«Los derechos humanos no se degradan por decreto»: caminata por la Memoria, la Verdad y la Justicia

«Los derechos humanos no se degradan por decreto»: caminata por la Memoria, la Verdad y la Justicia

 

Imagen: @ate.justiciayddhh

La Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nucleada en ATE Capital, convoca este viernes 30 de mayo a las 17 horas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Avenida Del Libertador 8151 (CABA), para realizar una «caminata en defensa de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos», contra los despidos y el vaciamiento de los Espacios de Memoria. El gobierno nacional anunció ayer que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA», en el marco del «mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes», indicó el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido por el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por ANRed.


Así convocaron desde las redes sociales los/as delegados/as de ATE Capital de la Secretaría de Derechos Humanos: «ante los avances del gobierno contra la Secretaría de Derechos Humanos, nos convocamos este viernes 30 de mayo a las 17 horas para defender las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos en la ex ESMA (Av. Del Libertador 8151). ¡Lxs esperamos!».

En ese marco, convocan también a adherir de manera online a la convocatoria.

En declaraciones a Entre Líneas PQV (FM 105.9), Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos humanos amplió: «la última semana, el Ministerio y el Gobierno Nacional definieron degradar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una subsecretaría. También se definió que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria pasen a hacer oficinas dentro de otra dependencia, que es el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, con lo cual está degradando la institucionalidad y el rango que tienen todas estas dependencias. Cuando hablamos del Archivo Nacional de Memoria, estamos hablando de una institución de jerarquía internacional que es consultada por investigadores de todo el mundo. Hoy realmente vienen y nos llaman permanentemente de todo el mundo, desde Francia, de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Vienen investigadores de todo el mundo a consultar nuestro acervo».

Imagen: @ate.justiciayddhh

En la misma línea, agregó: «lo que nosotros venimos denunciando es el desmantelamiento. Porque claramente a ellos no les interesa las políticas de derechos humanos. El anuncio fue que iban a hacer una reducción del 40% en la estructura organizativa y de un 30% de los trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta esto: ya la Secretaría de Derechos Humanos vio reducida su planta total en más de la mitad durante un año y medio».

Como parte de esta avanzada gubernamental, el gobierno de Javier Milei anunció este miércoles 28 de mayo, a través del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA».

«Este inmueble, anteriormente destinado a programas ideológicos y actividades político partidarias, será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad. Nuestra decisión se enmarca en el mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos. Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes», finaliza el comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

El pasado viernes 23 de mayo, Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado una nueva escalada en las políticas de vaciamiento de las políticas de Memoria y Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que las primeras medidas de esta nueva avanzada del gobierno nacional eran el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

«La medida vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. En todos los casos, los organismos verán reducida su planta jerárquica y de trabajadores, generando, como viene sucediendo, la ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período», remarcaron desde Abuelas.

 

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  • Escándalo vitivinícola: condenan a EcoGreen a pagar USD 16 millones

     

    La justicia mendocina confirmó una sentencia que ordena a EcoGreen International LLC, a su titular Marcelo Bocardo y a Jugos Australes S.A. pagar más de USD 16 millones a la empresa Iberte por incumplir un contrato de provisión de mosto concentrado.

    La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mendoza ratificó que las firmas no entregaron el producto acordado pese a haber recibido el pago, configurando un “incumplimiento contractual esencial”. Los tres demandados deberán responder solidariamente.

    El fallo también dispuso embargos sobre bienes y cuentas de Jugos Australes y mantiene vigente la prohibición de salida del país para Bocardo, quien además enfrenta una causa penal por desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal.

    El abogado de Iberte, Carlos Aguinaga, destacó que el fallo “marca un límite a la impunidad comercial” y podría sentar precedente en otras causas del sector, especialmente en el conflicto judicial que involucra a Fecovita, por incumplimientos similares.

    En tanto, desde Iberte adelantaron que los fondos recuperados a través de este y otros juicios serán destinados a proyectos de bien público mediante una fundación, en el marco de un compromiso asumido por la empresa para reinvertir los montos derivados de litigios comerciales en iniciativas sociales y comunitarias.

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  • Solicitan elevar a juicio la causa de la mujer trans que murió por no recibir atención médica en la cárcel

     

    Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.


    El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

    A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

    Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

    El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

    La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

    A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

    Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

     

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  • El gobierno nacional ofrece una recompensa millonaria por datos de Luciana Muñoz

     

    Cualquier información sobre la joven neuquina Luciana Muñoz, desaparecida el 13 de julio del año pasado en el oeste de la ciudad de Neuquén, será recompensado por hasta 10 millones de pesos. Así se conoció a través de la publicación este viernes en el Boletín Oficial de una resolución del ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich.

    La cartera nacional señaló que la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, del Ministerio Público Fiscal neuquino, a cargo de Andrés Guillermo Azar, solicitó, mediante un oficio el pasado 25 de agosto de 2025, que se ofrezca una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la joven.

    En el escrito, firmado por Bullrich, se destaca que la principal hipótesis que se maneja en la causa es la comisión de trata de personas.

    Frente a esta solicitud, el ministerio de Seguridad aprobó el ofrecimiento de $10 millones como recompensa para quien tenga datos de donde está Muñoz, quien fue vista por última vez el 13 de julio de 2024, entre las 11 y las 12 horas, en cercanía a su domicilio en el barrio Gran Neuquén Norte.

