios básicos y equipamiento urbano en distintas localidades. Incluirá obras de infraestructura urbana, movilidad sostenible, transporte público, y proyectos de regularización dominial en barrios populares. Además, contempla instancias de capacitación y fortalecimiento institucional en planificación urbana.

Por su parte, el financiamiento con el BIRF se orientará al Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1, enfocado en el impulso del turismo y sectores asociados como estrategia de diversificación económica para el Neuquén pos Vaca Muerta.

“Pensar al turismo como motor del desarrollo exige planificar desde ahora cómo será la provincia a futuro. La conectividad y las obras que se proyectan permitirán abrir nuevas oportunidades económicas en regiones como Lagos del Sur, Pehuén y Alto Neuquén”, explicó Koenig.

Condiciones y proyección

Ambos créditos contemplan plazos totales de hasta 32 años, incluyendo un período de gracia de siete años para el pago de capital. La tasa de interés y las comisiones se establecerán al momento de la firma de los instrumentos correspondientes.

Koenig aclaró que la nueva deuda no comprometerá la estabilidad financiera provincial, dado el proceso de desendeudamiento iniciado desde el comienzo de la gestión Figueroa.

“Estos programas representan una oportunidad para apostar al desarrollo equilibrado, generar empleo, fortalecer el arraigo territorial y consolidar destinos turísticos y urbanos con infraestructura moderna y sostenible”, concluyó.

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La Justicia laboral ordenó suspender el sistema digital impuesto por ARCA tras una presentación de AEFIP, que denunció una maniobra unilateral del organismo para gestionar afiliaciones y desafiliaciones sindicales sin intervención del gremio. El fallo marcó la irrazonabilidad de que un empleador asuma para sí la posibilidad de afiliar o desafiliar a un trabajador a cualquier entidad. Por Infogremiales.

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La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) logró un fallo favorable por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N°17, que hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender el acceso digital al sistema SARHA. Este sistema, implementado por las autoridades del organismo en cuestión a principios de mayo, permitía gestionar automáticamente la afiliación y desafiliación sindical, lo que AEFIP consideró una injerencia directa en sus funciones como entidad gremial.

La acción judicial fue presentada el pasado 12 de mayo, cuando el sindicato denunció que el mecanismo había sido creado de forma unilateral por el empleador, sin consulta ni participación del gremio. Según AEFIP, esta herramienta viola el marco normativo vigente al reemplazar la intervención del sindicato en la gestión de altas y bajas de afiliados, constituyendo así un intento de socavar su legitimidad y representación.

En la sentencia a la que accedió InfoGremiales, el juzgado argumenta que «carecería de toda razonabilidad que el empleador asumiera para sí, y por su unilateral decisión, el acto formal de la inscripción (y eventualmente la renuncia o la desafiliación) del trabajador a cualquier entidad civil, gremio, asociación, cooperativa o club».

Y agrega que «La entidad gremial es la que tiene la facultad – y por tanto el derecho – de afiliar o de desafiliar a los trabajadores que pueda agrupar, en las condiciones previstas por las normas vigentes y por su propio estatuto«. Siguiendo esta línea, le da lugar a la medida cautelar y ordena suspender la aplicación del sistema.

Desde la Mesa Directiva Nacional del sindicato AEFIP destacaron que, a pesar del “accionar desleal y autoritario de la patronal”, el cuerpo de trabajadores se mantuvo unido junto a la organización sindical. AEFIP señaló que este fallo judicial ratifica el principio de libertad sindical y desestima “mediocres y repudiables políticas” dirigidas a debilitar la unidad gremial.

Finalmente, el secretario general Pablo Flores y el secretario adjunto Hugo Álvarez convocaron a los trabajadores a continuar fortaleciendo la organización sindical con unidad y solidaridad. “No hay libertad sin justicia para los trabajadores”, remarcaron en el cierre del comunicado.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-ordeno-a-arca-suspender-el-sistema-de-desafiliacion-sindical-careceria-de-toda-razonabilidad-que-el-empleador-asumiera-el-acto-de-inscripcion-o-renuncia-a-cualquier-entidad/

 

 

Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

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Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

 

 

 

Los sucesos que están pasando simultáneamente en Estados Unidos durante el año en el que Donald Trump comenzó por segunda vez un mandato presidencial son espantosos, crueles y disparatados. Solamente en junio hubo: Cacería y deportaciones de trabajadores migrantes, una congresista pro derechos humanos asesinada, un senador silenciado a la fuerza a la hora de preguntarle a la Secretaria de Seguridad Nacional sobre las redadas de la policía migratoria, corte de derechos a personas con asilo político, militarización y represión en las calles, desfile militar por el aniversario 250 de la armada estadounidense con cumpleaños de Trump incluido, y acusaciones de drogadicto y pedófilo entre el empresario Elon Musk y el presidente. El ambiente que se vive en Estados Unidos es de incertidumbre cotidiana, miedo, preocupación, perplejidad, pero también se percibe indignación, más atención y reacción popular saliendo a las calles de todas las ciudades del país. Por Lorena Mans desde Estados Unidos para ANRed.

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La ciudad californiana de Los Ángeles tiene un 48 por ciento de la población de origen latino. Es ahí que durante días empezaron las redadas despiadadas de la policía migratoria conocida como «ICE» (Immigration and Customs Enforcement) en inglés. Aproximadamente 51.000 inmigrantes indocumentados que residían en LA permanecen detenidos por ICE según datos de principios de junio. ICE espera a los migrantes a la salida del trabajo, en la puerta de la escuela, e incluso a la salida de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, donde las personas tramitan su estatus migratorio de manera legal. Los agentes actúan con la cara tapada. Literalmente están separando familias donde lxs niñxs se quedan sin un padre o madre o con ninguno de los dos. Lo peor es que ya se está volviendo cotidiano ver videos de las detenciones crueles en los noticieros.

Tras las redadas, los vecinos reaccionaron protegiéndose mutuamente, comunicándose por donde va “la migra”, cortando las calles y movilizándose en sus barrios y en el centro de la ciudad. La reacción de lucha en la calle fue inmediata. Salen los que pueden, es decir los que tienen papeles. Se ven muchos hijos de migrantes que solo hablan inglés o spanglish manifestando por sus padres y madres que no pueden ir. Se observa mucha solidaridad, porque no solo hay familiares de migrantes en las marchas, hay una gran parte de la comunidad de Los Ángeles apoyando a sus vecinos y rechazando las demostraciones de poder del gobierno nacional.

Para reprimir las protestas, Trump ordenó 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 de la Marina. El despliegue no fue bienvenido por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, porque la intervención militar fue sin su consentimiento y argumentan que la situación estaba bajo control local y que la presencia militar podría intensificar las tensiones. En el “frenesí de tener todo bajo control”, la alcaldesa ordenó un toque de queda que todavía está activo, de 8pm a 6am. Estas manifestaciones durante la semana pasada, han terminando con presos y represión

Mientras tanto, el presidente Trump, ordenó un festival con marcha militar en Washington DC el sábado 14 de junio por el aniversario 250 de la Armada Estadounidense, el US Army. También el mismo día, era el cumpleaños 79 del mandatario. El evento contó con la interacción de los militares con los ciudadanos que se acercaron, simbología patriótica y una exhaustiva promoción al reclutamiento. Podríamos decir que el clima nublado a punto de llover de ése día nubló el evento, pero en realidad, no mucha gente concurrió al desfile. Se podía escuchar el ruido de las ruedas de los tanques de guerra rechinando porque no había suficiente gente celebrando en las gradas que habían puesto sobre las calles de la capital de EEUU. El evento costó alrededor de 45 millones de dólares.

 

Muchos estadounidenses se avergonzaron de este desfile porque según ellos, sólo los países autoritarios hacen esa demostración de poder bélico. “Este no es el gobierno norcoreano de Kim Jong-un” y “No somos la Unión Soviética ni China”, salía de la boca de los comentaristas de algunos medios de comunicación. También decían que andar mostrando su fuerza bélica puede ser un gesto de debilidad. La última vez que se realizó este tipo de eventos fué luego del fin de la guerra del golfo en 1991. Pero este fin de semana, a quien se le mostraba el ejército? “Ser libre no es gratis”, declaró una voluntaria del US Army. La pregunta es libre de qué y quiénes son los libres?