    Al momento de desaparecer vestía una campera de abrigo color azul, una chomba color negro, pantalón de jean azul tipo nevado, zapatillas tipo urbanas color negro con cordones y suela blanca.

    La joven posee las siguientes características físicas: contextura delgada, de 1.50 mts. de altura, cabellos lacios teñidos de color castaño claro/rubio, ojos marrones, tez trigueña, presenta distintos tatuajes, uno en la parte posterior de la palma de la mano izquierda, una flor o mandala el cual cubre una quemadura, en el hombro izquierdo un corazón con el signo infinito en su interior y en su pierna derecha, en la zona del muslo, un tatuaje de rosas.

    “El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, detalla la resolución.

    Desde un comienzo de la causa el Ministerio de Seguridad provincial y el gobernador Rolando Figueroa dispusieron $100 millones de recompensa para quien aporte información relevante de Luciana.

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  • Milei y Macri se reencuentran en medio de los cambios en el Gabinete

     

    El presidente Javier Milei recibirá este viernes al ex mandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos en medio de los cambios de gabinete que evalúa el Gobierno y como parte de la búsqueda de consensos que permitan impulsar reformas como la laboral y tributaria, entre otras.

    Milei concretará el encuentro con Macri después de la reunión que mantuvo con 20 gobernadores de distintos sectores políticos en la Casa Rosada. El propio Macri había confirmado la reedición de los encuentros con Milei y anticipó incluso algunos puntos del temario.

    “Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, contó el pasado miércoles, desde Chile, durante el discurso que brindó en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por la firma BICE Coarp. Asimismo, marcó las claves del mensaje que repetirá mañana ante el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

    Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”, completó.

    El lunes último, luego de intercambiar elogios por redes sociales, Milei llamó a Macri y le agradeció por la reunión que habían mantenido en la previa a las elecciones, también en Olivos. Aquel contacto telefónico duró 10 minutos y estuvo teñido por felicitaciones y agradecimientos el día después de la elección legislativa.

    Desde principios de agosto Macri y el Presidente vienen intercambiando guiños, algo espaciados, luego de que el fundador del PRO acordara con la menor de los Milei competir en alianza en la ciudad de Buenos Aires.

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  • Río Negro tuvo una alta participación en las pruebas aprender 2025

     

    Este miércoles se implementó a nivel nacional un nuevo operativo de las Pruebas Aprender, que alcanzaron a más de 750.000 estudiantes de sexto grado de nivel primario en todo el país. En Río Negro, el despliegue abarcó a 12.947 estudiantes en 386 escuelas y mantuvo un alto nivel de participación, históricamente superior al 98%, a pesar del rechazo manifestado por el gremio docente UNTER.

    La evaluación, que incluye pruebas de Lengua y Matemática, se realiza de forma censal con el objetivo de generar una base de datos federal para orientar políticas públicas. Agustina Erpen, subsecretaria de Innovación Educativa, explicó que la alta adhesión provincial «demuestra el compromiso de las comunidades educativas». La provincia ha trabajado previamente en la sensibilización y en programas como Anticiparnos para familiarizar a los estudiantes con la metodología.

    Erpen destacó que los resultados de Aprender son solo «un insumo más» para pensar las políticas pedagógicas, y no el único. Remarcó que el operativo nacional se complementa con herramientas propias de la provincia, como el programa Río Negro Explora, una evaluación formativa que busca analizar los procesos de enseñanza desde una perspectiva pedagógica más integral.

    La funcionaria concluyó que, si bien el objetivo no es competir, Río Negro suele ubicarse consistentemente por encima de la media nacional, particularmente en las áreas de comprensión lectora y resolución matemática. Los resultados se presentarán a nivel nacional, jurisdiccional y por escuela, brindando información valiosa para la mejora institucional.

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  • Megacausa en Rosario: caen 14 ex policías por una presunta asociación ilícita

     

    La causa judicial que investiga una presunta asociación ilícita dentro de la Unidad Regional II de Rosario sumó un nuevo capítulo con la decisión de imponer prisión preventiva a 14 ex policías acusados de integrar una trama destinada a desviar fondos públicos. La maniobra habría funcionado durante al menos dos años mediante la adulteración en las cargas de combustible destinadas a los patrulleros.

    Con estas nuevas medidas, ya son 28 los involucrados en el expediente, entre ellos varios civiles y personal policial que permanecía detenido desde etapas anteriores de la investigación. Las prisiones preventivas para ese primer grupo fueron extendidas hasta mediados de mayo de 2026, lo que refleja la complejidad y el volumen del caso.

    La investigación avanza sobre una estructura que, según los elementos reunidos, habría operado desde el interior mismo de la fuerza. Entre los acusados aparecen ex jefes de áreas estratégicas de la Policía provincial, señalados como parte del entramado que facilitaba y supervisaba el desvío sistemático de recursos.

    Los cargos que pesan sobre ellos incluyen cohecho pasivo, peculado y participación primaria en defraudación agravada por perjuicio al Estado. En varios casos, se sumó además una imputación por falsedad ideológica, vinculada a la manipulación de documentación utilizada para encubrir las maniobras.

    La hipótesis fiscal sostiene que la organización logró consolidarse dentro de las secciones operativas de la Unidad Regional y que, mediante ese esquema, habría provocado una malversación cercana a los 45 millones de pesos. El mecanismo se apoyaba en registros adulterados, declaraciones fraguadas y un circuito interno que permitía sostener las maniobras sin levantar alertas inmediatas.

     

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