Mientras tanto, en 2170 ciudades del país ese mismo día se organizaron protestas a las que llamaron No King day donde las consignas fueron en contra del autoritarismo, el cese de deportaciones y persecuciones a los trabajadores migrantes, y en defensa de la democracia estadounidense. Recuerden que para el ciudadano promedio de este país, su democracia es excepcional, libre y ejemplificadora, y un personaje como Donald Trump con su gobierno, les parece una pesadilla de país tercermundista. Se estima que hubo 6 millones de personas protestando en todo el país, eso es casi el dos por ciento de la población en las calles en contra de Trump.

Pero este sábado no solo ocurrieron estos dos sucesos contrapuestos. La legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman fue asesinada a balazos junto a su esposo en su casa. El ejecutador es Vance Luther Boelter, un hombre dueño de una empresa de seguridad, que expresaba posturas anti aborto y anti LGBTQ+, mantiene creencias evangélicas y es simpatizante de Trump. No es casual que la haya elegido a ella para ejecutarla, ya que Hortman se destacaba por impulsar políticas en educación, energía solar, derechos ambientales, acceso a abortos y a derechos de la comunidad LGBTQ+. También ella fue clave en la reforma policial de Minnesota tras el asesinato de George Floyd. En el coche de Boelter había un manifiesto y una lista de 70 personas defensoras del aborto y volantes de la marcha No King Day. Por el momento, se refleja que es un asesinato con connotaciones de odio político realizado por un individuo no organizado.

Tantos hechos de impunidad y autoritarismo están ocurriendo de parte del gobierno que no alcanza con un artículo periodístico para mencionarlos. El jueves, agentes federales sacaron por la fuerza al senador californiano Alex Padilla de una conferencia de prensa ofrecida por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por preguntar sobre las redadas de Ice y las represiones a manifestantes en Los Ángeles. Lo echaron del lugar a los empujones, lo tiraron al piso y lo esposaron mientras la conferencia continuaba. Padilla declaró que si así responde esta administración a un senador con una pregunta, imagínense lo que les están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país”.

Otro sector que está sufriendo las políticas de odio del gobierno son los exiliados cubanos y venezolanos, los cuales gran cantidad de ellos simpatizan y votaron a Trump. Muchos latinos que justificaban su apoyo al presidente argumentaban que los migrantes que vinieron de forma ilegal se tendrían que ir del país y que se deberían deportar a los migrantes que cometieron algún delito. Sin embargo, en la lista de deportados hay cubanos y venezolanos que esperaban sus trámites migratorios. De hecho 238 venezolanos fueron deportados y transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de El Salvador construida por Nayib Bukele, conocida por sus condiciones abusivas.

Al haber suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio temporal otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan situaciones extraordinarias como desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos legalmente y obtener permisos de trabajo, muchos venezolanos y cubanos han quedado a la deriva. Ni hablar de la prohibición de la entrada a personas de 12 países: Venezuela, Cuba, Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Yemen. Esta proclamación afecta a los venezolanos y cubanos que querían entrar legal al país para reencontrarse con sus familias en EEUU.

Un caso a analizar aparte es la ausencia total de derechos para las personas trans desde que el gobierno de Trump dió la orden ejecutiva de que solo hay dos sexos, masculino y femenino con su ley anti transgenero. La comunidad LGTBQ+, en especial lxs trans son lxs que también han salido a la calle a reclamar por sus existencias.

En medio de la perplejidad y la incertidumbre que da este gobierno, la reacción de mucha gente es indignarse y salir a la calle a protestar. Otros se arrepienten de su voto a Trump basado en la mejora de la economía y se sienten traicionados. El clima social es de enojo y tensión y por otro lado, de envalentonamiento e impunidad. Esperemos cuales son los próximos acontecimientos en el país de la libertad.